economía

Cambio de cultura

Este frío ligero, un frío casi confortable, casi pret a porter, es el envoltorio real para cierto ejercicio de realismo brutalista, que es en rigor lo que necesita Canarias. Da grima escuchar a algunos que la única esperanza de cambio es un sujeto cínico, oportunista y victimista – mi niiiiñoooooo — que destruirá las pocas oportunidades de una izquierda electoralmente derrengada. En el espacio público no se habla casi nunca de los problemas estructurales de la sociedad canaria. Ayer, en las barras de cafeterías y baretos, el asunto central de debate era los 200 euros que el Gobierno central ha prometido dar a las familias que perciban menos de 27.000 euros anuales para ayudarles a comprar comida. Yo escuchaba todos los comentarios y curiosidades con una profunda sensación de vergüenza y un poco de asco. Asco de padecer un Gobierno con vocación de tratar a los ciudadanos como pordioseros. No está mal para el país triunfal, resilente y próspero que está construyendo Pedro Sánchez.

A veces siento que no estoy viviendo en Canarias, sino en la Argentina. Los argentinos – como los venezolanos – han mantenido durante generaciones una fe inconmovible en la riqueza del país y de esa convicción han derivado su propia riqueza colectiva e individual. Ah, si esto estuviera mejor distribuido, yo tendría que esforzarme aún menos de lo que hago: el corolario de peronistas y chavistas, tarados criminales y miserables que han destrozado ambos países. En Canarias en los últimos años nos deslizamos por una pendiente ideológica similar, y ni siquiera tenemos petróleo, ni gas, ni hierro ni infinitas praderas para el cultivo cerealero y el pastoreo de millones de vacas. En el caso de Canarias ni siquiera el país es rico. Nunca lo ha sido, aunque cueste metérselo en la cabeza a una izquierda mayoritariamente grillada y que no está dispuesta a que la realidad le estropee su bella empatía.

El PIB de Canarias en 2021 fue de unos 42.650 millones de euros. Este año finalizaremos con un Producto Interior Bruto sobre los 44.500 millones de euros aproximadamente. Unos 3.000 millones de euros menos que lo conseguido en el año 2019: todavía no nos hemos recuperado hasta los niveles precovid. Esos 47.183 millones de 2019 es nuestro record histórico. En 2008 –antes de la crisis financiera que quebrantó la convergencia con la media española y la de la UE en términos que aun ni se comprenden ni se asumen – el PIB era de 42.300 millones de euros. En seis de los últimos quince años el PIB arrojó cifras negativas: sumamos menos productos y servicios. El PIB per cápita es horroroso: terminaremos este 2022 con unos 20.300 euros, frente  a los 21.252 de 2019.  Y esa cifra de 2019 es muy similar a la de 2007, cuando se alcanzaron los 21.000 per cápita. En la práctica, e incluso suprimiendo el impacto de la pandemia, el PIB per cápita de Canarias está congelado hace más de quince años. La productividad se encuentra en un lugar peor: lleva estancada desde principios de los noventa  con lo que significa semejante barbaridad en términos de eficacia, eficiencia y competitividad. Estos y no otros son los rasgos estructurales de la economía canaria ausentes del discurso político dominante. Corregirlos no es condición suficiente, pero sí condición necesaria para crear empleo estable y mejorar la empleabilidad, para reducir la pobreza severa y la marginalidad, para garantizar la cohesión social y la sostenibilidad de los servicios públicos, para diversificar la actividad económica. Ya basta de servidumbre, resignación, ignorancia y limosneo. Con datos como los comentados ningún país, ninguna comunidad,  puede esperar un futuro soportable.  Con esos datos caminamos hacia un fracaso histórico. A Canarias le urge un cambio en su cultura política, empresarial, ciudadana. Debe aprender a verse a sí misma como es, no como se sueña, se representa o se fantasea y reconocer sus fracasos, sus taras, sus inercias letales, su necesidad de exigirse a sí misma no menos de lo debe exigirle al Estado.  

