desempleo

Tomarse el desempleo en serio

La pregunta es muy interesante. Si el Producto Interior Bruto de Canarias lleva incrementándose por encima de la media española en los últimos tres años (un 2,2% en 2014, un 2,8% en 2015, un 3,8% en 2016), ¿por qué las islas registran una escandalosa tasa de desempleo que no ha podido descender del 25% y que en referencia al paro juvenil supera nada menos que un 54%?  El Partido Popular ha encontrado una respuesta sencilla y satisfactoria: la culpa es del Gobierno de Canarias, que lo tiene todo a su favor, pero que gestiona mal. Para superar esta sencilla pero enojosa situación, el PP, y más exactamente, su presidente regional, Asier Antona, ha ofrecido lo que llama una “agenda de reformas”, poniendo amablemente a su organización política al servicio de la misma, si Fernando Clavijo y sus compañeros tienen a bien asumirla. ¿Las reformas? Pues bajar los impuestos, reducir burocracia, internacionalizar los sectores productivos canarios (sic), promocionar las bondades del REF en el exterior, reformas las políticas activas de empleo, llevar la banda ancha hasta el último rincón del Archipiélago. No, no es broma.

La mayoría de estas pequeñas y relumbrantes panaceas se vienen escuchando en los últimos veinte años como un canto gregoriano de monjes sonámbulos, a veces interpretadas por el PP, otras por CC y, de vez en cuando, por el PSC-PSOE. Son mantras que en su mayoría resultan absolutamente inservibles para entender  — no digamos ya para solucionar – los problemas básicos de la economía canaria, sobre todo, el alto desempleo crónico, los bajos salarios, la exclusión social y la creciente desigualdad. Ni bajando sustancialmente los impuestos, ni reduciendo funcionario ni desplegando campañas sobre el REF en las capitales europeas se va a conseguir absolutamente nada. Porque los desajustes, disfunciones y fracasos de la economía canaria – y la resignada catástrofe de su mercado de trabajo — tienen otras raíces. Tal y como explica Juan Francisco Jimeno, la ampliación de las oportunidades de trabajo y el aumento del PIB dependen conjuntamente de un cúmulo de factores que se interrelacionan de manera compleja. Por eso una región alemana, creciendo a un 1,5%, crea más empleo que Canarias, creciendo un 3,8%. La variable que intercede entre incremento del PIB y creación de puestos de trabajo es la productividad. Solo una productividad creciente – que implica necesariamente la multiplicación de actividades empresariales que generen valor añadido – puede garantizar un crecimiento económico que genere empleo y un empleo que impulse el crecimiento económico. Y ocurre que la productividad en la economía insular es terriblemente baja y no ha dejado de decrecer en los últimos quince años. La construcción y la actividad turística no estimulan (sobre todo en el primer caso) el alza de la productividad. Y esta situación no cambiará hasta que sean reconocidas, asumidas y analizadas algunas verdades desagradables: nuestras empresas son demasiado pequeñas y demasiado ineficientes, la energía que necesitamos demasiado cara, nuestro mercado de trabajo está mediatizado y comprimido por la dualidad contractual, nuestra política educativa – desde las universidades hasta la formación profesional y ocupacional – ha fracasado, unas élites extractivas han sido las principales beneficiarias de los fondos europeos y han evitado con terror cualquier riego inversor bajo el paraguas de las ayudas y exenciones proporcionada por instrumentos como el REF y la Reserva de Inversiones, y en este contexto, obviamente, es inimaginable cualquier esfuerzo inversor, público o privado, en investigación, desarrollo e innovación.

Es muy improbable que ninguna fuerza política – nueva o vieja – esté dispuesta a metabolizar una situación tan puñeteramente compleja, dolorosa y arriesgada.  Ni intelectual, ni operativa, ni políticamente se toman el desempleo en serio. No digamos el PP de Asier Antona.

