economía

Las nuevas especificidades

Leo que el próximo sistema de financiación autonómica “mimará” las especificidades canarias. Eso está muy bien. Las especificidades descienden en línea directa – no conceptualmente, pero sí como estrategia económica y de legitimación del bloque de poder en Canarias– de las peculiaridades que defendían los puertofranquistas a mediados del siglo XIX. Hay que proclamar bien alto las especificidades que dios o el diablo nos dieron y así figuran en lo más alto de la agenda política regional. Las especificidades canarias son un emblema: la versión local del santo grial que hay que arrancar de las manos de los sarracenos. Desde luego, no es muy inteligente negar su importancia, pero ha llegado el tiempo de atender a las especificidades que se han consolidado en Canarias en las últimas décadas: un alto desempleo estructural que en los mejores coyunturas no ha bajo del 10% de la población activa, una productividad vegetativa y en picado, un universo empresarial fragmentado en miles de pequeñas o diminutas empresas, una actividad económica con bajísima creación de valor añadido, una desigualdad de rentas creciente, una internacionalización puno menos que frustrada, una situación medioambiental que emite señales preocupantes de degradación. Ciertamente se han creado servicios educativos, sanitarios y asistenciales que solo disfrutan un pequeño grupo de países europeos pero, por lo dicho anteriormente, su sostenibilidad financiera resulta muy cuestionable, y los signos de colapso ya se antojan abrumadores.
Desempleo crónico, inversión ridícula en I+D+I, desigualdad creciente, ineficacias e ineficiencias de empresas liliputienses, estrategias insuficientes o errátiles de incorporación a la globalización económica. Todas esas debilidades y rasgos disruptivos llevan tanto tiempo con nosotros que ya pueden considerarse  las nuevas especificidades canarias. Las que deben analizarse y resolverse. Las que deberían priorizarse en la agenda política del país. El REF – incluso en la peculiar transformación que ha sufrido en su última reforma – es un medio que parece haberse transformado en un fin, al igual que las subvenciones y ayudas de Estado. A riesgo de repetir una obviedad, el nuevo REF, las inversiones presupuestarias, las subvenciones al transporte, en fin, no son una política económica, no deben ni pueden suplantar el lugar – ni en el discurso ni menos aun en la gestión – de una política económica. Esta asombrosa costumbre tribal de luchar heroicamente por el acervo económico y fiscal de Canarias, según la expresión ritual más sagrada, con la convicción de que bastará con esperar su benéfico efecto en el tejido económico de las islas, conduce inevitablemente a la melancolía, al fracaso lastimado, a un menesteroso balneario turístico que nos mató el hambre pero que ahora puede matarnos el futuro. Un instrumento como la Reserva para Inversiones, por ejemplo, contribuyó al apalancamiento financiero de empresas, pero no a su crecimiento, ni a su mejora organizativa y tecnológica, ni a la creación de empleo, contribuyendo, en cambio, a la brutal acumulación del ladrillo de finales del siglo XX y  principios del XXI.
Pero no existe una revisión crítica y basada en la evidencia empírica de los éxitos y fracasos de esta deriva basada en especificidades salvíficas, programas de inversión y subvenciones a granel. Vivimos enterrados hasta los ojos en una inercia mental e intelectual que a una élite empresarial básicamente extractiva le viene magníficamente bien. En vez de mimar tanto a las viejas especificidades habría que tratar con más respeto y atender con más eficacia a los problemas que estrangulan nuestro desarrollo y amenazan con seguir abaratando y afantasmando el sistema democrático.

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El catastrofismo interminable

