Crisis económica

El precariado

Al que suscribe no le importa correr el riesgo de ser tachado de cenizo, disconforme o incrédulo, pero me las traen al pairo las cifras victoriosas de reducción del desempleo de la Encuesta de Población Activa. Ciertamente, incluso si las relativizamos aplicando el abandono de miles de ciudadanos de la búsqueda de empleo y los factores estacionales, se ha creado empleo en España. Pero se ha creado, obviamente, el único empleo que puede generarse con una economía plana que sigue arrojando descensos en su PIB: trabajo sumamente precario, con salarios de supervivencia y concentrados en muy pocas actividades económicas, porque lo cierto es que se sigue destruyendo tejido empresarial y comercial en este país. “La flor de invernadero” de la que habla con metafórico y cursi cinismo el ministro Luis de Guindos no es una flor, sino un diminuto cardo borriquero. Anuncia la rápida configuración de una nueva clase social, a la que un sociólogo británico, Guy Standing, ha llamado el precariado, un término cada vez más ampliamente utilizado en la bibliografía académica desde finales de los noventa. La inmensa mayoría de los que han conseguido un contrato basura en los últimos meses no se integrarán de manera estable en el mercado de trabajo ni podrán construir, sobre unas mínimas garantías profesionales y salariales, un proyecto vital autónomo y responsable.
“Contrariamente al proletariado, la clase industrial trabajadora sobre la que se construyó, política y electoralmente, la socialdemocracia tradicional del siglo XX, las relaciones de producción del precariado se definen por una implicación parcial en el sistema laboral combinado con un trabajo por obra o servicio extensivo a un abanico creciente de actividades”. Como explica Standing, el precariado no presenta ninguna unidad interna y sus miembros no comparten identidad ideológica, referencias simbólicas ni memoria profesional. La propia naturaleza de su estilo de supervivencia – contrato por horas durante tres meses, agónicas chapuzas varias, subsidio de desempleo, otro curro efímero y vuelta a empezar – explica su fragmentación, su ausencia de lazos de solidaridad o compromiso,  su desprecio o hartazgo ante la afiliación política o sindical, su profundo escepticismo sobre cualquier cambio: el mismo exhausto escepticismo que compartiría un ratón corriendo sobre un barrilete dentro de una jaula metálica. La crisis financiera y económica ofrece así una oportunidad magnífica para establecer condiciones laborales que devienen un óptimo soporte político para la reproducción de un capitalismo oligárquico de amiguetes y mamones tutelado por el Estado con un carnet del PP en la boca.

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Sin alternativa

Pues sí. Una nueva encuesta certifica que si celebraran hoy elecciones generales el PP las ganaría, aunque en ningún caso con más de 140 diputados. El PSOE aumenta ligeramente intención de voto, pero ni siquiera alcanza todavía los resultados que obtuvo en noviembre de 2011. La subida de IU se ralentiza bastante y UPyD se estanca. Lo más interesante es que, según los dos últimos sondeos, y en lo que respecta a voto decidido, los dos partidos mayoritarios superan de nuevo el 50% de los sufragios que se emitirían.  La cantinela del fin del bipartidismo no parece secundada por la evolución última de los estudios demoscópicos. Entre la ciudadanía progresista la sensación más extendida es la de perplejidad. Servidor mismo ha deseado una convocatoria de elecciones generales solo para ver la cara que se les quedaría a Izquierda Unida o a los seguidores de Rosa Díez. No creo que sea tan difícil entenderlo.
La mayoría del desgaste del PP (lo ha demostrado analíticamente José Fernández-Albertos) no procede del escándalo del caso Bárcenas, sino de la situación económica y social y de la gestión que de la catástrofe cotidiana realiza el Gobierno de Mariano Rajoy. Para las expectativas electorales del Partido Popular, las trapisondas fiscales del señor Bárcenas, y los sólidos indicios de una financiación ilegal sistematizada del partido que gestionó durante veinte años, empeoran la situación, pero no la finiquitan. Y no lo hacen, simplemente, porque varios millones de votantes consideran que no hay alternativa. El comportamiento del PSOE durante su último año en el poder dilapidó su crédito como fuerza socialdemócrata capaz de enfrentarse a una crisis financiera y económica estructural — la nos está desollando para salvaguardar bancos y recuperar beneficios — ofreciendo un modelo de gestión sustancialmente distinto. Y los dirigentes del PSOE (ese decrépito rubalcanismo que parece que vive con un alquiler de renta limitada en Ferraz) se han mostrado incapaces de reaccionar e incluso se han permitido el lujo de vacilarse de la militancia y las resoluciones congresuales. IU ha llegado al límite de su crecimiento a través de pactos con fuerzas nacionalistas y sigue jugando a reformista de día y revolucionaria de noche o viceversa. Y, en segundo término, está Bruselas, y la pringosa convicción de que Bruselas es quien manda políticamente y que lo correcto es solo lo posible y lo posible es lo inevitable. No. Esta crisis demanda otras izquierdas y exige otras estrategias y otras unidades, si no se quiere asistir, con los dientes apretados, a una transformación política que nos lleve a una democracia autoritaria y a la reducción del Estado a perro guardián y cínico del capital

