María Australia Navarro

Barra libre en El Aconcagua

La grima que producen algunos candidatos es superior a la que producen otros, por supuesto. Quizás tengo que hacérmelo mirar, porque se me antoja que son los dos candidatos presidenciales nacionalistas (Fernando Clavijo y Román Rodríguez), a los que quizás sumaría Ramón Trujillo, los que emiten menor número de memeces y muestran cierta resistencia al aullido buhonero y a invocar la lluvia de café en el campo.  A medida que se acercan los comicios las pujas aberrantes y fantasiosas de unos y otros alcanzan mayores niveles de delirio, como aquel montañero que cerca de la cima del Aconcagua creyó que podría volar, soltó el piolet y terminó empurrado en un glaciar poco acogedor. La crisis económica – y la todavía germinal crisis del sistema de partidos – no les ha enseñado nada: en lugar de optar por tratar a la ciudadanía como adultos justificadamente insatisfechos, se empeñan en la infantilización de las propuestas, en la multiplicación de los panes y los peces para pasado mañana a primera hora, en la barra libre para cubrir cualquier expectativa.
María Australia Navarro promete bajar los impuestos y simultáneamente mejorar la sanidad pública sin tomarse un respiro para explicar cómo hacerlo, es más, cómo no lo ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy en los últimos tres años y medio, en los que ha conseguido precisamente lo contrario: un incremento tributario notorio a las clases medias y a las pymes y un colapso de la sanidad pública. Lo más reciente en este bestiario chiripitiflaútico de ofertas electorales, sin embargo, se pudo escuchar en boca de Patricia Hernández, que ha dicho que los salarios en Canarias son muy bajos, y que no basta con equipararlos a la media española, sino que deben alcanzar la robustez de Suecia o Noruega. Ya se sabe que a Hernández la economía le importa un pimiento y pretende triturarla en sonrisas de dientes incontables. Su lema es que ningún dato, ninguna estructura, ninguna realidad le pude chafar un titular patéticamente triunfalista, una profecía que cumplirá ahí donde coinciden los desigmios de la Historia y Tweeter. Los salarios noruegos no se imponen por decreto, ni siquiera en Noruega. Si en las islas los salarios son menores es porque nuestros empleos son un asco y se crean en actividades que generan escasísimo o nulo valor añadido; porque nuestras empresas son pequeñas y escasamente profesionalizadas; porque nuestra productividad jamás ha sido relevante y cae en picado desde hace casi una década, porque el mercado laboral está pésimamente regulado, porque nuestro sistema educativo es muy deficiente y nuestra inversión en I+D+I es grotescamente insignificante. Los salarios, en Canarias, no son el maligno fruto  empresarios inescrupulosos – que abundan — sino de las condiciones económicas y sociolaborales de un modelo de desarrollo basado en la burbuja inmobiliaria y el turismo de masas. Transformar esta realidad lleva más tiempo, incluso, que convertirse en la candidata del PSC-PSOE a la Presidencia del Gobierno de Canarias.

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Lo que Soria ha querido

La Constitución española, en su artículo 6, establece que  la estructura interna y el funcionamiento  de los partidos políticos deberán ser democráticos. En los últimos 35 años las organizaciones políticas han evolucionado – y en general mejorado – su praxis democrática interna, pero la excepción más notable en la materia continúa siendo el Partido Popular. Para tapar sus vergüenzas dedocráticas y verticalistas, las distintas organizaciones territoriales del PP disponen de un órgano, el comité electoral, que supuestamente debate las candidaturas para las distintas listas electorales; una vez fijadas, se elevan al comité nacional electoral, que usualmente las ratifica. Y las ratifica porque, en realidad, tales candidaturas son fruto de la cesarista decisión de los máximos líderes regionales – en el caso de Canarias José Manuel Soria –  convalidadas por el nihil obstat de Mariano Rajoy y un reducidísimo grupo de adláteres. Puede argumentarse que cada partido se las ventila como guste, pero la exigencia constitucional de democracia y pluralismo internos no es mera cháchara bienpensante. La cultura de los partidos políticos (su código de relaciones, sus procesos de selección de personal político, los valores que sostienen su funcionamiento cotidiano) tienen una influencia determinante en el comportamiento de sus militantes y, sobre todo, de sus cargos públicos y orgánicos. Militar en una organización política desprovista de auténticos mecanismos de democracia interna no es precisamente un estímulo para respetar y fomentar los valores democráticos en la sociedad civil cuyos intereses (supuestamente) aspiras a gestionar.
Una de las reflexiones más curiosas que he podido leer sobre la decisión de Soria de convertir a María Australia Navarro en candidata presidencial para las elecciones autonómicas de mayo sostiene que el ministro de Industria y Energía pretende así facilitar un acuerdo postelectoral con Coalición Canaria. Es un poco cómico suponer que si Asier Antona o María del Carmen Hernández Bento hubieran sido los ungidos podrían haber puesto reparos para pactar con los coalicioneros. La señora Navarro ha sido seleccionada porque combina una lealtad irrestricta a Soria con un perfil del que no cabe esperar, precisamente, la aparición de un liderazgo telúrico. Ha sido seleccionada porque el PP debería oponer a dos candidatos presidenciales tinerfeños (Fernando Clavijo y Patricia Hernández) un candidato de Gran Canaria, tradicionalmente su granero de votos, y porque además, el pobre Antona se atrevió, ingenuamente, a buscar simpatçias escayoladas en la dirección nacional a través de su amistad con su antiguo mentor, Gabriel Mato. Y la señora Navarro ha sido seleccionada, ya suplementariamente, porque aporta la novedad de una candidata conservadora a la Presidencia del Gobierno regional. Y eso es más o menos todo. Todo lo que Soria ha querido.

