CC

El escándalo cotidiano

Algunos recordamos todavía – siquiera vagamente – que uno de los compromisos del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el PSC-PSOE era la reforma del modelo de elección del director general de la Radio Televisión Canaria y de sus órganos de gestión.  En la pasada legislatura  los socialistas se habían mostrado singularmente beligerantes contra el director de la RTVC, Guillermo García, por buenas razones que el transcurso del tiempo solo ha incrementado, cuantitativa y cualitativamente. Sin embargo está próximo a cumplirse el tercer aniversario de las últimas elecciones autonómicas y el proyecto de ley de reforma de la tele sigue reposando en un cajón, no se sabe  si del escritorio de José Miguel Barragán, de José Miguel Ruano o de Pepe Benavente. Los socialistas no se acuerdan ya ni del nombre del director del ente público.
–¿Le suena a usted Guillermo García?
–¿García?
–Willy.
–¿García o Willy dice usted?
–¿No le suena? García y García.
–¿Cómo?
–García Checa.
–¿Es checa y se llama Willy?
Es un incumplimiento flagrante del pacto que no perturba la digestión de José Miguel Pérez. Nada perturba política ni fisiológicamente al profesor Pérez, que ha creado la teoría y la praxis de un budismo socialdemócrata ajeno a los males de este mundo: en la voluntad anida la infelicidad y lo mejor es suprimir cualquier impulso volitivo para que la Consejería de Educación siga en manos de un militante socialista. Quizás a los actuales dirigentes del PSC-PSOE lo único que les queda, una vez liquidado su programa, su aspiración de mayoría política, su renovación organizativa y su implicación con la sociedad civil es, precisamente, su modesta, cataléptica, susurrante  participación en el Ejecutivo regional.
La continuidad de Guillermo García al frente de la televisión autonómica, después de sus burlas, desaires y secretismos frente al Parlamento y a su propio consejo de administración, después de los malolientes informes de la Audiencia de Cuentas y de su reprobación por la Mesa de la Cámara, supone un escándalo. Un escándalo cotidiano a la que el relato político isleño se ha habituado, como los hombres y mujeres del Medievo estaban acostumbrados a la peste bubónica.

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Un referéndum a la medida

Del fondo de su chistera – o de su cachorro – el presidente Paulino Rivero ha extraído su penúltimo conejo: un referéndum para consultar a los ciudadanos canarios si aprueban o rechazan las prospecciones de Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Todavía no he leído ninguna reacción del PP – si bien cualquier reacción del PP es previsible – pero para mi estupefacción he detectado diversos riquirracas desde el PSC-PSOE, sin contar con los desfallecimientos de gozo de los paulinistas más despepitados del entorno presidencial. En realidad poco o nada tiene que ver esta iniciativa con la defensa medioambiental de Lanzarote o Fuerteventura, porque solo forma parte de la particular estrategia de Rivero para culminar el más obsesivo de sus afanes: su proclamación como candidato presidencial de CC para las elecciones autonómicas del año 2015.
Rivero sabe que, con el estatuto de autonomía en la mano, no puede convocar un referéndum, es decir, una consulta jurídicamente vinculante, aunque la mayoría absoluta del Parlamento canario apoye su celebración. No es el Gobierno de Rajoy quien debería autorizarlo, sino nada menos que las Cortes. Exactamente igual que en el caso de la reivindicación de la Generalitat catalana. Rivero juega, por lo tanto, a ser un poco de Mas para no ser menos. De la misma experiencia acumulada en la sociedad civil de Cataluña en los últimos años podría tomar ejemplo para organizar una consulta simbólica, una encuesta de valor político, ya que no jurídico. El Gobierno autonómico podría, por ejemplo, adherirse a una consulta organizada por ONG, o asociaciones ecologistas, o entidades vecinales, que evidenciaran el rechazo mayoritario a las ambiciones de Repsol en aguas isleñas. Si Paulino Rivero opta por el referéndum es, precisamente, sabiendo que se le impida realizarlo, pero no ignorando la cosecha de nuevos réditos de imagen pública y protagonismo mediático. Allí está, de nuevo, el David digno e impoluto contra el Goliat voraz y oleaginoso. He aquí un nuevo espacio de enfrentamiento con el Estado — ¿que se hizo de esa diligente advertencia al Rey y a la patria sobre los brotes soberanistas? — por una buena causa que nadie juiciosamente podrá discutir porque, como repite don Artur,  ningún canalla se opone a que se consulte a un pueblo. Y más (Mas) aun: ¿quién le puede negar su voto en el Consejo Político Nacional a aquel que abandera la voluntad de sus conciudadanos y está dispuesto a fundirse con el derecho a decidir que nada de prospecciones?

