Referéndum

Huída desde Miami

Paulino Rivero ha hablado desde Estados Unidos. Desde los Estados Unidos – donde el presidente se ha trasladado para demostrar, por enésima vez, la patética ausencia de una estrategia de promoción económica de Canarias por el Ejecutivo sobre el que reina –solo se pueden articular cuchufletas trascendentales. Rivero ha aprovechado la ocasión para anunciar que, con autorización o no del Gobierno central procederá a convocar un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.  Unas horas antes su vicepresidente, José Miguel Pérez, había pedido, justo con la indignación imprescindible, que no se compare la demanda de esta consulta por el Gobierno autónomo con la de Cataluña “porque lo que queremos votar está dentro de los límites legales de nuestras competencias”. Claro que sí. Pero el problema no está en lo que se quiere votar, sino en que para que dicho referéndum cumpla con la legalidad debe contar con la autorización expresa del Gobierno español. Si no es así, simplemente, no se puede convocar.
Rivero mantendrá este envite todo el tiempo posible. Sabe que el enfrentamiento con el Gobierno de Mariano Rajoy – y en particular con el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria – a causa de los sondeos de Repsol es la única acción política que cuenta con el apoyo de amplios sectores de la población canaria. Le permite adquirir una dimensión política diferenciada y al mismo tiempo le exime de cualquier responsabilidad, como la que tiene, inevitablemente, en el estratosférico desempleo, la pauperización creciente o el colapso de los sistemas sanitarios y asistenciales. Pero convocar un referéndum ilegal  tiene sus consecuencias. No consecuencias políticas que hoy estallan y pasado mañana se olvidan, sino consecuencias en los tribunales,  sin que quepa excluir las de carácter penal, y al ser el Gobierno autonómico un órgano de responsabilidad colegiada, ninguno de sus consejeros debería olvidarlo. Una medida tan extrema – y disparatada – como la del presidente Rivero, ¿no merece siquiera ser debatida en el comité ejecutivo de CC? ¿Cuántas veces discutió  CiU en sus órganos de dirección la convocatoria de un referéndum sobre ese remilgado derecho de decidir? Y si el candidato presidencial de CC para las elecciones de 2015 no es Rivero, ¿qué ocurrirá con toda esta espumeante fanfarria? De verdad, ¿cuánto tiempo aguantarán los dirigentes coalicioneros – y soportarán los hastiados ciudadanos – está huída hacia delante que hiede a obcecado oportunismo personal?

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Democracia y Estado de Derecho

Uno de los hábitos recientes de la izquierda hispánica (y canaria) es escandalizarse porque a los catalanes no les dejan celebrar su anhelado referéndum sobre la independencia. Es sorprendente que miles de personas adultas que se consideran progresistas sucumban a la épica de las banderas y a la fantasía de la aurora promisoria de una república que tendría como referentes políticos a Artur Mas y Oriol Junqueras. El origen de la indignación hunde su raíz en la convicción de que nada puede ser más democrático que el pueblo catalán decida su propio destino. Por tanto cuestionar el derecho a un referéndum es, directa y explícitamente, un atentado antidemocrático, un escupitajo a la voluntad popular, un ejercicio cínicamente autoritario. Un escándalo inconcebible –según he leído en alguna parte –en un país civilizado.
Sin embargo, en los países civilizados en los que rigen constituciones democráticas, precisamente, las consultas secesionistas, las urnas exigidas para votar una independencia política destinada a la creación de un nuevo Estado no son procesos sencillos, coyunturales o dotados con garantías legales y normativas definidas solamente por una u otra parte. La deleitosa obsesión de ciertos sectores de la izquierda que traducen la negativa de las Cortes españolas en conceder a la Generalitat la competencia de convocar una consulta en un síntoma más de una pseudodemocracia ruin y miserable resulta un ejercicio fascinante pero pueril. Adornarlos con mentiras e inexactitudes extraídas con forceps de experiencias como las de Québec o Escocia no les concede mayor respetabilidad política o intelectual.
La cerril e irresponsable actitud del PP y las actitudes sin freno y marcha atrás del Gobierno catalán y su base parlamentaria parecen encantadas en mantener, atascar y exasperar un conflicto de legitimidades. Ciertamente es difícil exagerar la estúpida responsabilidad de la derecha política española en la desafección catalana hacia el Estado y el crecimiento de la demanda independentista. Pero ningún gobierno español concebible estaría dispuesto a conceder a un gobierno autonómico el derecho de independizar su territorio unilateralmente y en las condiciones y plazos que le plazca. Tampoco en Canadá, tampoco en Escocia. Aquí lo que falta, precisamente, es política. La negociación de una reforma constitucional y, posteriormente en su caso, la convocatoria de un referéndum cuyo contenido sea pactado ineludiblemente entre ambos gobiernos y que, desde luego, exija una supermayoría – algún politólogo ha propuesto con tino un voto a favor de la independencia superior al 60% en las tres provincias catalanas – para tomar una decisión de semejante envergadura y de una trascendencia no plenamente mensurable. Exigir democracia no debería ser incompatible con conocer y reconocer el funcionamiento de un Estado de derecho.

