Fernando Clavijo

Los santos inocentes

Hay gentes que son muy selectivas sobre sus sospechas. Defienden noblemente una ética de la sospecha como principio de lucidez cívica siempre que se ajuste a sus convicciones ideológicas o, más frecuentemente, a los perjúmenes de los que abonan campañas publicitarias a través de amistades que van más allá o más acá de la muerte. Y así se ven deontológicamente obligados – lo suyo es un servicio público exquisitamente independiente, lo de lo demás, despreciable lameculismo mercenario — a lo siguiente:

1) La autoridad judicial termina todas las diligencias previas un año y medio antes de proceder a imputar a varias personas, entre ellas, un alcalde, Fernando Clavijo, que había sido elegido pocas semanas antes candidato a la Presidencia del Gobierno. El juez instructor eligió ese momento, y no otro, para proceder a las imputaciones y al levantamiento del secreto sumarial. No existe un trámite procesal intermedio entre las diligencias previas y la imputación. Esta circunstancia, tan clamorosamente llamativa, no merece absolutamente ninguna atención por los entusiastas de la sospecha. El juez sostiene en su auto, con cierta prolijidad, que no pudo hacerlo antes porque le faltaba un escáner. La mayoría de las fotocopiadoras disponen de la función de escáner, pero vaya usted a saber. Igual se atascó. Igual la fotocopiadora tiene sus propias sospechas, sus propias convicciones, sus pequeñas manías. No hay que tomárselo en cuenta. La vida de una fotocopiadora en un juzgado es muy dura.

2) Fernando Clavijo solicita ser interrogado cuanto antes por el juez. Esto, por supuesto, motiva cierto escándalo entre los santos inocentes. Es indiferente que se haya escrito hasta la saciedad que la lentitud caracolesca de la administración de Justicia en España actúa contra cualquier criterio de eficacia y eficiencia. Alguno de los santos inocentes lo ha escrito, incluso, cuando el imputado era él. Gracias a indignaciones y sarcasmos humeantes se hace pasar lo que es el derecho elemental de cualquier ciudadano por el privilegio intolerable de un político y tiro porque me toca. Siempre toca.

3) Para pasmo universal se descubre que el auto que autorizaba las escuchas telefónicas – y que hipotéticamente firmó la juez que inició la investigación — no figura en el sumario. Ah, da lo mismo. Está en sistema digital Atlante. Por desgracia lo que está en el sistema digital Atlante no es el auto, sino un mensaje de word sin firmar, así que debe hacerse un pequeño esfuerzo suplementario para que todo parezca normal. Por tanto se proclama que el auto jamás se extravió, contra las declaraciones explícitas en sentido contrario de la secretaria del juzgado. Es más, hay que escenificar un auto sacramental en la que el juez instructor da una lección de Derecho Procesal al asesor jurídico de uno de los imputados, expresidente del Tribunal Constitucional. El extravío del auto no agota su relevancia en que dicho documento ordena a la policía a montar las escuchas telefónicas, sino en que el mismo debe explicitarse debidamente la motivación justificativa de las mismas. Minucias de legüleyos empecinados en que no brillen la Verdad y la Justicia e que incluso tienen el descaro de cobrar a sus clientes. Palante.

4) El mismo día en que el juez reúne a las partes se hace público que la Fiscal Anticorrupción imputa a Clavijo de varios delitos más. Una vez más, no es así. Lo que hace la fiscal es solicitar que se le retire a Clavijo una de las imputaciones y que se investiguen varios puntos concretos de las conversaciones telefónicas grabadas por si pudieran encontrarse indicios delictivos.

Ah, ese periodismo que no pretende transmitir lo que ocurre, sino ser el acontecimiento mismo. Un periodismo que ignora u olvida que la única objetividad posible consiste en describir y transmitir lo que pasa con independencia de tus convicciones, y no guiado por ellas con el entusiasmo de un burro atado a una noria. Como decía Kart Kraus, en la distorsión de la realidad que practican en sus informaciones está la información verídica sobre la realidad. Sobre todo, por supuesto, de la suya.