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Ya basta

Asombrosamente (o no) la reunión del Consejo de Política Fiscal Económica celebrado la pasada semana bajo la presidencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha merecido demasiados comentarios públicos en Canarias. Quizás porque, de la misma manera que no se considera piadoso hablar de enfermedades delante de un desahuciado, no parece conveniente referirse al terrorífico palo recibido por la Comunidad canaria, que junto a Cataluña, Andalucía y Asturias votó negativamente a la propuesta de Montoro. Inútilmente. La relajación del esfuerzo fiscal concedido por Bruselas se la reserva el Estado al 75%, mientras las comunidades autonómicas deberán pasar del 1,7%  del PIB – conseguido en Canarias a cambio de sucesivos serruchazos con un impacto terrible en los servicios públicos y asistenciales – a un 1,3%. Ni un respiro. Estas cuatro décimas porcentuales pueden significar unos 300 millones de euros más de recortes en el gasto público autonómico. Unos 300 millones menos en una coyuntura en el que los servicios públicos sanitarios y educativos han llegado al límite severo de su sostenibilidad financiera y comienzan a emitir señales de implosión operativa y organizativa. Por supuesto han volado por los aires los vagos ensueños de financiar determinadas carreteras, poner en funcionamiento ciertos hospitales o dotar financieramente la llamada Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social, una fantasía burocrática que Inés Rojas ya puede dejar de tartamudear, porque no hay perras ni para pagar el papel en el que ese estúpido galimatías  está impreso.
Esta catástrofe ha dejado impávido al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, que apenas tres días más tarde blogueó casi estentóreamente que ya comienza a columbrarse el final de la crisis económica y que – por supuesto – Canarias empezará a recuperarse en los próximos meses y antes incluso que la Península, según reza uno de sus mantras predilectos. Rivero conoce perfectamente lo ocurrido en el Consejo de Política Financiera y Fiscal y sus consecuencias. Lleva años anunciando una milagrosa recuperación económica y la creación de cientos, miles, decenas de miles de puestos de trabajo a través de una pinturera geometría de titulares, reuniones, discursos y planes nigrománticos. Yo creo que ya está bien, que ya es más que suficiente. ¿De veras cree que los sindicatos, las patronales, los grupos parlamentarios, las universidades, los periodistas, las asociaciones de vecinos, las organizaciones no gubernamentales, los funcionarios y, sobre todo, los 300.000 desempleados de este Archipiélago somos idiotas congénitos? ¿Dos millones y pico de tarados irremediables utilizados como un frontón sobre el que rebotar una y otra vez ocurrencias egomaniacas cada vez más grotescas, más groseras, más insultantes? Déjelo ya, presidente. Deje de tomarnos por estúpidos dignos de burla  una y otra vez.

