nacionalismo

El Taburete del Guirre

Los mexicanos llaman La Silla del Águila a la Presidencia de la República. Es un apelativo que refleja la casi ilimitada concentración de poder, preeminencia e influencia de la Jefatura del Estado en el sistema político mexicano. Por el contrario, la Presidencia de Coalición Canaria no es nada. Absolutamente nada, salvo un instrumento de ampliación o limitación de poderes ajenos a sí misma. Carece de ningún peso intrínseco y podría llamársele el Taburete del Guirre.

Quizás resulte conveniente recordar lo que ha sido la Presidencia como órgano de dirección de CC. Y fundamentalmente ha sido cualquier cosa salvo un órgano de dirección de CC. En sus orígenes primigenios nadie pensó que Coalición Canaria, como embrión de una federación de partidos, debiera tener una Presidencia. De hecho durante sus primeros años no la tuvo de facto ni tal vez de iure. Un rasgo perfectamente lógico, porque CC no era un partido, sino, primero, un acuerdo parlamentario (el que propició la moción de censura contra Jerónimo Saavedra), luego un Gobierno sostenido por 31 diputados de grupos heterogéneos, después una coalición electoral, y solo más tarde, una federación de partidos con escasísima voluntad de unificación política y organizativa. En ningún caso las bases de los partidos integrantes de CC (los agrupados en AIC, Iniciativa Canaria o Asamblea Majorera) fueron consultadas para impulsar o refrendar la articulación de una coalición político-electoral A una de las fuerzas implicadas, Iniciativa Canaria,  le costó incluso un pequeño derrame de afiliados: el sector del PCE que se negó a asumir los acuerdos y enjuagues de José Carlos Mauricio y compañía. Las decisiones básicas se tomaron en 1993 por las respectivas cúpulas de los partidos implicados, y así ha seguido haciéndose hasta hoy, con el desgaste progresivo de una federación que apenas merece ese nombre. Coalición Canaria es una organización política con una dirección fuertemente oligarquizada desde sus mismos orígenes –un modelo oligárquico blindado por sus propios estatutos — y cuya selección de personal político, tanto en lo que se refiere a sus delegados congresuales como a los militantes que integran los órganos de representación internos funciona a través de mecanismos de cooptación descaradamente evidentes. Después de casi veinte años de historia –los casi veinte años que lleva gobernando la Comunidad autonómica, solo o en compañía de PP o PSOE – el modelo de organización interna de CC se ha osificado y cada vez se proyecta con mayor nitidez una contradicción creciente. Por un lado una militancia cada vez más harta de su condición de extras en las (malas) películas congresuales; por otro, unos dirigentes apoltronados hace lustros, a veces hace décadas, en los cargos institucionales, y que terminan dirimiendo los equilibrios de poder internos en negociaciones y acuerdos alérgicos al debate público, a la discusión real y comprometida en el seno del propio partido y que, por tanto, cada vez muestran menos intereses –incluso menos interés operativo – en los debates congresuales y precongresuales. La miseria conceptual, estratégica y hasta gramatical de las tres ponencias que se debatirán en el V Congreso Nacional de Coalición Canaria, el próximo mes de junio, es una inmejorable prueba de la abulia y la negligencia con la que la dirección de la federación nacionalista se enfrenta a su reunión más importante.

