Cry macho

Ya hacía falta. Estos tres años y medio de legislatura hemos descubierto carencias que padecíamos sin siquiera sospecharlo. La principal, tal vez, la de un líder macho. Feminista, por supuesto, pero muy macho. Un líder capaz de decirnos que basta ya de lloriqueos pusilánimes y de berrinches quejumbrosos. Basta ya de interminables llantos y de pedigüeñismo existencial, mariquitas. Ángel Víctor Torres se ha cansado de ser simplemente el presidente del Gobierno de una comunidad de nenazas y es ahora nuestro sargento de hierro. Ya nos imagino en fila mientras nos escruta de arriba abajo: “Referosky, Zecillo, Estatutón, me muero de ganas de meterme en la cama con ustedes”. Y la promesa: queramos o no nos transformará en ciudadanos respetuosos con el autonomismo psocialista pero, sobre todo, con don Pedro Sánchez y su voluntad de descentralizar el bien y centrifugar el mal. Seremos marines socialdemócratas con la jerarquía bien clara en la cabeza, la aceptación estoica del destino en el corazón, la voluntad de servicio hirviendo en las gónadas.

Yo asumo, porque me lo ordena mi sargento, mi parte quejica. Pero no me quejo por lo de las agencias estatales que nunca vinieron. Yo sollozo por las toletadas de mi suboficial y su estado mayor. Gente que lleva tres años y medio, en efecto, calentado la flor de su secreto, con una perfecta indiferencia hacia la actividad económica y empresarial en las islas. Su obsesión – sin duda parcialmente justificable – se ha centrado en la redistribución a través del Estado de Bienestar y en las ayudas y recursos extraordinarios para combatir los efectos destructivos de la pandemia: un reguero irregular de millones en el tejido empresarial que ha beneficiado relativamente poco a las microempresas canarias, las más numerosas y golpeadas. Próximamente este círculo dadivoso se cerrará con la aprobación de la ley que regulará la renta básica canaria. El otro día, cuando se dejó la norma preparada para su aprobación definitiva por el pleno parlamentario, una diputada de Podemos, henchida de gozo proletario, proclamó que este éxito era apenas un primer paso. La buena señora ya estaba pensando en una renta universal. Porque muchísimos de los que gobiernan o sostienen a este gobierno son unos chalados que creen que basta con pegar una patada empática al suelo para que la propia tierra escupa el dinero necesario para cualquier cosa. Viven aquí, son elegidos aquí, cobran y discursean aquí, pero siguen ignorando que Canarias no es un país rico. Ignorantes e irresponsables, mi sargento. Y aunque le moleste: estos machangos, sus bravos machangos, dan ganas de llorar.

Este es asimismo un Gobierno que ha obliterado un rasgo sustancial de la identidad política socialdemócrata: la atención a la educación pública. Conviene no dejarse engañar con la hemorragia verbal dedicada a solemnizar los cientos de profesores contratados. No encuentro a nadie que sepa exactamente cuántos son. A usted mismo, mi sargento, le he escuchado que son 300, que son 350, que son más de 400. Parece que se mueven tanto que resulta difícil contarlos. Claro que para mejorar la educación pública no basta – ni de lejos – con contratar a más profesores. Existen laboratorios, aulas informáticas y canchas deportivas mal dotadas, existen currículos no adaptados, existen alumnos con necesidades especiales desatendidos crónicamente. Existen dos universidades a las que usted, sargento, sigue negando un contrato programa, sigue negando la pasta para que recuperen el músculo financiero perdido hace una década. Unos 57 millones de mierda que usted les niega a través de la cabo furriel que le lleva los asuntos educativos como una cantina, mi sargento. Fíjese: eso representa más del 50% de lo que usted dedica a I+D+i. La comunidad autónoma que dedica menos a investigación y desarrollo en términos absolutos y en relación con su población, sargento Torres. Yo no lloro por las agencias. Solo me pican los ojos (y los oídos) cuando lo escucho, señor, sí señor.  

