Ley de Seguridad Ciudadana

Usted, yo, Carlos Cano

Ayer se entregó por voluntad propia para su entrada en prisión Carlos Cano, un ciudadano condenado a tres años de cárcel (tres) por participar en un piquete, la misma condena que se impuso a su compañera, Carmen Bajo. De 23 años y estudiante de Medicina, Cano no tiene antecedentes penales y no agredió ni hirió a nadie. La víspera de la huelga general de marzo de 2012 Cano, Bajo y otros jóvenes entraron en un pub de Granada, La Champagnería Jazz Café,  exigiendo que se cerrase el local. Toda vez que no ocurrió tal cosa, Cano pintarrajeó con un spray varias paredes del bar de copas, y entre insultos soeces y algunas amenazas, la tropa piquetera abandonó el local. Los propietarios interpusieron una denuncia. Simplemente solicitaban que el piquete abonara lo que les costó pintar de nuevo su establecimiento. Pero el fiscal tomó la causa con un ímpetu de rara ferocidad. Todos los recursos y apelaciones para suspender la condena han sido inútiles.  El apoyo que han recibido de varias organizaciones e instituciones (desde la Mesa del Parlamento de Andalucía hasta las direcciones de UGT y CCOO) no ha conseguido nada. Sobre la mesa del ministro de Justicia reposa una solicitud de indulto. Alberto Ruiz-Gallardón ha dicho que la estudiará.
Conozco gente muy seria que sostiene que un juez no está para impartir justicia, sino para aplicar con la máxima precisión los códigos legales en el desarrollo de un proceso judicial reglado. El profesor Alejandro Nieto los denomina los jueces funcionarios: les encantan al poder ejecutivo y a sus propios superiores jurisdiccionales. Frente al juez funcionario y al juez estrella – afectado por un narcisismo patológico que pretende convertirse en el centro de toda la atención pública – el doctor Nieto describe al juez justo, aquel que entiende que “el juez no puede ser boca que pronuncia las palabras de la ley, porque la ley no tiene la posibilidad material de pronunciar todas las palabras del Derecho, la ley procede sobre la base de ciertas simplificaciones esquemáticas y la vida presenta diariamente problemas y situaciones que no han podido entrar en la imaginación del legislador”.  Sin duda la sentencia que condena a Carlos Cano puede ajustarse a Derecho. Pero es injusta, porque resulta grotescamente desproporcionada: tres años de privación de libertad y sufrimiento cotidiano a cambio de dos paredes manchadas. Aterra pensar lo que pueden llegar a hacer los jueces funcionarios con la inminente Ley de Seguridad  Ciudadana adornando sus togas. Lo que algunos ya están empezando a hacer como una suerte de ejercicio de precalentamiento para convertir las libertades públicas en actividades sospechosas y de alto riesgo.

Publicado el por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

Involución democrática

Para las fuerzas derechistas – particularmente en España, donde el Partido Popular acoge bajo su manto a sectores tradicionalistas y ultras que le votan como mal menor – los problemas en las sociedades democráticas se resuelven invariablemente no con más democracia, sino con menos. A veces con mucha menos. En apenas una semana la involución democrática en marcha por el bien de España y los españoles ha marcado dos hitos importantes. El primero, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el que el PP ha tenido la complaciente colaboración del PSOE, CiU, el PNV e Izquierda Unida: todos se han repartido pacíficamente los magistrados a elegir, pese a que todos llevaban en sus programas electorales compromisos o, al menos, advertencias sobre la imprescindible reforma (una nueva reforma imprescindible) del CGPJ. Se ha institucionalizado así, con el concurso de casi toda la oposición parlamentaria, una sucia y buhonera corruptela que ataca las bases mismas del Estado de Derecho, cuya constitucionalidad, por lo demás, resulta sumamente discutible.
El segundo ataque proviene, obviamente, del anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana aprobado ayer por el Consejo de Ministros, un engendro normativo cuyo objetivo primordial consiste en criminalizar la disidencia ciudadana y actuar coercitivamente contra casi cualquier forma de rechazo, crítica y movilización social. La guinda que corona esta arcada digna del estómago de Arias Navarro son los castigos que establece la ley por mostrar pancartas o lanzar consignas injuriosas contra España y sus símbolos, y tales multas, al responder a sanciones administrativas y no a faltas, serán decididas por el Ministerio del Interior, no por los jueces. No es posible exagerar la agresión que, en este punto del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, está perpetrando el Gobierno de Rajoy contra las libertades públicas en este país. Si este basurienta tropelía antidemocrática y antiliberal (sí, antiliberal) es aprobada, la seguridad jurídica de todos y cada uno de los ciudadanos españoles se verá brutalmente erosionada. Porque España es una ficción que, como tal, solo puede ser interpretada ideológicamente, y esta ley pretende establecer una equivalencia autoritaria y perversa entre España, el Estado y el Gobierno. Quien rechaza su interpretación y uso de España está agrediendo al Estado y atentando contra el Gobierno. Si tragamos con esto apenas nos podremos llamar ya ciudadanos.

Publicado el por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?