Retiro lo escrito

El espejismo

Es un poco hilarante. Lo que la mayoría de la izquierda isleña encuentra mal de la propuesta de referéndum del presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, es que no se aplique a otras cosas. A las cosas que pluguiera a cada uno. Un referéndum sobre el puerto industrial de Granadilla. Un referéndum sobre la reforma electoral. Un referéndum sobre el Régimen Económico y Fiscal. Prodigioso descubrimiento: el referéndum como chute vitamínico al deteriorado sistema democrático. El referéndum como alfa y omega de una verdadera democracia participativa. Y solo cabe sospechar de aquellos que no admitan el referéndum como un método ya no intachable, sino inmejorable para la toma de decisiones políticas democráticas. A la izquierda que padecemos – la que abomina del régimen electoral, pero se relame pensando en los diputados,  senadores y concejales que les prometen las encuestas – al parecer le traer sin cuidado que esta sea una operación política del presidente Rivero legalmente inviable y de la que solo puede extraerse un rédito propagandístico muy particular, tan particular como el patio de su casa. Compañeros, explotemos las contradicciones del sistema, como rezaban las viejas jergas – indistinguibles de las nuevas– hace cincuenta años. A ver, sinceramente, ¿a quién no le apetece un referéndum?
Pues verán, un referéndum no tiene por qué ser el mejor mecanismo de toma de decisiones. Raramente lo es. Los muy civilizados suizos acaban de manifestarse impresentablemente en una consulta para limitar con severidad xenofóbica la entrada de emigrantes en la Confederación Helvética. En estas ínsulas Paulino Rivero barrería en un hipotético referéndum con semejante contenido consultivo. Como técnica de participación política los referéndums tienen ventajas, pero también costes: ofrecen soluciones dicotómicas para problemas complejos, limitan la autonomía de los representantes públicos y restan incentivos al debate, la transacción y el acuerdo, sin contar con sus problemas operativos. Supongamos que pudiera hacerse una consulta jurídicamente vinculante sobre las malhadadas prospecciones de Repsol: Lanzarote y Fuerteventura votan mayoritariamente en contra, pero gana en el conjunto regional el voto a favor por un estrecho margen. No. Este  conato inviable de referéndum es un interesado espejismo. Sobran razones, recursos y estratagemas para oponerse – con perfecta legitimidad democrática – a una amenaza ecológica y medioambiental de primer orden.

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Un referéndum a la medida

Del fondo de su chistera – o de su cachorro – el presidente Paulino Rivero ha extraído su penúltimo conejo: un referéndum para consultar a los ciudadanos canarios si aprueban o rechazan las prospecciones de Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Todavía no he leído ninguna reacción del PP – si bien cualquier reacción del PP es previsible – pero para mi estupefacción he detectado diversos riquirracas desde el PSC-PSOE, sin contar con los desfallecimientos de gozo de los paulinistas más despepitados del entorno presidencial. En realidad poco o nada tiene que ver esta iniciativa con la defensa medioambiental de Lanzarote o Fuerteventura, porque solo forma parte de la particular estrategia de Rivero para culminar el más obsesivo de sus afanes: su proclamación como candidato presidencial de CC para las elecciones autonómicas del año 2015.
Rivero sabe que, con el estatuto de autonomía en la mano, no puede convocar un referéndum, es decir, una consulta jurídicamente vinculante, aunque la mayoría absoluta del Parlamento canario apoye su celebración. No es el Gobierno de Rajoy quien debería autorizarlo, sino nada menos que las Cortes. Exactamente igual que en el caso de la reivindicación de la Generalitat catalana. Rivero juega, por lo tanto, a ser un poco de Mas para no ser menos. De la misma experiencia acumulada en la sociedad civil de Cataluña en los últimos años podría tomar ejemplo para organizar una consulta simbólica, una encuesta de valor político, ya que no jurídico. El Gobierno autonómico podría, por ejemplo, adherirse a una consulta organizada por ONG, o asociaciones ecologistas, o entidades vecinales, que evidenciaran el rechazo mayoritario a las ambiciones de Repsol en aguas isleñas. Si Paulino Rivero opta por el referéndum es, precisamente, sabiendo que se le impida realizarlo, pero no ignorando la cosecha de nuevos réditos de imagen pública y protagonismo mediático. Allí está, de nuevo, el David digno e impoluto contra el Goliat voraz y oleaginoso. He aquí un nuevo espacio de enfrentamiento con el Estado — ¿que se hizo de esa diligente advertencia al Rey y a la patria sobre los brotes soberanistas? — por una buena causa que nadie juiciosamente podrá discutir porque, como repite don Artur,  ningún canalla se opone a que se consulte a un pueblo. Y más (Mas) aun: ¿quién le puede negar su voto en el Consejo Político Nacional a aquel que abandera la voluntad de sus conciudadanos y está dispuesto a fundirse con el derecho a decidir que nada de prospecciones?

