Tribunal Constitucional

La pregunta pejeverde

En un plazo relativamente breve para sus usos y costumbres el Consejo Consultivo de Canarias ha avalado (así se ha esculpido en los titulares) la legalidad de la consulta preparada por el Gobierno autonómico sobre las prospecciones petrolíferas en las proximidades de Lanzarote y Fuerteventura. Con las prisas en celebrar el informe – que sin duda cogió por sorpresa al Ejecutivo – fue piadosamente obviada una observación que los señores consejeros no pudieron resistirse a explicitar: la consulta no puede incluir preguntas que excedan el marco competencial de la Comunidad autonómica. He esperado inútilmente que alguien se dirija al Consejo Consultivo para aclarar este aserto a fin de que quien lo interprete no sea el portavoz Martín Marrero, por ejemplo. Pero nada.
Y no es un asunto baladí. Entre sus competencias la Comunidad Canaria, por supuesto, cuenta con un amplio espacio normativo y reglamentario en materia medioambiental. Sin embargo, la autorización para proceder a sondeos exploratorios y conceder licencias de explotación corresponde inequívocamente al Ministerio de Industria y Energía. La conclusión se antoja bastante obvia: el Gobierno regional no puede preguntar a los ciudadanos canarios sobre las prospecciones que ha autorizado el Ministerio de Industria a favor de Repsol. No lo puede hacer sin incurrir en prevaricación, aunque mucho antes, sin duda, el proceso administrativo para la consulta será impugnado por el Gobierno central a partir de la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional. Desde la legalidad el Gobierno presidido por Paulino Rivero deberá limitarse a una pregunta más o menos de este jaez: “Como ciudadano de Canarias, ¿quiere usted que el mar que rodea las islas sea limpio, puro, salutífero y hermoso? En caso de responder positivamente, ¿cree usted que debería contar con samas roqueras, fulas y pejeverdes en abundancia?”.
Pulula la gente malvada – yo me cuento entre ellas – que considera que el Gobierno presidido por Paulino Rivero, incluyendo al mismo Paulino Rivero, conocía de antemano perfectamente las limitaciones legales de una consulta como la que pretenden convocar. Sabían que las preguntas jurídicamente permisibles excluían fuera de toda duda razonable la autorización y la actividad misma que suponen los sondeos. Conocían, por tanto, la perfecta inutilidad de la consulta en términos jurídicos y su inermidad como instrumento democrático en términos políticos. Fue la irresistible tentación de un presidente adicto a los titulares en vena la que le llevó a envolverse en el mar como en una bandera y posar como un Tritón patriótico agitando en el tridente justiciero papel timbrado, fulas y pejeverdes.

Publicado el por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

Patrimonialización

Francisco Pérez de Cobos se define como un “modesto profesor universitario”. Y es casi verdad. Su currículo académico es muy respetable, pero nada deslumbrante. La evolución del Tribunal Constitucional de España se puede medir por la distancia que media entre Manuel García Pelayo o Francisco Tomás y Valiente –sus primeros presidentes – y el doctor Pérez de Cobos, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baleares. En los años ochenta hubiera resultado impensable que García Pelayo o Tomás y Valiente militaran en un partido político. Tan impensable que fue después cuando los miembros del Constitucional decidieron que podían militar en un partido político, aunque imponiéndose, con inigualable lucidez, el prudentísimo límite de establecer como incompatible la pertenencia al tribunal con el desempeño de un cargo directivo en una organización política. Esta decisión de los magistrados que deben velar por el orden constitucional era y es  mayoritariamente desconocida entre los ciudadanos, sin excluir políticos, juristas y periodistas. Los jueces y magistrados no pueden militar en un partido, pero el Tribunal Constitucional no está integrado en el Poder Judicial. En rigor sus miembros no deben formar parte – muchos no son ni han sido jueces – de la carrera judicial.
Antes de colgar – metafóricamente – al señor Pérez de Cobos por sus pecadores tobillos, por lo tanto, resulta más pertinente reparar en los errores de diseño de la institución que preside desde hace menos de mes y medio. Es notablemente distinto que un miembro del Tribunal Constitucional tenga instalada, en el alma o en las vísceras, una identidad ideológica más o menos intensa, a que dicho caballero milite activamente en un partido político. Y esta distinción debería quedar perfectamente salvaguardada en la ley orgánica que regula el funcionamiento del TC. Del mismo modo la atención crítica debería centrarse en los senadores que, en apenas media hora, concedieron su placet a la entrada en el Constitucional al doctor Pérez de Cobos. Ni una sola pregunta de mediana enjundia le dirigieron sus señorías al aspirante propuesto por el PP. Todos fueron felicitaciones, parabienes y reconocimientos. Por supuesto, y quizás por modestia, tal vez por un olvidadizo descuido, Pérez de Cobos no musitó una palabra sobre su militancia política.
¿Y si el doctor Pérez de Cobos hubiera quemado su carnet del PP el pasado 10 de junio las sospechas sobre su parcialidad serían menores? Me temo que no. Esas sospechas están alimentadas por un procedimiento de selección para una institución clave del Estado de derecho que es deudor de un concepto patrimonial la res pública. El doctor Pérez de Cobos en absoluto está obligado a dimitir. Pero supone un sórdido estropicio de la democracia constitucional el que, tan modestamente, haya llegado a ese Empíreo.

Publicado el por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?