urbanismo

Ciudades-islas

Gran Canaria y Tenerife son ciudades- islas. Lo son ya hace unos veinte años. Tal y como lo describía Federico García Barba hace ya tiempo, Tenerife “ha venido evolucionando en el último medio siglo hasta llegar a transformar su plataforma costera, relativamente llana, en un sistema metropolitano altamente urbanizado (…) Podría asimilarse a una especie de ciudad anular en la que conviven espacios urbanos con zonas de cultivos, todo ello pautado por una estructura viaria potente y una extensa red de barrancos que definen el desagüe territorial”. Esta definición podría aplicarse perfectamente a Gran Canaria. Y a Fuerteventura y Lanzarote, con algunas características estructurales diferenciales, por supuesto. El propio García Barba ha enfatizado –como otros urbanistas y arquitectos canarios, a los que no se ha prestado precisamente una atención exhaustiva desde el poder – que hay que superar un concepto casi mítico de isla – continentes diminutos donde todavía existen aficionados al desprecio de Corte y la alabanza de aldea – para poder ejercer un control real sobre su territorio, sus potencialidades económicas y su salud ecológica y medioambiental. Es difícil asumir que ya no vivimos en islas, sino en ciudades insulares, pero esa realidad debería permear las estrategias de desarrollo y de cohesión social del país de parte de los legisladores y de las administraciones públicas, si las hubiera o hubiese.

La realidad isla ciudad, con una densidad de población superior a 300 personas por kilómetro cuadrado (y creciendo) implica necesariamente cambiar praxis políticas, normativas y  modelos de organización administrativa. No podemos seguir creciendo turísticamente. Hemos llegado al límite y la actividad turística está empezando a vampirizar el crecimiento a largo plazo, no a impulsarlo, a exigir que, como sus empleados, seamos más pobres, no a posibilitar que podamos ser más ricos. No basta con poner un proyecto que ya cuenta con todos los permisos y bendiciones técnico-administrativas en información pública, penúltimo trámite procedimental para su definitiva aprobación, como anteayer les gritaba vergonzosamente el presidente del Cabildo de Fuerteventura, un tal Sergio Lloret, a los que en el último pleno de la corporación protestaban por la instalación de una “ciudad del cine” de la empresa Dreamland Studios en las proximidades de las dunas de Corralejo. “¡Presenten ustedes alegaciones!”, chillaba. Gracias al voto de calidad del tal Lloret el  Cabildo majorero aprobaba el expediente para declarar Bien de Interés Insular este proyecto privadísimo. Lo mismo ocurre con la muy selectiva Cuna del Alma en Tenerife o con el mesiánico Salto de Chira  en Gran Canaria. Es imprescindible la reforma de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común para que la información sobre proyectos o inversiones sea accesible antes de la última pase de su tramitación administrativa, en especial, cuando tales inversiones y proyectos evidencien, por su financiación, su extensión superficial, su volumetría o su actividad un impacto material relevante sobre el territorio y un impacto potencial sobre el medio ambiente.

Otra  reforma administrativa imprescindible – e inconcebible para los partidos políticos – consiste la simplificación del mapa municipal en Canarias. Es grotesco mantener 31 municipios para 2.000  kilómetros cuadrados en Tenerife, o 21 para 1.560 kilómetros cuadrados en Gran Canaria o 3 para 268 kilómetros en El Hierro. Menos burocracia municipal y más participación democrática y un Cabildo que sea el que finalmente apruebe o desapruebe –con el informe favorable o desfavorable de la Cotmac — proyectos como los citados anteriormente, ampliamente informados y con una mayoría reforzada para su autorización definitiva.  La isla ciudad debe tener una nueva gobernanza basada en la transparencia, la desburocratización y la prioridad de una protección inteligente del territorio.  

Publicado el por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

La pérgola de la ejemplaridad

Escucho con estupor unas declaraciones radiofónicas de Luis Yeray Gutiérrez, alcalde del ayuntamiento de La Laguna, sobre las irregularidades urbanísticas que ha constatado los servicios de inspección municipales en obras realizadas en su domicilio. No son comentarios malévolos ni chismes de portería: son hechos registrados en un informe oficial, en el que se señalan varias obras ilegales, tres legalizables y otra a la vez ilegal e ilegalizable. La denuncia del concejal Alfredo Gómez –elegido en la lista de Ciudadanos y actualmente en el grupo de no adscritos – se ha demostrado absolutamente exacta, por lo tanto,  y no puede empañarse ni por ese patético comunicado de la Concejalía de Urbanismo, donde Santiago Pérez se apresuraba a precisar pomposamente que las irregularidades encontradas en el domicilio del alcalde  “eran perfectamente legalizables”, como si se pudiera legalizar imperfectamente algo. Pues  bien, el señor Gutiérrez manifestó ayer, con tono contrariado, que era víctima de una campaña mezquina, si no ruin, cuyos impulsores han llegado al despropósito de solicitar su dimisión. Admitió que debería haber estado “más encima” (sic) de las obras realizadas en su vivienda, un chalet que adquirió no hace demasiado tiempo por cierto, pero que vamos, por hacer una obrita aquí, y otra allá, no se justifica este rebumbio.  Pero si hasta la pérgola – declaró – es desmontable. Ni siquiera la mandó a hacer de mármol de Carrara, era y es una cosa de quita y pon, como una peluca carnavalera. Todo este ambiente de persecución atrabiliaria y destructiva debería acabar para siempre en La Laguna, algo que él mismo ya declaró en su primer discurso como alcalde en julio de 2019.