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El acróbata

Todo el mundo puede recordar como el presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, envió una carta al Rey de España para advertirle de los “brotes soberanistas” que la gravísima situación social y económica del archipiélago estaba alimentando. Que un nacionalista considere que el soberanismo sea motivo de alarma resulta bastante asombroso, por no decir chiripitifláutico, pero Rivero consiguió su anhelada reunión en el Palacio de la Zarzuela, y a la salida, proclamó muy ufano que Canarias “ya estaba en la agenda de la Casa Real”. La expresión carece de cualquier sentido político. El jefe del Estado, en esta averiada monarquía parlamentaria,  carece de cualquier poder ejecutivo. El Rey no tiene sensu stricto ninguna agenda política: eso es, constitucionalmente, un contrasentido. Lo del presidente canario es un titular más de la incansable  factoría Rivero, porque don Paulino estima que día que no ha marcado con sus titulares el territorio zoológico de la Presidencia es un día perdido. El contenido semántico del titular es indiferente. Lo importante es que se escuche la voz del trueno estremeciendo las portadas y los micrófonos temerosos de Dios.
Al cabo de una semana se discute en el Parlamento esa reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que tanto coalicioneros como socialistas saben, desde el primer momento, que quedará destrozada contra los riscos de la mayoría absoluta del PP en las Cortes. Y el presidente del Gobierno toma la palabra y expectora un nuevo titular cincelado lapidariamente por sus brillantes escribas. Es necesario un nuevo Estatuto de Autonomía, como es imprescindible un nuevo REF, para que no se prolongue “el trato colonial a Canarias”. Trato colonial, dice el estadista alarmado por la creciente desafección de los isleños hacia el Estado español. Y apenas 24 horas más tarde el anticolonialista presidente recibe sonriente al Príncipe de Asturias y le acompaña mañana y tarde en regocijadas inauguraciones en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Paulino Rivero consuma estas transformaciones súbitas sin necesidad de disponer de una cabina telefónica como la que usaba supermán. Ni falta que le hace. Rivero no vive en Las Palmas, en Santa Cruz o en El Sauzal. Vive instalado intrauterinamente en un titular perpetuo. Salta de titular en titular como un poeta dadaísta en taparrabos. Lo único censurable es que Canarias no necesita un acróbata epiléptico obsesionado por seguir bajos los focos en el centro de la pista. Un presidente, en cambio, no vendría mal.

