ecologismo

Sombra, humo, sueño, nada

El proyecto Cuna del Alma, en el municipio de Adeje, se extiende por una superficie de casi 500.000 metros cuadrados. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias entendió que los promotores no habían presentado un imprescindible estudio de impacto medioambiental, pero lo decisivo para paralizar cautelarmente las obras fueron dos circunstancias: un pequeño yacimiento arqueológico en el que las palas metieron su metálico josico y varias poblaciones de una especie vegetal altamente protegida por la legislación vigente. Eso bastó para que la Consejería ordenase la paralización cautelar de las obras en su totalidad. El ayuntamiento de Adeje y los promotores del proyecto, obviamente, han expresado su desacuerdo, y acudirán a los procedimientos administrativos y judiciales que estimen oportunos. De hecho están aflorando informativamente elementos relacionados con el planeamiento urbanístico de Adeje y las autorizaciones de la Cotmac en los últimos años que señalan que, tal vez, José Antonio Valbuena y su equipo se han podido precipitar, que no han afinado lo suficiente y la suspensión puede ser fugaz y reversible.

Lo que me ha asombrado de la rápida y contundente decisión del consejero Valbuena es su indiferencia con otras agresiones al medio ambiente y los ecosistemas más graves que las de Cuna del Alma. Es paradójico: Cuna del Alma no tendrá un estudio de impacto ambiental pero su efecto ecológico es limitado. Cierto, pero limitado. Lo que se rechaza argumentada o intuitivamente respecto el proyecto inmobiliario y turístico de Adeje es, sobre todo, que significa una nueva privatización del territorio en beneficio de una élite que ni siquiera es canaria. Menos de un 1% de los isleños podría disfrutar del resort y la mayoría social prefiere, simplemente, que le dejen gozar comunitariamente de su playa y su puertito y sus zonas aledañas. En cambio el proyecto de la mastodóntica central hidroeléctrica Salto de Chira, en la cabecera del barranco de Arguineguín,  impulsado desde hace años por el Cabildo de Gran Canaria y la multinacional Red Eléctrica Española, cuenta con un postinudo estudio de impacto ambiental, pero supone una de las agresiones más aberrantes y estúpidas contra el patrimonio natural y cultural de la historia de Canarias. Para que un estudio de impacto ambiental sea aceptado y aprobado no es siempre imprescindible que sea técnicamente perfecto o incuestionable. Algunas veces las imperfecciones son bien compensadas con algunas distracciones de los redactores y muchas convivencias entre los políticos. Y así queda todo atado y bien atado, según la inmortal sentencia de un gran ecologista que cada día me recuerda más a Antonio Morales. Este engendro conlleva la construcción de ocho kilómetros de carretera, casi siete kilómetros de túneles, una caverna de  casi 3.400 metros cuadrados en Lomo de la Palma, decenas de tuberías, miles de metros cuadrados de plataformas, una desaladora con capacidad de 5.000 metros cúbicos diarios, canalizaciones de varios kilómetros de tendidos eléctricos y fibra óptica. El impacto de esta infraestructura en el mayor reservorio de biodiversidad de Gran Canaria va a resultar aniquilador para la vida vegetal y animal de todo el barranco: afectará a cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000 y a parte de la Reserva de la Biosfera. En Cuna del Alma los constructores se tropezaron con restos arqueológicos. En Arguineguín se encuentran siete enclaves arqueológicos catalogados. Este crimen medioambiental en marcha es fruto del mesianismo cesarista de un político incorregible y de la ambición económica de una multinacional rapaz. Pero atención: tanto Ángel Víctor Torres como José Antonio Valbuena son corresponsables. Cada vez es más evidente que la paralización de Cuna del Alma es lo que suele ser todo en este Gobierno: propaganda y sombra, distracción y fingimiento,  humo y adiós.

 

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Maravillas y trampantojos

Veremos maravillas y trampantojos indescriptibles alrededor de  del proyecto urbanístico y hotelero Cuna del Alma, en las inmediaciones del puertito de Adeje. Ayer martes, sorpresiva y sorprendentemente, la Dirección del Territorio y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife ha dictado una resolución por la que mantiene la suspensión cautelar de una parte de las obras, porque “en ese espacio se ha producido la destrucción parcial de restos arqueológicos”, lo que constituye una infracción administrativa calificada como “muy grave”. Caramba. ¿Cuándo se produjo la destrucción de los restos y en qué ha consistido exactamente? Este nuevo informe, ¿es fruto de una denuncia o se ha producido de oficio? ¿No había afirmado el presidente del Cabildo, Pedro Martín, que todos los informes sobre el proyecto eran favorables?