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Panes y peces presupuestarios

En su momento de mayor gloria político-electoral (correspondiente a los gobiernos de Manuel Hermoso, Román Rodríguez y Adán Martín) Coalición Canaria protagonizó una reactualización del secular pacto entre las élites políticas canarias y el Estado español: a cambio de lealtad institucional ventajas presupuestarias, legislativas o fiscales, a lo que se sumaba la renta de situación que suponían los fondos de la Unión Europea. La progresiva debilitación electoral de los coalicioneros (han pasado de cuatro diputados en los noventa a un solitario escaño) y el cambio del ecosistema político español desdibujaron ese papel. El grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados representaba un instrumento político de orden estratégico y sus escenificaciones y frutos legitimaban al peculiar y muy pragmático nacionalismo de CC. Quizás por eso, después de  dos legislaturas y media de atonía pactista, y al encontrarse Mariano Rajoy urgido por articular una mayoría suficiente en la Cámara Baja para aprobar los presupuestos generales del Estado, Coalición se ha apresurado a proclamar que el proyecto de Cristóbal Montoro es “magnífico” para los intereses de Canarias, y aun más, que se trata de unos presupuestos “históricos”, porque por primera vez se cumple con que la inversión en la Comunidad autonómico llegue a la media española por habitante. Montoro ha reconocido la ultraperificidad de Canarias, su REF sacramentalmente seccionado del sistema de financiación autonómica, su condición insular, su origen volcánico, la sabrosura del mojo, la originalidad de las letras de las murgas y la temperatura primaveral de nuestros luminosos inviernos.

El entusiasmo de CC por el proyecto de ley presupuestario es tal vez comprensible, pero imprudente. El PNV está a punto de cerrar un acuerdo con Rajoy, que incluye ventajosas reformas y renovadas garantías respecto al cupo vasco, no revisado desde 2007, que se elevan a un monto superior a los 1.600 millones de euros, y el señor José Eskoreka no se ha puesto de llorar de emoción ni ha agradecido al Gobierno central la generosidad de haber redimido a Euzkadi. Pontificar solemnemente que “Madrid cumple”, aunque se suponga que es gracias a la perseverancia negociadora de CC, deviene simplemente coronar al PP como la fuerza política más comprometida con las islas. Así Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo regional corre el riesgo de que Asier Antona lo califique maliciosamente – y así lo ha hecho — como “el mejor delegado del Gobierno de España en Canarias”. Es difícil imaginar a un nacionalista recibir un (envenenado) piropo semejante.

Y también es una imprudencia (o una cierta insensibilidad ante el cambio de clima político) considerar que apoyar a Mariano Rajoy en medio de la gusanera vomitiva de la corrupción – que en sí misma supone un ataque en toda regla al sistema democrático – será ampliamente comprendido porque Canarias va a disponer de unos 220 millones de euros más para su financiación en la segunda mitad del año en curso. Entre 1995 y 2010, aproximadamente, esta comunidad dispuso de muchos miles de millones de las antiguas pesetas para sostener la actuación del Plan Integral de Empleo o para alimentar el siempre hambriento Plan de Carreteras, y después de semejante maná presupuestario, el desempleo sigue situado por encima del 25% de la población activa, el paro juvenil sobrepaso y la productividad no deja de caer, y la precariedad crece y los salarios no se recuperan, y el consumo interno apenas se levanta temblequeante. El 43% de los jóvenes de menos de 25 años no tienen trabajo. Los ciudadanos isleños se han vuelto muy razonablemente escépticos sobre los efectos taumatúrgicos de las negociaciones presupuestarias.

