Pedro Sánchez

Una reforma insignificante

Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, sigue empeñado en conquistar territorios adánicos donde pueda sonreír con inocencia y estirar la ideología como quien estira las piernas. Su última ocurrencia pasa por derogar la reforma express del artículo 135 de la Constitución que fraguaron en unos días los equipos de un agónico José Luis Rodríguez Zapatero y un venidero Mariano Rajoy. Las izquierdas, de inmediato, le han afeado lo que consideran un comportamiento mezquinamente oportunista, en una actitud que me parece básicamente religiosa: si te has equivocado, vienen a decir, no tienes derecho a enmendarte. Los sectores más calvinistas de las izquierdas (en IU y en Podemos) tienen claro que un maldito socialdemócrata peca simplemente por serlo. Estás condenado y punto. Incluso he podido leer a algún dirigente pablista recordar que todo el sufrimiento insondable que ha arrastrado este reforma constitucional no puede purgarse cambiando de opinión. Una reacción muy curiosa, porque el artículo establece, en su disposición adicional única, que los límites de déficit estructural entrarán en vigor a partir de 2020.

La reforma del artículo 135 de la Constitución española fue un gesto urdido por Rodríguez Zapatero para reafirmar ante los mercados de deuda, las agencias de calificación y los gobiernos europeos que el Gobierno español cumpliría con solvencia sus compromisos fiscales. El fantasma de la intervención de la economía española era por entonces aterradoramente real. Y la intervención supondría la pérdida del ya muy estrecho margen de maniobra política del Gobierno y un cañonazo a la línea de flotación de un sistema financiero y económico a punto de desplomarse. El contenido del artículo 135 no suponía de facto una nueva obligación legal. La limitación del déficit estructural, la prioridad en el pago de la deuda y el establecimiento de un techo de deuda pública para el Estado y las comunidades autonómicas ya estaban comprometidos por diversos tratados europeos de rango constitucional. Países como Suecia – ese anhelado espejo de políticas sociales y Estado de Bienestar – han introducido mecanismos de límite de deuda en sus constituciones y en su legislación general antes incluso de la crisis financiera de 2008.  Que la deuda pública española represente hoy casi el 100% del PIB no es suficiente, al parecer, para infundir una mínima reflexión — un fisco de prudencia — a los que creen que el Estado puede estirar el chicle de su endeudamiento hasta el infinito y más allá,

El profesor Pablo Iglesias podría perfectamente gobernar sin tocar o retocar excesivamente el actual artículo 135. Bastaría con que incrementara los ingresos fiscales del Estado – y las comunidades autonómicas – como nos ha advertido que se puede hacer desde una voluntad política rotunda e inteligente, a través de una reforma del sistema tributario y una reducción sustancial de la economía sumergida. El artículo 135, por ejemplo, no impide per se la renta básica universal. Lo impiden las propias capacidades económicas del país. Según los técnicos del Ministerio de Hacienda una RBU aplicada solo a los ciudadanos desempleados y/o en riesgo de exclusión social, exigiría 72.000 millones de euros anuales. Un 38% de todo lo recaudado recaudado en el año 2013.

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La última oportunidad perdida

El pasado martes Mariano Rajoy le espetó a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, poco más o menos, que no le molestara con zarandajas sobre la reforma de la Constitución, que hay que ser serios y tal. Que en una situación como la que vive en este país su máximo responsable político, el presidente del Gobierno español,  exija seriedad a la oposición es hilarante. Nada de reformas constitucionales, por lo tanto, y no moleste usted, joven, que estamos muy ocupados. Debe reconocerse que la oferta para una reforma consensuada del secretario general del PSOE era un poquitín abstracta aunque llegaba con los buenos deseos federalizantes bajo el malherido sobaco socialdemócrata. Una reforma constitucional no puede ni debe reducirse a la postura postiza y reactiva frente a un problema político concreto y complejo, como es ahora Cataluña, donde el soberanismo ha traspasado, muy probablemente, la línea de cualquier solución de mutuo acuerdo para la continuidad catalana en el Estado español. Una reforma constitucional debe plantear el rediseño de las instituciones públicas y de las relaciones políticas, financieras y fiscales entre el Gobierno central y las comunidades autonómicas, entre otros graves y complejos asuntos. El PP no quiere oír hablar de este proceso y al PSOE se le supone voluntad, pero evita como el fuego mayores precisiones. Por ultimo, una reforma constitucional como la que le urge al país no puede negociarse y aprobarse en el lapso de un año escaso, que lo que resta de legislatura, sin contar con unas elecciones autonómicas y locales a la vuelta de la esquina. Los dos partidos hegemónicos de la política española han perdido una oportunidad excepcional para actuar como instrumentos políticos capaces de una reforma inteligente y solvente del establishment.  Han obviado los incentivos estratégicos para emprenderla a fin de apurar todas las ventajas del status quo desde un cortoplacismo suicida. Y lo van a pagar política y electoralmente.
Conservadores y socialistas ni siquiera han conseguido trenzar un compromiso de transparencia sobre los viajes y desplazamientos de diputados y senadores con dinero público después del flatulento escándalo de José Antonio Monago. Lo que han decidido es que los grupos parlamentarios se convertirán en custodios y fiscalizadores de los billetes de avión, tren o trineo siberiano que consuman sus señorías. Los ciudadanos no podrán acceder a la información al respecto directamente, como ocurre con los votantes británicos o alemanes. El PP y el PSOE trabajan activamente para profundizar la crisis de legitimidad política de un Estado cuyo entramado institucional se muestra cada vez más ineficaz, más ineficiente, más ocupado prioritariamente en su propia autorreproducción