No, la Presidencia de Coalición Canaria nunca ha sido importante en sí misma. En ningún caso los dirigentes coalicioneros – los máximos representantes de cada isla en la federación, los menceyes insulares—estarían dispuestos a tolerar a un presidente con una auténtica capacidad ejecutiva. Es algo absolutamente extraño a la propia naturaleza de CC. Como los campesinos dijeron a aquel rey castellano, “uno a uno somos tanto como vos, y todos juntos, más que vos”, y eso se lo pueden decir tanto al presidente de la federación como al jefe del Gobierno.  La Presidencia de CC surgió a finales de 1998, cuando se consensuó a Román Rodríguez –extraño consenso nunca plenamente explicado –como candidato presidencial de los nacionalistas en los comicios de 1999. Y surgió como una suerte de satisfacción a Lorenzo Olarte, a la sazón vicepresidente del Gobierno regional, que se había quedado compuesto y sin novia presidencial. Olarte rechazó la oferta. Y no había mucho entusiasmo por parte de nadie, hasta que Paulino Rivero asumió el sacrificio. Por aquel entonces Rivero no era una figura descollante a nivel regional. El presidente del Gobierno era Manuel Hermoso, Román Rodríguez el candidato y Adán Martín le acompañaría en el Ejecutivo como vicepresidente. Como portavoz del grupo parlamentario de CC en el Congreso de los Diputados destacaba un triunfal José Carlos Mauricio. Rivero, en fin, era el portavoz adjunto, pero tomó la Presidencia de Coalición, y fue él quien la llenó de contenido práctico. Rivero hizo con la Presidencia de Coalición exactamente lo mismo que lo que hizo con la secretaria general de ATI desde finales de los años ochenta: mientras otros se ocupaban de la gestión, las fotos y las declaraciones mayeúticas, el diputado y alcalde de El Sauzal se entregó a una incansable labor de fontanería política en todo el Archipiélago, recorriendo isla a isla y municipio a municipio, intermediando en dificultades y atascos, engrasando maquinarias electorales, disolviendo conflictos y desconfianzas. Al cabo de tres años ningún político de CC conocía tan bien las fortalezas y debilidades, las ambiciones y las traiciones, las potencialidades y las miserias que albergaba CC como él. Llenó, por tanto, de contenido estratégico y táctico la Presidencia de CC y la convirtió en su principal capital político para los años venideros. Cuando alcanzó finalmente la Presidencia del Gobierno, tras las elecciones de 2007, encontró en el conejero José Torres Stinga a un sucesor en la Presidencia de CC de toda confianza.

Torres Stinga en ningún momento ejerció como presidente de CC, salvo a efectos puramente formales. Se asemejaba más a un taquimecanógrafo del Gobierno que a un dirigente político con una mínima autonomía. Sin embargo, el acuerdo de majoreros, palmeros y grancanarios que acabó con su Presidencia en el IV Congreso Nacional quiso proyectarse más como un voto de advertencia a Rivero que como un castigo personal. No era nada personal, solo negocios. La elegida, Claudina Morales, aceptó una Presidencia reglamentariamente devaluada, y jamás ha impulsado ninguna iniciativa política propia, en medio de una anomia generalizada de la dirección: el comité ejecutivo apenas se ha reunido formalmente en los últimos tres años y el consejo político nacional (máximo órgano entre congresos) jamás. No se conoce un solo posicionamiento mínimamente solvente de la dirección de CC sobre ningún asunto público, más allá de patéticas notas de prensa escarchadas de obviedades y perezas. Su producción en materia estratégica, programática o ideológica es aproximadamente nula: ni un papel, ni una reflexión, ni un análisis. Absolutamente nada. Y todo esto durante la mayor crisis económica y social que ha padecido el Archipiélago desde la posguerra civil y después de haber sido superados electoralmente por el PSC-PSOE (en 2007) y por el PP (en 2011) en las dos últimas.

Paulino Rivero no ha anunciado que opte por recuperar la Presidencia de CC en el V Congreso. Pero en ningún momento lo ha desmentido. Probablemente se encuentre rumiando y explorando las posibilidades de una candidatura. A tal efecto se han lanzado diversos globos sondas, como la oportunidad de crear una Secretaría General que asuma las “funciones ejecutivas” en la federación nacionalista. Lo que nadie explica es qué funciones ejecutivas serían esas en una organización política cuya dirección presenta una hoja de servicios como la descrita anteriormente. En todo caso la candidatura de Rivero presente riesgos que, con toda seguridad, el presidente del Gobierno no ignora, y que no le conciernen únicamente a él. Presentarse con posibilidades nada remotas de perder le afectaría a Rivero como presidente del Gobierno (cabe imaginar el titular que emitiría el PP al instante: “un presidente al que no quiere ni su propio partido”)  pero también a la propia organización (que en su actual estado de extrema debilidad debería consensuar una sucesión presidencial y un cambio es estrategia). Con una dirección ausente, indiferente y sorda ante el debate en los comités locales e insulares, brutalmente despreocupada por los intríngulis de su propio congreso, los resultados de votaciones y debates pueden ser imprevisibles. En realidad a Coalición Canaria, para salir de su engarrotamiento pertinaz, de la ataraxia política y organizativa que sufre, no tendría más remedio que abrir un proceso de democratización interna que entra en colisión, precisamente, con toda su delicada arquitectura interna y con el control oligárquico y territorializado de la federación. No parece una contradicción fácil de superar razonablemente. Y en tres semanas aun peor.  El Taburete del Guirre es (y no es) lo de menos.

