Uno de los escasos ataques de ofuscamiento que se ha permitido el presidente Ángel Víctor Torres – un político habitualmente tranquilo, templado y paciente — ha tenido su detonante en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley 11/2021 de 9 de julio que pulverizaba el diferencial fiscal a favor de las producciones audiovisuales desarrolladas en el archipiélago. No es que al presidente le pareciera mal el fallo, un fallo que establecía que se había vulnerado el REF, pero ocurre que en el texto de la sentencia el abogado del Estado personado en este caso afirma explícitamente que el Gobierno de Canarias no solicitó activar la comisión bilateral Canarias-Estado para abrir un diálogo sobre la diferencia entre ambas partes y solventarla si mediaba un acuerdo. El portavoz parlamentario de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, publicitó parte de la sentencia en Twitter, subrayando irónicamente la observación del abogado del Estado. Se produjo un pequeño rifirrafe en la red social y el sarcasmo de Barragán fue muy retuiteado. A Torres le repateó considerablemente el asunto. Lo consideró prácticamente un insulto, además de una mentira. Yo entiendo a Torres. Creo que cree sinceramente que es una mentira. Y eso es lo peor de todo.
Presidencia del Gobierno remitió hace unos días a numerosos medios de comunicación y periodistas copia de la carta que el primero de julio de 2021 remitió el jefe del Ejecutivo canario a Miquel Iceta, entonces ministerio de la Presidencia, como prueba evidente y autoconclusiva de que Torres había solicitado la activación de la Comisión Bilateral. Ya circula por internet y pueden ustedes consultarla. No carece de interés. En su penúltimo párrafo, en efecto, Torres solicita la convocatoria urgente de la comisión, siempre como resultado del informe desfavorable del Parlamento de Canarias. En ese sentido el presidente narra escrupulosamente los hechos como un testigo imparcial que transmite una noticia, sin añadir una coma sobre la posición de su propio Gobierno. Más que un presidente que está ejerciendo una potestad reconocida por el Estatuto de Autonomía de 2018, Torres actúa como una suerte de intermediario postal entre la Cámara regional y el Gobierno central, sin que esté absolutamente injustificada la inferencia de cierta resignación presidencial ante la contumacia del parlamento.
La carta, como se ha dicho, se remitió a principios de julio. No fue hasta el 17 de septiembre cuando se publica en el BOE una resolución del Ministerio de Política Territorial en la que se anuncia que la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado ha adoptado el acuerdo (¿dónde, cuándo?) de “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitada” para lo cual “se designará un grupo de trabajo para proponer a la comisión la solución que proceda”. Y ahí –mientras seguía vigente la normativa legal de la discordia — embarrancó el proceso y nunca más se supo, pese a las preguntas que formuló al respecto la diputada nacionalista Socorro Beato. Ciertamente la situación de los descuentos fiscales a la producción audiovisual en Canarias se corrigió en buena medida después a través de otros cauces y espacios de diálogo. Pero sería temerario concluir que fue gracias al Gobierno autonómico. Fue el Parlamento quien emitió un informe negativo y quien interpuso, con el trabajo de sus letrados, un recurso exitoso ante el Constitucional. El Gobierno no hizo nada. El presidente, salvo su breve actuación como Miguel Strogoff en su carta del pasado julio, no destacó precisamente por su defensa de la integridad del REF y, en general, de los intereses canarios en esta coyuntura, como en algunas otras. Es lo que Ángel Víctor Torres, desde su desquebrajada bonhomía, no coincide entender. Para él lo que ha hecho resulta, dentro de la tradición del PSOE canario de subordinación estricta a Ferraz y a La Moncloa, casi un acto de heroísmo. Para los que no militan en las filas socialistas, en cambio, Torres solo actuado como un notario y su eficacia política ha sido lenta, complaciente e insuficiente.