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Las nuevas especificidades

Leo que el próximo sistema de financiación autonómica “mimará” las especificidades canarias. Eso está muy bien. Las especificidades descienden en línea directa – no conceptualmente, pero sí como estrategia económica y de legitimación del bloque de poder en Canarias– de las peculiaridades que defendían los puertofranquistas a mediados del siglo XIX. Hay que proclamar bien alto las especificidades que dios o el diablo nos dieron y así figuran en lo más alto de la agenda política regional. Las especificidades canarias son un emblema: la versión local del santo grial que hay que arrancar de las manos de los sarracenos. Desde luego, no es muy inteligente negar su importancia, pero ha llegado el tiempo de atender a las especificidades que se han consolidado en Canarias en las últimas décadas: un alto desempleo estructural que en los mejores coyunturas no ha bajo del 10% de la población activa, una productividad vegetativa y en picado, un universo empresarial fragmentado en miles de pequeñas o diminutas empresas, una actividad económica con bajísima creación de valor añadido, una desigualdad de rentas creciente, una internacionalización puno menos que frustrada, una situación medioambiental que emite señales preocupantes de degradación. Ciertamente se han creado servicios educativos, sanitarios y asistenciales que solo disfrutan un pequeño grupo de países europeos pero, por lo dicho anteriormente, su sostenibilidad financiera resulta muy cuestionable, y los signos de colapso ya se antojan abrumadores.
Desempleo crónico, inversión ridícula en I+D+I, desigualdad creciente, ineficacias e ineficiencias de empresas liliputienses, estrategias insuficientes o errátiles de incorporación a la globalización económica. Todas esas debilidades y rasgos disruptivos llevan tanto tiempo con nosotros que ya pueden considerarse  las nuevas especificidades canarias. Las que deben analizarse y resolverse. Las que deberían priorizarse en la agenda política del país. El REF – incluso en la peculiar transformación que ha sufrido en su última reforma – es un medio que parece haberse transformado en un fin, al igual que las subvenciones y ayudas de Estado. A riesgo de repetir una obviedad, el nuevo REF, las inversiones presupuestarias, las subvenciones al transporte, en fin, no son una política económica, no deben ni pueden suplantar el lugar – ni en el discurso ni menos aun en la gestión – de una política económica. Esta asombrosa costumbre tribal de luchar heroicamente por el acervo económico y fiscal de Canarias, según la expresión ritual más sagrada, con la convicción de que bastará con esperar su benéfico efecto en el tejido económico de las islas, conduce inevitablemente a la melancolía, al fracaso lastimado, a un menesteroso balneario turístico que nos mató el hambre pero que ahora puede matarnos el futuro. Un instrumento como la Reserva para Inversiones, por ejemplo, contribuyó al apalancamiento financiero de empresas, pero no a su crecimiento, ni a su mejora organizativa y tecnológica, ni a la creación de empleo, contribuyendo, en cambio, a la brutal acumulación del ladrillo de finales del siglo XX y  principios del XXI.
Pero no existe una revisión crítica y basada en la evidencia empírica de los éxitos y fracasos de esta deriva basada en especificidades salvíficas, programas de inversión y subvenciones a granel. Vivimos enterrados hasta los ojos en una inercia mental e intelectual que a una élite empresarial básicamente extractiva le viene magníficamente bien. En vez de mimar tanto a las viejas especificidades habría que tratar con más respeto y atender con más eficacia a los problemas que estrangulan nuestro desarrollo y amenazan con seguir abaratando y afantasmando el sistema democrático.