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Fetasa vive

 En una entrevista en sus últimos años, en los que vivió y durmió en la calle, Antonio Bermejo, el fetasiano menor lo dijo confusa, pero acertadamente: “Si Isaac hubiera tenido la gracia del lenguaje…hubiera sido un gran escritor”. La gracia del lenguaje. Bermejo tenía razón y, al mismo tiempo, estaba confundido. A Isaac de Vega no le interesaba crear un lenguaje hermoso, sino desnudo. Era más demencialmente modesto: no quería construir un estilo, sino un universo. Y lo consiguió. Ahora ha muerto, a los 94 años, después de sobrevivir a todos sus compañeros, culminada hace tiempo toda su obra, dueño y señor de todas sus palabras. Pero Fetasa vive.
El fetasianismo – esa broma trascendental – es al mismo tiempo una experiencia, una vía de exploración de la realidad y una ética literaria. Cuando su novela central fue redescubierta, en los años setenta, todos sus entusiastas hermeneutas coincidieron en la excepcionalidad de un texto absolutamente ajeno a lo que se estilaba en la literatura española contemporánea, y lo dejaron ahí, como el resto de la obra de Isaac de Vega, colgando asombrosamente de sí mismo: ya eran otras las inspiraciones, sanciones y estímulos de las nuevas generaciones isleñas de escritores y escribidores. Lo señalaron, admirativamente, como una bomba de relojería que había estallado sin víctimas, sin reparar que entre las víctimas estaban ellos mismos. La conclusión – o el punto de partida – de Fetasa, su ontología cabalmente delirante, es que este asunto invivible, la propia vida, no podía ser comprendido y expresado de otra forma que arrojándose al vacío porque todos los suelos – las convicciones políticas e ideológicas, las convenciones narrativas, los prejuicios o antojos estéticos o religiosos – no eran sino trampas por sobre las que andar grotescamente de puntillas. “Nunca empiezas el camino”, escribió el maestro, “sino que te encuentras de nuevo andando”. El rostro de lo más profundo asciende vertiginosamente de un barranco en Ijuana y en un instante que dura nada la conciencia, un animal atroz y acorralado,   entiende, vive y muere en la unidad imposible de todas las cosas. Por supuesto que un escritor así será siempre un solitario exiliado y hará de su exilio una humilde ética de la resistencia y de su soledad un atento ejercicio de solidaridad con todas las almas. Bermejo se equivocaba, como todos nosotros, porque Isaac de Vega fue y será un gran escritor: una vez leído y releído nada vuelve a ser como antes y su universo, la más rica e intensa alegoría isleña, solo puede ser compartido, nunca vulnerado por cualquier titubeante explicación.

 

