Fernando Clavijo

Imputaciones y dimisiones

Hace unos días mantuve en las redes sociales una conversación con varios amigos sobre la imputación de Pedro Fernández Arcila por varios delitos, decidida por un juzgado de Granadilla. Lo que más me alarmó, por parte de mis interlocutores de Alternativa Sí Se Puede, fue la combinación entre patriotismo de partido y una ignorancia judicial y procesal que demostraban apasionada, tercamente. Según su relato – el que se ha mantenido en intervenciones y comunicados públicos – la imputación de Fernández Arcila es el podrido fruto de una conspiración grotesca que pretende destruirlo política y electoralmente. Fue inútil advertirles que ningún partido político ha imputado a Fernández Arcila, sino la autoridad judicial. Tan inútil como recordarles que, jurídicamente hablando, no existen imputados verosímiles o inverosímiles, sino imputados sin más. En definitiva, a su compañero le estaba ocurriendo lo que ellos habían decidido y no lo que había decidido un juez.
A Fernández Arcila le avala un comportamiento público de muchos años – en la política y en la abogacía  — caracterizado por la honradez y la honorabilidad, por la generosidad, la bonhomía y la transparencia. Estoy razonablemente convencido de que podrá demostrar en el juzgado de instrucción que su asesoramiento al anterior gobierno municipal de Granadilla de Abona se ajustó en todo momento a la legalidad y que este asunto será archivado. Lo que servidor le pedía en todo caso a Alternativa Sí Se Puede es una reflexión – quizás necesaria para todos – sobre las relaciones entre actitudes políticas y decisiones judiciales. ¿Es razonable elevar a norma universal que un político –o un candidato electoral –imputado por un juez deba dimitir inmediatamente? ¿Debería hacerlo acaso Fernández Arcila? En mi opinión no. Desgraciadamente Alternativa Sí Se Puede, como el resto de los partidos tradicionales o emergentes, no está dispuesta e embarcarse en este debate, y opta, como todos los demás, por los aspavientos dramáticos, la indignación polifónica, la rumurología espesa, las versiones conspiranoicas –tengan o no un poso de verdad – y la defensa numantina de sus cargos y dirigentes. Y la mayor prueba de este porfiado error es la decisión tomada ayer por SSP de recurrir el archivo provisional de las imputaciones del alcalde de La Laguna y candidato presidencial de CC, Fernando Clavijo. En un comunicado de prosa superferolítica y argumentación punto menos que neurótica, Francisco Déniz concluye en que resulta “totalmente inexplicable” el archivo de las imputaciones de Clavijo, quien “no ha demostrado nada”. No es al señor Déniz ni al respetable público al que Clavijo debía demostrar nada. Han sido la fiscal del caso, la Fiscalía Anticorrupción y, finalmente, la juez competente, quienes no han visto indicios de delito en los comportamientos de Clavijo investigados durante varios meses. Claro que esto se le pueden antojar simples tecniquerías al señor Déniz. Tecniquerías que se llaman Estado de Derecho, Derecho Procesal y demás fruslerías diseñadas malignamente para evitar que la justa ira del pueblo caiga sobre los apriorísticamente culpables. No logro deshacerme de la incómoda sensación de que lo que intenta la dirección SSP es  mantener una imputación viva para que la suya no se quede sin compañía en los medios de comunicación.

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Una (otra) campaña electoral

¿Propuestas? No, no he escuchado ni leído nada semejante en los meses previos a las elecciones autonómicas y locales. Quizás estemos en los prolegómenos de un nuevo ciclo político y demás gaitas melodiosas entre la esperanza y el recelo, pero todo esto se parece sospechosamente a una campaña electoral. A una campaña electoral de las de toda la vida, vamos. Fernando Clavijo habla de simplificar las gestiones de las administraciones públicas y desburocratizar la creación de empresas como portentoso instrumento de crecimiento económico: retite usted  papeleos y baja impuestos y Canarias se llenará de gastrotascas y dulcerías, como La Laguna. A María Australia Navarro solo se le conoce la promesa, casi un grito en el último pleno parlamentario, de crear 100.000 puestos de trabajo en el Archipiélago, se ignora si en su totalidad a cargo de Corporación Dermoestética. Patricia Hernández se multiplica en micromítines donde expone sus microocurrencias. Y Podemos – con o sin el acompañamiento matrimonial de Sí se puede – se dedica, tampoco cabe esperar otra cosa, a afearle la conducta a la casta, ese malvado polimorfo, y a posicionarse contra el Mal y a favor del Bien. Eso es más o menos todos, si exceptuamos las faenas submarinas de Román Rodríguez y la soledad en el ángulo oscuro por sus votantes tal vez olvidada de Izquierda Unida.
Las circunstancias han hecho coincidir el hartazgo de las gentes – y la creciente e irritada desafección hacia el sistema institucional — con las crisis de los partidos instalados y las cuitas de los partidos que pretenden instalarse en el ecosistema político. Si Patricia Hernández, por ejemplo, no concreta análisis solventes y propuestas específicas no es únicamente porque no disponga de equipos y analistas en una organización desertizada de talentos y cada vez más desconectada con la sociedad civil, sino porque debe combatir con una dirección regional que la contempla, en los momentos más cariñosos, casi como un capítulo de eCarly. Hernández no vive únicamente para sortear las trastadas e indiferencias de José Miguel Pérez, Julio Cruz y compañía, sino que se exaspera por lo que puede ocurrir a partir del próximo junio. Sabe que su máxima aspiración solo puede ser repetir los muy mediocres resultados cosechados por Pérez en el año 2011, pero si a partir de los mismos no suma la Secretaría General del PSC-PSOE, está políticamente muerta, y con ella, probablemente,  cualquier posibilidad de supervivencia a medio plazo de la propia organización socialista. Por eso se opone a que Carolina Darias  –su oponente en las primarias a la candidatura presidencial –encabece la lista parlamentaria por Gran Canaria. Porque Darias puede ser la alternativa del capidisminuido aparato josemiguelista después de la hecatombe electoral. Entre un encuentro ciudadano y otro Hernández no se separa del móvil. Ferraz. Que se ponga Pedro. Que localicen a Pedro. Soy Patricia. ¿Dónde está Pedro? Soy Patricia Hernández. Pedro, llámame. Llámame ya.

