José Miguel Barragán

La carta de Miguel Strogoff

Uno de los escasos ataques de ofuscamiento que se ha permitido el presidente Ángel Víctor Torres – un político habitualmente tranquilo, templado y paciente —  ha tenido su detonante en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre  la ley 11/2021 de 9 de julio que pulverizaba el diferencial fiscal a favor de las producciones audiovisuales desarrolladas en el archipiélago. No es que al presidente le pareciera mal el fallo, un fallo que establecía que se había vulnerado el REF,  pero ocurre que en el texto de la sentencia el abogado del Estado personado en este caso afirma explícitamente que el Gobierno de Canarias no solicitó activar la comisión bilateral Canarias-Estado para abrir un diálogo sobre la diferencia entre ambas partes y solventarla si mediaba un acuerdo. El portavoz parlamentario de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, publicitó parte de la sentencia en Twitter, subrayando irónicamente la observación del abogado del Estado. Se produjo un pequeño rifirrafe en la red social y el sarcasmo  de Barragán fue muy retuiteado. A Torres le repateó considerablemente el asunto. Lo consideró prácticamente un insulto, además de una mentira. Yo entiendo a Torres. Creo que cree sinceramente que es una mentira. Y eso es lo peor de todo.  

Presidencia del Gobierno remitió hace unos días a numerosos medios de comunicación y periodistas copia de la carta que el primero de julio de 2021 remitió el jefe del Ejecutivo canario a Miquel Iceta, entonces ministerio de la Presidencia, como prueba evidente y autoconclusiva de que Torres había solicitado la activación de  la Comisión Bilateral. Ya circula por internet y pueden ustedes consultarla. No carece de interés. En su penúltimo párrafo, en efecto, Torres solicita la convocatoria urgente de la comisión, siempre como resultado del informe desfavorable del Parlamento de Canarias. En ese sentido el presidente narra escrupulosamente los hechos como un testigo imparcial que transmite una noticia, sin añadir una coma sobre la posición de su propio Gobierno. Más que un presidente que está ejerciendo una potestad reconocida por el Estatuto de Autonomía de 2018, Torres actúa como una suerte de intermediario postal entre la Cámara regional y el Gobierno central, sin que esté absolutamente injustificada la inferencia de cierta resignación presidencial ante la contumacia del parlamento.

La carta, como se ha dicho, se remitió a principios de julio. No fue hasta el 17 de septiembre cuando se publica en el BOE una resolución del Ministerio de Política Territorial en la que se anuncia que la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado ha adoptado el acuerdo (¿dónde, cuándo?) de “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitada” para lo cual “se designará un grupo de trabajo para proponer a la comisión la solución que proceda”.  Y ahí –mientras seguía vigente la normativa legal de la discordia — embarrancó el proceso y nunca más se supo, pese a las preguntas que formuló al respecto la diputada nacionalista Socorro Beato. Ciertamente la situación de los descuentos fiscales a la producción audiovisual en Canarias se corrigió en buena medida después a través de otros cauces y espacios de diálogo. Pero sería temerario concluir que fue gracias al Gobierno autonómico. Fue el Parlamento quien emitió un informe negativo y quien interpuso, con el trabajo de sus letrados, un recurso exitoso ante el Constitucional. El Gobierno no hizo nada. El presidente, salvo su breve actuación como Miguel Strogoff en su carta del pasado julio, no destacó precisamente por su defensa de la integridad del REF y, en general, de los intereses canarios en esta coyuntura, como en algunas otras.  Es lo que Ángel Víctor Torres, desde su desquebrajada bonhomía, no coincide entender. Para él lo que ha hecho resulta, dentro de la tradición del PSOE canario de subordinación estricta a Ferraz y a La Moncloa, casi un acto de heroísmo. Para los que no militan en las filas socialistas, en cambio, Torres solo actuado como un notario y su eficacia política ha sido lenta, complaciente e insuficiente.    

