José Antonio Valbuena

Realismo político y fantasías ideológicas

¿Se puede tachar a la principal fuerza de la oposición –el Partido Popular – de ser un “partido antisistema” y simultáneamente pactar con él la reforma de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual? Vaya que sí se puede. Lo está haciendo el PSOE tan ricamente. Ayer fue aprobada la reforma en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con los votos del PSOE, el PP, Ciudadanos y el PNV y se votará mañana jueves en el pleno. Podemos ha denunciado que los socialistas han volado “el bloque de la investidura”. Quizás lo hayan hecho los socialistas, en efecto, pero Podemos no. Las ministras de Podemos siguen sentadas pachorrudamente en el banco azul. Imagino que se consolarán con “la primera ley de vivienda de la democracia” que entre otras estupideces ideológicas incluye un tope a los alquileres que, en el mejor de los casos, no servirá para nada. Ya existe literatura económica y estudios técnicos que lo dejan perfectamente claro: la limitación del beneficio supone desincentivo casi automático para la oferta. En experimentos similares la oferta de alquiler descendió un 15% en París o San Francisco y cerca de un 10% en Berlín. El acceso a la vivienda es un problema socialmente explosivo en Canarias y, en realidad, en toda España, pero limitar el precio de los alquileres no lo aliviará. Más o menos cualquier persona razonable sabe o intuye una obviedad: lo que debe aumentar la oferta de viviendas en alquiler. El Estado debe construir vivienda pública a gran escala y poner al menos el 50% de las plazas en régimen de alquiler. Con 10.000 viviendas públicas en alquiler en Canarias los precios bajarían con toda seguridad, pero este objetivo implica inevitablemente mejorar las dotaciones públicas (parques, jardines, servicios) de las nuevas zonas. Po favor: que no se diga que en el plazo de un lustro no pueden construirse diez mil viviendas públicas en Canarias porque entonces estamos acabados y el sistema autonómico es inservible frente a una demanda social perentoria y lacerante. Una sociedad madura, con medios financieros y técnicos suficientes y una voluntad política ampliamente consensuada lo puede y lo debe hacer. En los cuatro o cinco años imprescindibles para construir este parque público las medidas deben ser básicamente fiscales: fijar y aumentar la desgravación por alquiler,  aumentar en algunos segmentos de población en mala situación habitacional el ingreso mínimo vital, incentivos para el alquiler de sus viviendas a los propietarios. Todo antes que transformar un mercado tensionado en un mercado deprimido.

Un designio verdaderamente evolucionario – pero ante el cual las izquierdas, más aun todavía que las derechas, parecen sentir auténtica alergia – se basaría en diseñar y consensuar políticas públicas basadas en la evidencia empírica y no en supercherías doctrinarias, antojos ideológicos o simulacros propagandísticos. Por desgracia los actuales gobiernos de España y de Canarias – con excepciones, alguna que otra relevante — jamás están dispuestos a que la puñetera realidad les juegue una mala pasada. A la realidad no se le soluciona: se la sustituye por un relato, un cuento, un chisme. La otra praxis predilecta de nuestros gobernantes progresista es crear leyes que mágicamente resuelven los problemas. Una buena y extensa ley, cargada de artículos y disposiciones, que exija reglamentos farragosos y subsanables, está por encima de todo. La Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial debió asumir hace años como prioridad la crisis hídrica de Fuerteventura, la insuficiencia de sus desaladoras y la obsolescencia de sus infraestructuras. Prefirió hacer una ley magnífica, compleja, deslumbradora, inacabable. Los majoreros han pasado, pasan y sin duda seguirán pasando sed en este verano que se aproxima a grandes zancadas, pero José Antonio Valbuena tiene su preciosa aunque obesa criatura legislativa. Mira qué ojitos tiene. Es idéntica a su padre.

 

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Sombra, humo, sueño, nada

El proyecto Cuna del Alma, en el municipio de Adeje, se extiende por una superficie de casi 500.000 metros cuadrados. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias entendió que los promotores no habían presentado un imprescindible estudio de impacto medioambiental, pero lo decisivo para paralizar cautelarmente las obras fueron dos circunstancias: un pequeño yacimiento arqueológico en el que las palas metieron su metálico josico y varias poblaciones de una especie vegetal altamente protegida por la legislación vigente. Eso bastó para que la Consejería ordenase la paralización cautelar de las obras en su totalidad. El ayuntamiento de Adeje y los promotores del proyecto, obviamente, han expresado su desacuerdo, y acudirán a los procedimientos administrativos y judiciales que estimen oportunos. De hecho están aflorando informativamente elementos relacionados con el planeamiento urbanístico de Adeje y las autorizaciones de la Cotmac en los últimos años que señalan que, tal vez, José Antonio Valbuena y su equipo se han podido precipitar, que no han afinado lo suficiente y la suspensión puede ser fugaz y reversible.