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Confrontaciones y deslealtades

Durante toda su carrera política Fernando Clavijo se ha cuidado mucho de presentar la imagen de un follonero. Los hechos demuestran más o menos lo contrario: Clavijo detesta la confrontación e intenta siempre trenzar acuerdos y, si es posible, articular consensos. No es el trasunto de un alma bondadosa, sino una técnica de gobierno de estirpe municipal. Por eso se me antoja poco verosímil que el todavía alcalde de La Laguna haya elegido la pelea contra el Ejecutivo regional, y menos aun contra su presidente, como instrumento de campaña electoral. Lo que ocurre se explica, más bien, por las particularidades de esta campaña en el universo coalicionero. Por primera vez en Coalición Canaria el presidente saliente lo es porque perdió la nominación  frente a otro candidato. Y la perdió pese a las feroces presiones en las que se empeñó personalmente con un denuedo oscuro e incansable. Manuel Hermoso aceptó la llegada de Román Rodríguez, que formaba parte de su Gobierno como director del Servicio Canario de Salud; Rodríguez perdió la oportunidad de una segunda candidatura, pero Adán Martín era su consejero de Economía, Hacienda y Comercio; Martín se retiró para no someter a presiones intolerables a CC y jamás se le ofreció nada en un gesto de suprema mezquindad.  La situación actual ha devenido diferente. Paulino Rivero es el presidente del Gobierno y ya ha dejado claro que no piensa participar, ni durante cinco minutos, en la campaña electoral de candidato de su propio partido. Su equipo gubernamental no moverá un dedo – ni en materia informativa – a favor del candidato presidencial de CC. A Rivero apenas le quedan apenas tres meses al frente del Ejecutivo y, por tanto, no tiene ya adversarios políticos, salvo uno, precisamente:  Fernando Clavijo.
Las políticas sociales y asistenciales del Gobierno de Rivero han fulgido entre insignificantes y catastróficas. Suscribir el optimismo lunático de Inés Rojas sobre su gestión es tan razonable como coincidir con la satisfacción de un presidente que llegó al poder con un 10% de desempleo y se marcha con más de un 30% de parados. A Rivero ya todo le da lo mismo, excepto demostrar al aspirante que, hasta el último segundo, está dispuesto a evidenciar que la administración autonómica sigue en sus manos. Por eso incluso  se ha preocupado en mantener a su lado a  Fernando Ríos Rull, al que ha gestionado una comisión de servicios desde su puesto funcionarial de letrado del Consejo Consultivo. El mismo Ríos Rull al que se vió obligado a destituir como comisario para el Desarrollo del Autogobierno a petición de CC. El mismo Ríos Rull que se agota a diario en las redes sociales apostrofando de CC y que está organizando un partido para competir electoralmente con la fuerza política que preside Paulino Rivero. Pues ahí sigue, trabajando humildemente para la Presidencia del Gobierno. Pero eso, claro, no es una deslealtad nauseabunda. Eso es poderío.