Una vez conocido el papel de la Dirección Insular del Territorio y Patrimonio Histórico – una demostración de que el cumplimiento de la joven ley de Patrimonio representa una auténtica garantía conservacionista – ha cundido la desconfianza entre las organizaciones ecologistas, medioambientalistas, políticas y vecinales que se han posicionado contra el proyecto Cuna del Alma. La idea más extendida es que el Cabildo de Tenerife – y en general todos los poderes públicos – intentará por todos los medios orquestar un paripé para evitar que el PSOE sea castigado electoralmente – a nivel local e insular – por autorizar un urbanización de lujo impulsada por inversores extranjeros y que ocupará una zona privilegiada y vinculada a los usos sociales y a la memoria colectiva de miles de tinerfeños. Para evitar tanto un fortalecimiento al desarrollo de la urbanización como un desgaste electoral más que probable el ayuntamiento de Adeje y el Cabildo tinerfeño retrasarán todo lo posible el comienzo efectivo de las obras o, en el peor de los casos, se emprenderán los trabajos menos agresivos espacial o paisajísticamente. Informitos negativos, apertura de algún procedimiento de infracción, supuestos nuevos compromisos de los inversores en materia ambiental, mayor número de contrataciones. Queda a la credulidad de cada cual presentes y futuras modificaciones, nuevas promesas o improvisaciones en el calendario. Solo una observación al respecto: los grandes proyectos de inversión en urbanizaciones de lujo que pretenden levantarse en las proximidades de parajes con protección ecológica, paisajística y/o arqueológica suelen contratar a biólogos, ecólogos y/o arqueólogos. No ha trascendido que los responsables de Cuna del Alma lo hayan hecho.

Más allá de las maniobras de distracción del Cabildo Insular, más allá incluso de la apología del proyecto explícitamente formulada por el presidente del Gobierno autónomo, Ángel Víctor Torres, tan escasamente coherente con la muy supuesta identidad de un Ejecutivo preocupado por la ecología y la sostenibilidad, está la incomprensión de inversores, políticos y  técnicos a sueldo para entender la oposición frontal entre miles de personas, sus argumentos, su determinación, su voluntad de convertir este espacio de Adeje en el testimonio practico de una lucha contra  una nueva colonización turística del territorio, que solo sería accesible para millonarios capaces de autoabastecerse en sus propios palacetes sin necesidad siquiera de salir a comer, a comprar o a desenvolverse por los alrededores. La protesta contra una urbanización en La Tejita, en El Médano, será una broma contra lo que puede ocurrir en el puertito de Adeje. Vendrán ciudadanos de toda la isla y de todas las islas para evitar que el alma isleña sea adormecida en cualquier cuna de mármol, oro y lapislázuli. No deberían olvidarlo. No va a ser un paseo militar con un par de multas de adorno. Quítense esa idea de la cabeza y de la cartera.  

 

 

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La firma de Rivero

Paulino Rivero no ha firmado ese manifiesto contra la ley del Suelo –que aun no es siquiera un proyecto legislativo – porque esté contra el texto que ha presentado el Gobierno; tampoco porque esté a favor. Lo ha firmado por joder. José Miguel Barragán, otrora el más fiel chambelán del Paulinato, y que a veces no se lee los papeles hasta el final, en esta ocasión se ha esforzado, y así ha podido señalar que en el tercer párrafo el manifiesto pone a parir al Gobierno autonómico anterior, que al parecer presidió el tal Paulino Rivero, al igual que el anterior del anterior. Como si eso le importara un higo pico al expresidente, quien, por otra parte, rara vez llegaba tampoco al tercer párrafo de cualquier cosa.
Alguien debería preguntarle al señor Rivero si sigue afiliado a Coalición Canaria o no. Evaporada cualquier esperanza de presidir el CD Tenerife, Rivero no ha podido acogerse a ningún retiro político, que es lo que suele ocurrir cuando el dirigente no combate por una candidatura desde un compañerismo competitivo, sino desde la animadversión más despiadada, sañuda e indiferente a los daños colaterales. Así que Rivero, un sujeto hiperactivo y patológicamente adicto al trabajo y al ordeno y mando, se ha quedado triste, solitario  y final, un maestro jubilado cuya pensión, no obstante, es la correspondiente a un funcionario de nivel 30, según estipula la ley en razón de los cargos públicos que ha desempeñado.  Los jubilados se dedican básicamente a mirar obras en la calle y a firmar manifiestos o cartas al director. Obras de construcción hay pocas. Muchos periódicos han suprimido la sección de cartas al director. Clavijo y los suyos deberían entender que a Rivero no le quedan muchas más actividades de asueto que proclamar con su firma que su partido está a punto de destrozar lo que queda de Canarias.
Porque se trata de eso, al fin y al cabo. Los impulsores del manifiesto tampoco le hacen ascos a la rúbrica de Paulino Rivero, su archienemigo hasta hace menos de un año, porque alimenta la pequeña leyenda: “”Hasta Paulino está contra la ley del Suelo…Imaginen cómo debe ser eso…El infierno en la tierra”.  Durante dos o tres días antiguos paniaguados recordarán con trémula nostalgia que Rivero era ecologista, pacifista, progresista, altermundista, discípulo de Noam Chomsky… Mientras el presidente del Gobierno visita organizaciones empresariales, sindicatos y colegios profesionales para exponer el núcleo normativo de la futura ley y el texto ha entrado en información pública ya se ha puesto a circular que se trata de una iniciativa legislativa desarrollada a espaldas de todo el mundo. No, una firmita de Paulino Rivero no viene mal. Lo que fascina un poco, sinceramente, es esa voluntad de fulminante venganza y la angosta y modesta vía a la que debe resignarse para plasmarla. No hay nada más aterrador (y despreciable) que esa gente que no has aniquilado aunque te haya intentado aniquilar. No aprenden de la prudencia o la generosidad del otro, sino que la convierten en combustible  para su desprecio.