 

Publicado el por Alfonso González Jerez en Me pagan por esto ¿Qué opinas?

Después de ETA

El fin de ETA. La violencia terrorista etarra muy probablemente ha acabado, ETA misma, todavía no, y su placenta ideológica y cultural, aun menos. La actividad de la organización ETA ha acabado como resultado de la inviabilidad del asesinato y la coacción como metodología de acción política sedicentemente revolucionaria enla Europa del siglo XXI. Ha terminado por el acorralamiento, cada vez más sistemático, diligente y coordinado, de las fuerzas policiales y de los servicios de inteligencia españoles y franceses. ETA ha cerrado la tienda porque, en esta situación de debilidad estratégica, táctica y económica, cada día más agudizada, la mayoría de sus matarifes se inclinaron a admitir que la opción de participar en las elecciones y defender los postulados de un independentismo de izquierdas – adobado aun con todos los perifollos retóricos del comunismo y el asamblearismo – resultaba políticamente más rentable que seguir asesinando, secuestrando, amedrentando a la gente. ETA contó durante muchos años con un apoyo social amplio, que por supuesto no se limitó a la izquierda abertzale. Era un apoyo de variado y repulsivo registro semántico: los que apoyaban el asesinato político como vía insurreccional o estrategia de tensión, los que no lo apoyaban, pero lo consideraban un factor ventajoso; los que sentían asquitos, pero decían comprenderlo, entre cabezadas quejumbrosas, por la terrible opresión que sufría el País Vasco. Para la derecha peneuvista eran hijos descarriados y atrabilarios, pero, por supuesto, eran antes hijos que delincuentes: sangre de su sangre que a otros hacía sangrar. Siempre a otros. La dictadura franquista fue la mecha del independentismo etarra,  pero este variopinto apoyo se mantuvo intacto, más o menos, hasta mediados de los años noventa, y solo a partir del atroz asesinato de Miguel Ángel Blanco comenzó a erosionarse seriamente: para pasmo de los terroristas, Ermua se puso en pié, y la reacción cívica se convirtió en legión de manifestantes hartos de sangre, miedo y necedades. En ese momento (1997) Euzkadi llevaba ya 17 años de gobierno autonómico ininterrumpidamente presidido por el PNV, 17 años de concierto económico, 17 años de diputaciones y ayuntamientos libremente elegidos, 17 años de desarrollo legal y normativos propios, 17 años con su propia política educativa, cultural y lingüïstica. Y había transcurrido más de una década desde que el Estado había abandonado toda tentación de violencia extralegal y extrajudicial: lo mismo que otras organizaciones e iniciativas estatales y paraestatales anteriores, el GAL, además de matar y torturar, significó un daño profundo, y no precisamente una solución, en el intento de desterrar la violencia etarra y desacreditar a sus apologetas. “España no sigue matando”. No era España, por supuesto. Y las instituciones democráticas españolas juzgaron en tribunales, sentaron en el banquillo y sentenciaron a prisión a un exministro, un exsecretario de Estado, un teniente coronel dela Guardia Civil y varios agentes y colaboradores necesarios. Parala España constitucional el GAL era una anomalía criminal y por el sistema legal español fueron juzgados y sentenciados como delincuentes. En cambio los asesinos etarras, para el sector mayoritario de la izquierda independentista, no eran vulgares matones, sino valientes gudaris cuyo nombre y gestas deberían honrarse, y así se hacía, y se sigue haciendo, en mítines, asambleas y manifestaciones. Son víctimas, también, y que nadie lo olvide, pero se les homenajea como a honestos verdugos.