Es rara la semana en la que en alguna o varias de las islas  simultáneamente no se celebren reuniones entre partidos políticos (no únicamente Podemos), organizaciones ecologistas, fuerzas sindicales y plataformas vecinales para debatir (falsamente) y expresar (con total sinceridad) su rechazo contra el proyecto de ley del Suelo que el Gobierno autonómico quiere empezar a tramitar el próximo otoño. Para una parte sustancial de esta vieja oposición – ahora enmascarada como nueva política – el proyecto legislativo en el que se ha empeñado personalmente el presidente Fernando Clavijo es una perita en dulce o, mejor, una sabrosa morcilla que permite incluir acusaciones y demonizaciones casi a la carta entre los tropezones del odio a la casta. Ahí están y se concentran todos los asuntos y argumentarios que llevan treinta años pudriéndose en el cerebro del intelectual orgánico colectivo de la izquierda ecomaniática canaria: el espantoso desarrollismo, el ataque depredador sobre el territorio,  la corrupción urbanística cocida en despachos municipales, el desprecio por la planificación urbanística. Como comprenderán ustedes, algo muy sabroso, aunque por mucho que se lea y se relea el texto del anteproyecto es imposible encontrar una sola justificación a tan apocalípticas denuncias.
A lo largo del último cuarto de siglo he escuchado, precisamente, la denuncia de los últimos días de los ecosistemas canarios una y otra vez. Estábamos al borde de la extinción y la Cotmac – se lo he escuchado personalmente a sabios funcionarios e integérrimos profesionales que ahora se escandalizan por la limitación de sus funciones en el anteproyecto – no servía absolutamente para nada, y sobre todo, no servía un carajo para evitar la corrupción, en particular, en los municipios turísticos. Este discurso monocorde y catastrofista tampoco se vio alterado por la aprobación de las directrices de ordenación y del turismo. La queja, la denuncia y los ajijides por la destrucción de nuestro patrimonio natural y paisajístico han ido por un lado y el desarrollo legislativo y normativo por otro hasta convertirse en una maraña selvática gracias a la cual levantar un cuarto de aperos en una pequeña finca familiar puede ser una labor imposible, no se diga ya invertir para la reforma de una explotación agraria o ganadera. Es realmente asombroso que después de insistir en el caos y la destrucción urbanística que ha padecido Canarias se considere que la Cotmac – por insistir en el ejemplo – una suerte de última línea de defensa de la racionalidad territorial y la honestidad procedimental. Eso es absoluta y constatablemente falso pero, ¿qué más da?  Hay que seguir construyendo día a día el imaginario de un infierno prácticamente irreparable. Antes de las directrices, durante la vigencia de las directrices, en la coyuntura de su reforma, después, ahora mismo, siempre.
Según la Consejería de Política Territorial Canarias dispone de más de 54 millones de metros cuadrados  — otros cálculos aumentan en un 40% esta cifra – ya urbanizables para nueva construcción: una reserva más que suficiente. En el fondo lo que está haciendo Clavijo es una de las pocas cosas efectivas y eficaces que puede hacer un pequeño gobierno regional para salir del marasmo económico y crecer con cierta energía: retirar los obstáculos para la inversión y la modernización. No la inversión de gigantes empresariales autóctonos o foráneos, sino de pequeños y mediados inversores en el mundo rural, en la construcción turística o en la promoción de vivienda. El proyecto de ley, por supuesto, es mejorable. Bastante. La interminable misa de difuntos de sus críticos más obtusos – que son mayoría –no.

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Contradicciones germinales (1)

La primera contradicción del documento básico cuyo debate interno definirá el programa económico de Podemos es su mismo origen. En Podemos militan – si ya puede utilizarse dicha expresión – un número apreciable de economistas vinculados, en su gran mayoría, a departamentos universitarios españoles.  Pero el flamante secretario general, Pablo Iglesias, optó por una peculiar metodología: encargar la propuesta a dos científicos sociales, Vicenç Navarro – cuya formación básica es la de politólogo – y Juan Torres – catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, miembro de Attac España y exsecretario general de Universidades de la Junta de Andalucía. Por supuesto, nadie ha rechistado en una organización que nació supuestamente para alcanzar un objetivo político novedoso y rupturista: empoderar a los ciudadanos. Pues bien, los ciudadanos que han decidido empoderarse a través de Podemos – incluyendo la minoría con formación económica académica –discutirán un documento inicial elaborado en el exterior de los foros del partido.
Y la dirección de Podemos selecciona esta fórmula por motivos tres bastante claros, a saber:
a) Ahorrarse un debate interno que podría amenazar con aflorar diferencias y divergencias en el seno de Podemos, donde conviven militantes y simpatizantes que anhelan rupturas políticas revolucionarias con aquellos favorables a un reformismo gradualista adecentador del sistema institucional español y las estructuras económicas y fiscales. La consigna central más clara y pugnaz de Iglesias y sus compañeros es mantener una unidad que tolera –entre otras razones porque no tiene más remedio – cualquier anhelo, fanfarria, propuesta o descalificación en las redes sociales, siempre y cuando no interfiera ni cuestione las opciones estratégicas de la cúpula directiva ni irrumpa en los medios de comunicación convencionales.
b) El doctor Vicenç Navarro – y en menor medida el profesor Torres – son dos referencias del progresismo español, especialmente entre los consumidores de información de la globosfera, y se ajustan perfectamente a ese punto equidistante entre la izquierda reformista – ambos beben de una socialdemocracia de cuño keneysiano – y la protesta antisistema que la dirección de Podemos gestiona una deliberada ambigüedad en busca de la maximización político-electoral de su marca.
c) El documento básico, además de encauzar y normalizar el debate interno, sirve como globo-sonda para testar reacciones, tanto en el interior de la organización como en la sociedad civil (otros partidos, medios de comunicación, grupos empresariales, sindicatos, movimientos sociales, etcétera).