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Vía crucis

Estoy esperando emocionadamente cuál será el próximo paso del vía crucis paulino. Porque de eso se trata. De acompañarlo (obligatoriamente) por el áspero camino a su no-reelección mientras sangra brillantes ocurrencias y patrióticas babiecadas. Durante algunos días ya no se habla de desempleados, de enfermos crónicos que no tienen donde caerse muertos, de servicios hospitalarios colapsados y de establecimientos comerciales clausurados, de las becas universitarias que no se abonan y del REF que guarda en una gaveta el Doctor No. Esperemos el nuevo bandazo que nos mecerá en un deleitoso vaivén. Veamos. Primero fue la estratagema del enfrentamiento con Madrid, oh Madrid, babilonia cruel, frívola y metropolitana. Después se visita a Rajoy y, sobre todo, a Su Majestad el Rey de las Muletas, para alertarle, sin ninguna maldad, sobre los brotes independentistas que pueden aparecer allá abajo, uno de los informes más desopilantes que cabe imaginar de un nacionalista a un monarca constitucional. Y ahora la pretensión de convocar un referéndum que debe autorizar el Estado y que por supuesto no hará, a fin de indignarse mucho luego, agriar el gesto, volver a cantar la dolorida serenata de la desafección. Y todo esto, por supuesto, sin mediar consulta formal con los órganos de dirección de su propio partido, que el presidente Rivero sabe muy bien lo que se hace y ese confuso rebaño de conspiradores aficionados no está en condiciones de comprenderlo. Es difícil imaginar, en cualquier otra organización política, que un presidente del Gobierno tome una decisión de semejante calibre – y cuyos efectos en la relación entre la Comunidad autonómica y el Gobierno central resultan difícilmente pronosticables – sin que medie un debate, sereno y riguroso, en los órganos competentes del mismo. Pero aquí ocurre en vivo y en directo y los dirigentes de Coalición Canaria no tienen absolutamente nada que decir, nada que decidir. Rivero los trata, precisamente, como tratará las autoridades del Estado español a su solicitud. El presidente del Gobierno regional quiere consultar a los canarios sobre las prospecciones de Repsol, pero elude despectivamente consultar y debatir sobre su iniciativa con su propio partido.
Yo aguardo cualquier cosa. Ni siquiera descarto que Paulino Rivero se plante en El Escorial a pedirle audiencia a Felipe II. “Señor, ¿sabe usted que en Canarias hay un loco que promueve un referéndum?”. Y el Rey, pasmado.