2. Conflicto de legitimidades y doble programa. ETA deja de matar. No anuncia su disolución y tal vez no lo hará nunca: queda latiendo como una calavera sonriente suspendida en hibernación, como una amenaza fantasmal que custodia su propia historia. Queda un problema, claro: la convivencia democrática. La reconstituida izquierda independentista – y no solo Bildu, sino organizaciones como Aralar, que comparten análisis básico – tiene un programa de máximos y otro de mínimos y se moverá ágilmente entre ambos. El programa de máximos consiste en exigir que el Gobierno español negocie un proceso para una consulta sobre la independencia cuyos resultados se comprometa a respetar ante autoridades y observadores internacionales. “Ya no se mata, se secuestra ni se extorsiona. Hemos elegido la vía democrática y legalista. ¿No cabe todo en esta democracia de ustedes? Pues queremos y tendremos la independencia”. Bildu y sus aliados fácticos saben, por supuesto, que este programa es inasumible actualmente por el Estado español, pero dedicarán el próximo año y medio, hasta las elecciones autonómicas, para articular un frente soberanista con el PNV – ya se le ofreció a los peneuvistas una coalición electoral de cara a las elecciones del 20 de noviembre, rápidamente rechazada — y con el respaldo activo de su muy ampliada base municipal y provincial. El programa de mínimos se fundamenta en una negociación sobre “los resultados del conflicto”, según la estilística etarra y batasunera más tradicional: amnistía, liberación de presos, acercamiento de los mismos, modificaciones legales o hasta estatutarias. Son dos programas sobre los que Bildu y sus colegas pedalearán simultáneamente y sin riesgo aparente de caídas estruendosas. Básicamente los dirigentes de Bildu son brillantes estrategas políticos y magníficos propagandistas, como ha demostrado la llamada Conferencia de San Sebastián. La gestión de los recursos públicos les interesa – por el momento — mucho menos, salvo en lo que toca, precisamente, a las necesidades de adoctrinamiento, agitación y propaganda. Un sketch  del programa Vaya semanita lo explica muy bien: en un ayuntamiento vasco unos concejales de Bildu con mayoría absoluta son advertidos por el interventor municipal sobre los problemas con el servicio de basuras. Los concejales se indignan y gritan al unísono: “¡Vamos a manifestarnos inmediatamente!”. Persiste, por supuesto, la proyección sistemática de un conflicto de legitimidades, que se mantiene al rojo vivo mientras se utiliza la legalidad vigente para denunciarlo desde el poder político y presupuestario que otorga el control de diputaciones y ayuntamientos.

3. La mística de la violencia revolucionaria y un totalitarismo de rostro humano. El sustrato de la mística de la violencia revolucionaria no ha desaparecido, aunque se renuncie a matar por objetivos políticos. La democracia, para Bildo y sus congéneres, es únicamente un conjunto de reglas que pueden y deben utilizarse para imponer un proyecto político irreversible desde una mayoría social al que le bastaría el 51% de los votos para sentirse legitimada per secula seculorum. El socialismo, el otro elemento del binomio programático, es un apéndice sin importancia. Es el suyo un socialismo cuyos principios y métodos no van más allá de enunciados abstractos y que entran en contradicción directa (por ejemplo) con los intereses sociales que defiende el PNV. Así que, en realidad, la independencia lo es todo, y la euskadización a machamartillo de Euskadi el objetivo prioritario. Sí, eso es todo: la independencia como cura de todos los males sociales, bálsamo de un dolor secular, apósito para la melancolía de una patria imaginaria, pago de la sangre derramada, llave de oro que abrirá la única puerta que conduce a la feliz dignidad del pueblo. Los que no compartan esta radiante necedad siguen siendo traidores al pueblo vasco y no tendrán sitio en el sagrado recinto de la libertad.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado el por Alfonso González Jerez en Me pagan por esto ¿Qué opinas?