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El catastrofismo interminable

Es rara la semana en la que en alguna o varias de las islas  simultáneamente no se celebren reuniones entre partidos políticos (no únicamente Podemos), organizaciones ecologistas, fuerzas sindicales y plataformas vecinales para debatir (falsamente) y expresar (con total sinceridad) su rechazo contra el proyecto de ley del Suelo que el Gobierno autonómico quiere empezar a tramitar el próximo otoño. Para una parte sustancial de esta vieja oposición – ahora enmascarada como nueva política – el proyecto legislativo en el que se ha empeñado personalmente el presidente Fernando Clavijo es una perita en dulce o, mejor, una sabrosa morcilla que permite incluir acusaciones y demonizaciones casi a la carta entre los tropezones del odio a la casta. Ahí están y se concentran todos los asuntos y argumentarios que llevan treinta años pudriéndose en el cerebro del intelectual orgánico colectivo de la izquierda ecomaniática canaria: el espantoso desarrollismo, el ataque depredador sobre el territorio,  la corrupción urbanística cocida en despachos municipales, el desprecio por la planificación urbanística. Como comprenderán ustedes, algo muy sabroso, aunque por mucho que se lea y se relea el texto del anteproyecto es imposible encontrar una sola justificación a tan apocalípticas denuncias.
A lo largo del último cuarto de siglo he escuchado, precisamente, la denuncia de los últimos días de los ecosistemas canarios una y otra vez. Estábamos al borde de la extinción y la Cotmac – se lo he escuchado personalmente a sabios funcionarios e integérrimos profesionales que ahora se escandalizan por la limitación de sus funciones en el anteproyecto – no servía absolutamente para nada, y sobre todo, no servía un carajo para evitar la corrupción, en particular, en los municipios turísticos. Este discurso monocorde y catastrofista tampoco se vio alterado por la aprobación de las directrices de ordenación y del turismo. La queja, la denuncia y los ajijides por la destrucción de nuestro patrimonio natural y paisajístico han ido por un lado y el desarrollo legislativo y normativo por otro hasta convertirse en una maraña selvática gracias a la cual levantar un cuarto de aperos en una pequeña finca familiar puede ser una labor imposible, no se diga ya invertir para la reforma de una explotación agraria o ganadera. Es realmente asombroso que después de insistir en el caos y la destrucción urbanística que ha padecido Canarias se considere que la Cotmac – por insistir en el ejemplo – una suerte de última línea de defensa de la racionalidad territorial y la honestidad procedimental. Eso es absoluta y constatablemente falso pero, ¿qué más da?  Hay que seguir construyendo día a día el imaginario de un infierno prácticamente irreparable. Antes de las directrices, durante la vigencia de las directrices, en la coyuntura de su reforma, después, ahora mismo, siempre.
Según la Consejería de Política Territorial Canarias dispone de más de 54 millones de metros cuadrados  — otros cálculos aumentan en un 40% esta cifra – ya urbanizables para nueva construcción: una reserva más que suficiente. En el fondo lo que está haciendo Clavijo es una de las pocas cosas efectivas y eficaces que puede hacer un pequeño gobierno regional para salir del marasmo económico y crecer con cierta energía: retirar los obstáculos para la inversión y la modernización. No la inversión de gigantes empresariales autóctonos o foráneos, sino de pequeños y mediados inversores en el mundo rural, en la construcción turística o en la promoción de vivienda. El proyecto de ley, por supuesto, es mejorable. Bastante. La interminable misa de difuntos de sus críticos más obtusos – que son mayoría –no.

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Contradicciones germinales (1)

