Según afirmó ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en un foro organizado por una emisora radiofónica, en menos de tres meses se ha cuadruplicado la potencia fotovoltaica en Canarias para el autoconsumo: en 2019 había menos de 200 edificaciones que disponían de energía fotovoltaica y ahora son más de 2.000. Imagino que el presidente habrá tenido un lapsus y que quiso decir tres años, aunque tampoco cuadra. Es algo que le ocurre de vez en cuando a Torres: en su afán de demostrar que lleva Canarias en la cabeza a veces se le derrama la cabeza sobre Canarias. También se congratuló de la presentación en Tenerife de la Estrategia de Energía Sostenible para Canarias con la participación de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien endosará — ¿de una tacada? -466 millones de euros para el invento.
Es difícil orientarse en la selva selvaggia de propuestas, estrategias, marcos, proyectos legislativos, programas, soflamas y riquirracas en materia de energías renovables y sostenibilidad con la que el Ejecutivo se ha engalanado en los últimos años. Hay un proyecto de ley de Cambio Climático, se prepara una estrategia de Transición Justa y una estrategia de Justicia Climática, se ha redactado otra Estrategia Canaria de Acción Climática, está operativo un Plan de Transición Energética de Canarias (llamado casi cariñosamente el PTCan) y un Observatorio Energético de Canarias (bautizado OECan) y unas nonatas Agencias Insulares de Energía. Es como si los archivos de Napoleón, Petra Kelly y Maxwell Smart hubieran sido volcados en un contenedor (por supuesto, reciclable) y removidos con un palo. A lo largo de dos años y medio se han garrapateado estrategias y planes que es un primor, pero ahí fuera, sinceramente, la realidad no se ha dado por aludida por esta virtuosa grafomanía.
Fuera de las verdes praderas del Gobierno y de los retretes de los habituales paniagüados la sensación más extendida es la intranquilidad. En una de las grandes apuestas (y denuncias) del consejero José Antonio Valbuena, el saneamiento de aguas, no se ha hecho prácticamente nada. Tan poco se ha hecho, en efecto, que Valbuena no ha podido llevar a Teresa Ribera a otro sitio que a la Estación Depuradora de Buenos Aires, en Santa Cruz de Tenerife, una infraestructura en marcha desde finales de los años setenta y que ha sido sometida a una ampliación para alcanzar los 55.000 metros cúbicos de agua depurada al día. Es una lástima que el Gobierno de Torres no tenga nada que ver con esta obra, cuyo contrato fue firmado en diciembre de 2018, y que había sido licitada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La pasada semana los empresarios del sector de las energías renovables manifestaban su hartazgo ante los retrasos que acumulan las autorizaciones administrativas que debe resolver la Consejería de Transición Ecológica, especialmente para proyectos que cuentan con financiación de fondos europeos, perdidos irremisiblemente si no se ejecutan antes de fin de año.
En un horizonte más lejano el estupor y el nerviosismo son incluso más intensos. Con la pachorra valbuenista, torturando folios y folios con mandangas estratégicas y fritangas normativas, se está perdiendo el tiempo para definir un modelo energético de transición – necesariamente un mix — y disponer de las infraestructuras de almacenamiento y distribución que garanticen el suministro eléctricos a ciudadanos y empresas. La testaruda negativa de considerar al gas como ingrediente básico del mix energético define muy bien a un Gobierno que se mueve (es un decir) entre el utopismo y el burocratismo mientras vende postales de unas islas descarbonizadas, si se excluyen, naturalmente, los muchos miles de aviones que atraviesan nuestros cielos y aterrizan y despegan de nuestros aeropuertos. Valbuena lo dejará todo preparado – cada programa, cada medida, cada reglamento – para resolver la situación un minuto antes del fin del mundo.