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El catastrofismo interminable

Es rara la semana en la que en alguna o varias de las islas  simultáneamente no se celebren reuniones entre partidos políticos (no únicamente Podemos), organizaciones ecologistas, fuerzas sindicales y plataformas vecinales para debatir (falsamente) y expresar (con total sinceridad) su rechazo contra el proyecto de ley del Suelo que el Gobierno autonómico quiere empezar a tramitar el próximo otoño. Para una parte sustancial de esta vieja oposición – ahora enmascarada como nueva política – el proyecto legislativo en el que se ha empeñado personalmente el presidente Fernando Clavijo es una perita en dulce o, mejor, una sabrosa morcilla que permite incluir acusaciones y demonizaciones casi a la carta entre los tropezones del odio a la casta. Ahí están y se concentran todos los asuntos y argumentarios que llevan treinta años pudriéndose en el cerebro del intelectual orgánico colectivo de la izquierda ecomaniática canaria: el espantoso desarrollismo, el ataque depredador sobre el territorio,  la corrupción urbanística cocida en despachos municipales, el desprecio por la planificación urbanística. Como comprenderán ustedes, algo muy sabroso, aunque por mucho que se lea y se relea el texto del anteproyecto es imposible encontrar una sola justificación a tan apocalípticas denuncias.
A lo largo del último cuarto de siglo he escuchado, precisamente, la denuncia de los últimos días de los ecosistemas canarios una y otra vez. Estábamos al borde de la extinción y la Cotmac – se lo he escuchado personalmente a sabios funcionarios e integérrimos profesionales que ahora se escandalizan por la limitación de sus funciones en el anteproyecto – no servía absolutamente para nada, y sobre todo, no servía un carajo para evitar la corrupción, en particular, en los municipios turísticos. Este discurso monocorde y catastrofista tampoco se vio alterado por la aprobación de las directrices de ordenación y del turismo. La queja, la denuncia y los ajijides por la destrucción de nuestro patrimonio natural y paisajístico han ido por un lado y el desarrollo legislativo y normativo por otro hasta convertirse en una maraña selvática gracias a la cual levantar un cuarto de aperos en una pequeña finca familiar puede ser una labor imposible, no se diga ya invertir para la reforma de una explotación agraria o ganadera. Es realmente asombroso que después de insistir en el caos y la destrucción urbanística que ha padecido Canarias se considere que la Cotmac – por insistir en el ejemplo – una suerte de última línea de defensa de la racionalidad territorial y la honestidad procedimental. Eso es absoluta y constatablemente falso pero, ¿qué más da?  Hay que seguir construyendo día a día el imaginario de un infierno prácticamente irreparable. Antes de las directrices, durante la vigencia de las directrices, en la coyuntura de su reforma, después, ahora mismo, siempre.
Según la Consejería de Política Territorial Canarias dispone de más de 54 millones de metros cuadrados  — otros cálculos aumentan en un 40% esta cifra – ya urbanizables para nueva construcción: una reserva más que suficiente. En el fondo lo que está haciendo Clavijo es una de las pocas cosas efectivas y eficaces que puede hacer un pequeño gobierno regional para salir del marasmo económico y crecer con cierta energía: retirar los obstáculos para la inversión y la modernización. No la inversión de gigantes empresariales autóctonos o foráneos, sino de pequeños y mediados inversores en el mundo rural, en la construcción turística o en la promoción de vivienda. El proyecto de ley, por supuesto, es mejorable. Bastante. La interminable misa de difuntos de sus críticos más obtusos – que son mayoría –no.

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