Justicia

Democracia entre puñetas

¿Santiago Alba continúa siendo magistrado? Mala noticia. Si el gobierno judicial quiere salvar algo de su muy carbonizado prestigio debería acelerar la investigación sobre el señor Alba y separarlo prudencialmente del que continúa siendo su juzgado.  Todo este asunto es aterrador y no ha recibido la atención periodística que merece: un juez que es perfectamente capaz de reunirse privadamente con un empresario (Miguel Ángel Ramírez, quien graba hasta los pedos de los gatos de su vecindario) para proponerle favores procesales si apoyaba con sus declaraciones la causa abierta contra Victoria Rosell en el Tribunal Supremo, a quien sustituyó Alba cuando fue elegida diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas. “Tu dices o aportas esto o aquello”, le explica el señor Alba al señor Ramírez, “y entonces podemos en marcha la maquinaria”. La maquinaria judicial para aplastar a la señora Rosell, quien en su día fue denunciada por el señor José Manuel Soria (el señor Soria se instalará próximamente en la Oficina del Ministerio de Turismo de España en Nueva Cork, en un despacho de obscena comodidad con vistas al Central Park, pero esa es otra historia. O tal vez no tanto. Vaya usted a saber).
Dentro de la gran reforma nunca abordada de España en los últimos cuarenta años  — la reforma de las administraciones públicas después del enloquecido y atomizado desarrollo autonómico – la reforma de la administración de Justicia es la prioridad entre las prioridades, pero los principales partidos políticos del país han preferido que la justicia sea manipulable a que sea eficaz y eficiente bajo los objetivos que para la misma establece la Constitución. Finalmente la judicialización de la actividad política y la politización de la justicia han terminado por confluir en un pantano de inercias, fracasos profesionales, desánimo y resignación. Como decía Alejandro Nieto en su libro El descrédito judicial los magistrados son concientes de circunstancias insuperables: su manipulación política, la técnicamente deleznable y éticamente intolerable masa normativa que deben aplicar, la falsedad de los fundamentos constitucionales (la independencia y la responsabilidad en que dice basarse todo el sistema) y, sobre todo, su incapacidad de actuar legalmente: no disponen de tiempo, ni de recursos humanos, ni de medios técnicos para aplicarse de manera solvente a ello.  Han pasado nada menos que diez años desde la publicación del lúcido volumen del profesor Nieto, pero las patologías de la administración de justicia solo se han agravado y ha crecido, desvergonzada y artera, la más grave y terminal: la utilización expeditiva de fiscales y magistrados para destruir al adversario político. Y cuando ocurre eso – y ha ocurrido – el sistema democrático se está asfixiando y todos somos víctimas potenciales de los poderosos

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Imputaciones y dimisiones

Hace unos días mantuve en las redes sociales una conversación con varios amigos sobre la imputación de Pedro Fernández Arcila por varios delitos, decidida por un juzgado de Granadilla. Lo que más me alarmó, por parte de mis interlocutores de Alternativa Sí Se Puede, fue la combinación entre patriotismo de partido y una ignorancia judicial y procesal que demostraban apasionada, tercamente. Según su relato – el que se ha mantenido en intervenciones y comunicados públicos – la imputación de Fernández Arcila es el podrido fruto de una conspiración grotesca que pretende destruirlo política y electoralmente. Fue inútil advertirles que ningún partido político ha imputado a Fernández Arcila, sino la autoridad judicial. Tan inútil como recordarles que, jurídicamente hablando, no existen imputados verosímiles o inverosímiles, sino imputados sin más. En definitiva, a su compañero le estaba ocurriendo lo que ellos habían decidido y no lo que había decidido un juez.
A Fernández Arcila le avala un comportamiento público de muchos años – en la política y en la abogacía  — caracterizado por la honradez y la honorabilidad, por la generosidad, la bonhomía y la transparencia. Estoy razonablemente convencido de que podrá demostrar en el juzgado de instrucción que su asesoramiento al anterior gobierno municipal de Granadilla de Abona se ajustó en todo momento a la legalidad y que este asunto será archivado. Lo que servidor le pedía en todo caso a Alternativa Sí Se Puede es una reflexión – quizás necesaria para todos – sobre las relaciones entre actitudes políticas y decisiones judiciales. ¿Es razonable elevar a norma universal que un político –o un candidato electoral –imputado por un juez deba dimitir inmediatamente? ¿Debería hacerlo acaso Fernández Arcila? En mi opinión no. Desgraciadamente Alternativa Sí Se Puede, como el resto de los partidos tradicionales o emergentes, no está dispuesta e embarcarse en este debate, y opta, como todos los demás, por los aspavientos dramáticos, la indignación polifónica, la rumurología espesa, las versiones conspiranoicas –tengan o no un poso de verdad – y la defensa numantina de sus cargos y dirigentes. Y la mayor prueba de este porfiado error es la decisión tomada ayer por SSP de recurrir el archivo provisional de las imputaciones del alcalde de La Laguna y candidato presidencial de CC, Fernando Clavijo. En un comunicado de prosa superferolítica y argumentación punto menos que neurótica, Francisco Déniz concluye en que resulta “totalmente inexplicable” el archivo de las imputaciones de Clavijo, quien “no ha demostrado nada”. No es al señor Déniz ni al respetable público al que Clavijo debía demostrar nada. Han sido la fiscal del caso, la Fiscalía Anticorrupción y, finalmente, la juez competente, quienes no han visto indicios de delito en los comportamientos de Clavijo investigados durante varios meses. Claro que esto se le pueden antojar simples tecniquerías al señor Déniz. Tecniquerías que se llaman Estado de Derecho, Derecho Procesal y demás fruslerías diseñadas malignamente para evitar que la justa ira del pueblo caiga sobre los apriorísticamente culpables. No logro deshacerme de la incómoda sensación de que lo que intenta la dirección SSP es  mantener una imputación viva para que la suya no se quede sin compañía en los medios de comunicación.

