Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Más (aunque peor) de lo mismo

Para dejar totalmente claro que la renovación del REF –  y solo en su parte fiscal – es una fritanga preparada entre gobiernos y manguitos, como si se tratara de una merienda ocasional,  la misma no se debatió realmente en las Cortes, sino que fue aprobado a través de un decreto ley rubricado por don Mariano Rajoy. Ningún debate mínimamente riguroso, ninguna posibilidad de introducir enmiendas, ningún molesto parlamentarismo por medio. Resultó particularmente penosa la intervención de la diputada socialista Patricia Hernández, quien además de evidenciar una ignorancia intachable sobre lo que estaba hablando, cinceló joyas como “nuestras aspiraciones, se los digo desde ya, irán encaminadas a conseguir una sociedad más igual (sic), más formada, más desarrollada”. Podía estar hablando de la fiscalidad canaria o de los anhelos irrenunciables de una comuna de mormones. Se los digo desde ya. Naderías dotadas de una enérgica determinación. Lo gracioso es demandar un REF más social cuando el PSC-PSOE – con la intervención activa del señor Hernández Spínola en sus devaneos con González Ortiz – han aprobado, por ejemplo, la transformación de la Reserva de Inversiones en un instrumento absolutamente ajeno a sus propósitos originarios, porque desde el pasado día 1 los empresarios que se acojan a la RIC no estarán necesariamente obligados a invertir. La reforma normativa les permite meter las perras en productos financieros que podrán ser utilizados por terceras personas para invertir en el Archipiélago sin informar a nadie sobre la naturaleza y localización de sus proyectos empresariales. Esta financiarización de la Reserva de Inversiones representa la estocada final a cualquier legitimación social que pudiera conservar en sus orígenes y consagra a los empresarios de mediano tonelaje como los únicos usufructurarios de la bicoca.
José Segura – que conoce muy bien el REF y que junto a Augusto Brito y otros dirigentes socialista participó en la reforma normativa del 93 – ha enfatizado que la modificación el Régimen Económico y Fiscal se debió desarrollar en una estrategia política más participativa que estaba obligada a completarse con una reforma del Estatuto de Autonomía para brindar jurídicamente unos fueros isleños ajustados a la propia evolución de la UE.

El Real Decreto convalidado por la Cámara Baja no supone, por tanto, ningún trampolín para la diversificación e internacionalización de la economía canaria, pero sí ofrece cierta utilidad operativa para que las élites políticas que controlan la Comunidad autonómica sigan manteniendo una capacidad de influencia social que es condición necesaria para su autorreproducción, así como para la continuidad de un pool empresarial privilegiado en magníficas relaciones – aunque a veces conflictivas — con los primeros. ¿Y Soria? José Manuel Soria, simplemente, ya está en campaña.

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La evaporación del REF

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias se evapora como un charco en el largo verano de la indiferencia de las élites políticas y empresariales isleñas. La reforma del REF en una coyuntura tan crítica como la de los últimos seis martirizantes años debió consumir debates, análisis, pronunciamientos, deliberaciones y propuestas, pero si usted, caro lector, repasara los espacios dedicados en los periódicos o las horas ocupadas en cadenas de radio y televisión se llevaría una sorpresa. La prensa del tardofranquismo se ocupó más del REF de los setenta que lo que lo hemos hecho nosotros, por no hablar de la tinta y las discusiones consumidas por la incorporación de Canarias al Mercado Común (después Unión Europea) y por la reforma de 1993. Una catástrofe silenciosa y de baja intensidad política y mediática que desenmascara el estado de emergencia de un país estratégicamente desarbolado. En realidad la banalizacion política y técnica del REF supone un síntoma más de esta crisis estructural que ha patentizado las insuficiencias, contradicciones y disfunciones de un sistema autonómico cuya utilidad institucional y social parece cada vez más marginal. La pésima gestión de las negociaciones que ha desarrollado el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz,  ha llevado a que la discusiones de la parte económica del REF se retrase nada menos que hasta 2016 y se realice, asombrosamente, que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que legitima los temores de analistas como Antonio González Viéitez, para quien el Régimen Económico y Fiscal podría quedar devaluado a una suerte de Plan de Desarrollo Económico supuestamente garantizado por un compromiso de gasto plurianual. Tres añitos como mucho. Lo que dure (como un problemático unicornio) el Marco Presupuestario de la UE 2014-2020.

La reforma del REF no era solo inevitable, sino también necesaria. Pero no se han hecho los deberes que corresponden a una sociedad democrática madura que cuenta con una sociedad civil articulada, dinámica y exigente. Probablemente porque no lo somos. Y quizás ese mismo – defectos de diseño institucional al margen – explique que el REF, y en especial sus instrumentos fiscales, haya resultado un fracaso. Entre 1993 y 2013 apenas se contabilizan 7.700 millones de euros de  inversión directa extranjera en Canarias, lo que representa un 0,75% de la inyectada en España en el mismo periodo. Más de un tercio se invirtió en la construcción de hoteles, servicios turísticos y negocios inmobiliarios. Pero ni el Gobierno regional ni las élites empresariales han querido o podido subsanar esta situación. Han optado por la vía más fácil y descansada: sacrificar herramientas fiscales y planificación estratégica a la rebatiña de una negociación pesetera. Lo pagaremos muy caro.

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