petróleo

Una fantasía emocionante

Aparece Greenpeace agitando un informe, como un feriante agita una piruleta en las fiestas del pueblo, y chopotocientos mil interesados se abalanzan sobre la golosina, es decir, sobre el milagroso papel. Greenpeace ha asegurado hace pocos días que dispone de un informe – supuestamente encargado tiempo ha a la Agencia Espacial Alemana — según el cual Canarias podría alcanzar a sustentarse a través de las energías renovables en el plazo de apenas 35  años sin pasar por el muy odioso gas como etapa intermedia.  No crean que es muy difícil acceder a este estudio prodigioso auspiciado por la organización ecologista: lo pueden encontrar ustedes, bajo el enternecedor título Revolución energética para las Islas Canarias en el enlace https://heroesporelclima.org/informacion/revolucion-energetica-para-las-islas-canarias.  Lástima que como dice un admirable amigo mío en el estudio (no llega a los 40 folios) se procede a bailar la yenka entre dos grandes paradigmas creativos: el que dice que el papel aguanta lo que le echen y el que compara a la abuela con una bicicleta. Se hacen sumas supuestamente probatorias, se suponen unas cosas, se olvidan convenientemente otras  y ya tenemos todos los problemas financieros y tecnológicos resueltos para siempre jamás para horror y desesperación de la casta.

Primero están esos cálculos adolescentes sobre los costes del experimento que propone Greenpeace: esos 20.000 millones de inversión (ahora) que supondría un ahorro de 42.000 millones (a partir de 2050) y que no van acompañados de ninguna explicación precisa sobre la estructura de costes y beneficios. Los problemas de un almacenamiento y de una distribución eficiente y eficaz que presentan en la actualidad las centrales fotovoltaicas, eólicas, termosolar y geotérmica no les merecen absolutamente atención, porque serán superados “por tecnologías ya confirmadas y que se implantarán en los próximos años”, tal y como se ha repetido con insistencia en los últimos años. Se supone – no sabe uno muy bien por qué – que los costes de la energía de origen eólico y fotovoltaico bajarán en las décadas que nos quedan hasta el mediar el siglo. Por supuesto, para una feliz electrificación del Archipiélago, independiente del petróleo y del gas, deberán desarrollarse medidas sociales complementarias, tal y como se subraya en la página 33 del documento: obligatoriedad de los automóviles eléctricos, modificación de infraestructuras para privilegiar el transporte público, camiones de hidrógeno para repostar circulando preventivamente por las carreteras, medidas persuasivas para no utilizar vehículos privados (sic) y nuevos criterios de localización de la industria y de la producción de bienes y servicios (sic, también) para que todo el mundo sepa donde debe poner una fábrica de chocolate, una granja avícola o un molino de gofio, no como ahora, que vamos como locos. Y el que quiera gofio que se lo pida a Greenpeace.

A las 48 horas ya estaban organizaciones ecologistas locales y fuerzas políticas como Podemos llorando de emoción, estremecidos de goce, proclamando adhesiones inquebrantables al cucurucho de desatinos, inexactitudes y buenos sentimientos de Greenpeace. No creo que sea una impertinencia demandarle a los podemistas en particular y a la izquierda canaria en general un poco más de comprensión lectora y espíritu crítico.