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Soria se acerca

José Manuel Soria lleva bastantes meses esforzándose en convencer a Mariano Rajoy para que no se le designe candidato presidencial del PP en las próximas elecciones autonómicas. Inicialmente Soria contaba en el Gobierno central a un antigüo y gran amigo, Luis de Guindos, pero pronto maniobró con habilidad serpenteante para situarse en las proximidades y ganarse la estimación de Soraya Saénz de Santamaría, poderosísima vicepresidenta y sin duda la persona con mayor influencia sobre Rajoy en el equipo ministerial. Porque evidentemente a Soria – como en sus tiempos le ocurrió a Juan Fernando López Aguilar – le repugnaba bastante la tesitura de abandonar el Ministerio de Industria, Turismo y Energía para regresar al infierno de glamour pueblerino que significa la política canaria. Resistir hasta el final de la legislatura, participar en la campaña electoral más compleja y arriscada que vieron los siglos y, si los astros son propicios, continuar olímpicamente en el Gobierno, y si todo se va al traste,  reposar en el escaño y meditar si no ha llegado la hora de dedicarse a otra cosa. A un par de consejos de administración, por ejemplo. Dentro o fuera de España.
Sin embargo se detectan signos de que Soria está fatalmente abocado a regresar a Canarias. El más evidente es su soberana decisión de apartar a José Miguel Bravo de Laguna de la candidatura a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Por razones que se me escapan, Bravo de Laguna, en su día enfrentado al ministro de Industria y sorprendentemente repescado por Soria hace apenas un lustro de entre los zombis mejor enchalecados, ha conseguido convertirse en el político grancanario más valorado en su isla. Las encuestas no pueden prometerle una mayoría absoluta que no consiguió en 2011, pero sí indicaban que, bajo su candidatura, el PP ganaba con cierta holgura las elecciones al Cabildo Insular. Y después de cuatro años se le vuelve a enterrar sin contemplaciones – quizás con el premio de consolación de un puesto en la lista parlamentaria y el gesto funerario de reservarle una cripta en el Senado –para ser sustituido por María Australia Navarro, sorianismo puro y duro de irrestricta lealtad al César Legionario. Si José Manuel Soria toma semejante determinación – asumiendo incluso cierto riesgo electoral – es porque le urge una candidata – y eventual presidenta – sobre cuya fidelidad no quepa un resquicio de duda razonable y que metabolice instantáneamente cualquier instrucción relativa a las relaciones de poder político e institucional que se fragüen a partir del próximo junio en Canarias. Soria se acerca. Lentamente. Como palpando los bordes próximo a un barranco demasiado profundo y que exhala un hedor tal vez profético.

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Cenizas

Por mera cuestión estadística tendría que ocurrir alguna vez, de manera que coincido con la señora María Australia Navarro en la conveniencia de convocar una comisión de investigación sobre los incendios veraniegos en La Gomera y Tenerife. Me temo, sin embargo, que no comparto ni sus razones ni su optimismo al respecto. Las comisiones de investigación se transformaron hace tiempo en trabucos para practicar el filibusterismo parlamentario y lanzar perdigonadas al adversario político: la verdad es su primera y a menudo única víctima. Las comisiones parlamentarias son hoy tan inverosímiles como los autos sacramentales y las diferencias estilísticas entre Calderón de la Barca y Antonio Castro Cordobez resultan demasiado notables. Pero aun así sería interesante, cuando no obligatorio, convocarla, y no para pirañear como denuncia Casimiro Curbelo con dolorido sentir, sino para dirimir responsabilidades, consensuar soluciones y alternativas y desmontar mitos, timos y falsas expectativas. Estos dos últimos puntos son imprescindible: los próximos años, según los metereólogos más prudentes, traerán más inviernos secos atravesados por lluvias muy esporádicas, pero singularmente intensas, que favorecen antes la erosión destructiva que la recarga de los acuíferos.

No le voy a negar a nadie los placeres de jalear las manifestaciones de protesta y pedir que ministros, presidentes o consejeros sean ahorcados del palo mayor. Cualquiera tiene derecho a cinco minutos de catarsis. La indignación ya no es una reacción moral, sino una perfomance para el desahogo visceral.  Las responsabilidades, por ejemplo. En España el Estados y las comunidades autonómicas tienen competencias concurrentes en materia de prevención y extinción de incendios. Los cargos políticos no toman decisiones unilaterales: sancionan las indicaciones de los técnicos. ¿Cabría dirimir responsabilidades técnicas, por ejemplo, en la gestión del incendio de La Gomera?  ¿Cómo se articularían jurídica y normativamente y que efectos tendrían en un futuro inmediato? Un técnico aterrorizado por pesar sobre una decisión suya la hipotética pérdida de su puesto de trabajo, ¿sería más eficaz, más lúcido, más sosegado?  Más importante todavía es establecer claramente que no se puede escatimar un euro más en los medios de extinción de incendios, relativizar la relevancia mesiánica concedida a los hidroaviones y potenciar la educación ambiental entre los ciudadanos. Y más importante aun: reinventar una economía ecológica forestal y recuperar los usos agrícolas en las medianías isleñas. Esos deberían ser los objetivos de una comisión parlamentaria que no existirá o que se convertirá a los tres minutos en una barricada llameante de insultos y dietas en la que la verdad se transformará en cenizas.

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