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Sesteando

Pongamos que el curioso pretende encontrar un estudio, uno sólo, que diagnostique, desde el ámbito de la economía, la sociología o el derecho, las características del mercado laboral en Canarias, su evolución histórica y sus razones causales. Es un asunto interesante: como ocurre en España (pero más intensamente) en años de prosperidad económica Canarias muestra una gran capacidad de creación de puestos de trabajo, y como ocurre en España (pero con más violencia todavía) en coyunturas de crisis e inactividad el mercado de trabajo se derrumba estrepitosamente. Aún resulta más llamativo que, en periodos de esplendor económico, el desempleo no descienda del 10% (un escándalo en cualquier país europeo), que la temporalidad alcance índices espeluznantes y que la redistribución de la riqueza, a través de los mecanismos y programas públicos, presente unos síntomas de rigidez e ineficacia impropios de una sociedad democrática de principios del siglo XXI.
Pues bien, no encontrarán ustedes un estudio de esa naturaleza por ningún lado. Podrán consultar, por supuesto, numerosas monografías, articulitos, ponencias y comunicaciones congresuales de carácter básicamente estadístico, cuantitativo, en el que el autor desliza a veces interpretaciones más o menos intuitivas, no hipótesis explicativas modelizadas y fundamentadas rigurosamente en la información disponible. Este desierto científico se atraviesa pagando un duro precio y la sociedad civil tiene todo el derecho a denunciar esta situación como intolerable. ¿A qué diablos se dedican los economistas, sociólogos y politólogos canarios? ¿Bajo qué mesa de qué tasca lagunera duerme la siesta y acumula trienios la investigación de las ciencias sociales en Tenerife y en Canarias? Estos profesionales, por lo general decentemente retribuidos, no parecen sentirse concernidos por lo que ocurre en su país y día a día están demostrando la dimisión cotidiana de su curiosidad intelectual, un desprecio satisfecho y bostezante que se orina sobre su deber como universitarios y como ciudadanos de una sociedad que agoniza. Nadie les pide que se pongan a firmar compulsivamente manifiestos contra este o aquel gobierno, contra las organizaciones sindicales o las patronales empresariales. Se trata de exigirles, simplemente, que hagan su trabajo. Porque uno de los índices de nuestra pobreza es, precisamente, el miserabilismo de las ciencias sociales en las universidades canarias, que contribuye a la ceguera, a la confusión, a la soberbia de un poder político y económico nulamente fiscalizado, a no saber ni cómo, ni cuándo ni por qué confundimos tramposamente los caminos entre el cielo y el infierno y viceversa.

