malversación

La vie (y Santiago Pérez) est ondoyante

El llamado caso de Las Teresitas – que desentrañó una estafa multimillonaria a Santa Cruz de Tenerife  en beneficio de dos de los grandes empresarios de Tenerife y estableció como máximo responsable político de la operación a Miguel Zerolo, icono de ATI y luego CC —  fue exaltado repetidamente, después de la sentencia firme, como un éxito del PSOE y de su rigurosa y hasta valiente labor de oposición. Pero, como decía sabiamente Michael de Montaigne, “la vie est ondoyante”. La muy reciente reforma del código penal impulsada por los socialistas en las Cortes, un traje a la medida de ERC para anular los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo contra los responsables del intento de golpe de Estado en Cataluña en 2017,  será utilizado por los abogados de Zerolo y otros condenados para sacar ya a la calle a sus clientes e incluso pedir indemnizaciones. O al menos eso intentarán en las próximas semanas. El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife podría bañarse en Las Teresitas antes del verano sin tener que regresar al centro penitenciario Tenerife II.

Habría que detenerse por un momento en lo que parece más obvio y no lo es tanto: la relación entre el PSOE y la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2005 que condujo finalmente al procesamiento de los políticos y funcionarios, en ese momento presuntamente implicados, y en su condena final doce años después por la Audiencia Provincial, ratificada en marzo de 2019 por el Tribunal Supremo: siete años de cárcel para Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, cuatro años y seis meses para el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, otros cuatro años para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, y cinco años y tres meses de prisión a los empresarios Ignacio González (expresidente de la Cámara de Comercio de la provincia) y Antonio Plasencia, uno de los mayores constructores de Tenerife y de Canarias y presidente de la patronal del sector Fepeco. Durante años el PSOE no quiso saber absolutamente nada de la operación sobre los terrenos de Las Teresitas. Es más: el grupo municipal socialista, encabezado entonces por Emilio Fresco, votó a favor –como el resto de los partidos con presencia en el consistorio – de la compra-venta de los terrenos a los empresarios, adquiridos por el ayuntamiento –según se averigüó y certificó después judicialmente – a un precio muy superior a su valor  de mercado y bajo una circunstancia particularmente escandalosa: parte de esos terrenos eran ya de propiedad municipal. 

A Santiago Pérez y algunos de sus discípulos políticos la operación se les antojaba, como mínimo, sumamente sospechosa, cuando no alarmante. Vislumbraba quizás una gran causa contra el zerolismo que pudiera desarbolar Coalición Canaria, al menos, en el municipio santacrucero. Emilio Fresco lo frenó en seco. Había apoyado la compraventa desde la convicción de que era lo mejor para la capital y no tenía constancia directa de ninguna irregularidad. Fresco, como otros concejales, tenía plena confianza en la profesionalidad –demostrada durante más de veinte años –del secretario del ayuntamiento de Santa Cruz, Eugenio de Zárate, que posteriormente fue procesado, aunque se le retiró la acusación por prevaricación. Emilio Fresco creía que una denuncia contra la compraventa de Las Teresitas no tendría recorrido y, a la postre, perjudicaría al PSOE. Y así se lo comunicó al todavía secretario general del PSC-PSOE, Juan Carlos Alemán. Se decidió, por tanto, que los socialistas se abstendrían de cualquier pronunciamiento al respecto. Y ese silencio más o menos impuesto y autoimpuesto fue el origen de la asociación Ínsula Viable.

Insula Viable no tenía otro sentido que el instrumental. Fue una herramienta de trabajo político-judicial. Una brillante ocurrencia de Santiago Pérez para actuar leguleyamente con las manos libres, aunque inicialmente ni siquiera le constara a nadie que formara parte de la misma. Su rostro visible fue José Ángel Martín Bethencourt, por entonces un militante muy joven con un pie en las Juventudes Socialistas y otro en el partido. Después se transformaría en la sombra, el paño de lágrimas, el maestro barista y el pararrayos de las iras de Patricia Hernández, su secretaria general en las JJSS, quien se sumaría al santiaguismo para más tarde, cuando el compañero Santiago resultó defenestrado, tomar distancia a toda velocidad para no tocarlo ni con un palo, y ahora, de nuevo, ser su patricita. Pérez redactó, con alguna ayuda técnica, la denuncia que presentó Ínsula Viable. Solo tiempo más tarde, cuando los juancarlosalemán y los emiliofrescos eran ya casi historia, el senador socialista salió del armario teresito y reclamó la gloria del procesamiento judicial de Zerolo et alii.

