José Carlos Francisco

Canarias: oportunidades y riesgos de una transformación (y 2)

Uno de los rasgos más curiosos de La Transformación, el último libro de José Carlos Francisco, es la carencia de cualquier referencia a la gobernanza de Canarias, en especial cuando el autor propone un conjunto de reformas estructurales y sistemáticas. Desde luego, puede alegarse que se trata de un libro de reflexiones económicas, de los análisis y las propuestas de un economista, pero Francisco – que ha desempeñado relevantes responsabilidades políticas en el Cabildo de Tenerife y en el Gobierno autonómico – no puede ignorar que no se trata, únicamente, de tomar nota de lo necesario y de emprender lo urgente, sino de consensuar política y jurídicamente fórmulas de gestión que combinen la eficacia y la eficiencia económica con la participación democrática. Si el objetivo es transformar realmente la economía canaria ello implica, en caso de no resignarse a modelos de democracia de baja intensidad, reformar igualmente la participación democrática y el control racional – y no necesariamente asfixiante ni ordenancista — de cualquier actividad de interés público. Es razonable una reforma de la Ley de Directrices – una de las bestias negras del fundador de Corporación 5 – con la correspondiente poda de normativas y reglamentos, pero la destrucción creadora de la construcción hotelera en Canarias ya ha evidenciado sus efectos en demasiados espacios de las costas isleñas, y tan peligroso es – en términos económicos y sociales – apretar la camisa de fuerza a la construcción como ignorar cualquier límite al crecimiento. Las dificultades de muchos hoteles de cuatro o cinco estrellas en Tenerife, Fuerteventura o Lanzarote, asfixiados todavía por los créditos bancarios que posibilitaron su construcción, representan una advertencia tan elocuente al menos como el envejecimiento de la planta alojativa en Gran Canaria bajo las condiciones restrictivas de la Ley de Directrices.  La actividad turística también debe someterse a factores de sostenibilidad, desde el ahorro energético hasta el reciclaje, pasando por el tratamiento de aguas residuales y el eslabonamiento con otros subsectores económicos locales. Una sostenibilidad que entrelace el crecimiento cuantitativo de la oferta con el aumento cualitativo de la misma. Y se echa en falta en La Trasformación una reflexión al respecto.

Para Francisco el turismo debe ser el subsector que sirva de locomotora para la economía isleña en las próximas décadas: no hay alternativa posible que atesore semejante experiencia y potencialidad y cualquier planteamiento de diversificación económica – una expresión que al autor encocora – no es, en el mejor de las posibilidades, sino charlatanería bienintencionada. En todo caso pueden y quizás deba facilitarse – o facilitarse más aun – actividades complementarias: desde la industria cinematográfica hasta el desarrollo de software, pasando por las energías renovables y el marketing on-line. Una constelación de actividades que aportaría valor añadido al PIB canario y que no consumirían recursos como el suelo. Ocurre, sin embargo, que este planteamiento no describe precisamente un óptimo social. Las buenas cifras del turismo en Canarias en los tres últimos años no han tirado de la contratación ni siquiera para paliar la catástrofe laboral que ha supuesto la paralización de la construcción. Y los factores son varios y a menudo interrelacionados. Los turistas de la crisis pernoctan menos días y gastan menos que a principios de siglo. Los empresarios turísticos ajustan las plantillas y maximizan las rotaciones de personal – un animador en la piscina por la mañana se convierte en camarero por las tardes -. Por último, la entrada en la madurez del sector, su misma modernización, la exigencia de la mejora de la oferta, dificulta crecientemente la incorporación de canarios al mercado laboral turístico. Entre el 35% y el 40% de los empleados de los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas son foráneos; en Lanzarote el porcentaje supone más del 50%.  El desconocimiento de los idiomas (sobre todo el inglés y el alemán) es todavía una barrera insuperable para muchas decenas de miles de isleños. En un mediano hotel de principios los años noventa, que apenas prestaba servicios al turista más que el habitáculo y la piscina, esa carencia era parcialmente subsanable. Actualmente no puede serlo. Que en uno de los destinos turísticos del mundo la inmensa mayoría de la población no sepa entender ni hacerse entender en inglés es uno de los más estúpidos fracasos de su sistema educativo –incluida la Formación Profesional —  y de su mercado laboral. En estas circunstancias, y aunque se alcancen los doce millones de turistas anuales con carácter estable, la actividad turística no puede absorber directamente ni la décima parte de los más de 280.000 canarios instalados en el desempleo. En la prospectiva más favorable, y admitiendo un crecimiento acumulado del 5% en el próximo lustro, el turismo en Canarias, según varias fuentes patronales, podría crear unos 60.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, lo que no se tendría que traducir necesariamente en 60.000 canarios menos desempleados.