La primera contradicción del documento básico cuyo debate interno definirá el programa económico de Podemos es su mismo origen. En Podemos militan – si ya puede utilizarse dicha expresión – un número apreciable de economistas vinculados, en su gran mayoría, a departamentos universitarios españoles.  Pero el flamante secretario general, Pablo Iglesias, optó por una peculiar metodología: encargar la propuesta a dos científicos sociales, Vicenç Navarro – cuya formación básica es la de politólogo – y Juan Torres – catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, miembro de Attac España y exsecretario general de Universidades de la Junta de Andalucía. Por supuesto, nadie ha rechistado en una organización que nació supuestamente para alcanzar un objetivo político novedoso y rupturista: empoderar a los ciudadanos. Pues bien, los ciudadanos que han decidido empoderarse a través de Podemos – incluyendo la minoría con formación económica académica –discutirán un documento inicial elaborado en el exterior de los foros del partido.
Y la dirección de Podemos selecciona esta fórmula por motivos tres bastante claros, a saber:
a) Ahorrarse un debate interno que podría amenazar con aflorar diferencias y divergencias en el seno de Podemos, donde conviven militantes y simpatizantes que anhelan rupturas políticas revolucionarias con aquellos favorables a un reformismo gradualista adecentador del sistema institucional español y las estructuras económicas y fiscales. La consigna central más clara y pugnaz de Iglesias y sus compañeros es mantener una unidad que tolera –entre otras razones porque no tiene más remedio – cualquier anhelo, fanfarria, propuesta o descalificación en las redes sociales, siempre y cuando no interfiera ni cuestione las opciones estratégicas de la cúpula directiva ni irrumpa en los medios de comunicación convencionales.
b) El doctor Vicenç Navarro – y en menor medida el profesor Torres – son dos referencias del progresismo español, especialmente entre los consumidores de información de la globosfera, y se ajustan perfectamente a ese punto equidistante entre la izquierda reformista – ambos beben de una socialdemocracia de cuño keneysiano – y la protesta antisistema que la dirección de Podemos gestiona una deliberada ambigüedad en busca de la maximización político-electoral de su marca.
c) El documento básico, además de encauzar y normalizar el debate interno, sirve como globo-sonda para testar reacciones, tanto en el interior de la organización como en la sociedad civil (otros partidos, medios de comunicación, grupos empresariales, sindicatos, movimientos sociales, etcétera).

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Sesteando

Pongamos que el curioso pretende encontrar un estudio, uno sólo, que diagnostique, desde el ámbito de la economía, la sociología o el derecho, las características del mercado laboral en Canarias, su evolución histórica y sus razones causales. Es un asunto interesante: como ocurre en España (pero más intensamente) en años de prosperidad económica Canarias muestra una gran capacidad de creación de puestos de trabajo, y como ocurre en España (pero con más violencia todavía) en coyunturas de crisis e inactividad el mercado de trabajo se derrumba estrepitosamente. Aún resulta más llamativo que, en periodos de esplendor económico, el desempleo no descienda del 10% (un escándalo en cualquier país europeo), que la temporalidad alcance índices espeluznantes y que la redistribución de la riqueza, a través de los mecanismos y programas públicos, presente unos síntomas de rigidez e ineficacia impropios de una sociedad democrática de principios del siglo XXI.
Pues bien, no encontrarán ustedes un estudio de esa naturaleza por ningún lado. Podrán consultar, por supuesto, numerosas monografías, articulitos, ponencias y comunicaciones congresuales de carácter básicamente estadístico, cuantitativo, en el que el autor desliza a veces interpretaciones más o menos intuitivas, no hipótesis explicativas modelizadas y fundamentadas rigurosamente en la información disponible. Este desierto científico se atraviesa pagando un duro precio y la sociedad civil tiene todo el derecho a denunciar esta situación como intolerable. ¿A qué diablos se dedican los economistas, sociólogos y politólogos canarios? ¿Bajo qué mesa de qué tasca lagunera duerme la siesta y acumula trienios la investigación de las ciencias sociales en Tenerife y en Canarias? Estos profesionales, por lo general decentemente retribuidos, no parecen sentirse concernidos por lo que ocurre en su país y día a día están demostrando la dimisión cotidiana de su curiosidad intelectual, un desprecio satisfecho y bostezante que se orina sobre su deber como universitarios y como ciudadanos de una sociedad que agoniza. Nadie les pide que se pongan a firmar compulsivamente manifiestos contra este o aquel gobierno, contra las organizaciones sindicales o las patronales empresariales. Se trata de exigirles, simplemente, que hagan su trabajo. Porque uno de los índices de nuestra pobreza es, precisamente, el miserabilismo de las ciencias sociales en las universidades canarias, que contribuye a la ceguera, a la confusión, a la soberbia de un poder político y económico nulamente fiscalizado, a no saber ni cómo, ni cuándo ni por qué confundimos tramposamente los caminos entre el cielo y el infierno y viceversa.

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