Uno de los efectos perversos de las reformas políticas emprendidas por el Gobierno del PP en el último año y medio es que suelen ocultar o distorsionar la necesidad – a menudo urgente e insoslayable – de introducir cambios estructurales en numerosos ámbitos. La mayoría de las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy, por su insustancialidad, su sesgo ideológico, su tramposa defensa de intereses corporativos o su mera ineficacia, producen una reacción de crítica y rechazo que se agota en sí misma y, a menudo, se utiliza para justificar, explícita o implícitamente, el mantenimiento estúpido del status quo. Es lo que ocurre con la reforma de la enseñanza universitaria, incluida la política de becas: durante esta semana, el anuncio del Ministerio de Educación, indicando que habría que obtener una puntuación superior al 6,5% para mantener una beca, ha generado una reacción tan furibunda, incluso en las filas del propio PP, que José Ignacio Wert ha tenido que retroceder. Se canta victoria, pero no se avanza ninguna propuesta alternativa que merezca tal nombre a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de Enseñanza (LOMCE) y, por supuesto, muy pocos admiten que el sistema de becas español es realmente penoso y reclama urgentemente una reforma para cumplimentar su objetivo: contribuir a la igualdad de oportunidades entre los alumnos españoles.
La propuesta de Wert tiene su mérito: después de recortar el dinero asignado a becas universitarias en más de un 40% en España en apenas año y medio tensiona los requisitos para mantener la beca que afectan a los más socialmente desfavorecidos. Habría que empezar señalando que España se gasta muy poco en becas universitarias y este gasto se encuentra mediocremente gestionado. Incluso después del moderado incremento que supuso la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, el Estado español invirtió en becas universitarias un 0,08% de su PIB, mientras que la media de la UE es de 0,25% (datos de 2010). Wert podría haber conseguido, en efecto, que muchos estudiantes de rentas modestas y bajas notas desaparecieran de las universidades, pero las universidades seguirían trufadas de estudiantes de rentas medias altas y altas con malas notas. No se trata únicamente de una injusticia social, sino de un planteamiento financiero e inversor muy poco inteligente. En realidad el modelo económico de la universidad pública española es un monumento al derroche y a la ineficiencia, un ejemplo casi perfecto de gasto regresivo e ineficaz. Más de un 70% del coste real de la educación la financia directamente el Estado, al margen de la situación económica y el origen social de los estudiantes. En el año 2008 se calculó que el abandono de los estudios universitarios al cabo de varios años de holgazaneo o desconcierto, se traduce en España en un desperdicio de cerca de 2.800 millones de euros anuales (0,19% del PIB), y si a esto se le suma el 30% de abandono de la ESO habría que añadir otros 2.000 millones de euros. Y más aún: gracias a los repetidores en ambos niveles, que alargan su estadía en centros de secundaria o universidades, lo que significa a su vez una ampliación del consumo de recursos, la pérdida anual agregada alcanza a unos 5.600 millones de euros. La ineficacia e ineficiencia del sistema educativo público español se traduce en medio punto porcentual del Producto Interior Bruto. Una burrada de dinero para una burrada de estudiantes. Tanto el denominado Plan Bolonia como la mefítica floración de universidades privadas – que expenden títulos a cambio de matrículas de 10.000 euros anuales con escasísimo o nulo prestigio en el mercado laboral — se han mostrado inútiles para corregir esta situación, que ha conducido a unas universidades públicas que salvo excepciones (las hay, incluso en las universidades canarias, y no son siempre anecdóticas) a encastillarse en una baja cualificación docente, una capacidad investigadora estrangulada y una endogamia profesoral realmente admirable por su escasa permeabilidad y su olímpico desprecio por la competitividad científica. Un solo dato: solo un 2,5% de los estudiantes de las universidades española son extranjeros, frente al 25% de las universidades de Estados Unidos o el Reino Unido.
Las siguientes medidas para la reforma de la universidad pública española — algunas retoman fracasadas o incompletas reformas del pasado inmediato — proceden de los profesores Juan José Dolado y Jesús Fernández-Villaverde, que se han mostrado bastante críticos con la LOMCE y el descacharrante informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, firmado por Óscar Alzaga y Mariola Urrea. Tanto Dolado como Fernández-Villaverde entienden que esta reforma – como otras, como la que afectan a las administraciones públicas o el sistema de financiación autonómica – son claves para superar a largo plazo la crisis económica y sobrevivir en el mundo del siglo XXI.