José Carlos Francisco no explica – en realidad no le he escuchado una explicación convincente a nadie –  la razón por la que Canarias, en su mejor coyuntura económica, en los prolegómenos de la crisis, soportaba nada menos que un 10% de desempleo, y que ahora la tasa supere enloquecidamente el 35%. En cualquier país desarrollado una tasa de desempleo del 10% es objeto de escándalo. Aquí no. Aquí se ha normalizado, en los últimos treinta años, un paro estructural que ilumina un modelo económico claramente ineficiente e ineficaz. Y no valen argumentos demográficos para explicarlo o, en todo caso, son claramente insuficientes: a mediados de los noventa, con una carga demográfica muy inferior, el desempleo superó el 28% de la población activa. Un problema en el que no se detiene Francisco en su libro es, precisamente, el asombroso nivel de desigualdad de la sociedad canaria, al que acompaña uno de los salarios medios más bajo del Estado español. La desigualdad queda patente tanto en la estructura de ingresos laborales como en el prodigioso incremento de las rentas e ingresos del capital en la época de vacas gordas. Y aludiendo el título del último libro de Joseph Stiglitz, la desigualdad tiene un precio. Un precio oneroso. La desigualdad conduce a la ineficiencia porque la economía funciona gracias al consumo y a la inversión productiva. En Canarias algunos instrumentos del REF, señaladamente la Reserva de Inversiones, han contribuido perversamente a esta situación.

Muchas de las propuestas de Francisco para la reactivación económica de Canarias son razonables (fusiones municipales, aumento de la productividad de los empleados públicos, racionalización de tasas portuarias y aeroportuarias, bonificaciones para sustituciones y bajas en la Seguridad Social, conseguir una línea de crédito del ICO específica para Canarias, diseñar una estrategia de búsqueda de inversiones extranjeras en el Archipiélago). Otras, como alentar los minijobs, con todo su tufillo macabro, está desbordadas por la realidad: aquí y ahora ya hay gente que trabaja seis horas diarias por 400 euros. Pero la transformación que necesita Canarias no es fruto de deficiencias, históricas o coyunturales: su modelo económico, incluido su acervo fiscal, sirvió para sacar a las islas de la pobreza extrema, pero no es útil para sostener y proyectar una sociedad democrática con un nivel satisfactorio de cohesión social y territorial y un ensamblaje eficaz a la economía globalizada. Las elites del poder político y empresarial esperan erróneamente a que escampe. Por eso la situación actual es tan desesperadamente grave.  El filósofo Slavoj Zízek suele repetir una anécdota de la I Guerra Mundial. Un ejército alemán telegrafía a un ejército austriaco: “La situación aquí es seria, pero no grave”. Los austriacos contestan: “Pues aquí la situación es grave, pero no seria”. En esta crisis interminable los canarios podríamos decir lo mismo.

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Canarias: oportunidades y riesgos de una transformación