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Animalario

Anteayer un grupo de guiris con aspecto hiperbóreo sacaban fotos del jardincillo del Parlamento de Canarias, por donde deambulaban varios diputados y alguna exconsejera del Gobierno autonómico, todos con el móvil incrustado en la oreja y gesticulando con histrionismo democrático, es decir, sin grandes aspavientos. Los turistas se marcharían luego al Loro Parque, pero actuaban en ese momento exactamente igual que ante la acristalada jaula de los gorilas. Si no le tiraron cacahuetes para comer es porque en la excursión no figuraba ningún niño o porque sus señorías lucían una nutrición más que aceptable. La exconsejera fue la favorita de las cámaras. Siempre fue fotogénica, sobre todo cuando no sonreía y nos libraba de su dentadura caballuna. Y en ese momento no lo estaba haciendo.
Muchos apuestan ya porque el pacto regional entre CC y el PSOE no llegará a las elecciones europeas. Ahora mismo toca apretar los glúteos marcialmente y aprobar el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad autonómica. Después amanecerán las vacaciones navideñas que se utilizarán como una trinchera repleta de turrones y mazapanes y luego enero dirá, o quizás febrero, el mes que se han regalado nuestros diputados de vacaciones parlamentarias. Hace tiempo – reinaba sin gobernar, como a él le gustaba, Juan Carlos Alemán – que el PSC-PSOE ya no era un partido sólido y cohesionado. Bastaba con un poco más de degradación y, sobre todo, con desembarcar en el poder autonómico, para activar las contradicciones y tribalismos y ese taifismo se convirtiera en material explosivo. Desde siempre CC ha demostrado su incapacidad para construirse como una fuerza única que superara los menceyatos insulares. CC como una fuerza unitaria es una contradicción en sí misma. A un partido que ha dejado de serlo y a otro que nunca lo ha sido llegaron, en el peor momento, dos dirigentes alérgicos a los equipos, al debate interno, a lucidez programática, a todo lo que no sea cálculo electoral alicorto y avestrucista. Lo que quiere ahora mismo la mayoría del PSC es pactar con el PP en todas las corporaciones donde pueda arrebatarle el poder a Coalición y dejar en una minoría diariamente lapidada al último Gobierno de Paulino Rivero. El PP está encantado.
Creemos estar ahí fuera. Viendo a través de la verja a este grotesco y repugnante animalario y a sus luchas por la comida y el apareamiento, pero es al revés, turistas de nosotros mismos: son ellos los que nos tiran cacahuetes y nos observan con extrañeza. ¿Electores dices? ¿Y son ciudadanos? Qué bichos más raros.

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La hora de la censura

El profesor Santiago Pérez ha publicado, en el diario canariasahora, un muy interesante artículo sobre la denominada ley antitránsfugas, que es la que se intentó poner en marcha en Tacoronte, por parte de las direcciones federal y regional del PSOE, para evitar la moción de censura que ha desplazado al hasta hoy alcalde, Álvaro Dávila. El planteamiento inicial de Santiago Pérez es (creo) irreprochable. La ley antitránsfugas corre el riesgo de convertirse en un instrumento más al servicio de las élites de las organizaciones políticas, y unos militantes que no han intentado abandonar el partido no se transforman automáticamente en tránsfugas por la decisión de echarlos. En todo caso los militantes deben tener garantizados sus derechos como tales: no se les debe, al menos en una organización que presuma de democrática, tratar como agua sucia que no tiene ni la primera ni la última palabra.
Sin embargo, en sus consideraciones posteriores, opino que el profesor Pérez se equivoca y lleva (o arrastra) el debate conceptual de la normativa jurídica al terreno de sus convicciones políticas y éticas en el caso de Tacoronte. Primero, el pacto entre CC y PSC-PSOE firmado en 2011 nunca pretendió ser un acuerdo en cascada, porque la praxis política regional de los últimos treinta años ha demostrado que tal ambición estratégica es insostenible, y ahí está el ejemplo de Granadilla, donde gobiernan socialistas y conservadores desde el comienzo del mandato, para demostrarlo. En segundo lugar, las mociones de censura son, por supuesto, y tal y como sostiene Santiago Pérez, un mecanismo legítimo, aparte de legal, para remover mayorías de gobierno. Pero las mociones de censura – ni siquiera las que se presentan contra alcaldes coalicioneros – no resultan meramente expresión de la excelsa libertad de concejales que quieren volar por su cuenta. A veces los que se echan a volar – el mismo Pérez lo sufrió varias veces como dirigente socialista — son verdaderos pájaros, y al respecto de Tacoronte, será muy interesante conocer los contratos y adjudicaciones que se ejecuten a partir de ahora por la Concejalía de Asuntos Sociales, particularmente, los referidos a la asistencia domiciliaria. Por último es difícil compartir ese punto de vista, tam rotundamente expresado por don Santiago, según el cual la ideología del adversario político — entiéndase siempre CC — se reduce a la obsesión por el poder. Es una acusación particularmente curiosa en la escena tacorontera cuando el adversario, que ganó las elecciones, es apeado por los que las perdieron. Buscar el poder no es una ideología: es el incentivo básico de los partidos en los sistemas de representación democrática.

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