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Creced y enriqueceos

Algunos lectores se han molestado por el articulejo del pasado domingo publicado en esta sección. Si fueran exprogres cuarentones mostrarían su irritación denunciando que esto parece El Viejo Topo. Como no lo son, simplemente, expresan su incomodidad vertiendo denuestos sobre el articulista, lamentando patologías de inmadurez izquierdosa no superada, denunciando la puerilidad de un argumentarlo obsoleto o proponiendo explícitamente que me vaya a Cuba, que ya me gustaría (durante un par de semanas). Nada excesivamente original, como pueden ver. Los más interesantes son los que se denominan liberales, o libertarios de derecha, o anarcocapitalistas, entre los que tengo incluso, aunque el afectado no lo crea, algún estimado amigo. Está en curso una batalla cultural e ideológica entre los defensores de las bondades del capitalismo globalizado y los críticos a una globalización capitalista guiada por sus propias leyes and nothing else, y francamente, aunque a veces uno puede horripilarse con algunos compañeros de viaje en el segundo grupo, nunca me podrán encontrar en el primero.
Los amigos liberales, libertarios de derecha o anarcocapitalistas – son familias distintas y a veces distantes, pero mancomunados sacrosantamente en la lucha final – tienen sus propios demonios. El principal es el Estado y las administraciones públicas. El sano cuerpo de la economía capitalista debería ser exorcizado de semejantes miasmas y entonces todo funcionaria razonablemente tanto desde su punto de vista material (productividad, asignación de recursos, eficacia y eficiencia) como moral (mayor libertad del individuo). Y en eso pasan sus noches y sus días: bailando su peculiar danza ritual para denunciar las elefantiásicas administraciones públicas, los disparatados gastos sociales, el poder maligno de las partidocracias, la proliferación coactiva de leyes y reglamentos, la reducción del ciudadano a una infeliz marioneta estabulada por normativas que minan alevosamente su capacidad de elección y que es saqueada fiscalmente para pagar desde la educación y la sanidad públicas hasta la última estupidez que se le ocurra al político de turno. ¿Cuál es la solución? Pues verá, está encerrada en una máxima del admirado Ronald Reagan: “El Gobierno no es la solución, el Gobierno es el problema”.
Ronald Reagan (ahora transmutado nada menos que en ideólogo: jamás tuvo una idea en la cabeza) aumentó durante su mandato el déficit público de los Estados Unidos practicando una suerte de keynesianismo militar, pero ni caso. Es realmente sorprendente que después de lo ocurrido en la economía de Europa y los Estados Unidos, que tiene su principal factor desencadenante en la brutal desregulación de los mercados y las instituciones financieras, en la renuncia expresa de los poderes públicos en ejercer un papel básico de tutela y fiscalización en beneficio de la propia estabilidad del sistema, los ideólogos del neoliberalismo y sus encendidos seguidores nos aturdan explicándonos que la maldita culpa de todo lo tienen los Estados, las administraciones públicas, las leyes y reglamentos que estrangulan la iniciativa del individuo, auténtico baluarte del desarrollo y garantía de la libertad. Yo sostengo modestamente que los partidarios de esta postura que no practican el cinismo están instalados en una peligrosa pero enaltecedora confusión. Confunden partidocracia con política democrática y con el ideal democrático mismo, confunden capitalismo globalizado con el triunfo de una ética, confunden los derechos y deberes del individuo hasta el punto de encontrarlos incompatibles con la articulación de formas de organización capaces de garantizar una convivencia razonable, una vida digna que anteponga sin ñoñeces la cooperación a la competencia sobre objetivos de interés general, un desarrollo económico sostenible, una limitación, por meras razones de gobernanza política y prudencia ecológica, al mandato de creced y enriqueceos.
Uno de los problemas nucleares de la globalización es que significa una sociedad mundial sin Estado mundial ni gobierno mundial: la difusión de un capitalismo globalmente desorganizado, donde no existe ningún poder hegemónico estatal ni ningún régimen internacional de carácter político o jurídico. No es un fenómeno de feliz anarquía creativa: es una red de poderes de alta concentración en tensión y competencia que no conocen más leyes que las del mercado y que casi han abolido el control de los Estados. Los amigos anarcocapitalistas abominan del control político y del intervencionismo de las administraciones públicas, pero de la intervención de potentes intereses empresariales y financieros en la acción política y legislativa de las temblorosas democracias representativas no tienen absolutamente nada que decir. Un individualismo obsesionado consigo mismo (la concepción cuasireligiosa sobre el individuo como alfa y omega de la concepción moral del ser humano) y el fundamentalismo del mercado es un cóctel explosivo, mejor aún, un cóctel que ya ha estallado, para satisfacción de una minoría insignificante y desgracia de las mayorías ciudadanas. Este individualismo, que es cualquier cosa menos un individualismo ilustrado, inteligente y solidario, es un mito de bolsillo, como es un mito con bolsillos la pontifical infabilidad de los mercados. Lo que hacemos tiene importantes efectos sobre los demás; y si somos lo que somos es gracias, al menos parcialmente, a los esfuerzos, a los éxitos y los fracasos, de los demás. Y desde ese punto de vista, la solidaridad (con personas que no conocemos y aun con personas que no han nacido) no es una pía respuesta moral, sino un inteligente sistema de estabilidad y cohesión sociales, plasmado en un Estado de Bienestar que, sin duda, necesita de correcciones y reajustes, pero que representa el mayor grado de bienestar material y participación democrática alcanzado jamás en Europa y, parcialmente, en Norteamérica.