El economista y asesor empresarial José Carlos Francisco acaba de publicar su cuarto libro, Canarias. La transformación, que no es un título precisamente memorable, pero tampoco abundan los títulos memorables en la historia de la literatura económica. A decir verdad, en sentido estricto, tampoco es un libro de economía, sino un  interesante y estimulante ensayo, en mayor medida incluso que sus libros anteriores, La cuenta atrás (1998), Canarias, moratoria y REF (2003) y La reforma necesaria: Canarias ante la crisis de nuestras vidas (2010). Lo es por varios motivos, desde los circunstanciales (Francisco, que ha ocupado varios cargos públicos, es desde 2011 presidente de la CEOE de la provincia tinerfeña) hasta los más preocupantemente obvios (la crisis económica no solo no se ha superado, sino que se ha profundizado y tiene visos de agravarse aun más). No es habitual este ejercicio de reflexión abierta en los espacios públicos. Contamos con una respetable tropa de catedráticos, titulares y profesores asociados que imparten disciplinas económicas en la Universidad, pero al margen de algún artículo puntual o una comunicación esporádica en congresos o anuarios, no suelen tener a bien poner a disposición pública su saber (supuestamente crítico) fuera de los recintos académicos. Lo mismo ocurre con colegios profesionales, organizaciones sindicales, partidos políticos, centros culturales. En Canarias el debate público es raquítico, si no miserable, y pretende grotescamente ser sustituido por una cacofonía de descalificaciones, burlas, excomuniones, tópicos mugrientos y argumentos ad hominem.  Es un síntoma patológico más de nuestra inmadurez como sociedad moderna.: la incapacidad para debatir. En este sentido, que José Carlos Francisco se decida a opinar abiertamente sobre el presente –y las hipotéticas apuestas de futuro – de la economía canaria es un ejercicio intelectual que alivia el páramo de análisis y propuestas en un país donde cabe razonablemente dudar que exista eso que se llama opinión pública.
El autor ha tenido cierta fortuna inicial al ser malinterpretado. Todo el mundo se ha quedado con su referencia a los casinos y a la industria del ocio como elemento reactivador del sector turístico: transformar Canarias en Las Vegas de Europa. Ni de lejos esta propuesta constituyen el núcleo central de La transformación, pero los medios de comunicación lo han convertido en el principal reclamo del libro. “Las Vegas y Macao se han convertido en el patio de recreo de América y Asia, pero Europa no tiene el suyo, y podría ser Canarias”.  No se trata de imaginar una ruleta y medio centenar de guiris jugando mientras beben champán, según el autor, sino de seguir, precisamente, las fórmulas norteamericanas y asiáticas: grandes resort, con abracadabrantes casinos y espectáculos y zonas comerciales asociadas. Si se decide por esta vía, sería indispensable desarrollar varias modificaciones legales, desde cambiar la ley del juego hasta disminuir el IGIC incrementado. Francisco incluso cuantifica varios impactos y calcula que los turistas anuales se incrementarían en más de medio millón — unos 113.000 alojados en los flamantes resort-casinos — con un incremento de la recaudación tributaria anual de más de cien millones de euros, la creación de 20.000 empleos indirectos y, lo que más sorprende a uno, un incremento del PIB anual de más del 2%.
Sin duda a la oferta turística canaria le vendría muy bien ampliar su tradicional oferta de sol y playa con casinos y, sobre todo, grandes espectáculos. Digo que sobre todo porque en Las Vegas hace ya muchos años que el grueso de los ingresos no se obtienen a través del juego, sino, precisamente, de la entrada en grandes espectáculos con estrellas y conjuntos conocidos internacionalmente. Sería necesario la construcción de unos treinta resort en el Archipiélago para conseguir el nivel de ocupación que apunta Francisco: un esfuerzo inversor no precisamente desdeñable. Los que somos escépticos ante esta oportunidad de crecimiento no estamos motivados exclusivamente por razones morales. Las Vegas tiene un enorme mercado casi cautivo por sus peculiaridades legales: los Estados Unidos. Macao tiene unos costes salariales – y en general costes fijos –muchos más bajos que Canarias, como ocurre casi toda la industria hotelera asiática. Pero es que, además, la industria del juego tiene pocas externalidades positivas o ninguna. Como explica el profesor Jesús Fernández Villaverde “los casinos y la industria de ocio más en general no suelen crear ninguna de estas externalidades positivas (…) Son industrias intensivas en mano de obra (en su mayor parte poco cualificada), con un reducido componente tecnológico y sin ningún vínculo específico hacia otros sectores. La evidencia empírica en Estados Unidos, donde en la última década se han abierto muchos casinos y otras grandes actividades de ocio como estadios deportivos es que, en efecto, estas externalidades positivas no aparecen por ninguna parte“. En cambio, Fernández Villaverde, señala hipotéticas  externalidades negativas: los grandes casinos suelen estar asociados a problemas de criminalidad organizada, violencia mafiosa, prostitución y corrupción política, a menudo inextricablemente unidas.
Macao es un buen (o mal) ejemplo. En el año 2011 los casinos-resort de la antigua colonia portuguesa generaron una facturación de 27.000 millones de euros. Pero a principios de 2012 la crisis –que también afecta a las potencias asiáticas, sin excluir China – empezó a golpear duramente. Las recaudaciones bajaron de forma alarmante, así como las tasas de ocupación hotelera. El ambiente –digamos—se encabronó. El año pasado se produjeron varios asesinatos en hoteles de lujo y el propietario de uno de los casinos más prestigiosos fue brutalmente agredido a martillazos. A principios de agosto la policía interrogó a más de 1.300 personas, de las cuales fueron detenidas y procesadas unas 150 bajo acusaciones como blanqueo de dinero, juego ilegal y prostitución.  Respecto a Las Vegas, quizás sea conveniente recordar que Nevada se encuentra, entre los estados de la Unión, en los primeros puestos de un triple ranking: desempleo, ejecuciones hipotecarias y criminalidad.
Pero La Transformación no ofrece, únicamente, los casinos y espectáculos en grandes hoteles de lujo como panacea para salir de una crisis económica y social de carácter estructural. En realidad es una llamada de alerta sobre un país (Canarias) que amenaza con convertirse en inviable si no se toman medias políticas, es decir, colectivas, en un plazo de tiempo angustiosamente corto. La próxima semana se analizarán y discutirán aquí.