Lo que me ha asombrado de la rápida y contundente decisión del consejero Valbuena es su indiferencia con otras agresiones al medio ambiente y los ecosistemas más graves que las de Cuna del Alma. Es paradójico: Cuna del Alma no tendrá un estudio de impacto ambiental pero su efecto ecológico es limitado. Cierto, pero limitado. Lo que se rechaza argumentada o intuitivamente respecto el proyecto inmobiliario y turístico de Adeje es, sobre todo, que significa una nueva privatización del territorio en beneficio de una élite que ni siquiera es canaria. Menos de un 1% de los isleños podría disfrutar del resort y la mayoría social prefiere, simplemente, que le dejen gozar comunitariamente de su playa y su puertito y sus zonas aledañas. En cambio el proyecto de la mastodóntica central hidroeléctrica Salto de Chira, en la cabecera del barranco de Arguineguín,  impulsado desde hace años por el Cabildo de Gran Canaria y la multinacional Red Eléctrica Española, cuenta con un postinudo estudio de impacto ambiental, pero supone una de las agresiones más aberrantes y estúpidas contra el patrimonio natural y cultural de la historia de Canarias. Para que un estudio de impacto ambiental sea aceptado y aprobado no es siempre imprescindible que sea técnicamente perfecto o incuestionable. Algunas veces las imperfecciones son bien compensadas con algunas distracciones de los redactores y muchas convivencias entre los políticos. Y así queda todo atado y bien atado, según la inmortal sentencia de un gran ecologista que cada día me recuerda más a Antonio Morales. Este engendro conlleva la construcción de ocho kilómetros de carretera, casi siete kilómetros de túneles, una caverna de  casi 3.400 metros cuadrados en Lomo de la Palma, decenas de tuberías, miles de metros cuadrados de plataformas, una desaladora con capacidad de 5.000 metros cúbicos diarios, canalizaciones de varios kilómetros de tendidos eléctricos y fibra óptica. El impacto de esta infraestructura en el mayor reservorio de biodiversidad de Gran Canaria va a resultar aniquilador para la vida vegetal y animal de todo el barranco: afectará a cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000 y a parte de la Reserva de la Biosfera. En Cuna del Alma los constructores se tropezaron con restos arqueológicos. En Arguineguín se encuentran siete enclaves arqueológicos catalogados. Este crimen medioambiental en marcha es fruto del mesianismo cesarista de un político incorregible y de la ambición económica de una multinacional rapaz. Pero atención: tanto Ángel Víctor Torres como José Antonio Valbuena son corresponsables. Cada vez es más evidente que la paralización de Cuna del Alma es lo que suele ser todo en este Gobierno: propaganda y sombra, distracción y fingimiento,  humo y adiós.

 

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La cuna paralizada

Adquieres pacientemente (o no) 500.000 metros cuadrados de terreno justo sobre el puertito de Adeje y su playa.  Proyectas una exclusivista promoción turística de lujo (villas, jardines, zonas recreativas, un hotelón de cinco estrellas y un cometa) que necesita una inversión de muchas decenas de millones de euros. Y consigues la pasta. Contratas a un amplio y solvente equipo de especialistas. Finalmente convocas a los políticos que mandan para la maravillosa ceremonia cómplice de poner la  primera piedra de tu inminente paraíso y celebrar una discreta fistuqui con platitos franceses y música chill out. En fin, lo haces todo maravillosamente bien. Pero vas y te olvidas de incluir en el proyecto un estudio de impacto ambiental.

Es realmente impresionante. Tantas perras, tanta meticulosidad, tanta profesionalidad, tantos sabios y amables consejeros – desde el ayuntamiento nos ocupamos de las relaciones públicas y ustedes a lo suyo, mon amis – y caes en semejante distracción. Por eso tal vez pasa lo que pasa. Que te tropiezas con un yacimiento arqueológico y lo descalabras o que ya con las palas en marcha – y porque se lo escuchas a un ecologista que se opone a la promoción no solo por razones ecológicas– descubres que el terreno presenta numerosas poblaciones de una planta que tiene el máximo nivel de protección según la legislación canaria. Nuestra legislación. La que rige en nuestro país.  Y entonces, a raíz de una denuncia muy pertinente y argumentada, la Consejería de Transición Ecológica manda a paralizar cautelarmente las obras. Porque debe y puede hacerlo. Porque un consejero, José Antonio Valbuena, toma la decisión correcta en coherencia con el ordenamiento jurídico vigente en la protección de la biodiversidad canaria. Porque nuestras autoridades pueden, en efecto, paralizar (cautelarmente) todo el proyecto. No sé si se entiende; mi francés, como pueden ver, es harto deficiente. La Consejería de Transición Ecológica puede y debe hacerlo, y presentar su decisión como una suerte de intervención arbitraria y aniquilante sobre un proyecto perfecto y bienaventurado –como se le ha podido escuchar a algún concejal de Adeje, aunque el Mago de Oz permanezca en silencio – es democrática y jurídicamente inconsistente.