Los ciudadanos isleños, al igual que los del resto de las comunidades autonómicas, han visto recortados sus derechos laborales, han caído en un precariado laberíntico, han sufrido el mantenimiento o incremento de la presión fiscal, han comprobado el desprecio brutal –cuando no la beligerancia  — del Gobierno conservador contra la libertad de expresión, han padecido las consecuencias del estrangulamiento de la financiación de los servicios sanitarios y asistenciales, han levantado acta de defunción de la ley de Dependencia, han perdido becas o se han debido a resignar a abandonar proyectos de investigación científica y tecnológica porque no les soltaban un duro, y se les antoja sumamente improbable que estas circunstancias – y las decisiones políticas que las han creado – cambien en lo principal porque la Comunidad canaria mejore sustancialmente su financiación. No se trata de negar la importancia de los fondos conseguidos para las islas en el proyecto presupuestario, sino de alertar sobre el mecanicismo implícito en la suposición de que el incremento de recursos financieros deriva venturosamente hacia la satisfacción de los intereses generales y la prosperidad económica. Una estrategia económica nunca funciona con piloto automático. En todo caso la batalla interminable (y publicitada hasta la náusea) por la mejora de las asignaciones presupuestarias a cargo del Gobierno central debería estar inserta en una estrategia coherente, flexible y abierta que – no estaría mal leer y escuchar a economistas como el profesor José Ángel Rodríguez – descarte éxitos del pasado, como la construcción desaforada y la promoción inmobiliaria, evite improvisaciones aguijoneadas por urgencias,  seleccione programas, acciones e iniciativas de carácter estructurante en el sistema económico canario, identificando servicios y productos con efectos multiplicadores y promueva el arraigo de prácticas orientadas a desarrollar  redes asociativas y de cooperación. Los objetivos no son demasiado discutibles: crear empleo de calidad, estimular actividad empresarial que genere valor añadido, levantar la productividad, recuperar la cohesión social, emprender reformas educativas inaplazables, introducir nuevos criterios de profesionalidad y rentabilidad en las administraciones públicas para conseguir mayor eficacia y eficiencia, atraer recursos públicos y privados a las universidades y al desarrollo de programas de investigación, desarrollo e innovación, avanzar para una implementación de un auténtico mix de energías alternativas en el archipiélago.

Coalición no está apoyando los presupuestos de un Gobierno moderado y auroral como era el de José María Aznar en 1996, al que su entonces portavoz en la Cámara Baja, José Carlos Mauricio, llegó a advertir “estaremos vigilantes para que no abandonen el camino del centro político y la negociación”. Está avalando con su voto a un Gobierno abierta y activamente derechista, que ha practicado una dolorosa devaluación interna desde una concepción patrimonial de las administraciones públicas y una voluntad inequívoca de rechazar la aconfesionalidad del Estado y sustituirla por una redivida cultura nacionalcatólica.  Las pruebas de una corrupción cuasiestructural en el seno del PP – muchos de cuyos dirigentes han funcionado como cuadrillas extractivas de las arcas públicas – se suceden diariamente: detenciones, registros domiciliarios, investigaciones policiales, procesamientos, declaraciones escandalosas, encarcelamientos.  Se trata de una honda crisis política que puede llegar a desembocar en una crisis de Estado. Y la gente suele construir sus interpretaciones – y reaccionar emocionalmente – por lo que ve  y nota cotidianamente en su piel, no por lo que es incapaz de ver: esos cientos de millones que llegan en la oronda panza de los presupuestos generales del Estado, la dorada llave de una felicidad inimaginable pero siempre postergada.

