Del fondo de su chistera – o de su cachorro – el presidente Paulino Rivero ha extraído su penúltimo conejo: un referéndum para consultar a los ciudadanos canarios si aprueban o rechazan las prospecciones de Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Todavía no he leído ninguna reacción del PP – si bien cualquier reacción del PP es previsible – pero para mi estupefacción he detectado diversos riquirracas desde el PSC-PSOE, sin contar con los desfallecimientos de gozo de los paulinistas más despepitados del entorno presidencial. En realidad poco o nada tiene que ver esta iniciativa con la defensa medioambiental de Lanzarote o Fuerteventura, porque solo forma parte de la particular estrategia de Rivero para culminar el más obsesivo de sus afanes: su proclamación como candidato presidencial de CC para las elecciones autonómicas del año 2015.
Rivero sabe que, con el estatuto de autonomía en la mano, no puede convocar un referéndum, es decir, una consulta jurídicamente vinculante, aunque la mayoría absoluta del Parlamento canario apoye su celebración. No es el Gobierno de Rajoy quien debería autorizarlo, sino nada menos que las Cortes. Exactamente igual que en el caso de la reivindicación de la Generalitat catalana. Rivero juega, por lo tanto, a ser un poco de Mas para no ser menos. De la misma experiencia acumulada en la sociedad civil de Cataluña en los últimos años podría tomar ejemplo para organizar una consulta simbólica, una encuesta de valor político, ya que no jurídico. El Gobierno autonómico podría, por ejemplo, adherirse a una consulta organizada por ONG, o asociaciones ecologistas, o entidades vecinales, que evidenciaran el rechazo mayoritario a las ambiciones de Repsol en aguas isleñas. Si Paulino Rivero opta por el referéndum es, precisamente, sabiendo que se le impida realizarlo, pero no ignorando la cosecha de nuevos réditos de imagen pública y protagonismo mediático. Allí está, de nuevo, el David digno e impoluto contra el Goliat voraz y oleaginoso. He aquí un nuevo espacio de enfrentamiento con el Estado — ¿que se hizo de esa diligente advertencia al Rey y a la patria sobre los brotes soberanistas? — por una buena causa que nadie juiciosamente podrá discutir porque, como repite don Artur,  ningún canalla se opone a que se consulte a un pueblo. Y más (Mas) aun: ¿quién le puede negar su voto en el Consejo Político Nacional a aquel que abandera la voluntad de sus conciudadanos y está dispuesto a fundirse con el derecho a decidir que nada de prospecciones?