La misma pesadilla

El rechazo inicial – pero repetido – sobre el proyecto en Fuerteventura se planteaba por qué ahí. Porque en una zona rústica y en una ubicación que dista apenas 440 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo y de la zona de especial protección para las aves (ZEPA). Luego se conoció el precio: 50 céntimos por metro cuadrado fue lo que le cobró RIU a Dreamland Estudios, cuyo administrador mercantil es el señor José Antonio Newport. En la tierra de los sueños caben estudios de cine, museos, centro comercial, bares y restaurantes, aunque el núcleo de este horror será un parque temático, sobre qué tema se desconoce todavía. Una vez que esté en pleno funcionamiento, el consumo de agua estará próximo a los 700.000 litros diarios, por no hablar de la energía eléctrica operativamente imprescindible. A finales de esta década los promotores – básicamente el grupo inmobiliario Newport – pretenden recibir anualmente medio millón de turistas. Porque, obviamente, esa es la clave. Los responsables del invento han utilizado más bien chocarreramente lo de “estudios de producción y posproducción de cine” como maquillaje para justificar la “declaración de interés insular” que pidieron y exigieron al muy minoritario presidente del Cabildo majorero, Sergio Lloret. Newport – que magnífico nombre para una novela criminal de Agatha Christie- intenta vender que su proyecto significará una aportación relevante a la diversificación de la economía de Fuerteventura, pero es la misma cacharrería de siempre para captar el mayor número de turistas disponibles. Claro que siempre caben consuelos. Los señores de Dreamland piensan levantarle 50 euros a cada turista extranjero o peninsular en concepto de entrada, pero a nosotros, los indígenas, nos la dejaría generosamente a 37 euros.

Dentro de cinco meses se celebrarán elecciones autonómicas y locales. Los partidos políticos no lo harán de motu propio, pero se debe introducir en la agenda electoral una aclaración terminante sobre los límites de crecimiento turístico, la búsqueda de la excelencia en el negocio y la dirección de estrategias bien definidas – y necesariamente transversales y en colaboración sistemática con la sociedad civil — para poner las mejores condiciones y alicientes a una auténtica diversificación económica de Canarias. En realidad la siempre cacareada diversificación económica solo puede ser el producto, y no la condición general, de un conjunto de reformas políticas, administrativas, educativas y empresariales en Canarias. Las organizaciones políticas deben llegar a un compromiso explícito. ¿Se apoyan proyectos como Cuna del Alma en Adeje o Dreamland en Corralejo? ¿De veras que se permitirá destruir el barranco de Arguineguín y toda su belleza y biodiversidad por un proyecto técnicamente obsoleto, caro, riesgoso y puesto a disposición de una multinacional como el salto de Chira? ¿O prefieren votar a favor o votar en contra en los ayuntamientos para que luego los máximos dirigentes de sus partidos guarden silencio o incluso digan lo contrario?

Ya no se trata de ecologismo, sino del más elemental sentido común medioambientalista, y de desterrar ya esas sórdidas intervenciones empresariales en el espacio público y su acre perfume corleonesco. Se trata, en el fondo, de reclamar un comportamiento escrupulosamente democrático que atienda a los intereses generales y cumpla y haga cumplir la ley. Se trata, en definitiva, que un proyecto como Dreamland es una antigualla del pasado turístico más extractivo y resulta tan intolerable como un presidente del Cabildo que se niega a dimitir aunque solo cuente con el apoyo de un consejero y que tiene un rostro lo suficientemente marmóleo como para decir que con un equipo de gobierno compuesto por dos personas “superaremos la velocidad de crucero que teníamos los meses pasados”. Dimita de una vez, Lloret. Si no por vergüenza, hágalo por sentido del ridículo.

Publicado el 16 enero, 2023 por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

Sombra, humo, sueño, nada

El proyecto Cuna del Alma, en el municipio de Adeje, se extiende por una superficie de casi 500.000 metros cuadrados. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias entendió que los promotores no habían presentado un imprescindible estudio de impacto medioambiental, pero lo decisivo para paralizar cautelarmente las obras fueron dos circunstancias: un pequeño yacimiento arqueológico en el que las palas metieron su metálico josico y varias poblaciones de una especie vegetal altamente protegida por la legislación vigente. Eso bastó para que la Consejería ordenase la paralización cautelar de las obras en su totalidad. El ayuntamiento de Adeje y los promotores del proyecto, obviamente, han expresado su desacuerdo, y acudirán a los procedimientos administrativos y judiciales que estimen oportunos. De hecho están aflorando informativamente elementos relacionados con el planeamiento urbanístico de Adeje y las autorizaciones de la Cotmac en los últimos años que señalan que, tal vez, José Antonio Valbuena y su equipo se han podido precipitar, que no han afinado lo suficiente y la suspensión puede ser fugaz y reversible.