Quiere decirse que no fue el PSOE, sino uno de sus dirigentes históricos, apantallado tras varios compañeros muy poco conocidos públicamente y algunos miembros de la pibada socialista quienes tomaron la iniciativa judicial en el caso Las Teresitas. La dirección  — por no hablar de los concejales – se abstuvo y negaron una y otra vez que el partido estuviera involucrado en la denuncia (y no mentían del todo). Por la otra parte los disidentes no eludieron en lanzar sobre dirigentes y concejales cientos de chismes pútridos, y solo la piedad me detiene a la hora de dar los nombres de los que vociferaban por las esquinas de Santa Cruz (y de La Laguna) que los concejales socialistas respaldaron la contra-venta de las parcelas del frente de la playa a cambio de sobornos mareantes que incluían millones de euros en paraísos fiscales o en bolsas de basura, casas y apartamentos, coches de baja cuna y de alta gama o vacaciones de lujo asiático. La historia de la agrupación socialista de Santa Cruz es la de sus desfallecimientos crónicos entre guerras civiles, hasta quedaron tan exhaustos que han terminado votando a Patricia Hernández y que sea lo que dios quiera.

Pero, en efecto, la vida es onduleante, y de nuevo será el PSOE el que propicie que el caso de Las Teresitas regrese a los juzgados. La modificación del delito de malversación de fondos – por la que se deducen las penas — ha puesto los dientes largos a condenados de corrupción en varias cárceles españolas. Conviene recordar que el artículo  2.2 del Código Penal señala que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviera cumpliendo condena”. Según el nuevo texto las penas por malversación de fondos públicos se reducen a cuatro años cuando no exista “ánimo de lucro”. En el caso de Miguel Zerolo – el más relevante políticamente – no pudo demostrarse en ningún momento enriquecimiento ilícito, pese a la fueron enviadas varias comisiones rogatorias a otros tantos paraísos fiscales de Europa y América para investigarlo. Sin embargo vale la pena apuntar un matiz. La norma reformada especifica que las penas serán las mismas (hasta ocho años) si se produjera “apropiación de patrimonio público que tenga a su cargo la autoridad o funcionario público”, pero también se castiga el permitir a un tercero la apropiación.  En la mamandurria de Las Teresitas, ¿no jugaron el papel de terceros, precisamente, Ignacio González y Antonio Plasencia?  Para los letrados del exsenador y el teniente de alcalde no. Han anunciado que interpondrán recurso para que a sus representados le sea aplicada la ley reformada, lo que unido a la circunstancia de que ya han cumplido más de un tercio de la condena supondría, si los tribunales les dan la razón, la terminación inmediata de la condena.

Y de nuevo aparece Santiago Pérez. Ahora está en el Senado, porque de nuevo ha regresado al PSOE, no porque haya reflexionado, sino porque el PSOE ha cambiado y ahora se ajusta a él como un guante. Volver a la militancia socialista no le ha llevado deshacerse de la agrupación electoral con el que se presentó a las elecciones municipales en 2019, por supuesto, porque un grupo de amigos y compañeros dependen del chiriringuito, pero sí regresar a la Cámara Alta, como senador autonómico. Y como senador socialista vota, por supuesto, a favor de la reforma de los delitos de sedición y de malversación de fondos. Obedientemente, porque ya este es el último tren que puede tomar en su vida política, y no se quedara en el andén, como se quedarán los de Avante dentro de unos meses, como se quedaron los de X Tenerife en su momento. No solo lo vota, sino que pide la palabra y justifica la reforma aunque curiosamente — ¿será el subconsciente? – no hace ninguna referencia al delito de malversación. Es muy aplaudido y se nota que le encanta. Lo explica al gusto del sanchista más oligrofrénico. El Gobierno tiene pleno derecho a intentar sobrevivir a través de alianzas parlamentarias. La pregunta no es esa, advierte Santiago Pérez, que siempre ha querido tener como patrimonio todas las preguntas y todas las respuestas. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el PP, claro. Lo cierra muy bien. ¿Quién ha traído y garantizado la libertad en España? “Las fuerzas progresistas, y entre ellas, el PSOE”. Es una observación bastante atrevida, por cierto, y probablemente falsa. Al menos si se refiere a las libertades públicas. Si, en cambio, estuviera hablando de Miguel Zerolo tal vez tendría razón. Porque resulta indiscutible que en los últimos días, y gracias a sus enjüagues con los independentistas catalanes, El PSOE está facilitando no solo la plena libertad de Oriol Junqueras y sus compañeros, sino también la de Miguel Zerolo.   