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La pregunta pejeverde

En un plazo relativamente breve para sus usos y costumbres el Consejo Consultivo de Canarias ha avalado (así se ha esculpido en los titulares) la legalidad de la consulta preparada por el Gobierno autonómico sobre las prospecciones petrolíferas en las proximidades de Lanzarote y Fuerteventura. Con las prisas en celebrar el informe – que sin duda cogió por sorpresa al Ejecutivo – fue piadosamente obviada una observación que los señores consejeros no pudieron resistirse a explicitar: la consulta no puede incluir preguntas que excedan el marco competencial de la Comunidad autonómica. He esperado inútilmente que alguien se dirija al Consejo Consultivo para aclarar este aserto a fin de que quien lo interprete no sea el portavoz Martín Marrero, por ejemplo. Pero nada.
Y no es un asunto baladí. Entre sus competencias la Comunidad Canaria, por supuesto, cuenta con un amplio espacio normativo y reglamentario en materia medioambiental. Sin embargo, la autorización para proceder a sondeos exploratorios y conceder licencias de explotación corresponde inequívocamente al Ministerio de Industria y Energía. La conclusión se antoja bastante obvia: el Gobierno regional no puede preguntar a los ciudadanos canarios sobre las prospecciones que ha autorizado el Ministerio de Industria a favor de Repsol. No lo puede hacer sin incurrir en prevaricación, aunque mucho antes, sin duda, el proceso administrativo para la consulta será impugnado por el Gobierno central a partir de la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional. Desde la legalidad el Gobierno presidido por Paulino Rivero deberá limitarse a una pregunta más o menos de este jaez: “Como ciudadano de Canarias, ¿quiere usted que el mar que rodea las islas sea limpio, puro, salutífero y hermoso? En caso de responder positivamente, ¿cree usted que debería contar con samas roqueras, fulas y pejeverdes en abundancia?”.
Pulula la gente malvada – yo me cuento entre ellas – que considera que el Gobierno presidido por Paulino Rivero, incluyendo al mismo Paulino Rivero, conocía de antemano perfectamente las limitaciones legales de una consulta como la que pretenden convocar. Sabían que las preguntas jurídicamente permisibles excluían fuera de toda duda razonable la autorización y la actividad misma que suponen los sondeos. Conocían, por tanto, la perfecta inutilidad de la consulta en términos jurídicos y su inermidad como instrumento democrático en términos políticos. Fue la irresistible tentación de un presidente adicto a los titulares en vena la que le llevó a envolverse en el mar como en una bandera y posar como un Tritón patriótico agitando en el tridente justiciero papel timbrado, fulas y pejeverdes.

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Vía crucis

Estoy esperando emocionadamente cuál será el próximo paso del vía crucis paulino. Porque de eso se trata. De acompañarlo (obligatoriamente) por el áspero camino a su no-reelección mientras sangra brillantes ocurrencias y patrióticas babiecadas. Durante algunos días ya no se habla de desempleados, de enfermos crónicos que no tienen donde caerse muertos, de servicios hospitalarios colapsados y de establecimientos comerciales clausurados, de las becas universitarias que no se abonan y del REF que guarda en una gaveta el Doctor No. Esperemos el nuevo bandazo que nos mecerá en un deleitoso vaivén. Veamos. Primero fue la estratagema del enfrentamiento con Madrid, oh Madrid, babilonia cruel, frívola y metropolitana. Después se visita a Rajoy y, sobre todo, a Su Majestad el Rey de las Muletas, para alertarle, sin ninguna maldad, sobre los brotes independentistas que pueden aparecer allá abajo, uno de los informes más desopilantes que cabe imaginar de un nacionalista a un monarca constitucional. Y ahora la pretensión de convocar un referéndum que debe autorizar el Estado y que por supuesto no hará, a fin de indignarse mucho luego, agriar el gesto, volver a cantar la dolorida serenata de la desafección. Y todo esto, por supuesto, sin mediar consulta formal con los órganos de dirección de su propio partido, que el presidente Rivero sabe muy bien lo que se hace y ese confuso rebaño de conspiradores aficionados no está en condiciones de comprenderlo. Es difícil imaginar, en cualquier otra organización política, que un presidente del Gobierno tome una decisión de semejante calibre – y cuyos efectos en la relación entre la Comunidad autonómica y el Gobierno central resultan difícilmente pronosticables – sin que medie un debate, sereno y riguroso, en los órganos competentes del mismo. Pero aquí ocurre en vivo y en directo y los dirigentes de Coalición Canaria no tienen absolutamente nada que decir, nada que decidir. Rivero los trata, precisamente, como tratará las autoridades del Estado español a su solicitud. El presidente del Gobierno regional quiere consultar a los canarios sobre las prospecciones de Repsol, pero elude despectivamente consultar y debatir sobre su iniciativa con su propio partido.
Yo aguardo cualquier cosa. Ni siquiera descarto que Paulino Rivero se plante en El Escorial a pedirle audiencia a Felipe II. “Señor, ¿sabe usted que en Canarias hay un loco que promueve un referéndum?”. Y el Rey, pasmado.