De la exaltación de un individualismo tebeístico y la confianza irrestricta en los mercados financieros, en la bondad intachable del capitalismo globalizado, se derivan apriorismos y consecuencias morales singularmente curiosas. E irresponsables. Tomemos el ejemplo del rescate financiero solicitado por el Gobierno portugués. Son terribles las consecuencias que para la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los portugueses tendrá el rescate financiero a cuenta de la UE y el Fondo Monetario Internacional. Pueden mirarse en el espejo griego para hacerse una idea. ¿Y quién es el responsable? Pues los responsables, en buena lectura neoliberal, son los propios portugueses. ¿Por qué eligieron legisladores tan incapaces? ¿Por qué eligieron a Gobiernos que no hicieron su trabajo, es decir, romperles la crisma desde casa? Y así se cierra el debate. Es un estupendo argumento que exponerle a un campesino arruinado del Alentejo que es incapaz de situar Bruselas en el mapa o recordar una directiva comunitaria. Este neoliberalismo, anarcoide o no, solo admite concentraciones homeopáticas de democracia. Cerraré con otro ejemplo, realmente precioso, de las relaciones entre economía, democracia y ética que he encontrado en el blog de Jorge Valín, colaborador habitual de Libertad Digital y del Instituto Juan de Mariana y seguidor de la Escuela Austriaca, por lo visto, con mucha sachertorte en su caja craneana. Les invito que lean el articulito en cuestión sobre los anunciados despidos de Telefónica y la caña que le mete a Nacho Escolar por criticar el despido del 20% de la plantilla del antiguo monopolio, unos 5.600 empleados, pese a ganar más de 10.100 millones de euros en 2010. Nada, nada. Una futesa. Valín le explica a Escolar que no tiene derecho a criticar lo que deciden los accionistas, que la culpa es indirectamente de Zapatero, porque los de Telefónica debe aumentar su dividendo para tranquilizar a sus inversores en España y Latinoamérica, que lo que hace Telefónica, muy astutamente, es abaratar costes preparándose para un entorno futuro más competitivo. Escolar es un botarate, los parlamentarios son idiotas y la crítica, simplemente la crítica a este comportamiento empresarial, un acto de barbarie intolerable en una sociedad libre. Como corolario Valín, qué buen apellido, explica que el artículo de Escolar “es una oda al rencor, el odio y la envidia socialista, que toma como chivo expiatorio a los altos directivos de Telefónica, pintándolos como ladrones, cuando tener buenas ideas para hacer crecer una empresa y que obtenga buenos resultados, cobrando por ellos, no lo es”. En los tres últimos años, el sueldo de los directivos de la Compañía Telefónica se incrementó más de un 12%. El presidente César Alierta, el consejero delegado, Julio Linares López, y José María Álvarez-Pallete, responsable de Telefónica en Latinoamérica, se repartieron en 2010 unos veintiún millones de euros, entre sueldos, retribuciones en especie y fondos de pensiones. A las pocas horas de anunciar los recortes se convocaba junta general de accionistas, en la que se propondrán nuevos incentivos millonarios para premiar a sus directivos en los próximos años, incluida la concesión de paquetes accionariales. Ideólogos como el señor Valín son ferozmente incapaces de entender la legitimidad de la crítica a una empresa, porque se empecinan en considerar que solo cabe respetar los intereses de los accionistas, y jamás los de los trabajadores ni el de sus conciudadanos. Dicho en su tabernario lenguaje habitual: también está en juego mi dinero, porque a los 4.000 despedidos en España habrá que pagarles el subsidio de desempleo y no se les despojará de los servicios públicos de sanidad y educación.
La colección de babas efervescentes, impropias de una persona mayor de edad, que ofrece Valín en sus textos, representa un acabado ejemplo de la concepción de la sociedad del llamado anarcocapitalismo: la convicción propagandística de que el modelo político de una sociedad debe mimetizar organizativa, operativa y moralmente la estructura y el comportamiento del mercado capitalista. Ese es el subtexto real de la máxima reganiana: “La democracia no es la solución, la democracia es el problema”. Los que ganan casi siempre se lo merecen. Para los que pierden casi siempre puede quedar la caridad, nunca el odioso subsidio de desempleo, y una suscripción gratuita por seis meses al boletín de la Fundación Juan de Mariana.

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