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Sin salidas

Si se han alcanzado ya los 372.000 desempleados en Canarias, superando el 33% de la población activa, ¿seguirá creciendo el paro? Seguirá creciendo, no se preocupen. Hace un par de días, el profesor Luís Garicano, conocidos los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, subrayaba que de la evolución de los cuatro últimos años  se desprendía que por cada punto de caída del PIB, se pierde 1,39% de empleo, por lo que el ilustre economista calculaba en unos 700.000 (repito: 700.000) los empleos que serán destruidos en España a lo largo de 2013. ¿Y en Canarias? Canarias puede perder – en base a una estimación similar – entre 15.000 y 18.000 empleos más, con una tasa de desempleo que podría superar el 35% a finales de 2013. Y eso sin contar –por supuesto – la aplicación de la guadaña al empleo público. Pese a las airadas (y vacuas) protestas del consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola, desde su propio departamento se ha realizado un estudio preliminar que cifra entre 5.000 y 6.000 los empleados públicos –laborales e interinos – que podrían ser despedidos gracias a las facilidades que establece la ley de reforma laboral de Mariano Rajoy y su Gobierno. Se quedarían a salvo (al menos de momento) los funcionarios de carrera.

Es muy curioso que, en unas recientes declaraciones, el presidente de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Francisco, cifre precisamente en 5.000 los trabajadores públicos prescindibles. Francisco apunta que se ahorrarían así unos 400 millones de euros y recuerda que el recorte estatal alcanzará aproximadamente, a su juicio, unos 600 millones de euros para el próximo ejercicio presupuestario. Son cifras atendibles, desde luego, pero muy matizables dentro incluso de la interpretación de Francisco. Primero, el coste actual de los empleados prescindibles: en la hipótesis de Francisco, cada uno de ellos le costaría a la administración pública (salarios, complementos, aportaciones a la seguridad social) unos 80.000 euros, lo que parece una cifra francamente elevada. Segundo, otros 5.000 desempleados (y sin visos de una rápida recolocación) también suponen un coste, y no solo en términos de subsidio de desempleo, sino el más difícilmente cuantificable en la desincentivación del consumo y su efecto en la demanda agregada. Y por último, los 200 millones restantes no son una cifra insignificante, y obliga a nuevas restricciones de gasto en capítulos socialmente muy sensibles. No conviene olvidar, asimismo, que en 2013 y 2014, previsiblemente, todavía se efectuarán furiosas podas para reducir el maldito déficit: el compromiso con Bruselas es alcanzar el 4, 5% el primer año y el 2,8% el segundo. Una meta que nadie (absolutamente nadie) cree posible.

En realidad las declaraciones y réplicas entre Gobierno, oposición parlamentaria y sindicatos se reducen a una melancólica lluvia de confetti verbal. Si no se modifica sustancialmente el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2013 durante su debate parlamentario será inevitable — si el Ejecutivo regional no se resigna a una situación de impago generalizado — programar y proceder a despedir a varios miles de laborales e interinos en la administración autonómica. Es una situación que aterra a los políticos. El que pierde el trabajo en el mercado privado suele echar la culpa al Gobierno, pero también concibe otros posibles corresponsables. El trabajador público, en cambio, es puesto de patitas en la calle por la decisión explícita de un Gobierno, un partido o un político, y no se lo perdona electoralmente – ni él ni su familia – el resto de su vida. Algo similar les ocurre a los sindicatos mayoritarios, que tienen entre los funcionarios y laborales a una parte muy sustancial de sus afiliados.

