Ayer se entregó por voluntad propia para su entrada en prisión Carlos Cano, un ciudadano condenado a tres años de cárcel (tres) por participar en un piquete, la misma condena que se impuso a su compañera, Carmen Bajo. De 23 años y estudiante de Medicina, Cano no tiene antecedentes penales y no agredió ni hirió a nadie. La víspera de la huelga general de marzo de 2012 Cano, Bajo y otros jóvenes entraron en un pub de Granada, La Champagnería Jazz Café,  exigiendo que se cerrase el local. Toda vez que no ocurrió tal cosa, Cano pintarrajeó con un spray varias paredes del bar de copas, y entre insultos soeces y algunas amenazas, la tropa piquetera abandonó el local. Los propietarios interpusieron una denuncia. Simplemente solicitaban que el piquete abonara lo que les costó pintar de nuevo su establecimiento. Pero el fiscal tomó la causa con un ímpetu de rara ferocidad. Todos los recursos y apelaciones para suspender la condena han sido inútiles.  El apoyo que han recibido de varias organizaciones e instituciones (desde la Mesa del Parlamento de Andalucía hasta las direcciones de UGT y CCOO) no ha conseguido nada. Sobre la mesa del ministro de Justicia reposa una solicitud de indulto. Alberto Ruiz-Gallardón ha dicho que la estudiará.
Conozco gente muy seria que sostiene que un juez no está para impartir justicia, sino para aplicar con la máxima precisión los códigos legales en el desarrollo de un proceso judicial reglado. El profesor Alejandro Nieto los denomina los jueces funcionarios: les encantan al poder ejecutivo y a sus propios superiores jurisdiccionales. Frente al juez funcionario y al juez estrella – afectado por un narcisismo patológico que pretende convertirse en el centro de toda la atención pública – el doctor Nieto describe al juez justo, aquel que entiende que “el juez no puede ser boca que pronuncia las palabras de la ley, porque la ley no tiene la posibilidad material de pronunciar todas las palabras del Derecho, la ley procede sobre la base de ciertas simplificaciones esquemáticas y la vida presenta diariamente problemas y situaciones que no han podido entrar en la imaginación del legislador”.  Sin duda la sentencia que condena a Carlos Cano puede ajustarse a Derecho. Pero es injusta, porque resulta grotescamente desproporcionada: tres años de privación de libertad y sufrimiento cotidiano a cambio de dos paredes manchadas. Aterra pensar lo que pueden llegar a hacer los jueces funcionarios con la inminente Ley de Seguridad  Ciudadana adornando sus togas. Lo que algunos ya están empezando a hacer como una suerte de ejercicio de precalentamiento para convertir las libertades públicas en actividades sospechosas y de alto riesgo.