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Monótonamente chungo

A servidor le provoca un profundo sentimiento de zozobra y retortijón contemplar como la vicepresidenta y consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, anuncia como nuevos programas estrella de su departamento  artilugios administrativos que consisten básicamente (y de nuevo) en estimular la contratación laboral a través de subvenciones a las empresas. Más treinta años lleva Canarias – como España – tirando de subvenciones y descuentos fiscales a los empresarios que contraten trabajadores en determinadas condiciones y los indescriptibles resultados están a la vista. En nuestras ínsulas baratarias se cumplen ya ocho años ininterrumpidos con un desempleo superior al 20% de la población activa (actualmente supera el 27%) y casi un lustro con un paro superior al 50% entre los menores de 25 años. La señora Hernández, como cualquier político canario que se precie, ha mostrado su indignación por el estrangulamiento financiero del PIEC por el Gobierno de Mariano Rajoy, otra noble causa. Lo cierto es que soy incapaz de calcular el coste presupuestario del Plan Integral de Empleo de Canarias desde los dorados años noventa hasta la Crisis del Fin del Mundo, pero suman, sin ninguna duda, varios cientos de millones de euros. Riegue usted a empresarios, sindicatos y agencias de colocación con un chorro de docenas y docenas de millones de euros durante una década prodigiosa para alcanzar una de las tasas de desempleo más altas (y cronificadas) de la Unión Europea. Y luego aparezca con un apaño similar, nutrido por la misma y fracasada filosofía subvencionera, pero limitada ahora a unos humildes trece millones de euracos. Y sonría en la foto, por favor. Con modestia. Como si supieras que, simplemente, estás haciendo lo que debes hacer.
No, no se hace lo que debe hacerse. No se reforma realmente la legislación laboral para implantar un contrato único y acabar con la dualidad brutal del mercado. No se articula y desarrolla una red pública o con capital mixto de guarderías que permitan que las madres jóvenes puedan trabajar. No se negocian esquemas de flexibilidad laboral ni se corrige el disparatado horario de trabajo en España. No se ha planteado una auténtica reforma de la FP ni se le ha dotado de los medios económicos y técnicos imprescindibles desde tiempos inmemoriales. Ni siquiera se han podido consensuar las políticas de empleo y las políticas sociales entre las distintas administraciones para maximizar los recursos disponibles y transformar en acciones y programas realmente transversales las políticas públicas. El problema del desempleo crónico en Canarias es estructural y no se corregirá, siquiera ligeramente, con trece millones de euros en subvenciones. Es que ni siquiera es chachi, como diría la señora consejera. Al contrario: es bastante chungo, colega.

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Es brutal

Me ocurre con Patricia Hernández, vicepresidenta y consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno autonómico, que cada vez la entiendo menos. No la culpo. Cuando solo era senadora (primero) y diputada (después) de su simpática jerigonza siempre se podía extraer un tono crítico. Uno sabía, siquiera intuitivamente, por donde iba su propósito expresivo: apuntillar la maldad intrínseca de la derecha, fuera sólida, líquida o gaseosa. Ahora, obviamente, no puede criticar al Gobierno del que forma parte, aunque está en perfectas condiciones retóricas para hacerlo.
–Y dice la vicepresidenta y consejera de Empleo y Políticas Sociales que la lista de dependencia en Canarias “es brutal”. ¿No se le ocurre otra cosa, señora consejera?  ¿Y el desempleo? ¿Cómo califica usted un desempleo que sigue sin bajar de un 29% de la población activa? Brutal, verdaderamente brutal, es la impotencia que demuestra usted desde el pináculo de la Vicepresidencia…
Me la imagino sosteniendo un discurso como ese, más o menos. Pero desde el pasado julio no. Desde el pasado julio a Patricia Hernández, en el Gobierno, se la entiende mucho menos, y su voz cabalga angustiada sobre los dubitativos eeeeeeeeeeeehhh… del que no se opone indignada o jacarandosamente, sino que debe gobernar una ingrata realidad. Es muy enojoso. La mayor contribución que hasta la fecha ha aportado la señora Hernández al Ejecutivo es de carácter semántico y consiste en introducir pequeñas dosis cachanchánicas en el discurso público. Por ejemplo, por supuesto, lo de brutal:
– El desempleo desciende muy lentamente en Canarias.
–Es brutal, sigue siendo brutal. Y la calidad no es buena. Me refiero, eeeeeeeeeeeehhh, a la calidad del empleo, que no es buena, es decir, que podría ser mejor y trabajamos porque sea mejor…
–¿Y la vivienda pública?
–Resumidamente: brutal. La situación es brutal, aunque detectamos un cambio de tendencia…
Líbrenme los dioses socialdemócratas de pretender meterme en las complejas sutilezas del buen gobierno, pero, simplemente, y como mera sugerencia, expongo aquí algunas locuciones que estimo que se adaptan a las necesidades de la Vicepresidencia y pueden servir como recursos para una comprensión más cabal de lo que se está haciendo en beneficio de la ciudadanía:
–La política social que desarrollamos está guay, aunque puede mejorarse a tope.
–Mi equipo de técnicos es del copón parriba.
–Nuestros programas asistenciales molan mazo.
–El parque de vivienda pública será de alucine en 2017.
–Soy una vicepresidenta responsable, pero molona.
–La situación de la dependencia en Canarias será flipante o no será.
–Los presupuestos de mi área son siempre insuficientes, pero están debuten.
–Yo sería una secretaria general de lujo, pero que decidan los militantes…
– Dentro de tres años las ayudas a la reinserción social no serán cojonudas, sino lo siguiente.