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Griñán y la compasión

Después de la decisión de la Audiencia de Sevilla de suspender el ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía,  José Antonio Griñán, comenzaron a llamear incendios de indignación, espacialmente desde la derecha política, pero también con grandes chisporroteos en la izquierda. ¿Cómo es posible? ¿Se va a librar de la prisión por decir que tiene un cáncer? No, si ya sabía yo que ese no entraba en la trena. Que devuelva la pasta y después se cure. Han llovido en las redes sociales millares de lindezas semejantes. Impresiona. Impresiona porque estas expresiones pretenden ser muestras de indignación cívica, aunque en ellas burbujea una rabia espeluznante. Yo he confiado mucho en la indignación durante mi vida adulta. Un ser humano incapaz de indignarse ante el horror del mundo es un testimonio de egoísmo e inutilidad. Pero sin descreerlo del todo pienso ahora que la compasión es y sobre todo puede ser no solo una actitud moral, sino una forma de compromiso cívico. Albert Camus decía que durante su biografía – más bien corta – había pasado precisamente de la pasión a la compasión. Creo que le ha ocurrido a todos aquellos que no han decidido prescindir de los demás como de una mala costumbre.

A Griñán le diagnosticaron cáncer de vejiga el pasado diciembre después de varas pruebas diagnósticas. Basta una brizna de comprensión para entender el mazazo que supone para una persona a punto de entrar en la cárcel enterarse que si su libertad está amenazada también lo está su vida. El expolítico presentó sus certificados médicos, la autoridad judicial ordenó una consulta y unas pruebas y, finalmente, se decidió que Griñán siguiera el tratamiento radiológico – e imagino farmacológico – que se le había prescrito, al término del cual se estudiaría de nuevo su situación personal para dar comienzo a su condena o establecer un nuevo aplazamiento. Porque contra las babas sulfúricas de los indignados sería conveniente aclarar que no se ha anulado la condena del expresidente y exconsejero de Hacienda: solo se ha pospuesto mientras recibe el tratamiento médico. Griñán es un enfermo oncológico que lucha por su vida sometido a graves limitaciones físicas y si consigue sobrevivir todavía le esperan seis años prisión. Berrear que podría recibir la dosis radiológica en un hospital cercano y luego ser trasladado a su celda o a la enfermería del centro penitenciario se me antoja de una crueldad realmente miserable.

La compasión exige comprender al otro, Comprender en todo lo posible al que sufre, al que desespera, al que es explotado, humillado, burlado, violado, aplastado. No se trata de tolerar su dolor o remitirlo a una oficina pública, sino de entenderlo cabalmente, un camino difícil pero necesario para identificar nuestra humanidad común. La compasión es previa y es posterior a la sentencia de un tribunal. Muy pocos no la merecen. Esta compasión comprensiva y activa es, como sostiene Aurelio Arteta en un libro magnífico, el indicativo esencial de la solidaridad, porque refuerza los valores, los vínculos afectivos y las lealtades compartidas de una comunidad de individuos. Somos compasivos porque somos muy parecidos y, a la vez, porque no somos iguales. Cuando en el caso de José Antonio Griñán se argumenta (es un decir) que otros enfermos con cáncer reciben tratamiento mientras cumplen su pena de prisión lo único que siento es asombro. Porque es así, en efecto, pero esta circunstancia debería llevarnos a exigir los cambios necesarios en los reglamentos penitenciarios para que no ocurriera en ningún caso. Recuerdo que uno de los empresarios condenados por el caso Las Teresitas murió en prisión después de sufrir una durísima enfermedad terminal. Solicitó varias veces la libertad para fallecer en su domicilio, pero le fue negada. Esa madrugada, después del último estertor en una cárcel de La Palma, todos debimos sentirnos un poco canallas. No fue así.   