Así, como por ensalmo, que un alcalde realice obras ilegales – aunque en su mayoría legalizables – en su domicilio particular es un asunto perfectamente normal que, como mucho, merece una mirada de ligero malestar. Pero qué despiste. A mí, en cambio, me parece que lo más positivo que se podría deducir de este comportamiento son señales de locura. De modo que usted adquiere una vivienda con su señora – que también es concejal y forma parte del gobierno municipal – y ni siquiera sabe que las obras que hace en su casa son ilegales y, en lo que se refiere a la pérgola de sus amores, ni siquiera legalizable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ignora el alcalde algo tan obvio y elemental? ¿No se siente compelido – para los pibes de la ESO, alcaldes o no: obligado – a extremar la corrección legal y normativa de su comportamiento en lo público y en lo privado? Lo más alarmante de las declaraciones de Gutiérrez es, precisamente,  la ausencia en las mismas de la más modesta noción de ejemplaridad. Como ha explicado Javier Gomá en su libro Ejemplaridad pública, uno de los síntomas más claros de la degeneración de nuestro sistema político es que los líderes y los gestores electos de lo público creen que no se puede exigir a su comportamiento más que al resto de los ciudadanos; en realidad, la tendencia general, como en el caso de La Laguna, es trasladar que se pida un poco menos. Pedir un poco menos a un alcalde que comete irregularidades urbanísticas en su propio domicilio es, por ejemplo, no molestarlo con tales boberías, no enjuiciarlo severamente, no denunciarlo con luz y taquígrafos en una sesión plenaria del ayuntamiento, no pedir explicaciones impertinentes, no verse forzado a pedir disculpas a sus vecinos, no zascandilear frente a un micrófono, no atreverse siquiera a hablar de dimisión.

Lo más curioso es que muy pocas horas después de la entrevista un juzgado de La Laguna, una vez que la Fiscalía no ve motivos para archivar las denuncias, anuncia que llamará para declarar al alcalde Gutiérrez y a otros cuatro concejales por la hipotética irregularidad de los contratos incluidos en la querella por el llamado caso Laykas. La persecución arrecia.

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Japa la japa

 

Cuando Alfredo Gómez, concejal no adscrito del ayuntamiento de La Laguna, acusó al alcalde-presidente de la corporación, Luis Yeray Gutiérrez, de haber cometido ilegalidades urbanísticas en obras ejecutadas en su domicilio familiar, algún genio incomparable y muchos pelotas infectos señalaron que el edil solo había mostrado unas fotos, no demostrado ninguna irregularidad. Cualquier persona con una minúscula formación en materia de reglamentación urbanística podría adivinar, con la mera imagen de las obras realizadas, que como mínimo se había incurrido en una ilegalidad, y en otros casos, en modificaciones que exigían comunicación previa a la Gerencia de Urbanismo. En todo caso el concejal Santiago Pérez, en su calidad de director de la Gerencia de Urbanismo, estaba obligado a ordenar una inspección. El informe de la Inspección Urbanística, fechado al pasado día 14, se hizo público ayer.

Los inspectores redactaron un documento bastante claro e inequívoco. Tres de las obras realizadas son ilegales, es decir, no contaron con título habilitante para ser ejecutadas, aunque pueden ser legalizables. En cambio, la colocación de una pérgola de madera de nueve metros cuadrados es ilegal y además ilegalizable.  En cuanto a las obras de ampliación –cerramiento de un balcón sobre parapeto y ejecución de escalera en terraza lateral –  el servicio de inspección no se pronuncia al estimar que no dispone de la documentación técnica necesaria, y por eso comunica al alcalde que dispone de diez días para aportar documentos y formular alegaciones. Por las fotos que se adjuntan al informe el espacio ganado gracias al cerramiento del balcón se destinó a un vestidor muy pinturero, donde el alcalde, entre otras cosas, debe guardar los chaqués de gala que se compró con dinero del contribuyente. Por supuesto, entre sus conclusiones el informe incluye iniciar un expediente de “restablecimiento del orden jurídico infringido”.  El alcalde Gutiérrez tendrá que demoler su romántica pérgola y tal vez pagar una multa.