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Algunas propuestas sencillas

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha calculado en unos 200.000 los canarios en situación de desempleo que no reciben absolutamente ningún apoyo económico de las administraciones públicas y la cifra coincide poco más o menos con las de instituciones públicas, organizaciones empresariales o fuerzas sindicales. Para cada una de esas 200.000 personas el día comienza con una pregunta elemental: qué va a comer hoy, qué podrá poner hoy en la mesa a sus hijos. Mantener a decenas de miles de personas angustiadas cada día porque deben encontrar cómo llenar el estómago no solo es política y moralmente indigno, es económicamente estúpido y socialmente peligroso. Una parte sustancial – aunque muy probablemente no mayoritaria – de ese ejército de reserva laboral sobrevive, en parte, gracias a apaños y chapuzas que se engloban en la economía sumergida. Canarias tiene ahora y en los próximos años un grave problema: un contingente de entre 200.000 y 225.000 personas que difícilmente obtendrán un empleo en la economía formal, es decir, un nivel de pobreza estructural e insalvable, un gueto donde conviven estadísticamente cincuentones y veinteañeros con unos efectos brutales sobre el consumo, la productividad o la cohesión social. ¿Medidas? Sí, sí las hay, aparte del objetivo fundamental (y complejo) de mejorar la empleabilidad de los afectados a través de la formación ocupacional. Hace un par de años los amigos de la web politikon.es  debatieron sobre estrategias y medidas para redistribuir renta y atacar la pobreza, con una eficacia o rendimiento basadas en la evidencia empírica. He aquí algunas de las señaladas que creo que no resultan ajenas a nuestros problemas.

1. Créditos fiscales. Cualquier persona que esté trabajando recibe un crédito fiscal. En Estados Unidos este programa es llamado Earned Income Tax. El monto del crédito disminuye conforme aumentan los ingresos. La medida estimula el curro, no crea incentivos perversos, el dinero va dirigido a quien más lo necesita, mueve a  la emergencia de actividades en economía sumergida…Y pueden añadirse suplementos crediticios en caso de hijos o ancianos dependientes.
2. Guarderías y educación infantil. Una política social prioritaria. Sí, recuperar y aumentar las inversiones en I+D universitaria es importante, pero a efectos de igualdad de oportunidades y futuro educativo y cultural de los hijos de padres de rentas bajas meter dinero en guarderías y en educación infantil (hasta los 3 años) supone la inversión pública con mejor retorno, por no hablar de la conciliación de la vida laboral y familiar (a favor, sobre todo, de las mujeres).
3. Alargar el año escolar: más horas lectivas anuales. La información disponible evidencia una mejora el rendimiento y las notas de los alumnos de clases medias y trabajadoras.
4. Reforma fiscal: sobre todo eliminar deducciones. Se puede recaudar más dinero más sencillamente sin aumentar tipos impositivos (unos 15.000 millones de euros anuales suplementarios) suprimiendo la mayoría de las deducciones fiscales.
5. Reforma del mercado laboral: implantación del contrato único con indemnización creciente para acabar con la dualidad del mercado laboral, manteniendo el salario mínimo interprofesional y fortaleciendo jurídicamente la negociación colectiva.

Son cinco medidas extremadamente razonables, operativamente sencillas, políticamente capaces de sumar muchos apoyos dentro y fuera de parlamentos y ayuntamientos. Porque en Canarias, quizás, solo quizás, haya que dejar de pensar prioritaria y obsesivamente en grandes inversiones de obra pública — carreteras, carreteras, carreteras — como método infalible para crear (no se diga mantener) puestos de trabajo.

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