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El escándalo Mestisay

Hay algo patético en imaginar a Carmelo El Chico pidiendo las facturas de todas las áreas del Cabildo de Gran Canaria a favor de la productora de Olga Cerpa y Mestisay. En realidad lo más infortunado es el propio Carmelo Ramírez, cuyo curro siempre ha consistido en limpiar la basura de sus señoritos, y que lleva ininterrumpidamente desde 1979 ocupando cargos públicos: alcalde de Santa Lucía de Tirajana, diputado del Parlamento de Canarias, vicepresidente y consejero del Cabildo de Gran Canaria. Hace tiempo, sin embargo, alcanzó su nivel de incompetencia, y ahora es consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Institucional (nada menos) en el  Cabildo grancanario, lo que le deje bastante tiempo libre para cumplir con sus funciones en la gestión de residuos morales y blanqueamiento político. Ramírez, por ejemplo, blasona de su compromiso con el pueblo saharaui y lleva a gala que Santa Lucía fue el primer ayuntamiento de España que se hermanó con otros municipios del Sahara ocupado. Cuando Pedro Sánchez, a espaldas de la opinión pública, de las Cortes y de su propio gobierno decidió abandonar la posición tradicional española y apoyar la marroquinización del Sáhara,  el encargado de explicar que aquí no ha pasado nada y que Nueva Canarias sigue siendo lo más saharaui del mundo fue, por supuesto, Carmelo Ramírez. Que su partido siguiera apoyando indesmayablemente al PSOE en Madrid y en Canarias era lo de menos. Agitaron a Ramírez como la conciencia solidaria con los  saharauis para distraer, como quien agita un pañuelito, sobre la obvia decisión de seguir con los glúteos canaristas en el poder y en la mayoría del poder.

Cuando un político profesional se presta a eso – a utilizar lo más noble de su legado para opacar el cinismo supurante de su partido – ya tiene la senda despejada para muchas otras cosas. Incluso para intentar presentar a uno de los grandes grupos musicales de Canarias, autor de una excepcional obra desplegada durante décadas de amor incansable por nuestra herencia cultural y proyectada en una veintena de producciones discográficas en unos muertos de hambre que se dedican a asaltar las administraciones públicas para succionar pasta.  La extraordinaria desvergüenza que hay que reunir para atacar de este modo a Mestisay habla de una catadura moral difícil de encontrar incluso en el muladar político que sufrimos a diario. Ya los miembros del grupo han respondido puntualmente al supuesto trato de favor que han recibido desde las administraciones públicas y que, de hacer caso a los juegos de manos de Ramírez, les debiera haber convertido en millonarios. Cualquiera puede leerlo en la prensa en los últimos días. Cualquiera puede atestiguar que lo proferido por el consejero Ramírez, de profesión sus cooperaciones y solidaridades, tiene todo el sabor de una bajeza que no debería permitirse un cargo público con una mínimo respeto personal e institucional hacia la corporación a la que sirve.

El origen de esta diatriba ruin e injustificable, emitida con esa expresión de perpetuo dolor gastrointestinal que adorna el rostro patriota del señor Ramírez,  no es lo que ha cobrado Mestisay del Cabildo y de los ayuntamientos isleños en los últimos cinco, diez o veinte años, sino el posicionamiento político de los músicos contra el proyecto – ya desgraciadamente en ejecución – del Salto de Chira, una chifladura megalomaniaca, dañina y tecnológicamente anacrónica que amenaza el barranco de Arguineguín. Ese atrevimiento no podía quedar impune y como Antonio Morales es un genio napoleónico lo único que se le ocurre es quitarle conciertos y afirmar a continuación que se les ha pagado muchísimo dinero. Pronto nos enteraremos de que estos músicos beben ron importado, solo comen caviar gomero y disponen de agua caliente en sus casas. Es un escándalo y menos mal que contamos con Carmelo Ramírez para ponerse de puntillas y desenmarcararlos.       