Quietos parados o que nadie se mueva de la romería

El sociólogo Pierre Bourdieu comparaba la actividad política con la actividad económica. Si la teoría marxista distinguía entre propietarios y no-propietarios de los medios de producción, Bourdieu distinguía en la esfera política de las democracias liberales y parlamentarias entre los productores que controlan, monopólica u oligopólicamente, la producción de productos políticos, en un mercado formalmente accesible a todos, y los consumidores, supuestamente ciudadanos, con acceso a la elección de la mercadería según su leal saber y entender. Sin embargo, solo una minoría de los consumidores – los que cuentan con un nivel de educación e información suficientes – tienen cierta libertad de elección dentro del supermercado: para la mayoría los únicos criterios son los rótulos brillantes, las ofertas incesantemente voceadas por los altavoces del establecimiento y, sobre todo, las ofertas, que están dirigidas más a las percepciones subjetivas que del consumidor que a razones de estricta economía doméstica. Los diversos agentes que controlan el oligopolio de los productos políticos – los partidos institucionales y sus dirigentes – deben contar con un capital político, una variedad de capital simbólico, para alimentar la producción y sostener un discurso de marketing eficaz y con capacidad de renovación.
Lo que ocurre es que el capital político y simbólico se agota. La producción se paraliza o se estandariza grotescamente. El marketing ya no convence a nadie. Las razones de este desfallecimiento pueden ser muchas. Una de ellas, paradójicamente, el éxito. Es lo que le ocurre, en el supermercado político-electoral de Canarias, a Coalición Canaria, a la cabeza del Gobierno autonómico desde 1993, aunque no resulta superfluo recordar que algunas de las organizaciones que integran la federación nacionalista (las que un día fueron ATI y API) están presentes en el Ejecutivo regional, con diverso peso e influencia, nada menos que desde 1987.
Las elecciones autonómicas de mayo de 2007 supusieron un duro golpe para Coalición Canaria. Mejor dicho: debieron haberlo supuesto. CC pasó de los 304.413 votos y 23 diputados en 2003, con Adán Martín como candidato presidencial, a los 225.878 votos y 19 escaños en los comicios de 2007. De primera a segunda fuerza parlamentaria en escaños y prácticamente empatados con el Partido Popular en sufragios (el PP obtuvo 224.883). Sin duda su implantación municipal y, especialmente, el régimen electoral, la circunscripción insular, ayudó a Coalición a evitar un desplome mayor. Pero el mantenimiento en el poder, a través de una reedición del pacto entre coalicioneros y conservadores, ha servido como eficaz narcotizador de cualquier tentación de reforma estratégica, programática, organizativa, ideológica, discursiva. Es más: en lugar de una evolución reformista, se produjo una involución paralizadora. En el IV Congreso Nacional de Coalición Canaria celebrado en 2008 se consagró de facto una vuelta a los orígenes nacionalinsularistas: se reforzó la preeminencia de las organizaciones insulares, se debilitó la figura presidencial, se paralizó tanto el proceso de unificación orgánica como la articulación de una dirección estructurada sectorialmente y que se dedicara a hacer política. Si se quiere entender esta incapacidad para reaccionar ante un varapalo electoral semejante– por primera vez desde 1995 Coalición no era la primera fuerza parlamentaria – hay que recordar, además, que la federación nacionalista nació desde el poder y con el propósito inmediato de ocupar el poder, a través de la moción de censura que derribó de la Presidencia del Gobierno a Jerónimo Saavedra. Con el poder, por lo tanto, basta. La cultura política del poder de los dirigentes de CC ha demostrado un desprecio infinito por consolidar un proyecto político
enraizado en la sociedad civil canaria. Su imaginario, básicamente ruralista y terruñero, se lo trae al pairo a las grandes clases medias urbanas y a los jóvenes con mayor formación y ambición intelectual, empresarial, científica o artística. CiU ha podido soportar en Cataluña siete años en la oposición y a buen seguro el PNV aguantará cuatro o incluso ocho fuera del Gobierno vasco. Nacionalistas vacos y catalanes cuentan con apoyos y anclajes en el empresariado, en sindicatos, en las universidades, en movimientos vecinales y asociativos de orden cultural, deportivo, recreativo. Con este patrimonio político y simbólico – y las parcelas de poder conservadas en otros ámbitos institucionales — se puede atravesar con mayores o menores incomodidades el desierto de la oposición autonómica. Coalición Canaria no es que carezca de ellos: es que no ha ocupado un minuto en desarrollar este trabajo indispensable. Y es una opinión compartida por sus adversarios políticos (PSOE y PP) que en la oposición el proyecto de Coalición estaría sometido a fuerzas centrífugas que lo disolverían en poco tiempo.