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Economía sumergida

Lanzarse indignadamente a pleno pulmón en las profundidades de la economía sumergida puede terminar en infarto cerebral. La publicación de un interesante informe de Gestha (colectivo de inspectores de Hacienda) correspondiente al año 2012, y que señalaba que la economía sumergida en Canarias rozaba el 28% del PIB, es decir, movía unos 11.200 millones de euros, ha causado las habituales reacciones de estupefacción y escándalo (en España se sitúa en un porcentaje inferior, aunque no demasiado, el 24,6% del PIB nacional). Es evidente que hago funcional mal –si no pésimamente – en los mecanismos fiscales del país, cuyo Gobierno, en una situación como la actual, no ha actuado para reforzar medios técnicos y plantillas en la Agencia Tributaria, dedicándose, por el contrario, a desplegar vendettas contra funcionarios demasiado impertinentes, cuando no rojos y masones,  y a recolocar a su fiel infantería en el escalafón administrativo. Lo malo es que el justificado escándalo de estas cifras suele alimentar directamente convicciones y posturas milagreras, para las cuales bastaría con reflotar legalmente toda esta pastizara y desaparecería en un instante el déficit estructural del Estado, se podrían mantener los servicios sociales y asistenciales del Estado de Bienestar, e incluso potenciarlos, las pensiones podrían aumentar por encimar de la inflación y la pesadilla de los recortes llegaría a su fin.
No es así. La lucha contra el fraude fiscal debería transformarse en una prioridad política, pero sin desconocer que sus resultados no eliminarán la imperiosa necesidad de reducir racionalmente el gasto público. La legalización de la economía sumergida no permitiría eliminar casa automáticamente — aunque cierta izquierda se embelece con esta fantasía — la crisis fiscal del Estado por tres razones básicas. Primero, muchas de las actividades opacas fiscalmente dejarían de desarrollarse si se sometieran al control tributario correspondiente; solo son rentables para sus auspiciantes, precisamente, por operar fuera del sistema. Muchas otras tributarían minúsculamente. Segundo, el mismo afloramiento de la economía sumergida implica gastos: un nuevo afiliado a la Seguridad Socia, por ejemplo, los supone. Tercero, Canarias, territorio fragmentado con una economía devastada por la desaparición de la construcción y un paupérrimo consumo interno, no presenta una estructura productiva como Gran Bretaña, Francia o Dinamarca: la persecución del fraude fiscal es más compleja y ardua y, en última instancia, no es el éxito tributario lo que supone una economía sana y pujante, sino más bien lo contrario.

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El sepulturero de la rosa

Las opiniones de Casimiro Curbelo sobre la democracia directa o el sector del ocio nocturno en las grandes capitales europeas son probablemente prescindibles; en cambio, su análisis sobre la situación del PSC-PSOE no suelen carecer de interés, y no solo del suyo. Curbelo ha bruñido una conclusión a partir de lo ocurrido en la organización socialista en los últimos años, una conclusión de un realismo obsceno: “El PSC está consiguiendo no poder gobernar en el futuro”. No se me ocurre mejor resumen aunque habría que contextualizarlo: conservar la cuota de poder en el actual Gobierno autonómico está llevando a los socialistas ha dinamitar su propio partido. Apenas unas horas después de que la dirección federal ordenara la suspensión de toda actividad orgánica (sobre la inorgánica, todavía no se ha pronunciado, lo que excluye a Manuel Marcos) del PSOE de La Palma, un juzgado encuentra que la expulsión de Anselmo Pestana y sus compañeros en el Cabildo no se ajusta a la legalidad ni a las propia normativa interna del PSC, por lo que considera que deben considerarse militantes socialistas de plena derecho, individualmente y como grupo en la corporación insular.
Disolver de facto el PSOE palmero resulta una medida suicida para la organización en toda Canarias a año y medio de las elecciones autonómicas y locales. En el peor de los casos Pestana y los demás estigmatizados están dispuestos a montar un nuevo partido y competir electoralmente. La situación en La Palma se suma a los ruinosos desgarros en Tenerife: entre el otoño de 2010 y la primavera de 2011 el PSC perdió casi un tercio de sus militantes tras el portazo definitivo de Santiago Pérez y a continuación han saltado varios pactos municipales – el de mayor relevancia política ha sido el de Tacoronte – con la apertura de más expedientes de expulsión como único modus operandi de la cada vez más encastillada dirección regional. No es cierto que esta espada flamígera demuestre la fortaleza y brío de la autoridad del secretario general, José Miguel Pérez, el vicepresidente del Gobierno autonómico más silencioso de los últimos treinta años. Más bien lo contrario: es un síntoma de la debilidad extrema de su liderazgo, de su patológica incapacidad para el diálogo y el consenso, de su renuncia pancista a encabezar e impulsar la imprescindible reforma de una organización moribunda, inane y oligarquizada hasta los huesos. Pérez es el sepulturero del PSC-PSOE. Pero solo de ocho a cinco. A las seis ya está en la cama, en camisón y con el orinal al lado, leyendo a Gibbon.

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