 

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Lejos de nosotros mismos

Desde que el pasado año el Gobierno español anunció su voluntad de “descentralizar” instituciones y entes públicos –un total de ocho entidades – todo se me antojó ligeramente caótico. Y en buena parte sigue siéndolo. Esta estrategia respondía, según el Ejecutivo, “a la convicción del gobierno de compartir Estado (sic) y acercar la administración a la ciudanía”. Francamente el funcionamiento operativo y la ubicación de las nuevas y viejas agencias debería tener como criterio central y prioritario maximizar su productividad, eficacia y eficiencia, pero el mantra de la descentralización – en un Estado por lo demás ya semifederalizado – todavía parece una golosina progresista irresistible. Como si instalar una agencia nacional en Soria, en Huelva o en Santa Cruz de Tenerife fuera un triunfo local para cualquiera de dichas ciudades y derramara sobre las mismas leche y miel. Pues no: una entidad nacional se ocupará, obviamente, de todo el territorio nacional y de los intereses de centros y proyectos de todo el país, sin favorecer –salvo por los empleos funcionariales — a la ciudad, la comarca o la provincia que acoja su sede física. Otra cuestión relevante es cómo este proceso de descentralización puede afectar al sistema de I+D+i español, que todavía no se ha recuperado después de las catástrofes presupuestarias de la crisis de 2008.

El Consejo de Ministros ha decidido finalmente que ni la AEE ni la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial –ambas de nueva creación — tendrán su sede en Canarias. Algunos afirman – pobres loquinarios –que las hemos perdido, olvidando ese bello y triste soneto de Borges que proclama que solo se pierde lo que no se ha tenido nunca. La Agencia Espacial se instalará en Sevilla y la Agencia de Inteligencia Artificial en La Coruña. Podrían perfectamente haberse anclado en las islas, sobre todo la primera. Pero este debate, cargado de expectativas interesantes e intereses legítimos, está fundamentalmente errado. Por supuesto que Canarias disponía de elementos positivos en su oferta: el Centro Espacial de Maspalomas, el proyecto Stratoport for Haps en Fuerteventura, el Instituto de Astrofísica de Canarias o el admirable equipo de investigación que el doctor José Francisco López Feliciano dirige en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero es tan meritorio como insuficiente, sobre todo, cuando ni en las universidades isleñas ni el Gobierno autonómico han realizado un esfuerzo particularmente intenso ni inteligente para conseguir el objetivo. Y, con todo, eso no es lo más decisivo. Lo más decisivo es que los méritos antedichos no son producto de una política científica canaria más o menos sistemática, sino que se han producido a pesar de muestro acendrado miserabilismo científico, investigador y tecnológico.

Canarias es la comunidad autónoma que menos recursos públicos dedica a la investigación, el desarrollo y la innovación. Si España dedica en sus presupuestos un 65% de la media europea en I+D+i Canarias dedica menos de la mitad de la media española: fueron unos miserables 105 millones de euros en 2021. En 2019 se dedicaron 26 céntimos per cápita a la investigación y el desarrollo y en 2002 serán 32 céntimos per cápita. Ambas Universidades canarios – y obviamente sus respectivos centros de investigación – padecen una infradotación presupuestara inconcebible en cualquier país civilizado y que quiera homologarse con una universidad superior pública de calidad.  En esta situación, ¿cómo imaginar un tejido empresarial denso y creativo relacionado con la industria aeroespacial, la inteligencia artificial o la nanotecnología? ¿Una investigación básica y aplicada en expansión como centro de un sistema público/privado de I+D+i capaz de captar talento y diversificar nuestra actividad económica? ¿Sevilla? Sevilla está bien donde está. Los que estamos lejos somos nosotros. Lejos  de nosotros mismos.

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Torres anuncia el fin del mundo

“Queridos conciudadanos, queridas canarias, queridos canarios, querido Casimiro.

Buenas tardes.

Me dirijo a todos y todas ustedes en esta intervención extraordinaria a través de la Radiotelevisión Canaria para anunciar un acontecimiento excepcional del que he sido informado hace apenas unos minutos: el fin del mundo. Y con el fin del mundo, quisiera aclararlo, no me refiero a que la compañera Nira Fierro se haya lesionado la muñeca al golpear con su entusiasmo progresista el escaño para agasajar el último discurso del compañero Iñaki Lavandera. Quiero tranquilizar a todos los afiliados y altos cargos de nuestro gran partido: la muñeca de Nira está fuera de peligro. Me refiero al fin del mundo. Al apocalipsis. Al ya no más. Al acabóse. Según me ha comunicado el ministro Félix Bolaños ocurrirá dentro de diez minutos aproximadamente. La tranquilidad en todo el país es absoluta.  Solo en Cataluña se ha convocado el Parlament para proclamar la separación de Cataluña del resto del Estado español y conseguir ser independientes al menos durante un par de minutos, a ver cómo se siente uno. El Gobierno de España sostiene que tal decisión, en esta coyuntura, encaja perfectamente en la Constitución, y estamos perfectamente de acuerdo.