 

http://youtu.be/W0WRfuDQHs4

 

 

 

 

 

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Imputaciones y responsabilidad política

Desde hace algún tiempo una alta autoridad política de Canarias (llamémosla así) mostraba su hondísima preocupación por escándalos judiciales que salpicarían a compañeros de su partido. Varios relevantes periodistas tinerfeños podrían certificar su estupefacción al escuchar a la muy alta autoridad repartiendo oscuras admoniciones y pringosos vaticinios. La pasada semana un juez de instrucción de La Laguna imputaba al alcalde de la ciudad y candidato presidencial de Coalición Canaria para las elecciones autonómicas del próximo mayo, Fernando Clavijo, por cuatro supuestos delitos. La canallesca, cuya intrínseca maldad no es discutible, ha potenciado los chascarrillos al respecto, pero resulta innecesario – y además inverosímil – relacionar causalmente  ambas circunstancias. O no.
Es absolutamente inútil advertir que un imputado no es un acusado. No todo detenido es imputado o procesado, no todo imputado o procesado es acusado, y que no todo acusado es condenado o culpable.  Pero en el tormentoso clima político y moral que está demoliendo este país las precisiones técnico-jurídicas devienen irrelevantes. No es que un imputado se situé automáticamente bajo la sombra de la sospecha: un imputado, en el mejor de los casos, es culpable si no se demuestra lo contrario. Hace pocas semanas los principales procesados el denominado caso Icfem (con Víctor Díaz, consejero de Empleo en el Gobierno de Manuel Hermoso, a la cabeza) fueron declarados inocentes de todos los cargos después de  dieciséis (16) años de pleitos judiciales. No son una excepción, ni en Canarias ni en España. Estos dieciséis (16) años de amarguras, sinsabores, humillaciones y nauseas supusieron, además, su extirpación sin contemplaciones de la vida política. Es curioso  —dolorosamente curioso para sus víctimas – el perverso dibujo del caso Icfem, por el que varias ciudadanos comprometidos en la lucha antifranquista terminan como apestados políticos en la democracia parlamentaria por la gestión de un organismo público en el que – tantos años después – quedó establecido que no cometieron ningún delito, ninguna irregularidad punible, ninguna estafa (1).
Es delicado fijar la línea roja judicial por la que un cargo público – o un candidato electoral –debe presentar su dimisión o renunciar a su candidatura. Encuentro que lo más razonable, entre todas las opciones, y salvo la imputación de delitos graves, es presentar o exigir la dimisión al minuto siguiente de que el magistrado dicte el procesamiento. Todavía no he encontrado un jurista capaz de afirmar que el auto de imputación que ha caído sobre Fernando Clavijo no presenta incongruencias sorprendentes, abuso de procedimientos inductivos y el relato de un comportamiento de gestión cogido con alfileres temblorosos. Clavijo ha decidido continuar adelante, ofrecer todo tipo de explicaciones a sus vecinos y a los medios de comunicación y confiar en la administración de justicia. Es una apuesta políticamente arriesgada pero que, a mi juicio, solo puede tomar un hombre, y un dirigente político, que sabe que ha actuado honradamente y sin haber conculcado la legalidad.

(1) Un ejemplo entre cientos de cargos públicos imputados es el de Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, que acaba de anunciar que no se presentará a las primarias para la candidatura presidencial de las elecciones generales de 2015. Durante su etapa como coordinador de IU de Castilla- La Mancha,  Cayo Lara, junto al alcalde de Seseña, estuvo imputado durante varios meses por los delitos de falsa denuncia y falsedad de documento público a raíz de una denuncia del constructor Francisco Hernando, alias el Pocero.  Casos como los de Demetrio Suárez –en Madrid — o Carmelo Padrón –en Canarias — son ejemplos perfectos de carreras políticas virtualmente pulverizadas, o paralizadas durante lustros, a causa de procesamientos de los que salieron como inocentes de todos los cargos, y existen fundadas razones para sostener que los denunciantes no pretendían otro objeto.   