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José Miguel Pérez y el resto

El secretario general del PSC-PSOE, José Miguel Pérez reunió a su comisión ejecutiva en Santa Cruz de Tenerife para evitar que sus más fieles lo lapidasen por las esquinas de Las Palmas. Porque los más irritados con la decisión de Pérez de no repetir como candidato presidencial socialista en las elecciones autonómicas del próximo mayo han sido sus seguidores más cercanos: los que por convicción (los menos) o interés rastacueril (los más) lo apoyaron como secretario general para alcanzar un mondo y lirondo 53% de los votos en el último congreso regional. La estupefacción fue general, un reconocimiento unánime al malévolo apodo de El Mudito que Pérez se ganó al principio de su carrera política. Pero conviene no confundir el asombro irritado con la decepción dolorosa. Nadie (incluyendo los cocodrilos más sensibles) derramará una sola lágrima en el PSOE por el actual vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno autonómico.
Como a muchos periodistas les interesa hoy su relato por encima de los hechos, no han faltado los que vinculan la decisión de Pérez de no presentarse a las primarias socialistas con la hipotética derrota que sufrirá este viernes Paulino Rivero en el Consejo Político Nacional de CC. Según estos fabulistas la continuidad del pacto entre coalicioneros y socialistas en la próxima legislatura se evaporaría con el triunfo de Fernando Clavijo, lo que hubiera llevado a Pérez a retirarse. Es una tesis que únicamente demuestra lo fácil que es ganarse la vida (o los follower) como comentarista político. En realidad no hay nada de eso. José Miguel Pérez tiene su propia agenda. El flamante secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lo incluyó en la comisión ejecutiva federal, y le ha ofrecido apoyo para encabezar la lista al Congreso de los Diputados el próximo año. Si no lo consigue se marchará a su casa y volverá a su cátedra. Y eso es casi todo. El resto es únicamente el PSOE, una fuerza política dividida, debilitada, osificada y agorafóbica a cuya urgente reforma Pérez no ha dedicado ni un segundo de su precioso y pachorrudo tiempo. El resto es Gustavo Matos agitando su melenita panten y proclamando que ahora empieza (porque él quiere) una nueva etapa del PSC-PSOE; es Carolina Darias aposentada diligentemente donde le digan para poner un huevo imposible; es Patricia Gutiérrez tuiteando compulsivamente porque cada retuiteo, compañeros y compañeras, es un símbolo del avance del progreso, la libertad y la igualdad en una España sojuzgada por la derechona. Exactamente: el resto es un desastre.

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Los enemigos de la regeneración del PSC