1) Una mayor libertad por parte de las universidades públicas en la fijación de tasas ordinarias de matrícula y en la penalización del coste de las tasas extraordinarias para los alumnos repetidores.
2) Una mayor flexibilidad en la duración de los grados (como ocurre con las licenciaturas, donde, durante bastante tiempo, han venido coexistiendo las de 4 y 5 años).
3) Un sistema salarial mucho mas flexible dentro de los límites presupuestarios (con fondos públicos y privados) de cada institución evitando la excesiva uniformidad por categoría profesional (TU y CU) que rige en el modelo funcionarial existente.
4) Una financiación pública que de mucho mas peso a la calidad y no tanto a la cantidad mediante la evaluación periódica de los departamentos universitarios en cada disciplina (tipo Research Assessment Exercise en el Reino Unido).
5) Un estatuto de la carrera profesional del personal académico que fomente la movilidad y el control de calidad del mismo (con amplios períodos de prueba), evitando la endogamia existente y los desincentivos derivados de la funcionarización masiva y prematura de una significativa proporción de sus integrantes.
6) La apertura de nuestro sistema universitario a investigadores procedentes de otros países (solo el 0.5% de nuestros profesores universitarios son extranjeros frente al 30% en Estados Unidos y el 25% en Reino Unido).
7) Una potenciación de la financiación y reconocimiento social de la FP superior como vía de acceso mucho más eficiente al mercado laboral para muchos alumnos que fracasan en la universidad. La reciente reforma de la educación superior en Finlandia que elimina la condición de funcionarios a profesores retroactivamente a partir de enero de 2010, reduce el número de universidades mediante fusiones entre las ahora existentes y cambia radicalmente el sistema de gobernanza de las universidades públicas puede suponer un ejemplo para la necesaria reforma de nuestro sistema universitario.
8) En el capítulo de la gobernanza universitaria resultan indispensables cambios estructurales. El primero sería la sustitución del sistema de elección de rector. “De alguna manera se le ha metido al legislador la peregrina idea de que los profesores, estudiantes y personal administrativo tienen este derecho. Y digo peregrina pues no es la manera en la que seleccionamos los gestores de ningún otro servicio o agencia pública. Los beneficiarios de los servicios públicos somos todos, directamente (como los estudiantes de una universidad) o indirectamente (como partícipes en una economía con buenos profesionales o usuarios finales de la tecnología desarrollada en la universidad). Es por ello que, casi siempre, los gestores son nombrados por los poderes ejecutivos que son los que nos presentan al conjunto de los ciudadanos. Los inspectores de hacienda no votan al director de la Agencia Tributaria y los conductores del Metro de Madrid no votan al presidente de la compañía. La explicación de esta asimetría es sencilla: los profesores y estudiantes universitarios tienen un poder político desproporcionado a su tamaño y gracias a ello han extraído del resto de la sociedad un privilegio corporativo excepcional que disfrazan de apariencia democrática gracias a una sofística elocuencia” (Fernández-Villaverde). La propuesta – tomando como ejemplo las universidades estadounidenses – de un rector que sea un competente gestor contratado por un consejo de administración (con representantes del Estado, las comunidades autonómicas, los profesores y los alumnos) es más racional que el actual sistema, donde se entrecruzan y a menudo cortocircuetean intereses personales, corporativos y partidistas.
La inmensa mayoría, si no todas, de estas propuestas significan o demandan un estímulo de la cultura del esfuerzo y la dedicación e incluso a una inteligente meritocracia, tan indispensables como los fondos financieros para que la universidad española salga del agujero – entre cómodo y angustioso – donde ahora mismo está semienterrada. Hace algún tiempo, en una red social, mostré asombro porque una estudiante universitaria anunciara que, nada más comenzar el curso, estaba a punto de abandonar Tenerife para acudir a manifestaciones de protesta en Madrid contra el (sin duda) terrible Gobierno que padecemos. La estudiante se indignó mucho y hasta una de sus profesoras terció para animarla en la huida – solo estaría algunas semanas ausente – y presumió que jamás había examinado a ningún alumno. No pretendo generalizar, pero esta bufonada no carece de cierto valor a la hora de ilustrar lo que ocurre en la universidad pública de este país, en la que demasiados profesores y alumnos toman como un templete del saber donde pasar el rato, obtener un diploma y esperar que el mercado de trabajo reserve un fisco de consideración a un titulado universitario.