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El espejismo

Es un poco hilarante. Lo que la mayoría de la izquierda isleña encuentra mal de la propuesta de referéndum del presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, es que no se aplique a otras cosas. A las cosas que pluguiera a cada uno. Un referéndum sobre el puerto industrial de Granadilla. Un referéndum sobre la reforma electoral. Un referéndum sobre el Régimen Económico y Fiscal. Prodigioso descubrimiento: el referéndum como chute vitamínico al deteriorado sistema democrático. El referéndum como alfa y omega de una verdadera democracia participativa. Y solo cabe sospechar de aquellos que no admitan el referéndum como un método ya no intachable, sino inmejorable para la toma de decisiones políticas democráticas. A la izquierda que padecemos – la que abomina del régimen electoral, pero se relame pensando en los diputados,  senadores y concejales que les prometen las encuestas – al parecer le traer sin cuidado que esta sea una operación política del presidente Rivero legalmente inviable y de la que solo puede extraerse un rédito propagandístico muy particular, tan particular como el patio de su casa. Compañeros, explotemos las contradicciones del sistema, como rezaban las viejas jergas – indistinguibles de las nuevas– hace cincuenta años. A ver, sinceramente, ¿a quién no le apetece un referéndum?
Pues verán, un referéndum no tiene por qué ser el mejor mecanismo de toma de decisiones. Raramente lo es. Los muy civilizados suizos acaban de manifestarse impresentablemente en una consulta para limitar con severidad xenofóbica la entrada de emigrantes en la Confederación Helvética. En estas ínsulas Paulino Rivero barrería en un hipotético referéndum con semejante contenido consultivo. Como técnica de participación política los referéndums tienen ventajas, pero también costes: ofrecen soluciones dicotómicas para problemas complejos, limitan la autonomía de los representantes públicos y restan incentivos al debate, la transacción y el acuerdo, sin contar con sus problemas operativos. Supongamos que pudiera hacerse una consulta jurídicamente vinculante sobre las malhadadas prospecciones de Repsol: Lanzarote y Fuerteventura votan mayoritariamente en contra, pero gana en el conjunto regional el voto a favor por un estrecho margen. No. Este  conato inviable de referéndum es un interesado espejismo. Sobran razones, recursos y estratagemas para oponerse – con perfecta legitimidad democrática – a una amenaza ecológica y medioambiental de primer orden.

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Un referéndum a la medida

Del fondo de su chistera – o de su cachorro – el presidente Paulino Rivero ha extraído su penúltimo conejo: un referéndum para consultar a los ciudadanos canarios si aprueban o rechazan las prospecciones de Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Todavía no he leído ninguna reacción del PP – si bien cualquier reacción del PP es previsible – pero para mi estupefacción he detectado diversos riquirracas desde el PSC-PSOE, sin contar con los desfallecimientos de gozo de los paulinistas más despepitados del entorno presidencial. En realidad poco o nada tiene que ver esta iniciativa con la defensa medioambiental de Lanzarote o Fuerteventura, porque solo forma parte de la particular estrategia de Rivero para culminar el más obsesivo de sus afanes: su proclamación como candidato presidencial de CC para las elecciones autonómicas del año 2015.
Rivero sabe que, con el estatuto de autonomía en la mano, no puede convocar un referéndum, es decir, una consulta jurídicamente vinculante, aunque la mayoría absoluta del Parlamento canario apoye su celebración. No es el Gobierno de Rajoy quien debería autorizarlo, sino nada menos que las Cortes. Exactamente igual que en el caso de la reivindicación de la Generalitat catalana. Rivero juega, por lo tanto, a ser un poco de Mas para no ser menos. De la misma experiencia acumulada en la sociedad civil de Cataluña en los últimos años podría tomar ejemplo para organizar una consulta simbólica, una encuesta de valor político, ya que no jurídico. El Gobierno autonómico podría, por ejemplo, adherirse a una consulta organizada por ONG, o asociaciones ecologistas, o entidades vecinales, que evidenciaran el rechazo mayoritario a las ambiciones de Repsol en aguas isleñas. Si Paulino Rivero opta por el referéndum es, precisamente, sabiendo que se le impida realizarlo, pero no ignorando la cosecha de nuevos réditos de imagen pública y protagonismo mediático. Allí está, de nuevo, el David digno e impoluto contra el Goliat voraz y oleaginoso. He aquí un nuevo espacio de enfrentamiento con el Estado — ¿que se hizo de esa diligente advertencia al Rey y a la patria sobre los brotes soberanistas? — por una buena causa que nadie juiciosamente podrá discutir porque, como repite don Artur,  ningún canalla se opone a que se consulte a un pueblo. Y más (Mas) aun: ¿quién le puede negar su voto en el Consejo Político Nacional a aquel que abandera la voluntad de sus conciudadanos y está dispuesto a fundirse con el derecho a decidir que nada de prospecciones?

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