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Entrevista a Francisca Luengo

La gestión de la entrevista (imaginaria) con Francisca Luengo, consejera de Empleo, Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias, fue particularmente compleja. Desde su gabinete se nos remitió un listado que, bajo el epígrafe de Cuestiones previas para una entrevista progresista y democrática, incluía:
–Solicitud de certificado de penales
— Solicitud de certificado de vacuna antirrábica.
— Perfil ideológico certificado por la Fundación Ideas (tres copias autenticadas)
— Certificado de haber estado domiciliado fuera del territorio de la Comunidad autonómica canaria entre 2007 y 2011 (Ministerio del Interior) o de no recordar nada en absoluto del periodo antes citado (Colegio Oficial de Psicólogos).
Con la documentación reunida en un portafolios atravesamos la antesala de su despacho sorteando las arremetidas que, entre feroces ladridos, intentaba un perro idéntico al de El sabueso de los Baskerville, que estaba sujeto por un hilo dental a la pared. Finalmente nos recibió sonriente en su despacho la consejera de Empleo, Industria, Energía y Comercio del Gobierno regional. En su mesa lucía una entrañable fotografía, en la que se funde en un abrazo maternofilial con el presidente Paulino Rivero. «Es que, bajo las apariencias, yo soy muy sentimental, en especial cuando me nombran algo».
–Es un placer recibirles.
— Muchas gracias, consejera.
— Si tiene todos los papeles en orden puede llamarme Paquita.
–Es usted muy amable. Queríamos empezar por la dramática situación del desempleo en Canarias…
— Bueno, si empezamos así…
–¿Así? ¿Cómo?
–Añadiendo palabras alarmantes a una situación que ya es de por sí dramática…
–Pero eso es lo que he dicho precisamente, que es una situación dramática…
–Los medios tienen un papel importante es informar con precisión y responsabilidad sobre los graves problemas que atraviesan nuestras islas, sin necesidad de caer en la tentación del alarmismo.
–¿Usted no se siente alarmada?
–Yo me siento a trabajar todos los días.
–Hablemos del recientemente aprobado y firmado plan de empleo social. El Gobierno autonómico anunció que contaría con una ficha financiera de treinta millones de euros, pero al final ha quedado reducido a 16.258.000 de euros aproximadamente…
–Esa crítica es injusta…
–Yo, por el momento, no he hecho ninguna crítica…
–Es injusto descalificar el plan de empleo social por su supuestamente modesta financiación…
–Tanto como supuestamente…Con esos 16 millones…
–¿Lo ve usted? Son 16.258.953 euros, ni un céntimo menos.
–Si se pretenden crear 2.000 puestos de trabajo, con esa financiación solo se llegaría al 1% del total de familias canarias que tienen a todos sus miembros desempleados…
— Yo creo que en este caso se ha actuado con diligencia…
— Bueno, ya estamos a mitad de la legislatura…
— Se equivoca usted. Soy consejera desde enero pasado…
— Bueno, pero su antecesora, Margarita Ramos, también estaba designada por el PSOE…
— ¿Quién?
–Margarita Ramos.
— No me consta. En fin, creo que es importante que 2.000 canarios, es decir, 2.000 familias, salgan del paro y obtengan unos ingresos dignos…
— ¿Durante cuánto tiempo?
–Usted desconoce los modelos de intervención pública en el mercado de trabajo que se desarrollan en Europa. Mejor 2.000 personas que nada.
— Es un argumento técnico de mucho peso, pero que se podría esgrimir también si, en vez de 2.000, fueran 200. Al menos son doscientas familias que pasarían a contar con un sueldo.
— No se puede hablar sin conocimiento técnico de las cosas. Me parece insensato trivializar así una situación que usted mismo ha calificado como dramática.
— Lo que ocurre es que no se atacan las causas estructurales del desempleo. Más de 14.000 alumnos se quedarán sin acceder a la Formación Profesional en el próximo año…
— ¿Y qué tengo yo que ver con eso?
— Siempre se insiste en que la deficiente formación, sobre todo en el caso de la FP, es uno de los problemas básicos para acceder al mercado de trabajo en Canarias.
— Pero, le insisto, qué tengo yo que ver con eso? Pregúntele a quien corresponda…
— ¿A quién corresponda? Yo tenía entendido que el Gobierno es un órgano colegiado…
— Ya veo por dónde va usted. Todos esos certificados que lleva en el portafolio deben ser falsos. Yo me responsabilizo de empleo, de la industria, el comercio y la energía…¿Le parece usted poco?
— ¿Y a usted?
— A mí nada me parece poco. Pero pregúntele usted sobre la FP a quien le toque…
— Le toca a José Miguel Pérez, el secretario general de su partido…
— Yo no ando engolfada en cuestiones de partido. Yo me dedico a trabajar intensamente, día y noche, como nuestro presidente del Gobierno…
— ¿Y su polémica con José Segura en relación con la ley eléctrica que…?
— No hay ninguna polémica. Yo estoy en el Gobierno como consejera megaeficaz y el señor Segura está en la oposición como diputado en Madrid. Haberse quedado aquí.
— ¿Usted se encuentra cómoda con CC como compañero de Gobierno? Lo digo porque fue una de las diputadas más críticas con CC en la legislatura pasada.
— Para mí en el Gobierno no hay siglas. Todos trabajamos al unísono para sacar a este país adelante y salvaguardar los derechos sociales y el Estado de Bienestar. Además esté no es el mismo Gobierno.
— Entiendo. En el Gobierno anterior no estaba el PSOE…
— No. En el Gobierno anterior no estaba yo.