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Nada de na

Sin duda recordarán esa respuesta de Oscar Wilde al abogado acusador en el proceso judicial que terminó con su condena a trabajos forzados. “¿Reconoce usted que esta cartas que usted han mandado a Lord Alfred Douglas son indecentes?” le preguntó el leguleyo. “Mucho peor”, contestó Wilde, “están mal escritas”.  A los desvergonzados alcaldes que pagaron un congreso surrealista  (los de Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana) para que interventores, tesoreros y secretarios (lo que se conocen como habilitados nacionales) hablaran de sus cosas cabe una observación parecida. Ya que te montas semejante guatatiboa,  medio millón de euros por cuatro días (y noches) de congreso, ¿cómo se te ocurre contratar a Café Quijano para amenizar una de las cenas? ¿Café Quijano? ¿En serio? ¿Le levantas 500.000 euros a los contribuyentes y vas y contratas a Café Quijano?

“Nada de na, ni mucho ni poco

Te quedas mirando la vida pasar

Que te pueden dar siendo marioneta de tan poca tela

Quien se va a fiar

Nada de na, ni mucho ni poco

Te quedas mirando la vida pasar”.

Setenta y pico funcionarios asistieron al congreso de purísima y oro que incluyó, como ya se ha contado, veladas, cenas, conciertos, paseos, cuchipandas. A unos siete mil euros por congresista salió la fiesta. Aparte de los funcionarios invitados estuvieron varios políticos, entre ellos. Ángel Víctor Torres, lo justo para sacarse una foto sonriendo y salir corriendo, o el portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos: me apuesto una botella de Moët & Chandon, de las decenas que se distribuyeron en las veladas del congreso, a que habló de la imperiosa necesidad de una fuerza canarista y de izquierdas como NC. Sinceramente creo que la pregunta más pertinente es la más obvia e inmediata. ¿Para qué hacen esto? En primer lugar, porque son unos paletos. Porque creen que cuanto más extravagantemente luxury sea un congreso más proyección y prestigio acumularán sus respectivos ayuntamientos: el turismo como sempiterna coartada de toda esta panda. E inevitablemente se pasan, se exceden y caen en un despilfarro indignante. De ahí la elección de Café Quijano, una banda que metaforiza perfectamente el lirismo cantimpalo del pop más zafio del país. Café Quijano es la metáfora carpetovetónica del quiero y no puedo. No podía ser otros. Si también contrataron a Dani Martín fue, simplemente, para disimular. 

Hay otra pregunta, por supuesto, y es también sencilla: ¿por qué creen los alcaldes de Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana pueden hacerlo, acudiendo además a varias triquiñuelas administrativas para asegurar los resultados deseados? Exactamente: por un profundo sentido de la impunidad. ¿Qué les va a ocurrir? Absolutamente nada. Nadie es tan zoquete como para imaginar que las respectivas direcciones del PSOE y de Nueva Canarias harán algo al respecto. Y menos aun cuando apenas queda medio año para las elecciones autonómicas y locales. El próximo año el comisionado de Transparencia leerá su informe que demostrará, como siempre, que la administración avanza sin pausa pero sin prisa hacia una acción más transparente, colaborativa  y garantista. Y será felicitado por todos los grupos parlamentarios. Si se presenta un informe de la Audiencia  de Cuentas sobre el asunto se rechaza. Y si se llega a proponer una comisión parlamentaria de investigación la mayoría se niega y aquí paz y en el cielo, sobre las botellas de Moet, Café Quijano.  Nada de na.

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