Por muy loco que parezca hacerse con medio millón de metros cuadrados para desarrollar una promoción de lujo hiperbólico y pasar por alto los valores patrimoniales y biológicos de semejante recinto – a un servidor, tan pedantesco como siempre, le viene a la cabeza al rey Leopoldo II y esa plantación suya que se llamaba el Congo – por supuesto que existen derechos y expectativas y para defenderlos están los tribunales. Desde un punto de vista político –ampliamente político digamos – en la orden de la Consejería de Transición Ecológica anida una apuesta arriesgada porque quienes pueden reunir 300 millones de euros podrán contratar a los mejores abogados del planeta para reclamar lo que consideran suyo y ya solo suyo. Es la primera vez que, en el ámbito turístico, la administración autonómica prioriza la defensa de nuestro territorio y nuestra diversidad  frente a un (legítimo, por supuesto) conglomerado de intereses inversores con un origen muy mayoritariamente extranjero. Personalmente el augurio portentoso de la contratación de acaso un millar de camareros, recepcionistas, pinches de cocina, baristas y animadores socioculturales no se me antoja una perspectiva irresistible. Tal vez los promotores y representantes de los inversores podrían hacer un esfuerzo, vencer su timidez y presentarse a la sociedad canaria y defender abiertamente su proyecto. Y responder a preguntas. A todas las preguntas. Porque, sinceramente, mon amis, hay tantas como viborinas entre sus palas mecánicas, sus tabiques y sus guardias de seguridad.

 

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Relatos viborinos

Hace tres o cuatro días la Consejería de Transición Ecológica ordenó la paralización de las obras del proyecto turístico Cuna del Alma, medio millón de metros cuadrados en las inmediaciones del puertito de Adeje destinadas a villas de lujo, jardines babilónicos, tiendas muy postinudas y un hotel aproximadamente inaccesible para el 80% de los mortales. La decisión del departamento dirigido por José Antonio Valbuena supuso una conmoción en el Cabildo de Tenerife y en el ayuntamiento de Adeje, que no fueron advertidos previamente. Lo que terminó de enfurecer a Pedro Martín y a irritar a José Miguel Rodríguez Fraga  (la diferencia de la reacción se basa en el carácter y la madurez política) es la razón esgrimida por Transición Ecológica: las obras de la promotora amenazaban una población de la viborina triste, una flor que cuenta con la categoría de protección especial dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Por supuesto, ya en vigor el catálogo, se ha construido bastante en los alrededores e incluso encima mismo de viborinas sumamente tristes. Lo que se sostiene desde el Cabildo tinerfeño y el ayuntamiento adejero es que se trata de un pretexto para paralizar las obras. En ninguna de ambas corporaciones se creen que Valbuena no dijera nada a nadie. Al contrario: se rumorea que lo comunicó en el último consejo de gobierno y que nadie dijo nada. Tampoco Ángel Víctor Torres.

Los promotores llamaron – y no precisamente a Valbuena – para explicar que acatarían la congelación de las obras – cuando llegase la comunicación de Transición Ecológica – pero que todos los permisos e informes estaban en regla y que suponía una agresión contra su derecho a la seguridad jurídica que ahora, muchos meses después de finalizado el proceso administrativo,  se ve vulnerada. Por tanto, los inversores belgas están dispuestos a dialogar con las administraciones públicas y etcétera pero ya han cursado órdenes a sus bufetes – ese tipo de bufetes que cobran minutas estratosféricas solo por respirar a lo lejos el Acqua di Parma de sus abogados – para presentar las batallas judiciales que sean necesarias en defensa de lo que consideran sus derechos. Por supuesto, tanto las autoridades insulares y municipales como los socios canarios de los promotores dirigieran su indignación bien templada a la CEOE, y la patronal se apresuró a trompetear que así no puede ser porque se ahuyentaba la inversión de Tenerife y se abrirán las puertas del infierno y moriremos todos de hambre y de sed.