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Democracia no es (solo) votar

Incumpliendo un mandato explícito del propio Estatuto de Autonomía, que fijaba en dos años el tiempo para sacar adelante una ley electoral, todos los grupos del Parlamento canario aprobaron anteayer la toma en consideración de una norma que regulará los comicios autonómicos en el futuro. Es sumamente improbable que se obtenga ningún resultado concreto en el año y medio que queda de legislatura. Lo que se pudo escuchar, en fin, es a la diputada psocialista por La Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez, que presentó desde la tribuna una síntesis histórica realmente particular sobre el sistema electoral canario. A mí se me antojó divertido que la señora Rodríguez nos contara que en 1996 Coalición Canaria y el PP impusieran aumentar los topes porcentuales regionales e insulares, como si el PSOE se hubiera opuesto. El PSOE se abstuvo al votar este cambio que, ciertamente, no fue a mejor. Y se abstuvo porque lo beneficiaba. Aumentando los topes los tres grandes partidos de Canarias se convertían en los auténticos agentes políticos del sistema, sin que las fuerzas más pequeñas tuvieran ninguna influencia, aunque fuera al precio de tirar miles de votos a la basura y malbaratar la democracia representativa.

El portavoz de CC, José Miguel Barragán, observó que el compromiso político real transado entre todos consistía en transformar en ley el sistema electoral ya ampliamente reformado y aplicado en 2019, y es rotundamente cierto. Tan cierto como que no existe ningún consenso entre los partidos que apoyan al Ejecutivo sobre el modelo electoral más deseable. En el fondo dilatar el proceso legislativo ni tuvo nada que ver con la pandemia ni tenía otro objeto que impedir, precisamente, disponer de tiempo para aprobar la ley. Casimiro Curbelo no quiere saber nada de una nueva normativa electoral antes de mayo de 2023. Y después, probablemente, tampoco. Fin del proceso. Así que se divagará mucho en una comisión verbalista sobre el sexo de las urnas, pero nada más, aunque doña Ventura del Carmen se lleve un disgusto traumático, lo que tampoco se me antoja demasiado probable.

Lo que me parecen realmente extraordinarios son aquellos que creen que el principal combate de la democracia representativa es la definición de su sistema electoral, buscando exhaustiva y heroicamente el elixir de la perfecta representatividad. Lo malo es que no existe. Y en Canarias, un país archipielágico donde cualquier fórmula está abocada a integrar representación popular y representación territorial – algo que no podría superarse plenamente ni siquiera con una segunda cámara — todavía es más difícil encontrarlo. Más aún: la representatividad casi perfecta puede conducir a gobiernos casi inoperantes. Una organización, Demócratas para el Cambio, que en realidad funciona como un lobby (perfectamente legítimo) de politólogos y juristas, ha insistido en la perentoria necesidad de “avanzar” en la democratización de Canarias con una norma electoral “más ambiciosa y completa”.  Es un entusiasmo un poco equívoco, por no decir equivocado. Democracia no es solo votar. Votar, por supuesto, es consustancial con la democracia, pero no agota sus exigencias y aspiraciones. La democracia es, con igual relevancia, un sistema institucional que se basa en la separación de poderes en un espacio público de controles y contrapesos. Para los caballeros de Demócratas para el Cambio la papeleta es el pasaporte hacia una sociedad libre y participativa, madura y responsable. Pero a Canarias le interesarían otros cambios de calado para aproximase a ese objetivo: la reforma y transparencia de las administraciones públicas, la persecución de la corrupción, un sistema judicial dotado financiera y tecnológicamente cuyos más altos tribunales no estén cooptados por los grandes partidos, un proceso más exigente de selección de élites, una educación pública menos segregada y segregadora socialmente, un urbanismo más humano y participativo, unos medios de comunicación menos débiles más independientes.