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Escondiendo la perica

Pasmosa me ha parecido la decisión de don Paulino Rivero (presidente del Gobierno regional y presidente de Coalición Canaria) de no participar en el Conferencia Política que su organización celebraba este fin de semana en Las Palmas. Pero más estupefaciente resulta, todavía, que se admita eucarísticamente por todo dios mayor o menor (compañeros de partido, políticos de la oposición, medios de comunicación) que Rivero pretendía así ceder el protagonismo político a Fernando Clavijo, candidato presidencial de los coalicioneros para las elecciones autonómicas del próximo mayo. Cuando uno es presidente de un partido no deserta de una Conferencia Política que el propio Rivero impulsó junto a su secretario general, José Miguel Barragán.  Cuando uno es presidente de un partido asistir a una Conferencia Política del mismo – donde se diseña la estrategia política y programática de tu organización para los próximos años – no es un gracioso derecho, sino un deber formal. Y otra obviedad sustancial: un dirigente político no se ausenta para consolidar un liderazgo distinto al suyo. Se presenta y lo apoya inequívocamente. Y si no es así dimite de sus cargos y se queda en su casa jugando al envite o leyendo a Heidegger.

Gracias a una comodidad hermenéutica tan generosamente compartida, en cambio, Rivero puede posar como un hombre generoso sin haber mostrado un solo rasgo de generosidad política en todo el proceso que culminó con la elección de Clavijo, e incluso en las semanas siguientes. Al presidente del Gobierno le ha importado un higo pico blandir una reforma fiscal inexistente, insistir en lo de su consulta petrolera o lanzar a la estratosfera su concepto de soberanía compartida sin consultar ninguna de estas ocurrencias a la propia dirección de su partido (desde que lo leí en su blog por primera vez he sospechado que el presidente entiende por soberanía compartida algo a repartir entre Felipe VI y su augusta persona). Visto lo ocurrido este fin de semana, esa ausencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura, cabe colegir que Rivero continuará en la misma línea.  Y lo realmente interesante es si mientras la Conferencia Política ratifica la estrategia de CC el señor Rivero terminaba de perfilar la suya, que no pasa por resignarse a la jubilación pero tampoco por admitir el liderazgo emergente de Clavijo y su muy cauta voluntad de reforma del partido. Suenan telefonazos imperativos, se deslizan recados sinuosos, lloviznan de nuevo advertencias y admoniciones. Ahí esta, incansable, haciendo señas, organizando el cañazo, preparando el chico fuera, escondiendo una perica. No, definitivamente Heidegger no sirve para esto.

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El instante

Cuando en el seno del Consejo Político Nacional de CC acabó el recuento (45 votos para Fernando Clavijo y 40 para Paulino Rivero) lo dos candidatos palidecieron intensamente. Descubrían al unísono que ambos habían sido engañados. Ah, los palmeros. Ah, los herreños. La AHI, para variar, hizo lo de siempre: abstenerse en la votación para luego cumplir las instrucciones de  Tomás Padrón –quien, igual que en La Palma Antonio Castro, sigue moviendo los hilos como un titiritero encallecido – y sumarse a quien alcanzara más votos. En el receso, Rivero, que había demostrado un nerviosismo muy infrecuente en él, se levantó de su asiento y se marchó al baño. Muy pocos minutos después salió, pero su aspecto no era mucho mejor. Continuaba ligeramente desencajado y con los ojos enrojecidos. A escasos metros de la puerta del salón se detuvo y cerró con fuerza los párpados.
Fueron  cuatro o cinco segundos interminables. En esos cuatro o cinco segundos se precipitaron los recuerdos, las palabras, las entrevistas, los rostros crispados o sonrientes, los proyectos, los anhelos y las remembranzas, los primeros pasos y las últimas oportunidades y todo se condensaba en una nube oscura y acre que descendía sobre él y le llenaba los pulmones sin que pudiera evitarlo. Apretó los dientes. Treinta y cinco años. Treinta y cinco años desde que alguien llegó al bar de El Sauzal en el que, después de clases, jugaba con unos amigos al envite, y le propuso presentarse como alcalde a las inminentes elecciones municipales y musitó apenas: “¿Por qué yo?”. Fue su primera y última duda metódica. A partir de ahí ya no dudo jamás y por eso quizás se detenía esos cuatro, cinco segundos, con los ojos cerrados, no para evitar las miradas de nadie, sino para verse mejor a sí mismo, solo por primera vez en el centro de su soledad, desprovisto de sus dos báculos, la seguridad en sí mismo y el miedo de los demás, la transparencia de su ambición y las confusas y alicortas ambiciones ajenas, y estaba ahí, desalado y exhausto,  al borde del precipicio, a cinco votos que eran un desierto intransitable ya para siempre, la última partida perdida y el calor de una tarde maldita impresa en la memoria  cruel de lo que había aparecido de pronto en el horizonte, la vejez y la insignificancia. Hizo un gesto para extraer el móvil del bolsillo y leer nuevas mentiras pero no llegó a fijarse en la pantalla. Se había acabado el tiempo. «Hijos de la gran puta» escucharon las paredes menos como un insulto que como una plegaria. Paulino Rivero tomó aire, abrió los ojos y entró en el Consejo Político Nacional para anunciar que renunciaba a su candidatura como presidente del Gobierno de Canarias.

