Los hermosos tiempos en los que los lectores no sabían localizar al articulista han desaparecido para siempre. Unos y otros participamos en las redes sociales y ahí terminamos por encontrarnos más allá (o más acá) del artículo del día. Sólo la mayoría de los venerables ancianos de la profesión – los que siguen labrando con su verbo florido, irónico y siempre desinteresado las ondas radiofónicas y los diarios de papel – no se asoman por las redes. No les interesan: están demasiado ocupados en las pequeñas o supremas conspiraciones, de las que las columnas son meras excrecencias, para ser o lucir como los artríticos reyes del mambo interminable. Que les aproveche, aunque el precio a pagar por todos es que sigan pudriendo esta profesión. Algún día alguien estudiará a esta primorosa generación que transformó el periodismo isleño en un ingenioso muladar donde instalaron su cinismo de garrafón o su sórdida hipocresía egomaníaca. En fin, lo que me han preguntado algunos lectores es si no me interesan los cambios en la RTVC, la marcha de Willy García, el nombramiento de Santiago Negrín. “¿Usted no escribe nada de eso?”, me apunta incluso algún indignado, porque ya se sabe que actualmente solo mereces existir si estás indignado.
Pues no, no me interesa mucho.
Mi desinterés parte de un profundo escepticismo. La nueva ley que regula la RTVC se hizo aprisa y corriendo en el último tramo de legislatura porque el presidente Paulino Rivero – magnífico ajedrecista del poder, aunque lo suyo sea el envido y la petanca – no quería correr el riesgo de perder a su mejor escudero político – el propio Willy García – antes de tiempo si no conseguía que CC lo designase por tercera vez candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico. A finales del pasado año dos diputados – porque fueron solo dos – zurcieron el texto legal tomando básicamente como bienaventurado modelo la derogada ley de Televisión Española en vigor durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha sido un disparate: la ley de Rodríguez Zapatero estaba diseñada para una televisión pública, mientras que la televisión autonómica responde a un modelo mixto con participación privada, en la que una productora proporciona bajo contrato contenidos no informativos. Todas las cautelas de la normativa para impedir la presencia de intereses y simpatías privadas en el denominado Consejo Rector se han burlado más o menos delicadamente: ya resulta un tanto raruno que algunos de los consejeros prefieran vender sus acciones o romper contratos a cambio de un cargo sin remuneración. Y a las tensiones entre los entrecruzados intereses políticos y empresariales se sumará la denuncia de los nuevos partidos en la Cámara regional, que no dejarán de observar, justificadamente, que tanto el Consejo Rector como su presidente han sido nombrados en una legislatura finiquitada que apuraba sus últimas semanas de vida. Desear mucha suerte a los nuevos responsables de la RTVC es un tanto ambigüo, sinceramente. ¿Mucha suerte, para qué?