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Usted, yo, Carlos Cano

Ayer se entregó por voluntad propia para su entrada en prisión Carlos Cano, un ciudadano condenado a tres años de cárcel (tres) por participar en un piquete, la misma condena que se impuso a su compañera, Carmen Bajo. De 23 años y estudiante de Medicina, Cano no tiene antecedentes penales y no agredió ni hirió a nadie. La víspera de la huelga general de marzo de 2012 Cano, Bajo y otros jóvenes entraron en un pub de Granada, La Champagnería Jazz Café,  exigiendo que se cerrase el local. Toda vez que no ocurrió tal cosa, Cano pintarrajeó con un spray varias paredes del bar de copas, y entre insultos soeces y algunas amenazas, la tropa piquetera abandonó el local. Los propietarios interpusieron una denuncia. Simplemente solicitaban que el piquete abonara lo que les costó pintar de nuevo su establecimiento. Pero el fiscal tomó la causa con un ímpetu de rara ferocidad. Todos los recursos y apelaciones para suspender la condena han sido inútiles.  El apoyo que han recibido de varias organizaciones e instituciones (desde la Mesa del Parlamento de Andalucía hasta las direcciones de UGT y CCOO) no ha conseguido nada. Sobre la mesa del ministro de Justicia reposa una solicitud de indulto. Alberto Ruiz-Gallardón ha dicho que la estudiará.
Conozco gente muy seria que sostiene que un juez no está para impartir justicia, sino para aplicar con la máxima precisión los códigos legales en el desarrollo de un proceso judicial reglado. El profesor Alejandro Nieto los denomina los jueces funcionarios: les encantan al poder ejecutivo y a sus propios superiores jurisdiccionales. Frente al juez funcionario y al juez estrella – afectado por un narcisismo patológico que pretende convertirse en el centro de toda la atención pública – el doctor Nieto describe al juez justo, aquel que entiende que “el juez no puede ser boca que pronuncia las palabras de la ley, porque la ley no tiene la posibilidad material de pronunciar todas las palabras del Derecho, la ley procede sobre la base de ciertas simplificaciones esquemáticas y la vida presenta diariamente problemas y situaciones que no han podido entrar en la imaginación del legislador”.  Sin duda la sentencia que condena a Carlos Cano puede ajustarse a Derecho. Pero es injusta, porque resulta grotescamente desproporcionada: tres años de privación de libertad y sufrimiento cotidiano a cambio de dos paredes manchadas. Aterra pensar lo que pueden llegar a hacer los jueces funcionarios con la inminente Ley de Seguridad  Ciudadana adornando sus togas. Lo que algunos ya están empezando a hacer como una suerte de ejercicio de precalentamiento para convertir las libertades públicas en actividades sospechosas y de alto riesgo.

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La entrevista

Servidor es una antigüalla. Un anacronismo bípedo. Un vestigio del pasado con dioptrías. Por eso considero que los jueces no deben conceder entrevistas a la prensa, como no deben hacerlo los responsables militares. En todo caso los magistrados deben eludir cualquier declaración sobre los asuntos que estén en sus manos en cualquier fase de la instrucción. No es que uno reclame un estatuto ectoplasmático para los jueces ni que exija que no sufran ni padezcan. No los demando invisibles o inaudibles. Me refiero únicamente a una prudencia que no desbarate la objetividad en la acción judicial ni erosione las garantías procesales ni transforme un asunto de la administración de justicia en un espacio mediático porque de ninguna manera contribuirá a dilucidarlo. Entiendo perfectamente – o eso creo– el malestar de la jueza Victoria Rosell porque las evidencias apuntan a un más que probable intento de desacreditación personal y profesional por gente capaz de poner nervioso a Vito Corleone. Lo que no entiendo de ninguna manera es que la jueza del juzgado de instrucción de Las Palmas llegue a afirmar extremos tan graves como que se la intenta apartar de la investigación sobre el concurso para la gestión de la hemodiálisis fallado en los últimos días de gestión de la conservadora Mercedes Roldós al frente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Desde un punto de vista periodístico la entrevista con Rosell es impecable y un tanto magnifico para DIARIO DE AVISOS. Desde un punto de vista judicial, en cambio, me parece una torpeza. Una torpeza singularmente preocupante.
Imaginarse a los jueces de instrucción – por no citar a los semidioses togados de los tribunales superiores o del mismo Tribunal Supremo – realizando elucubraciones, todo lo aparentemente bien basadas que se quiera, sobre los casos que llegan a sus despachos, y más aun, sobre el hipotético trasfondo político o empresarial de los mismos, en los medios de comunicación, te lleva directamente a un estado de nerviosismo poco recomendable. Este tipo de declaraciones pueden parecer inspiradas, valientes, casi heroicas; en realidad, contribuyen, voluntaria o involuntariamente, a debilitar aun más la independencia del poder judicial y la eficacia de su operatividad. Le agrade o no al actual gusto de ese espectador glotón y misérrimo en el que ha terminado en convertirse el ciudadano en nuestra semidemocracia, un juzgado no puede transformase en un plató de televisión ni una instrucción judicial salvar su eficacia o su legitimidad lanzando como confetis titulares de prensa. Para eso están las leyes, los mecanismos procesales y el Consejo General del Poder Judicial, como sabe muy bien la jueza Victoria Rosell.

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