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El espejismo

Es un poco hilarante. Lo que la mayoría de la izquierda isleña encuentra mal de la propuesta de referéndum del presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, es que no se aplique a otras cosas. A las cosas que pluguiera a cada uno. Un referéndum sobre el puerto industrial de Granadilla. Un referéndum sobre la reforma electoral. Un referéndum sobre el Régimen Económico y Fiscal. Prodigioso descubrimiento: el referéndum como chute vitamínico al deteriorado sistema democrático. El referéndum como alfa y omega de una verdadera democracia participativa. Y solo cabe sospechar de aquellos que no admitan el referéndum como un método ya no intachable, sino inmejorable para la toma de decisiones políticas democráticas. A la izquierda que padecemos – la que abomina del régimen electoral, pero se relame pensando en los diputados,  senadores y concejales que les prometen las encuestas – al parecer le traer sin cuidado que esta sea una operación política del presidente Rivero legalmente inviable y de la que solo puede extraerse un rédito propagandístico muy particular, tan particular como el patio de su casa. Compañeros, explotemos las contradicciones del sistema, como rezaban las viejas jergas – indistinguibles de las nuevas– hace cincuenta años. A ver, sinceramente, ¿a quién no le apetece un referéndum?
Pues verán, un referéndum no tiene por qué ser el mejor mecanismo de toma de decisiones. Raramente lo es. Los muy civilizados suizos acaban de manifestarse impresentablemente en una consulta para limitar con severidad xenofóbica la entrada de emigrantes en la Confederación Helvética. En estas ínsulas Paulino Rivero barrería en un hipotético referéndum con semejante contenido consultivo. Como técnica de participación política los referéndums tienen ventajas, pero también costes: ofrecen soluciones dicotómicas para problemas complejos, limitan la autonomía de los representantes públicos y restan incentivos al debate, la transacción y el acuerdo, sin contar con sus problemas operativos. Supongamos que pudiera hacerse una consulta jurídicamente vinculante sobre las malhadadas prospecciones de Repsol: Lanzarote y Fuerteventura votan mayoritariamente en contra, pero gana en el conjunto regional el voto a favor por un estrecho margen. No. Este  conato inviable de referéndum es un interesado espejismo. Sobran razones, recursos y estratagemas para oponerse – con perfecta legitimidad democrática – a una amenaza ecológica y medioambiental de primer orden.

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Un referéndum a la medida

Del fondo de su chistera – o de su cachorro – el presidente Paulino Rivero ha extraído su penúltimo conejo: un referéndum para consultar a los ciudadanos canarios si aprueban o rechazan las prospecciones de Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Todavía no he leído ninguna reacción del PP – si bien cualquier reacción del PP es previsible – pero para mi estupefacción he detectado diversos riquirracas desde el PSC-PSOE, sin contar con los desfallecimientos de gozo de los paulinistas más despepitados del entorno presidencial. En realidad poco o nada tiene que ver esta iniciativa con la defensa medioambiental de Lanzarote o Fuerteventura, porque solo forma parte de la particular estrategia de Rivero para culminar el más obsesivo de sus afanes: su proclamación como candidato presidencial de CC para las elecciones autonómicas del año 2015.
Rivero sabe que, con el estatuto de autonomía en la mano, no puede convocar un referéndum, es decir, una consulta jurídicamente vinculante, aunque la mayoría absoluta del Parlamento canario apoye su celebración. No es el Gobierno de Rajoy quien debería autorizarlo, sino nada menos que las Cortes. Exactamente igual que en el caso de la reivindicación de la Generalitat catalana. Rivero juega, por lo tanto, a ser un poco de Mas para no ser menos. De la misma experiencia acumulada en la sociedad civil de Cataluña en los últimos años podría tomar ejemplo para organizar una consulta simbólica, una encuesta de valor político, ya que no jurídico. El Gobierno autonómico podría, por ejemplo, adherirse a una consulta organizada por ONG, o asociaciones ecologistas, o entidades vecinales, que evidenciaran el rechazo mayoritario a las ambiciones de Repsol en aguas isleñas. Si Paulino Rivero opta por el referéndum es, precisamente, sabiendo que se le impida realizarlo, pero no ignorando la cosecha de nuevos réditos de imagen pública y protagonismo mediático. Allí está, de nuevo, el David digno e impoluto contra el Goliat voraz y oleaginoso. He aquí un nuevo espacio de enfrentamiento con el Estado — ¿que se hizo de esa diligente advertencia al Rey y a la patria sobre los brotes soberanistas? — por una buena causa que nadie juiciosamente podrá discutir porque, como repite don Artur,  ningún canalla se opone a que se consulte a un pueblo. Y más (Mas) aun: ¿quién le puede negar su voto en el Consejo Político Nacional a aquel que abandera la voluntad de sus conciudadanos y está dispuesto a fundirse con el derecho a decidir que nada de prospecciones?

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