Apostaría que el alcalde no tiene intención de dimitir. Santiago Pérez menos aun. Un amigo lagunero me apuesta, por su parte, que más pronto que tarde saldrá alguna foto que recoja la visita del concejal de Urbanismo en la casa de Luis Yeray Gutiérrez, cantando alguna folía bajo la pérgola del desengaño: “Japa la japa,/paloma mía/japa la japa/que viene el día./ Yo soy la espiga/yo soy el aire,/aunque no quieras/voy a buscarte”. Porque, por supuesto, lo que destaca de este escándalo  es un alcalde que infringe la normativa urbanística en su propio domicilio por sus sagradas gónadas y que no puede pretextar en ningún caso ignorancia al respecto, pero no debe quedar al margen, obviamente, un concejal de Urbanismo que no se entera ni ha querido enterarse de lo que hace el alcalde, como si el señor Gutiérrez viviera en Sebastopol.

Pero, sobre todo, esta desvergüenza es la marca de fábrica del vacío y anodino mandato de Luis Yeray Gutiérrez como alcalde de La Laguna. Lo que sobresale en su gestión –por usar una expresión hiperbólica — no es el desarrollo de un proyecto de crecimiento económico, racionalidad urbanística y cohesión social y territorial para el municipio. Gutiérrez no tuvo jamás ese proyecto ni, propiamente hablando, consensó y aplicó un programa de gobierno con sus socios, únicamente interesados en repartirse el poder y las canonjías y meter a sus mesnadas donde podían. Es un joven con una experiencia académica y profesional harto limitada que se vió deslumbrado por un cargo que le cayó encima como una lotería prodigiosa. Su síndrome no es sustancialmente distinto al de los anhelos y caprichos del nuevo rico. Comilonas, viajes, trajes, obras en un chalet con más de 150 metros cuadrados de terraza,  inauguraciones de obras y proyectos gestados casi siempre antes de julio de 2019, fotos, fotos, muchas fotos donde siempre aparece, es curioso, pellizcándose las uñas. Me parece que pronto se las comenzará a comer.

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Cuatro alcaldes

Los alcaldes de los municipios más poblados de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde) se han reunido para estudiar los retos de las grandes ciudades, han intercambiado información, han paseado por las calles laguneras bajo el sol de este otoño casi veraniego y al final han llegado a una sorprendente conclusión: quieren más perras. Sí, exactamente lo que están pensando: los dineros del IGTE están ahí y los cuatro alcaldes piensan que en el bosque de las Fecam igual se pierden. Dejemos a un lado el oportunismo (más o menos legítimo) de la reunión de estos concejales peripatéticos y sin un euro en el bolsillo. Lo realmente sorprendente es que, a estas alturas del milenio, no esté formalizado un espacio de debate y colaboración entre las grandes ciudades del Archipiélago. Si algo ha cambiado en los últimos treinta años en la dinámica de las economías urbanas. En el imaginario popular cuando se menciona Canarias aparecen bosques de laurisilva, playas de arena negra, volcanes, dunas, pinos. Creo que a la mayoría de los alcaldes y concejales comparten la misma imaginería simbólica, idéntico mapa mental. Y es un error palmario porque Canarias  — y sobre todo el futuro económico y social de Canarias – son actualmente, y ya para todo el futuro predecible, sus ciudades. Como ocurre con todo el planeta en el siglo XXI.  Desde hace ya tiempo deberíamos pensar y proyectar Canarias como un archipiélago de ciudades-islas.

¿De qué van a vivir las grandes ciudades canarias en las próximas décadas? ¿Cuáles son – si merecen ese nombre –sus estrategias de crecimiento y hasta que punto pueden ser razonablemente complementarias o sanamente competitivas?  ¿De verdad se supone que integrarse en la economía digital consiste en tener un ordenador conectado a Internet?  ¿Merece la pena ignorar que el contexto de la economía globalizada se están formando regiones transfronterizas que disponen como mecanismo económico de una emergente clase profesional de carácter transnacional? ¿Canarias puede aspirar un espacio propio en la reestructuración del nuevo regionalismo internacional y qué papel, precisamente, aspiran a jugar nuestras ciudades (al menos las mayores ciudades de las islas) en ese objetivo? En un futuro más bien inmediato, ¿cómo alterarán las nuevas tecnologías de la información el papel de la centralidad y, con ello, de las ciudades como entidades económicas? ¿No es hora de que sean las propias ciudades las que asignen recursos de I+D+I o al menos los gestionen y, en su caso, tutelen su relación con proyectos empresariales concretos? ¿Cuántas más eternidades se va prolongar un modelo operativo y de gestión municipal que es un lastre para la eficacia y la eficiencia de lo público?  Si a Canarias le queda alguna opción estratégica viable es precisamente, como ha señalado el profesor José Ángel Rodríguez Martín, la territorialización activa, en la cual las ciudades juegan un papel decisivo y articulador. Están bien que los cuatro alcaldes se paseen. Que hablen del IGTE y se manden una tapa de garbanzos. Pero que miren a su alrededor y consulten el calendario quizás sería más provechoso.

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