Lo que me ha asombrado de la rápida y contundente decisión del consejero Valbuena es su indiferencia con otras agresiones al medio ambiente y los ecosistemas más graves que las de Cuna del Alma. Es paradójico: Cuna del Alma no tendrá un estudio de impacto ambiental pero su efecto ecológico es limitado. Cierto, pero limitado. Lo que se rechaza argumentada o intuitivamente respecto el proyecto inmobiliario y turístico de Adeje es, sobre todo, que significa una nueva privatización del territorio en beneficio de una élite que ni siquiera es canaria. Menos de un 1% de los isleños podría disfrutar del resort y la mayoría social prefiere, simplemente, que le dejen gozar comunitariamente de su playa y su puertito y sus zonas aledañas. En cambio el proyecto de la mastodóntica central hidroeléctrica Salto de Chira, en la cabecera del barranco de Arguineguín, impulsado desde hace años por el Cabildo de Gran Canaria y la multinacional Red Eléctrica Española, cuenta con un postinudo estudio de impacto ambiental, pero supone una de las agresiones más aberrantes y estúpidas contra el patrimonio natural y cultural de la historia de Canarias. Para que un estudio de impacto ambiental sea aceptado y aprobado no es siempre imprescindible que sea técnicamente perfecto o incuestionable. Algunas veces las imperfecciones son bien compensadas con algunas distracciones de los redactores y muchas convivencias entre los políticos. Y así queda todo atado y bien atado, según la inmortal sentencia de un gran ecologista que cada día me recuerda más a Antonio Morales. Este engendro conlleva la construcción de ocho kilómetros de carretera, casi siete kilómetros de túneles, una caverna de casi 3.400 metros cuadrados en Lomo de la Palma, decenas de tuberías, miles de metros cuadrados de plataformas, una desaladora con capacidad de 5.000 metros cúbicos diarios, canalizaciones de varios kilómetros de tendidos eléctricos y fibra óptica. El impacto de esta infraestructura en el mayor reservorio de biodiversidad de Gran Canaria va a resultar aniquilador para la vida vegetal y animal de todo el barranco: afectará a cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000 y a parte de la Reserva de la Biosfera. En Cuna del Alma los constructores se tropezaron con restos arqueológicos. En Arguineguín se encuentran siete enclaves arqueológicos catalogados. Este crimen medioambiental en marcha es fruto del mesianismo cesarista de un político incorregible y de la ambición económica de una multinacional rapaz. Pero atención: tanto Ángel Víctor Torres como José Antonio Valbuena son corresponsables. Cada vez es más evidente que la paralización de Cuna del Alma es lo que suele ser todo en este Gobierno: propaganda y sombra, distracción y fingimiento, humo y adiós.

Publicado el 22 noviembre, 2022 por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

La cuna paralizada

Adquieres pacientemente (o no) 500.000 metros cuadrados de terreno justo sobre el puertito de Adeje y su playa. Proyectas una exclusivista promoción turística de lujo (villas, jardines, zonas recreativas, un hotelón de cinco estrellas y un cometa) que necesita una inversión de muchas decenas de millones de euros. Y consigues la pasta. Contratas a un amplio y solvente equipo de especialistas. Finalmente convocas a los políticos que mandan para la maravillosa ceremonia cómplice de poner la primera piedra de tu inminente paraíso y celebrar una discreta fistuqui con platitos franceses y música chill out. En fin, lo haces todo maravillosamente bien. Pero vas y te olvidas de incluir en el proyecto un estudio de impacto ambiental.

Es realmente impresionante. Tantas perras, tanta meticulosidad, tanta profesionalidad, tantos sabios y amables consejeros – desde el ayuntamiento nos ocupamos de las relaciones públicas y ustedes a lo suyo, mon amis – y caes en semejante distracción. Por eso tal vez pasa lo que pasa. Que te tropiezas con un yacimiento arqueológico y lo descalabras o que ya con las palas en marcha – y porque se lo escuchas a un ecologista que se opone a la promoción no solo por razones ecológicas– descubres que el terreno presenta numerosas poblaciones de una planta que tiene el máximo nivel de protección según la legislación canaria. Nuestra legislación. La que rige en nuestro país. Y entonces, a raíz de una denuncia muy pertinente y argumentada, la Consejería de Transición Ecológica manda a paralizar cautelarmente las obras. Porque debe y puede hacerlo. Porque un consejero, José Antonio Valbuena, toma la decisión correcta en coherencia con el ordenamiento jurídico vigente en la protección de la biodiversidad canaria. Porque nuestras autoridades pueden, en efecto, paralizar (cautelarmente) todo el proyecto. No sé si se entiende; mi francés, como pueden ver, es harto deficiente. La Consejería de Transición Ecológica puede y debe hacerlo, y presentar su decisión como una suerte de intervención arbitraria y aniquilante sobre un proyecto perfecto y bienaventurado –como se le ha podido escuchar a algún concejal de Adeje, aunque el Mago de Oz permanezca en silencio – es democrática y jurídicamente inconsistente.