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Ahorrillos

Lo más pasmoso de la solemne intervención de ayer de Mariano Rajoy fue su afirmación tajante – “quiero destruir un mito” — sobre el gasto público en España. “Con datos de 2012”, dijo el presidente, “España se sitúa entre los países con menor gasto público de la UE, un 43% frente al 47% de media de la zona euro, y dos tercios de ese gasto corresponden a los servicios públicos básicos (sanidad, educación, justicia y seguridad) y a gasto social en general” (una observación no menor: buena parte de ese gasto se consigue cubrir ahora mismo con deuda pública). Rajoy presentaba ayer su supuesto plan de reforma de la administración pública, pero en realidad se limitó a citar alguna de las doscientas medidas de ahorro y contención del gasto y evitó ruidosamente precisar ninguna cifra. Todos los analistas y observadores se han apresurado a señalar que muchas de las medidas de ahorro propuestas por Rajoy y que afectan a las comunidades autonómicas no podrán ser impuestas, desde un punto de vista legal, por su propio Gobierno.
Rajoy no ha presentado propiamente una reforma político-administrativa: un cambio sustancial (así sea gradualista o pactado) en las estructuras organizativas y administrativas del Estado. El suyo es un plan de ahorro que enfatiza la eliminación de duplicidades, pero eso no fue a lo que se comprometió con Bruselas, a la que ha asegurado que se ahorrarían 8.000 millones de euros este mismo año. A Rajoy y sus cuates ni se les pasa por la cabeza eliminar las diputaciones provinciales, por ejemplo. De la misma manera, y según se desprende ayer de sus palabras y de la misma escenografía de su comparecencia monclovita, Rajoy parece apostar por la seducción de los presidentes autonómicos vía telefónica o en  reuniones en la sede central del PP, en vez de convocar la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que es lo que correspondería para alcanzar un consenso básico y dotado de luz y taquígrafos.
Es improbable que Mariano Rajoy se haya trasmutado en un discípulo aventajado del profesor Vicens Navarro, por mucho que parezca contradecir la salmodia de su partido sobre el derroche y la ineficacia que el PP suele atribuir a todo lo público. Simplemente Rajoy se agarra a cualquier cosa –hasta a la realidad – para no arriesgarse a operaciones de ingeniería institucional más arriesgadas electoralmente. Por mucho que pueda y deba hablarse de la eficacia en ese limitado gasto público o del escaso impacto redistributivo que tiene el modesto Estado de Bienestar español.

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