Lo peor de la crisis estructural que destroza el espinazo económico del país y destartala su cohesión social y territorial – deteriorando la legitimidad del sistema político y poniendo en solfa el régimen democrático – es que se paga al contado, pero también a plazos. Se paga en el presente, con la creación de paro, pobreza, miseria como engrudo de un impresionante sufrimiento social, pero se paga intensamente en el futuro, cuando las más graves cicatrices todavía duelan, pero hayan dejado de sangrar. Se pagará pasado mañana, con miles de estudiantes isleños instalados ya en el extranjero, con una generación perdida entre los estudios y el desempleo que vegetará en los baretos y en las esquinas de los barrios, con empresarios y emprendedores que no podrán jamás reanudar su actividad, con el desfase en el desarrollo tecnológico, en plena expansión de la sociedad de la información, en unas islas que también desaprovecharon esa oportunidad y nunca llegaron a invertir en I+D el 50% de lo que invertía la modestísima media española. Se pagará y saldrá muy cara, en fin, la desconexión parcial en la que vivirá sumergida Canarias durante una década respecto a los cambios en la división internacional del trabajo y en la dinámica de inversiones y capitales en el continente africano. La crisis castiga  con saña el presente pero, al mismo tiempo, hipoteca miserablemente nuestro futuro.

Y no hay salida. Al menos un servidor no es capaz de verlas. No pueden considerarse como tales fantasías como la salida del euro (el Estado español debería seguir pagando sus deudas igual y en esa misma moneda), o la alegre zambomba  neoliberal de eliminar todos los mecanismos económicos y fiscales (fuera el REF y todas esas antigüallas que no dejan crecer libremente a las fuerzas del mercado y solo benefician a élites extractivas: buen momento para hacerlo) o los heroicos maximalismos de la independencia, la revolución o un feliz mixturado de ambas. Todas esas opciones pueden satisfacer anhelos políticos, ideológicos o espirituales, pero no contribuirían un ápice a aliviar o superar la quiebra económica y social del Archipiélago: la brutal amenaza de su fracaso como país con un proyecto común viable y próspero. La amenaza de Canarias como país fallido. La negativa de Alemania y sus aliados a poner en marcha en 2013 un proceso de unificación bancaria y armonización fiscal en Europa está dirigida, precisamente, a evitar una socialización a nivel continental de las pérdidas de los países europeos aquejados por la crisis de la deuda. Las pérdidas de España (y de Canarias) se socializarán entre los españoles (y los canarios). Desde luego, puede que la Unión Europea, si no colapsa la economía mundial, sea inteligentemente generosa dentro de un par de años, e implemente un gigantesco plan de estímulo económico por valor de cientos de miles de millones de euros. Puede ser. A ver cómo llegamos. Y si podemos hacerlo.

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La crisis según José Carlos Francisco