Por muy loco que parezca hacerse con medio millón de metros cuadrados para desarrollar una promoción de lujo hiperbólico y pasar por alto los valores patrimoniales y biológicos de semejante recinto – a un servidor, tan pedantesco como siempre, le viene a la cabeza al rey Leopoldo II y esa plantación suya que se llamaba el Congo – por supuesto que existen derechos y expectativas y para defenderlos están los tribunales. Desde un punto de vista político –ampliamente político digamos – en la orden de la Consejería de Transición Ecológica anida una apuesta arriesgada porque quienes pueden reunir 300 millones de euros podrán contratar a los mejores abogados del planeta para reclamar lo que consideran suyo y ya solo suyo. Es la primera vez que, en el ámbito turístico, la administración autonómica prioriza la defensa de nuestro territorio y nuestra diversidad frente a un (legítimo, por supuesto) conglomerado de intereses inversores con un origen muy mayoritariamente extranjero. Personalmente el augurio portentoso de la contratación de acaso un millar de camareros, recepcionistas, pinches de cocina, baristas y animadores socioculturales no se me antoja una perspectiva irresistible. Tal vez los promotores y representantes de los inversores podrían hacer un esfuerzo, vencer su timidez y presentarse a la sociedad canaria y defender abiertamente su proyecto. Y responder a preguntas. A todas las preguntas. Porque, sinceramente, mon amis, hay tantas como viborinas entre sus palas mecánicas, sus tabiques y sus guardias de seguridad.

Publicado el 18 noviembre, 2022 por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

Relatos viborinos

Hace tres o cuatro días la Consejería de Transición Ecológica ordenó la paralización de las obras del proyecto turístico Cuna del Alma, medio millón de metros cuadrados en las inmediaciones del puertito de Adeje destinadas a villas de lujo, jardines babilónicos, tiendas muy postinudas y un hotel aproximadamente inaccesible para el 80% de los mortales. La decisión del departamento dirigido por José Antonio Valbuena supuso una conmoción en el Cabildo de Tenerife y en el ayuntamiento de Adeje, que no fueron advertidos previamente. Lo que terminó de enfurecer a Pedro Martín y a irritar a José Miguel Rodríguez Fraga (la diferencia de la reacción se basa en el carácter y la madurez política) es la razón esgrimida por Transición Ecológica: las obras de la promotora amenazaban una población de la viborina triste, una flor que cuenta con la categoría de protección especial dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Por supuesto, ya en vigor el catálogo, se ha construido bastante en los alrededores e incluso encima mismo de viborinas sumamente tristes. Lo que se sostiene desde el Cabildo tinerfeño y el ayuntamiento adejero es que se trata de un pretexto para paralizar las obras. En ninguna de ambas corporaciones se creen que Valbuena no dijera nada a nadie. Al contrario: se rumorea que lo comunicó en el último consejo de gobierno y que nadie dijo nada. Tampoco Ángel Víctor Torres.

Los promotores llamaron – y no precisamente a Valbuena – para explicar que acatarían la congelación de las obras – cuando llegase la comunicación de Transición Ecológica – pero que todos los permisos e informes estaban en regla y que suponía una agresión contra su derecho a la seguridad jurídica que ahora, muchos meses después de finalizado el proceso administrativo, se ve vulnerada. Por tanto, los inversores belgas están dispuestos a dialogar con las administraciones públicas y etcétera pero ya han cursado órdenes a sus bufetes – ese tipo de bufetes que cobran minutas estratosféricas solo por respirar a lo lejos el Acqua di Parma de sus abogados – para presentar las batallas judiciales que sean necesarias en defensa de lo que consideran sus derechos. Por supuesto, tanto las autoridades insulares y municipales como los socios canarios de los promotores dirigieran su indignación bien templada a la CEOE, y la patronal se apresuró a trompetear que así no puede ser porque se ahuyentaba la inversión de Tenerife y se abrirán las puertas del infierno y moriremos todos de hambre y de sed.