Y sin embargo los dirigentes de CC siguen suicidamente empantanados en inercias mentales y hábitos interpretativos cada vez más ajenos a la realidad presente y futura. Un ejemplo central: el control del Gobierno autónomo siempre estará condicionado por las necesidades del PSOE o el PP para alcanzar una mayoría suficiente en las Cortes. El presidente Rodríguez Zapatero nos necesita, ergo, no importa que seamos la segunda o incluso la tercera fuerza en 2011, porque desde Madrid obligarán a los socialistas isleños a investir a Paulino Rivero como presidente. Segundo escenario: El aspirante Mariano Rajoy nos necesitará; ergo es indiferente que seamos segunda o incluso tercera fuerza, porque desde Madrid se ordenará a José Manuel Soria a apoyar un Gobierno presidido por Paulino Rivero. Jamás en Canarias ha ocurrido nada similar. Ni en el resto de España. A estas alturas, estas consideraciones apenas merecen el nombre de paparruchadas. Ni el PSC-PSOE se va a inmolar ni Rajoy necesitará los dos o tres diputados de Coalición Canaria para gobernar en España, y menos al precio de desacreditar a sus compañeros en el Archipiélago. Es extraño que CC no repare en que si necesita a alguien es a sí misma.
Los problemas inmediatos de Coalición Canaria, desde un punto de vista político-electoral, son tan evidentes como difícilmente subsanables en los cinco meses que restan hasta las elecciones.
1. Las modificaciones normativas que impiden el voto de los emigrantes en las elecciones municipales. A tenor del apoyo mayoritario de CC en esa suerte de octava circunscripción en las últimas convocatorias electorales, los coalicioneros perderán probablemente un diputado en 2011.
2. La situación en Gran Canaria. Todas las encuestas mínimamente fiables apuntan a la pérdida del único diputado obtenido en Gran Canaria en 2007. CC no debe en esta circunscripción batirse contra el PP y el PSOE, sino contra otra opción nacionalista, Nueva Canarias, cuyas perspectivas electorales han crecido moderadamente. Es difícil presentar un proyecto nacionalista verosímil con una ausencia prácticamente nula en una de las islas capitalinas, donde se concentra una parte muy sustancial de la actividad empresarial, industrial y comercial del Archipiélago, y que aporta nada menos que 15 diputados a la Cámara regional. Coalición ha sido incapaz de mostrar signos de recuperación política y organizativa en los últimos tres años y medio. Más que un partido político, CC en Gran Canaria es un club de un puñado de cargos públicos, un grupito de satélites menesterosos y una reducida y muda claqué.
3. El agotamiento de la legitimación del nacionalismo exitosamente pactista. Ya se sabe: no importa si en España gobierna el centroizquierda o el centroderecha. Lo que importa es que CC cace ratones. Ratones presupuestarios y competenciales. La estrategia está agotada porque, en la espeluznante situación de crisis económica y presupuestaria que nos martiriza, Madrid solo puede intercambiar calderilla y humo de tramoya propagandística (no es otra cosa el Plan Canarias o la delimitación nominal de las aguas del Archipiélago) a cambio del apoyo de CC en el Congreso de los Diputados a un Gobierno dizque socialista que, por otra parte, está sumergido en un descrédito terrible. Para la mayoría de los españoles (con razón o sin ella) el Gobierno central se ha transformado en un monstruo odioso. En una maloliente, exasperante concentración de ineptitud, mentiras, errores, pavores y escaqueos. Es el Gobierno de Rodriguez Zapatero el máximo responsables de los recortes sociales en una vertiginosa tormenta de desempleo, huelgas, letras protestadas, manifestaciones, hipotecas impagables, infartos bursátiles. Suele salir muy caro apoyar a un Gobierno en estas condiciones, porque te señalan inmediatamente como cómplice de sus irredimibles pecados. Y hasta cierto punto lo eres.
4. CC se enfrenta en el Gobierno a la peor crisis económica vivida en Canarias en el último medio siglo. José Manuel Soria se apartó astutamente. ¿Podría maliciarse el líder del PP la terrible coyuntura de cerrar el presupuesto autonómico el pasado 25 de noviembre? Quizás. ¿Por qué Canarias es la única comunidad autonómica que debió tomar una medida tan drástica? La crisis económica es tan profunda, tan brutal, tan desoladora, y sus costes sociales tan crecientes y dolorosos, que el recurso de recordar las responsabilidades del Gobierno central se debilita mucho, sobre todo, si estás apoyando en las Cortes al Gobierno central. El tsunami del PP tendrá su primer aviso en las elecciones autonómicas y locales de mayo. Y Canarias no será ajena a la oleada. El PP subirá en Tenerife – a costa de sus dos competidores – en La Palma y en Fuerteventura. La pérdida de dos o tres diputados en el total de estas tres circunscripciones parece difícilmente evitable.
Esto no se arregla con una isa. Ni siquiera con una romería entera. En el supermercado electoral se pueden quedar todas las existencias entongadas al fondo, a la derecha, como mercancía caducada.

Publicado el por Alfonso González Jerez en General 4 comentarios
« Anterior  1 2