Se supone que hoy viernes se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario en La Palma y que se tomaran las primeras medidas en beneficio de los damnificados por la erupción. Caben razonables dudas al respecto. El equipo gubernamental, con el presidente a la cabeza, está locamente empeñado en una carrera contra sí mismo para proyectar una imagen indestructible de empatía, eficiencia y eficacia. Pero la realidad no se materializa al conjuro de una nota informativo o una rueda de prensa. Esto no es anunciar por enésima vez la ley de renta ciudadana para ya mismo o parlotear sobre los fondos Next Generation y su capacidad para reformar la economía canaria del blablablá. Quien tome la palabra tras la reunión del Consejo de Gobierno debe saber que se estará dirigiendo en primer lugar a los miles de desalojados – la propia Presidencia es incapaz, hoy, de precisar exactamente su número – y que se le escuchará con cansancio, escepticismo e impaciencia. El Gobierno autonómico no puede tomar apena medidas –salvo abrir algunos procedimientos administrativos y créditos extraordinarios – precisamente porque no dispone todavía de toda la información sistematizada sobre los destrozos que han causado el fuego, la lava y la ceniza. El mismo consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, informaba ayer que se está evaluando la compra de unas 280 casas desocupadas que podrían utilizarse. Es grotesco anunciar medidas concretas cuando la evaluación de los daños y amenazas de una situación dinámica y cambiante no ha podido culminarse. No es bueno – ni siquiera responsable – anunciar soluciones antes de haber estudiado todos los aspectos de un complejo problema: restituir una vida normalizada a los ciudadanos que se han quedado sin techo y a veces sin medios de subsistencia.
El Gobierno está empecinado en un error en la gestión política: no distinguir bien la excepcionalidad de esta emergencia. Esto no es un incendio que dentro de quince días pueda estar controlado mientras sobre las llamas, cual querubín televisado, la figura del presidente Ángel Víctor Torres asciende hacia los cielos de la empatía y la gloria. Descontando la erupción submarina de El Hierro en 2011, que solo obligó a evacuar por unas horas La Restinga, esta es la primera crisis volcánica con la que se encuentra Canarias desde 1971, todavía en el franquismo, cuando una erupción bastante menos dañina y peligrosa, la del Teneguía, alarmó a La Palma. No es un incendio forestal, una inundación o un vendaval. Durará muchas semanas, si no varios meses, y exige como ninguna otra no un circo político de tres pistas, sino un mando centralizado e integral que esté dirigido operativamente por los técnicos de seguridad y emergencia, es decir, que se cumplan organizativa y cabalmente todos los protocolos. El Gobierno debe informar; debe centralizar y autentificar, evitando contradicciones y solapamientos, toda la información institucional. No lo ha hecho correctamente y al parecer a nadie le importa demasiado. Tampoco se entiende con facilidad la aquiescencia del Cabildo Insular y de algunos departamentos del Ejecutivo frente la avalancha de donativos (comida, ropa, juguetes) que generosamente se han querido aportar desde otras islas. En la isla hay comida, ropa y juguetes y el Gobierno debería (y podrá) garantizar su compra y distribución. No es Haití, es La Palma.
Después de la gemebunda romería política de los últimos días — el último en practicar este asqueroso turismo de catástrofe ha sido Alberto Garzón de la mano de Noemí Santana — los responsables institucionales deberían aliviar la catástrofe de su presencia. Ángel Víctor Torres ha cumplido intachablemente con su responsabilidad, proyectando una imagen de soledad más preocupante que heroica, pero es hora de que vuelva al despacho: todas las islas, incluida La Palma, necesitan de su concurso y esfuerzo en otros asuntos y frentes. Ojalá se hubiera empleado tanto atención como se ha gastado en la erupción en modificar la ley de Cadena Alimentaria, que arruinará más y peor la isla que las bocas de fuego de Cumbre Vieja. Basta con que se quede al mando Julio Pérez o, en su defecto, su director general de Seguridad y Emergencias, un individuo que después de la que ha caído en estos dos años no ha abierto jamás la boca ni dado nunca la cara. La criatura.
Un diputado de Vox llamó ayer bruja a una diputada socialista en un debate sobre la reforma del Código Penal. El presidente accidental del Congreso de los Diputados llamó al orden al diputado ultraderechista y le pidió en dos ocasiones que retirase la expresión. El jabalí se negó y fue expulsado del hemiciclo, mientras sus compañeros de bancada protestaban airadamente. Si una roja se ponía a expectorar mentiras, ¿por qué no se le podría llamar bruja? Después he podido escuchar a lo largo de la tarde diversas excusas que pretendían no serlo. Yo estoy de acuerdo en que está mal insultar a los señores y señoras de Vox, aunque curiosamente no recuerdo que ningún diputado voxista haya exigido que no les llamaran franquista. Vox es un caso extraño de extrema derecha moderada si se me permite la contradictio in adjecto. Para Vox el franquismo, más que un referente ideológico, es una suerte de nostalgia benemérita. El régimen de Franco –piensan — básicamente estaba bien, aunque bajo el Caudillo se produjeran algunos excesos criticables, vaya, eso dicen, quién sabe. Pero ahora mismo su modelo no es la España franquista. En realidad carecen de modelo político-ideológico. Les va muy bien, simplemente, apelando a la patria irredenta, ciscándose en el actual orden constitucional y anunciando un apocalipsis zombi si continua en el poder el Gobierno socialcomunista. Sus valores se obtienen invirtiendo el de sus adversarios: feminismo, ecologismo, multiculturalismo, democratismo. Les basta con negarlos. Sus votos están en las clases medias bajas y cada vez más las clases trabajadoras urbanas presas del miedo, del hartazgo de una crisis interminable, de la desazón frente a cambios culturales que deben enfrentar en un estado de permanente zozobra. Son muchos cientos de miles de personas que la izquierda ha dejado de lado y a las que la derecha tradicional no supone un horizonte de cambio, sino más de lo mismo, es decir, los ricos cada vez más ricos gracias al lubricante de la retórica. Vox ni siquiera practica un populismo económico, presupuestario o fiscal, porque Iván Espinosa de los Monteros – un prominente promotor inmobiliario — y su grupito de acólitos mantienen una adscripción liberal –menos impuestos, servicios sociales reducidos, contención del gasto – frente a cualquier tentación extraña. Por eso mismo –porque no tienen un proyecto político definido y congruente para España — la ridiculización de los valores progresistas y la humillación de aquellos que los defienden resultan cruciales para Vox. No es que hayan apostado por la guerra cultural y los encontronazos axiológicos. Es que son fundamentalmente – publicitariamente — una guerra de guerrillas en el campo de los valores políticos y sobre todo morales, y muy poco más.