Vamos a ver. Que empiece la regeneración del PSOE. Que empiece de una vez. A mí me encanta este entusiasmo sandunguero. ¿Se limpia, higieniza y perfuma el PSC-PSOE o no se perfuma, limpia e higieniza así sucumba por hiperventilación Julio Cruz? Por supuesto, siempre hay problemas. Los aparatos de dirección suelen apostar por un candidato e influir con toda la fuerza de su poder político y sus instrumentos burocráticos para que tal candidato sea apoyado por la militancia. Como desde hace lustros las militancias están exhaustas o indiferentes la mayoría de los que votan son, precisamente, los cargos públicos y orgánicos y sus claqués y compañeros más próximos. Para que en Canarias hubiera ganado Eduardo Madina para la Secretaría General del PSOE, por ejemplo, hubiera bastado con que la mitad de los que no votaron le hubieran prestado su voto. Las direcciones y aparatos que se comportan así esperan, en justa reciprocidad, que el candidato elegido – en este caso Pedro Sánchez – valore su esfuerzo y respete la autonomía de la organización regional, es decir, no interfiera en el status quo. Pero lo que ocurrirá en el futuro con Pedro Sánchez no es particularmente seguro. Sobre todo porque si Sánchez admite todas las tutelas e interferencias que se le suponen su destino será breve y melancólico. ¿Se presenta uno a la Secretaría General del PSOE para yacer hermosamente como el doncel de don Enrique el Doliente? Se me antoja harto dudoso.
La regeneración del PSC es altamente improbable porque solo podría venir desde el interior de la organización de los socialistas canarios. Únicamente los militantes, a través de una rebelión inteligente, podrían romper la oligarquía mezquina y suicida que ha controlado de facto el partido, con ligeras modificaciones y reajustes, desde finales del largo reinado de Juan Carlos Alemán y aun antes. La inaudita actitud liquidacionista de la dirección contra los disidentes de Tenerife (primero) y La Palma (después) no son un indicio de fuerza, sino una prueba de la debilidad de un autoritarismo pancista e idiotizado. Un partido que ya apenas puede denominarse un partido, incapaz de reflexionar sobre sí mismo y su propio entorno social, brutalmente desinteresado por la sociedad civil de su entorno, desconectado tanto de los barrios colmatados de paro, pobreza y marginación como de los profesionales más insatisfechos de las clases medias, cuyo suelo electoral resiste gracias a un puñado de alcaldes y (hasta anteayer) a una marca del mercado electoral que ha caído en picado. Un partido zombi dedicado a la perfumería en medio centanar de despachos cerrados a cal y canto a cualquier cambio estratégico, organizativo, intelectual. Viejos y nuevos aparatistas, o mejor nuevos aparatistas para ocultar los manejos de los aparatistas de siempre – José Miguel Pérez no es más que el grisáceo mascarón de proa del navío de los corsarios de toda la vida y ahí está Sebastián Franquis, parche al ristre, para demostrarlo – son el principal enemigo del PSOE y bajo su yugo jamás podrá reconstruirse un proyecto socialdemócrata para Canarias.

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Último round

Apasionados por las apuestas se ha obviado generalmente que el pasado domingo el PSOE ya desarrolló un capítulo importante de regeneración interna: por primera vez su secretario general fue elegido democráticamente por los militantes con plenas garantías procedimentales. Sería interesante contemplar en un brete semejante al PP, a Coalición Canaria o a Izquierda Unida, pero tardaremos en verlo o lo harán nuestros nietos. El PSOE ha hecho un favor al sistema político español con un magnífico ejercicio de democracia interna que no queda deslucido por surgir en el seno de una crisis formidable de la socialdemocracia española. Pero el garantismo del procedimiento –el voto directo y secreto de todo militante al corriente de sus cuotas —  no impide las influencias de líderes y aparatos burocráticos y resulta muy cómico que esto se denuncie como una impureza intolerable, porque se me antoja muy difícil de imaginar cualquier circunstancia en la que una organización política carezca de aparato burocrático ni de dirigentes connaturalmente intervencionistas.
Quizás Pedro Sánchez era el candidato menos abiertamente reformista de los presentados, cuyo programa electoral se mostraba menos comprometido (o más vaporoso) con un giro a la izquierda del PSOE. Lo que ocurre es que tal giro a la izquierda es, básicamente, una entelequia. Es curioso: mientras Podemos y (en menor grado y de forma un tanto mimética) Izquierda Unida se esfuerzan en aumentan su base socioelectoral apelando no solo a votantes y exvotantes socialistas, sino hasta a “la gente decente que ha votado al PP” (Juan Carlos Monedero dixit), desde los mismos rincones se exige perentoriamente al PSOE que se izquierdice. El PSOE – como simulan hacer los dirigentes de Podemos e IU – no tiene otra izquierda a la que acercarse que su malherida identidad socialdemócrata, es decir, la defensa y corrección del Estado de Bienestar, de las libertades públicas y privadas consagradas por la Constitución, de la reforma del modelo político-territorial del Estado, del combate contra la corrupción política y a favor de la reconstrucción de su autonomía frente a los poderes financieros y empresariales. Así se consigue una mayoría social y electoral y no agitando banderas que ya otros ondean. Ya es bastante complejo y duro el trabajo para pensar en otra cosa. Pedro Sánchez – le guste poco o mucho – está condenado a hacerlo. Una nueva decepción, un nuevo fracaso, otra renuncia mentirosa y agorafóbica le costaría al PSOE su ya fragilizada posición como partido con opciones reales para materializar una alternativa política y parlamentaria de gobierno.

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