Hace cerca de un año el Gobierno de Canarias remitió al Gobierno central un plan de contingencia contra vertidos de crudo en el mar redactado por la Dirección General de Emergencias para su obligatoria homologación por el Ministerio de Fomento; hasta donde me alcanza la memoria, jamás se produjo una respuesta positiva. Por supuesto, el diseño del plan estuvo estimulado por las prospecciones de Repsol en las proximidades de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, a las que el Ejecutivo regional, varios cabildos, numerosas fuerzas políticas y asociaciones ecologistas se opusieron frontalmente. Sin duda cabe criticar agriamente la palmaria insensibilidad del Ministerio de Fomento, pero el plan de la Dirección General de Emergencia sigue siendo un misterio, porque no estuvo precedido de una evaluación concienzuda (y públicamente expuesta) de los medios profesionales, técnicos y financieros de los que dispone las administraciones públicas canarias para enfrentarse a la catástrofe potencial que una derrame de crudo o combustible puede significar tanto para los ecosistemas marinos como para las costas y habitantes del Archipiélago. Resulta francamente grotescos que nos obliguen a descalzarnos y transitar bajo arcos magnéticos para tomar un avión a Lanzarote o El Hierro, y en cambio, los peligros que supone  –pese a las mejoras en la seguridad marítima –el tránsito anual de 35.0000 buques mercantes entre los puertos canarios – sin contar con los petroleros — casi esté resignado a la buena fortuna.
Con el hundimiento del pesquero de bandera rusa Oleg Naydenov al sur de Gran Canaria esta ruleta se ha detenido en una casilla a más de 2.400 metros de profundidad. El riesgo es menor por un conjunto de circunstancias (profundidad del hundimiento, corrientes marinas, cantidad relativamente modesta del fuel en los tanques del buque) pero no despreciable. Más que una catástrofe habría que tomarlo como un aviso en toda regla de lo que podría no ocurrir hasta dentro de veinte años, pero también podría suceder pasado mañana. Articular normativa y técnicamente una zona marítima de especial protección para Canarias no es especialmente arduo. El único político isleño que se ha ocupado positivamente de este asunto es José Segura, quien desde varias responsabilidades y en numerosas intervenciones y propuestas en el Congreso de los Diputados ha ejecutado un análisis impecable de las exigencias y necesidades que, en materia de seguridad marítima, debe plantear y resolver Canarias. Dos buques de salvamento de nueva tecnología avecinados en las islas, una embarcación rápida de salvamento, dos bases de lucha contra la contaminación eficazmente dotadas en Tenerife y Gran Canaria, equipos de técnicos debidamente adiestrados y coordinados entre el Gobierno autónomo y cabildos, cobertura de seis estaciones de radares garantizadas y un Plan de Navegación reconocido internacionalmente para ordenar y discriminar el tráfico entre las islas son algunos de sus elementos. Lo que falta es interés de los gestores públicos, voluntad política, priorización de las actuaciones, conocimiento de la materia. Lo que sobra es soberbia ministerial y oportunismo aldeano.