 

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Fragmentos del diario de Asier Antona

 Lunes, 6.15. Despierto bruscamente y bañado en sudor. Empiezo a temblar hasta que me doy cuenta que todo era una pesadilla y que José Miguel Barragán no está bailando desnudo sobre la mesa de noche, mirándome libidinosamente y arrojando sobre mi cabeza las cenizas de un puro rechupado. Sin duda estoy muy estresado por esta maldita negociación. Después de ducharme suena el teléfono móvil. Es Barragán y antes de que yo pueda exigirle una nueva cita para negociar me lanza una pregunta que me deja helado: «¿Por qué no te gusta la cumbia?» Por primera vez cuelgo yo y no él.

Miércoles, 08.05. He tenido una idea para que Barragán no siga rehuyéndome. Me he plantado en su casa. A grandes males grandes remedios. No podrá huir en su propio domicilio. Para no ponerle sobre aviso, toco el timbre del portero electrónico y digo ser un testigo de Jehová, incluso llevo bajo el brazo un ejemplar de la revista ¡Despertad! Me quedó estupefacto cuando Barragán me recibe con un cálido abrazo y me comunica que también él es testigo de Jehová. Media hora más tarde salgo de su domicilio cargando con media docena de biblias encuadernadas en símil piel, una suscripción para cinco años de las revistas ¡Despertad! y La atalaya y un autógrafo notarialmente autenticado de Charles Taze Russell. Todo por 89’20 euros. Tengo la impresión de que esto se pone difícil.

Jueves, 11.05. En el Parlamento nadie me mira como al próximo vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, aunque hoy me puse mis mejores alzas. Es increíble, ni siquiera la élite política se entera de nada. El camarero de El Derby me sirve el cortado como si yo fuera mortal. Pobre hombre. El móvil de Barragán sigue ocupado.

Viernes, 12.25. Breve conversación con mi gran compañera María Australia Navarro. Parapetados detrás de un ficus en el patio del Parlamento a fin de conseguir la máxima intimidad, me cuenta que ayer coincidió con José Miguel Ruano, quien después de un par de whiskys con leche le prometió la Consejería de Marina. Le hago notar a María Australia que el Gobierno autonómico no cuenta con una Consejería de Marina y Asuntos Náuticos. Me dice que es verdad, pero que menos es nada. También me cuenta que siempre le ha parecido sospechoso que Barragán y Ruano se llamen igual y que eso le hace pensar que no quieren soltar la Consejería de la Presidencia. Me da la bajona de nuevo.

Sábado, 17.05. Una casualidad extraordinaria. A la salida de almorzar en Los Cuatro Postes me tropiezo con José Miguel Barragán, que andaba muy dicharachero fumándose un puro. «José Miguel, no podemos posponerlo más; vamos a reunirnos ahora mismo, Canarias necesita un gobierno estable». Barragán accede, pero de repente tuerce la cara con un gesto de dolor, se echa la mano al pecho y se derrumba a mis pies. Mi desconcierto es interrumpido medio minuto después por la llegada de una ambulancia. Dos enfermeros aparecen y se llevan al secretario general de CC en camilla. Lo meten en la ambulancia y cuando me acerco Baltar abre la puerta y me grita: «Este hombre ha sufrido un infarto. No puede negociar con el PP». Antes de cerrar de nuevo la puerta Barragán me cierra un ojo desde la camilla con una sonrisita que mordisquea otro puro. La ambulancia sale disparada como una bala.

Lunes, 21.20. Se acabó. No lo soporto más. Llamo a Fernando Clavijo, que se pone enseguida. Le digo que o negociamos ya nuestra entrada en el Gobierno o rompemos la baraja. Clavijo me pregunta qué baraja es esa. Le digo que la baraja del Gobierno. Me dice que en el Gobierno no hay barajas, pero que está dispuesto a cederme un tablero de parchís que se encontró en la sede de la Presidencia. Admito que es un paso adelante, pero le digo que debo consultarlo a Madrid. Vuelvo a tener esperanzas.

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