Emilio Botín, por supuesto. El presidente Rodríguez Zapatero le ha cogido el gusto por invitar a los plutócratas de referencia en este país. No se imagina uno siquiera a Sarkozy, a Cameron o a Merkel organizando estos saraos de móviles de platino y tirantes de armani que solo sirven para exhibir su propia impudicia dicharachera. Ni una nota para informar sobre lo hablado, y es que hasta para los escribas de La Moncloa debe ser difícil sintetizar la nada convincentemente. Lo único que ha trascendido es la desvergüenza de Botín diciéndole al presidente que lo mejor es que no convoque elecciones. Y el presidente sonríe. El presidente y sus adláteres pretenden prohibir cualquier debate sucesorio – curiosa expresión en una democracia parlamentaria – en el seno del PSOE, pero Botín puede pronunciarse al respecto delante el presidente y una veintena de multimillonarios. Hombre, quédate, que un año todavía puedes hacer mucho trabajo sucio, y el mejor pirómano siempre ha sido un socialdemócrata quemado hasta los huesos. Rápidamente el payasete alternativo monta una reunión con organizaciones de pequeños y medianos empresarios y les detalla en una frase su diagnóstico: “Los españoles no se merecen este Gobierno”. Prudentemente no adelanta si el suyo se merecerá la riada de votos que ya florecen en su barba.
Y el equipo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, sopa minestrone de coalicioneros, pileros, conservadores y becerristas, sí, los mismos becerristas que sostienen la aventura progresista de Román Rodríguez para romper el malévolo techo electoral, que contratan a un postinudo catedrático de Derecho Administrativo para averigüar cómo no demoler los 27 hoteles y complejos de apartamentos cuyas licencias contravinieron el ordenamiento legal vigente, según el TSJC, y el catedrático les explica que, por supuesto, se trata de cambiar normativas, devolver competencias y suspender parcialmente los planes de ordenación y así los hoteles y apartamentos entrarán como la mano de Al Capone en un guante de acero y terciopelo, y todos se quedan haciéndose cruces por semejante prodigio de ingeniería jurídica, y el catedrático se va con su cheque, los constructores regresan con sus sonrisas, los candidatos suspiran de alivio por sus campañas.
Y el Gobierno regional metiendo a toda prisa, cinco días antes de la disolución del Parlamento, una ley que en todo caso será debatida y aprobada por la Diputación Permanente, para que el presidente de CajaCanarias siga siendo quien debe ser.
Sin pestañear. Sin despeinarse. Sin reparos. Sin vergüenzas.