«Dejemos el pesimismo para tiempos mejores», rezaba una pintada en México, según afirma Eduardo Galeano, el mejor catador de pintadas de la literatura latinoamericana. En el cieno de la crisis socieconómica – y más solapadamente, política – en el que estamos sumergidos desde hace años conviven dos actitudes igualmente enervantes y que, retomando una vieja taxonomía de Umberto Eco, podríamos denominar apocalípticos e integrados. Los apocalípticos ofrecen un inequívoco aspecto profético, y como a todos los profetas, adoran el futuro y detestan la esperanza, y militan regocijadamente en el acabóse: lo mejor que puede ocurrir es que todo esto se vaya escatológicamente al diablo, porque solo entre las cenizas y cascotes, entre las calamidades y sufrimientos, podrá levantarse un futuro justo y benemérito cuyas raíces no estén podridas. Los integrados, en cambio, entienden la presente como una crisis sin duda grave, pero que se superará con el paso del tiempo, y más vale no tocar excesivamente las narices de ningún sector, ni hacer experimentos políticos, administrativos o económicos arriesgados, ni cuestionar, por supuesto, las bases de lo que hemos sido hasta ahora. Ninguna de las dos posturas tiene que ver, en el fondo, con posicionamientos optimistas o pesimistas. Hoy es un deber ser pesimista – un pesimista razonable y razonador – en Canarias. Y si uno se pone gramsciano, el optimismo de la voluntad tiene que basarse, paradójicamente, en un análisis descarnadamente realista de la razón.
El último libro de José Carlos Francisco, La reforma necesaria. Canarias ante la crisis de nuestras vidas ofrece el análisis de un economista que ha ejercido importantes responsabilidades públicas, pero que ha tenido que sobrevivir como empresario en la realidad de la competencia y que, hace muy pocos meses, se ha convertido en el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en la provincia santacrucera. Por supuesto, Francisco es un autor que quiere que su libro se compre y se lea, pero teniendo en cuenta las particularidades del mercado editorial canario, en realidad lo que mueve al exconsejero de Economía y Hacienda es la curiosidad intelectual, las demandas analítica de su profesión y, aunque no lo reconozca, cierta voluntad de servicio. Tres años soportando una tormenta económica, social y laboral aterradora, y son muy pocos los materiales sólidos, las visiones argumentadas, con los que contamos para el debate de los orígenes, el desarrollo y las hipotéticas estrategias de superación de la crisis en el espacio público canario. El valor más inmediato de La reforma necesaria está en su misma aparición, sin desdeñar la sosegada agudeza del autor, su voluntad de desmontar algunos tópicos y lugares comunes de peso granítico y sus mismas propuestas de futuro.
Uno de los rasgos más interesantes de La reforma necesaria es su empeño, no por pachorrudo (a veces) o irónico (otras) menos evidente, en señalar que la crisis económica en Canarias tiene rasgos propios muy acentuados, y que esta catástrofe ha revelado las debilidades de las estrategias de crecimiento económico consagradas en el Archipiélago y las torpezas y frivolidades que han caracterizado la evolución organizativa y cuantitativa de las administraciones públicas canarias. Al respecto el autor realiza en ocasiones observaciones casi antropológicas. Es cierto que en el empresario ha tenido muy a menudo mala prensa en las Islas, como señala Francisco, aunque el autor no se detiene a buscar razones históricas y sociales para explicarlo. Uno no cree que el isleño tenga precisamente genes anticapitalistas. Quizás la explicación (al menos una explicación parcial) está en que, con todas las excepciones históricas de rigor, los empresarios emprendedores son una novedad de los últimos cuarenta años, y que durante muchísimo tiempo se entendió como empresario a los importadores de bienes de consumo o a los exportadores agrícolas ligados al control de la propiedad de la tierra y el agua (y a veces coincidían ambos roles en nuestro pequeño país). No parece muy extraño que no gozaran de una amplia popularidad. Francisco también señala la creación de una casta de nuevos mandarines, que identifica con el funcionariado canario, y aunque los datos que proporciona sobre el desorbitado crecimiento de las plantillas son incontestables, se me antoja que la comparación histórica –admitiendo incluso su carácter humorístico – no es muy acertada. Primero, los mandarines tenían que sudar tinta (china) para aprobar unas pruebas de acceso durísimas que llevarían al suicidio al más bregado opositor a Notarías en la actualidad. Y en segundo lugar, solo a una reducida élite del funcionariado canario podría entenderse como un mandarinazgo a veces excesivamente próximo al poder político – desde los años noventa los jefes de Servicio ocupan la plaza como cargos de confianza – y otras, en cambio, como piezas que ralentizan, obstaculizan o desactivan las decisiones de los políticos de turno que gobiernan aplicando un programa elegido democráticamente. Por eso, en España y en Canarias, la reforma de las administraciones pública, su racionalización operativa y organizativa, debe estar acompañada necesariamente de una reforma de la Ley de Función Pública.