Finalmente están las redes sociales: satisfacción por la decisión de la Consejería de Transición Ecológica, alguna llamada a la cautela y mucha insistencia en que esta es una victoria del pueblo, de la presión popular, de la negativa de la mayoría social a esta nueva destrucción de nuestros espacios naturales a través de su obscena privatización. Gobierno chachi, cabildo chungo, ayuntamiento vomitivo. Algo así. Sin duda llevado por un escepticismo plomizo mi conclusión  provisional es  la siguiente:

La Consejería de Transición Ecológica, en efecto, ha decidido improvisar un argumento menor para paralizar las obras.  No por convicción político-ideológica, sino por imagen pública. Dentro de medio año se celebran elecciones. Valbuena –con la anuencia del Ejecutivo y, en particular, del presidente Torres – pretende escenificar una resistencia  medioambientalista. Si se puede estirar sin excesivos riesgos hasta mayo bien. Si no es que ganaron los malos y poderosos sobre un Gobierno honrado. ¿El límite? Que los promotores se lancen a degüello a exigir indemnizaciones y lucros cesantes. Justo antes que eso. Y por supuesto que es un nuevo maltrato al PSOE tinerfeño, esos mendicantes desarrollistas. ¿La presión popular? No ha tenido demasiado que ver. Ha sido el elemento amalgamador de un relato más cercano a la fantasía que a la realidad.   

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Viaje al centro de la jeta

Me gusta imaginar a José Antonio Valbuena y a Blas Trujillo leyendo al unísono, a la luz de una vela negra, el mensaje encriptado por Arne Saknussem que supo descifrar el profesor Otto Lidenbrock : “Desciende al cráter del Yocol de Sneffels, que la sombra del Scartaris acaricia antes de las calendas de julio, audaz viajero, y llegarás al centro de la Tierra, como he llegado yo”. Pero no, Valbuena y Trujillo no aparecieron sorprendentemente en Islandia por razones juliovernescas sino “para conocer de primera mano la pequeña isla de Heimaey y su experiencia tras la erupción volcánica de 1973 y tomar ideas de cara a la reconstrucción de La Palma después de lo ocurrido con el volcán de la Cumbre Vieja”.

Los consejeros del Gobierno autónomo se incorporaron a una misión institucional organizada por la Cámara de Comercio de Gran Canaria y el Consulado islandés en las islas. También se sumaron el viceconsejero de Transición Ecológica, Miguel Ángel Pérez, la directora general de Energía, Rosana Melián, y el Comisionado para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo.  Los políticos han emitido un comunicado muy cuco, pero lo que debería reclamárseles es un informa exhaustiva de esa primera mano tan curiosa, de los contactos establecidos y de la información obtenida, no una veintena de renglones bajo la el logotipo del Ejecutivo.  Una explicación, por ejemplo, de lo que hacía en esa visita el consejero de Sanidad, a no ser que se haya acercado a Islandia para emprender una profunda investigación sobre las aguas termales de la isla y sus efectos salutíferos. ¿No necesitaríamos, de verdad, aguas termales en Canarias? ¿Por qué no mimetizar con toda la energía geotérmica que tenemos la oferta termal de Islandia? No se entiende bien que ya metidos en la misión no los acompañasen Sebastián Franquis, Elena Máñez y Yaiza Castilla. Sobre todo la señora Yaiza Castilla. Con lo que le gusta una sauna a don Casimiro Curbelo.

Ahora mismo no está disponible más información sobre los resultados del viaje. No es que sea negativo intentar aprender de experiencias ajenas en la reconstrucción de un territorio tras una catastrófica erupción volcánica, por supuesto. Pero tal vez, solo tal vez, hubiera sido más inteligente y provechoso hacerlo antes y planificar esas incursiones: dentro de unos días se celebrará el primer aniversario del comienzo de la erupción, que se prolongó hasta principios de diciembre. Las preguntas, por supuesto, son obligatorias. ¿Sólo viajaron los cargos políticos? Le acompañó algún técnico vinculado directa o indirectamente con la reconstrucción de La Palma? ¿Cómo van a Islandia para esto dos consejeros, un viceconsejero y una directora general del Gobierno autónomo y no el presidente del Cabildo palmero o los alcaldes de los municipios afectados? Si se trata de un garbeo exclusivamente político (malo) al menos que sean invitados los responsables palmeros. Si se trata de anotar y contrastar experiencias y estrategias económicas, laborales o territoriales, que acudan los técnicos. ¿Está previsto ya aproximadamente algo de esto? ¿Se ha planteado seriamente una expedición de técnicos y especialistas de las administraciones públicas de Canarias a Islandia y su periferia? Una veintena de técnicos estudiando y absorbiendo información durante dos o tres semanas, por ejemplo. ¿O todo ha sido un rápido viajito al que se sumó el señor Trujillo porque es de natural novelero y jacarandoso?

Lo que ha ocurrido en La Palma – lo que sigue padeciendo la isla – merece un poco más de rigor, de respeto y de atención que la que cabe en una nota de prensa, en un titular zumbado, en una foto felices y sonrientes como si hubieran llegado al centro de la Tierra, al centro mismo de su jeta.       

 

 

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