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Dimitir un poquito

“El Gobierno”, salmodió Martín Marrero, portavoz desde el Paleolítico Superior, “mantiene su confianza en don Fernando Ríos Rull como comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y Reformas Institucionales”. Pues no. No es el Gobierno quien mantiene una confianzuda confianza en el señor Ríos Rull, sino su presidente, porque, según el Estatuto de Autonomía, es él quien separa, nombra y puede destituir a los cargos del Ejecutivo. Pero qué más da. Se ha perdido hasta el último ápice de vergüenza política y decoro institucional. Por otro lado, ¿cómo no mantener la confianza en un sujeto que en los últimos tres años ha impulsado tan brillantemente el autogobierno y ha sabido implementar las reformas institucionales que disfruta actualmente la comunidad autonómica? Para resumir la situación, en fin, tenemos un comisionado que abandona su partido político entre fabulosas descalificaciones a su estrategia y a su candidato presidencial, y anuncia, en su vertiginoso minuto de gloria, que fundará otra opción política nacionalista que competirá en el mercado electoral con la organización que ahora pone a parir, y cuyo presidente – que al mismo tiempo es jefe del Ejecutivo –confirma en el cargo. Para seguir en el despacho le ha bastado con dimitir un poquito. Más allá de las cuitas y agarradas internas de los coalicioneros este deleznable espectáculo es un síntoma de la degradación política que padece este país.
El mensaje de Paulino Rivero a Clavijo y a la organización tinerfeña de CC deviene inequívoco y abre la veda a otros dimisionarios que no dimitirán ni por casualidad. No creo que el Gobierno regional llegue a convertirse en un equipo de dimisionarios que no dimiten ni chorreándolos con agua hirviendo, pero a buen seguro brotarán otros (y otras) egregios caraduras y desilusionados sobrevenidos. Los suficientes para aparentar, al menos, una división en el seno de CC. Utilizar el Gobierno como ariete para erosionar al partido es una técnica relativamente novedosa y una de las últimas opciones que le restan a Paulino Rivero para seguir jugando al delirante juego de sucederse a sí mismo, para proseguir en el empecinamiento cesarista de no admitir las decisiones de su propio partido. Es difícil aventurar lo que ocurrirá con CC en las próximas elecciones autonómicas, a la que se enfrenta después de muchos años de gestión de la comunidad autonómica, una marca política con evidentes señales de desgaste y un candidato presidencial asaltado por rocambolescos problemas judiciales. Pero lo que está claro es el destino que le espera a cualquier chozo montando precipitadamente por una atrabilaria mesnada de oportunistas y paniagüados inescrupulosos: la nada.

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La operación

Fernando Ríos Rull ha descubierto, con un malestar espiritual perfectamente comprensible, que CC se convirtió en una fuerza derechista e insularista el pasado 12 de septiembre, cuando fue elegido candidato presidencial Fernando Clavijo. Porque en realidad toda la tartufesca escenografía que Ríos Rull se está marcando – los pucheros y las críticas previas a la votación del candidato, la chismografía tuitera posterior, su abandono de la organización – se derivan simplemente de este modesto hecho: Paulino Rivero – ese adalid del nacionalismo progresista y ecologista en Canarias — no consiguió optar a un tercer mandato presidencial. Desde ese día aciago los partidarios de Rivero han tocado todos los palos de la intoxicación más deleznable y ridícula, sin desdeñar ni las teorías conspirativas – un complot en el que el pobre presidente del Gobierno, a solas con los presupuestos generales de la Comunidad autonómica y el Boletín Oficial de Canarias, se convirtió en víctima de gente tan ambiciosa que estaban dispuestos a que no gobernara durante doce años ininterrumpidos – ni las denuncias sobre un partido sojuzgado y silenciado, sin comparación apenas con ese pujante y transparente vergel de debate y crítica que era la CC tinerfeña bajo la muy democrática guía de Javier González Ortiz. Y, por supuesto, en la gallarda despedida de Fernando Ríos no se encontrará una palabra de reproche por la perversión político-ideológica que padece la organización al secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ni al presidente de CC, que no es otro que el mismo Paulino Rivero.

La salida de Ríos Rull de CC no es una decisión estrictamente personal, sino que se inserta en una estrategia política del señor Rivero para sobrevivirse políticamente después del próximo mayo. Con un gesto de suprema delicadeza Ríos Rull no ha dimitido como comisionado del Gobierno autonómico –a lo que cualquier ciudadano con un mínimo sentido de la decencia estaría obligado –sino que ha puesto su cargo a disposición del jefe del Ejecutivo. Ya se verá si Rivero lo destituye o no mientras se fragua el siguiente acto de la astracanada, la retirada del PNC, es decir, de Juan Manuel García Ramos y su muy reducida comparsa, entre ajijides y jaculatorias para la refundación de un auténtico nacionalismo canario, mimetizando en lo posible aquella patochada que se llamó la Federación Nacionalista Canaria y que contó en su día con las bendiciones de otro patriota de izquierdas, Dimas Martín. Lo apasionante será comprobar el papel que se reserva Paulino Rivero, pero después de los últimos años no resulta del todo inverosímil  que intente simultáneamente agotar su mandato y liderar (¿a medias?) una nueva (o no tanto) opción política. Cualquier ciudadano convendría en entender esta operación como una estafa sórdida e intolerable. Y se quedaría corto.

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