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La tentación del tapado

Se rumorea que la reunión del Consejo Político Nacional de CC del próximo viernes, en la que se debe designar al candidato presidencial para las elecciones de 2015, se prolongará más allá del amanecer. Es posible. Los reglamentos coalicioneros son una paparruchada que derivan de los viejos tiempos de desconfianza y escasa articulación de los años noventa. Por entonces fue cuando se estipuló esa sandez de los tres quintas partes de los votos del CPN como porcentaje indispensable para alcanzar la candidatura y se instituyó la grotesca norma de la minoría de bloqueo. Porque, efectivamente, un candidato puede conseguir el 60% de los apoyos en el máximo órgano de dirección de CC – que en la práctica solo se convoca para esto – y sin embargo no prosperar porque el restante 40% no lo quiere. Se supone que se trata de uno de los mecanismos fijados en su día para salvaguardar sensibilidades insulares o evitar alianzas entre las islas mayores en prejuicios de las pequeñas o viceversa. Que todavía esté en vigor tal mandanga demuestra los límites (insuperables) de la unificación de CC y la pervivencia en su cultura política de la intriga buhonera. Pero si desde el punto de vista de la propia CC esta normativa interna en uno de los signos de parálisis y engarrotamiento políticos, para la actual sensibilidad democrática ofrece un espectáculo lamentable. Cuando muy mayoritariamente la ciudadanía exige democracia interna y transparencia – que en estos asuntos se traduce en primarias libres y abiertas – Coalición ofrece por enésima vez la imagen de luchas, escaramuzas, vetos, conspiraciones, presiones, fulanismos, ofertas y exigencias. No parecen enterarse de lo que corre por ahí fuera.
La situación se ha agravado, por supuesto, por el voraz empecinamiento de Paulino Rivero por optar a un tercer mandato consecutivo. En ningún momento Rivero ha ofrecido argumentos políticos consistentes para sustentar su anhelo. Aún más, ni siquiera ha admitido explícitamente su condición de candidato. Se ha limitado, sorprendentemente, a referencias estrictamente personales, bien de carácter médico o forense (“me siento con fuerzas”) bien aludiendo a una merecida recompensa (“me han tocado años muy duros y los próximos serán los de la recuperación económica de Canarias”). Desde hace semanas no lucha por ganar la votación, sino por aglutinar una minoría de bloqueo que detenga la candidatura de Fernando Clavijo. Aunque resulta improbable, quizás lo consiga para introducir por la puerta del retrete a un tapado. Sin embargo, una operación palaciega y chuchurría, de la que salga un caballero como tercera opción de consenso ortopédico, no sería más que la penúltima alcaldada presidencial. Una burla a los militantes y al propio proyecto coalicionero. Y un pasaporte matasellado para una hostia electoral histórica.

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