Finalmente están las redes sociales: satisfacción por la decisión de la Consejería de Transición Ecológica, alguna llamada a la cautela y mucha insistencia en que esta es una victoria del pueblo, de la presión popular, de la negativa de la mayoría social a esta nueva destrucción de nuestros espacios naturales a través de su obscena privatización. Gobierno chachi, cabildo chungo, ayuntamiento vomitivo. Algo así. Sin duda llevado por un escepticismo plomizo mi conclusión provisional es la siguiente:

La Consejería de Transición Ecológica, en efecto, ha decidido improvisar un argumento menor para paralizar las obras. No por convicción político-ideológica, sino por imagen pública. Dentro de medio año se celebran elecciones. Valbuena –con la anuencia del Ejecutivo y, en particular, del presidente Torres – pretende escenificar una resistencia medioambientalista. Si se puede estirar sin excesivos riesgos hasta mayo bien. Si no es que ganaron los malos y poderosos sobre un Gobierno honrado. ¿El límite? Que los promotores se lancen a degüello a exigir indemnizaciones y lucros cesantes. Justo antes que eso. Y por supuesto que es un nuevo maltrato al PSOE tinerfeño, esos mendicantes desarrollistas. ¿La presión popular? No ha tenido demasiado que ver. Ha sido el elemento amalgamador de un relato más cercano a la fantasía que a la realidad.

Publicado el 18 noviembre, 2022 por Alfonso González Jerez en General ¿Qué opinas?

Mecer la cuna

No creo que sea superfluo hablar claro. Ha sido una torpeza inaudita lo que hizo la empresa promotora del proyecto Cuna del Alma el otro día: entrar en un piso piloto okupado por los activista que se oponen a la construcción en las inmediaciones del puertito de Adeje de una urbanización de lujo y sacarlos –intentar sacarlos – con admoniciones, amenazas, empujones y alguna hostia. Es un proceder tan estúpido – mandar a practicar un desalojo a un equipo de seguridad privada bajo el mando guerrillero y chulesco del director del proyecto, Andrés Muñoz – que solo cabe explicarlo por la ignorancia de lo que está ocurriendo fuera de su jardín edénico o por la sensación de impunidad que brindan muchos millones de euros y muchas complicidades políticas. Por supuesto, los activistas no tienen derecho a estar ahí. Invaden una propiedad privada. Pero son activistas, no abogados, y están ahí exactamente por eso. Cualquier experto en conflictos de esta naturaleza –intereses económicos y empresariales por un lado y elementos de la sociedad civil por otro – sabe que utilizando la violencia la parte más poderosa de la ecuación conflictual está alimentando y hasta legitimando la postura de la parte más débil. Asombra que gente con tanta pasta, tantos masters y tanta seguridad privada no conozca algo tan obvio y elemental. Y que no reconozcan que tienen un problema y no precisamente un problema de orden público.

Pero los activistas que se manifiestan contra el proyecto Cuna del Alma también tienen un problema, y no precisamente un problema de orden moral. Compartir la mayoría sustancial de sus argumentos para rechazar una intervención en el territorio que privatiza estrictamente espacios y paisajes (yo lo hago) no debería servir como excusa para no mencionarlo. Y el problema es que no existe ninguna razón jurídica que pueda frenar el proyecto. Absolutamente ninguna. Es cierto que los promotores han sido multados por la destrucción de algunos vestigios arqueológicos y que la acción sobre el terreno ha perjudicado varias plantas protegidas reglamentariamente. En el peor de los casos pagarán la multa y en paz. Pero, ¿cómo detener legalmente la construcción? ¿Revirtiendo o suspendiendo las licencias municipales? ¿Y sobre qué sustento normativo? Si se produjera cualquier paralización infundada legalmente los inversores correrían a los juzgados en brazos de los abogados más y mejor alicatados del país y no solo ganarían cualquier acción legal, sino que exigirían un muy oneroso lucro cesante. Sin duda los activistas del puertito de Adeje disfrutan de una amplia simpatía y apoyo entre los ciudadanos tinerfeños, pero están en la obligación de informar si cuentan con una estrategia legal viable para la paralización del proyecto y no únicamente del loable recurso de la manifestación y la protesta.

Hace años que Cuna del alma navega sigilosamente por las aguas de las administraciones local, insular y autonómica y consiguió sin problemas todas las autorizaciones pertinentes. Lo que urge es una reforma normativa que –por ejemplo – la información no se limite a la exposición pública de los proyectos, sino que, en el caso de aquellos que supongan un consumo importante del territorio o signifiquen una inversión particularmente elevada, sea puesto a disposición de un consejo asesor a nivel insular con representación de empresarios, sindicatos, asociaciones vecinales, profesores universitarios y organizaciones ecologistas y medioambientalistas. Un consejo sin competencias decisorias pero al que llegara toda la información antes de que se proceda a estampar las autorizaciones definitivas. Simplemente para empezar. Está bien que los activistas sigan en Adeje, pero ya es hora de que manden una delegación a la calle Teobaldo Power.

(A las pocas horas de publicarse este artículo un grupo de activistas y manifestantes vinculados con la protesta irrumpieron en el pleno del Cabildo de Tenerife).

Publicado el 30 septiembre, 2022 por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

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