Hace unos días mantuve en las redes sociales una conversación con varios amigos sobre la imputación de Pedro Fernández Arcila por varios delitos, decidida por un juzgado de Granadilla. Lo que más me alarmó, por parte de mis interlocutores de Alternativa Sí Se Puede, fue la combinación entre patriotismo de partido y una ignorancia judicial y procesal que demostraban apasionada, tercamente. Según su relato – el que se ha mantenido en intervenciones y comunicados públicos – la imputación de Fernández Arcila es el podrido fruto de una conspiración grotesca que pretende destruirlo política y electoralmente. Fue inútil advertirles que ningún partido político ha imputado a Fernández Arcila, sino la autoridad judicial. Tan inútil como recordarles que, jurídicamente hablando, no existen imputados verosímiles o inverosímiles, sino imputados sin más. En definitiva, a su compañero le estaba ocurriendo lo que ellos habían decidido y no lo que había decidido un juez.
A Fernández Arcila le avala un comportamiento público de muchos años – en la política y en la abogacía — caracterizado por la honradez y la honorabilidad, por la generosidad, la bonhomía y la transparencia. Estoy razonablemente convencido de que podrá demostrar en el juzgado de instrucción que su asesoramiento al anterior gobierno municipal de Granadilla de Abona se ajustó en todo momento a la legalidad y que este asunto será archivado. Lo que servidor le pedía en todo caso a Alternativa Sí Se Puede es una reflexión – quizás necesaria para todos – sobre las relaciones entre actitudes políticas y decisiones judiciales. ¿Es razonable elevar a norma universal que un político –o un candidato electoral –imputado por un juez deba dimitir inmediatamente? ¿Debería hacerlo acaso Fernández Arcila? En mi opinión no. Desgraciadamente Alternativa Sí Se Puede, como el resto de los partidos tradicionales o emergentes, no está dispuesta e embarcarse en este debate, y opta, como todos los demás, por los aspavientos dramáticos, la indignación polifónica, la rumurología espesa, las versiones conspiranoicas –tengan o no un poso de verdad – y la defensa numantina de sus cargos y dirigentes. Y la mayor prueba de este porfiado error es la decisión tomada ayer por SSP de recurrir el archivo provisional de las imputaciones del alcalde de La Laguna y candidato presidencial de CC, Fernando Clavijo. En un comunicado de prosa superferolítica y argumentación punto menos que neurótica, Francisco Déniz concluye en que resulta “totalmente inexplicable” el archivo de las imputaciones de Clavijo, quien “no ha demostrado nada”. No es al señor Déniz ni al respetable público al que Clavijo debía demostrar nada. Han sido la fiscal del caso, la Fiscalía Anticorrupción y, finalmente, la juez competente, quienes no han visto indicios de delito en los comportamientos de Clavijo investigados durante varios meses. Claro que esto se le pueden antojar simples tecniquerías al señor Déniz. Tecniquerías que se llaman Estado de Derecho, Derecho Procesal y demás fruslerías diseñadas malignamente para evitar que la justa ira del pueblo caiga sobre los apriorísticamente culpables. No logro deshacerme de la incómoda sensación de que lo que intenta la dirección SSP es mantener una imputación viva para que la suya no se quede sin compañía en los medios de comunicación.