Canarias, apunta José Carlos Francisco, ha retrocedido prácticamente diez años en términos económicos. Nuestra renta per cápita es la misma que en 2003 y el PIB en términos absolutos fue en 2010 el mismo que el de 2007. Sus previsiones para situarnos en un estadio similar al de finales al 2007 “nos llevan a un camino largo y tortuoso: 2013 (PIB global) y 2017 (PIB por habitante)”. La recuperación del mercado de trabajo ofrece unas expectativas igual de lentas y débiles: tardaremos aun cinco años o seis años…en alcanzar los niveles de desempleo de mediados de 2007, cuando casi 90.000 canarios carecían de un puesto de trabajo. Gestionar este amplio desempleo de larga duración parece milagroso sin riesgo cierto para la cohesión social del país. ¿Reformas? En el análisis de Francisco – que en ocasiones las plantea directa y otras indirectamente — la inmensa mayoría de las mismas corresponde implementarla a los poderes públicos: racionalización de las administraciones y de sus costes, renuncia a lo que entiende como furibundo intervencionismo en materia de planificación territorial y turística, que trae como consecuencia una proliferación selvática de leyes y normativas y códigos que asfixian demasiadas veces cualquier iniciativa o innovación empresarial, ampliación de la participación privada en los sistemas públicos de educación y sanidad. Es el recetario, inteligentemente expuesto y salpimentado una ironía benedictina, de un liberal que, como todos los liberales, incluso los más inteligentes, entiende que las leyes del mercado están inscritas en el movimiento de los astros, y sus consecuencias sociales negativas son, sin duda lamentables, pero que en todo caso nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Una de las enormidades – al menos muy discutible –del diagnóstico del autor es que Canarias está regida nada menos que por modelo de economía planificada. La bicha maligna que más estremece a Francisco es la ley de directrices – por no mencionar la moratoria turística – que supuso “cruzar el Rubicón de un modelo de planificación económica, territorial, urbana y medioambiental que, sin alcanzar proporciones de ingeniería social, sí supone una intervención en los recursos de proporciones gigantescas, con resultados claramente opuestos a los defendidos en su redacción”. Afortunadamente, el autor, después de denunciar esta patología casi soviética, aclara que la solución no puede estar “en un golpe de péndulo que establezca una desrregulación a ultranza”. Menos mal. También son llamativas las observaciones que realiza sobre un Estado de Bienestar que ve condenado inapelablemente a una delgadez tísica en los próximos años y décadas, o la imperiosa necesidad, a su juicio, de nuevas reformas laborales, introduciendo mecanismos de bonificación para rebajar las cotizaciones sociales a cargo de la empresa y flexibilizando los requisitos de contratación (y no obsesivamente los de despido). Francisco, hace un par de años, fue uno de los adalides de introducir medidas a favor de un nuevo modelo de relaciones laborales, lo que se ha llamado flexiseguridad, que no sin cierta razón rechazan desconfiadamente sindicatos y fuerzas de izquierda. La flexiseguridad funciona bien en países prósperos y competitivos como Holanda o Austria, entre otras razones, porque su amplia cartera de prestaciones social lubrica las dificultades y limitaciones de los trabajadores acogidos a la nueva fórmula (desde transportes gratuitos hasta guarderías públicas).
Con todo, la reflexión central de La reforma necesaria es la que proyecta sobre la estrategia de desarrollo económico del Archipiélago, que para Francisco seguirá basado inevitablemente en el turismo. Un turismo de calidad, que sin renunciar al sol y a la playa aprenda a diversificarse desde la excelencia vendiendo ocio, espectáculos y hasta casinos, un turismo en el que se inyecte valor añadido y que debe seguir siendo el motor de la economía regional, con un conjunto de actividades periféricas y complementarias merecedoras de estímulo: actividades logísticas con la vista puesta en China, Brasil y África, energías alternativas, transportes y, convenientemente redimensionada por las propias circunstancias, la construcción, ahora mismo en estado catatónico. La principal alerta de Francisco – y esta advertencia recorre casi todas las páginas del libro – es que el mundo ha cambiado, está cambiando y seguirá cambiando aceleradamente en el futuro. Es un mundo policéntrico con una economía globalizada que desarrolla y se desarrolla a través de la competencia y las redes de información. Canarias debe tomar sus opciones y hay muy poco tiempo que perder. En este sentido al menos la crisis puede ser una oportunidad para tomar decisiones sobre las que vertebrar un proyecto económico y social renovado, lúcido y sostenible. Y para eso – y esto ya no entra en los análisis económicos, por supuesto –resulta imprescindible debate, consenso y asunción de responsabilidades compartidas. Es una de las virtudes no menores del último libro de José Carlos Francisco: ofrecernos su diagnóstico como un espejo donde le podemos discutir muchas cosas, pero no el rostro de nuestra responsabilidad.

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