Somos un pueblo capaz de mirar la verdad a la cara desde siempre. Hemos de reconocer todos, desde el gobierno a la oposición, que las señales han sido inequívocas: incendios forestales, la ruina de Thomas Cook, una pandemia, el desplome del turismo, la misteriosa desaparición de cuatro millones de euros de dinero público, terremotos, Blas Acosta como viceconsejero de Economía, meteoritos, Pepe Moreno, enigmáticamente, como tertuliano en todas partes, anuncios de lluvia y no cae una gota.  Ahora nos enfrentamos a un reto más: el apocalipsis.  No, no lo calificaría como un asunto menor, pero no nos desanima. Hemos demostrado que este Gobierno se crece ante las dificultades. El fin de los tiempos y de la especie es una oportunidad para conseguir unas islas más prósperas y más justas. Vamos a salir de este apocalipsis mejor de como entramos. Vamos a seguir trabajando incansablemente en los ocho minutos y veinte segundos que nos restan de legislatura. Acabamos de firmar dos decretos leyes por el que se aprueban tanto la Renta Básica como la ley de Cambio Climático y Transición Energética, que deberían ser validadas por el Parlamento de Canarias, obviamente, pero como todo está a punto de acabar, incluido el Parlamento, ese trámite quedará suspendido. Ahora mismo está saliendo de imprenta y colgándose en la web ambos decretos para su inmediata entrada en vigor. Dos logros excepcionales de un Gobierno evidentemente progresista que mejorarán la vida de los canarios y canarios en los próximos seis minutos y diez segundos.

De nuevo, como ha ocurrido desde julio de 2019, los pesimistas, los agoreros, los profetas de la catástrofe  seguirán insistiendo en que todo está mal. Pero los agoreros, los pesimistas, los profetas de la catástrofe se equivocan de nuevo y, si dispusiéramos de más tiempo, se equivocarían siempre. Este Gobierno, el Gobierno que me ha honrado presidir, deja Canarias mejor que la que encontró. Por lo menos mejor que la habrá en cinco minutos. También he firmado  hace un instante otro decreto en virtud del cual todo el personal eventual y laboral de la administración autonómica se convierte automáticamente en personal funcionario con una única prueba: escribir correctamente su nombre y apellidos y recitar la tabla del dos, lo que pueden hacer, si se dan un poco de prisa, en la aplicación móvil que parece ahora en las pantallas de sus televisores. Vaya, ahora me entra un wasapp de Pedro Sánchez. A ver. Que si ya ha empezado a saltar todo en pedazos por aquí. Le voy a decir que no, para que no se me angustie. Mandado. Una prueba más de que el diálogo es mejor que la confronta…”   

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Ciudades-islas

Gran Canaria y Tenerife son ciudades- islas. Lo son ya hace unos veinte años. Tal y como lo describía Federico García Barba hace ya tiempo, Tenerife “ha venido evolucionando en el último medio siglo hasta llegar a transformar su plataforma costera, relativamente llana, en un sistema metropolitano altamente urbanizado (…) Podría asimilarse a una especie de ciudad anular en la que conviven espacios urbanos con zonas de cultivos, todo ello pautado por una estructura viaria potente y una extensa red de barrancos que definen el desagüe territorial”. Esta definición podría aplicarse perfectamente a Gran Canaria. Y a Fuerteventura y Lanzarote, con algunas características estructurales diferenciales, por supuesto. El propio García Barba ha enfatizado –como otros urbanistas y arquitectos canarios, a los que no se ha prestado precisamente una atención exhaustiva desde el poder – que hay que superar un concepto casi mítico de isla – continentes diminutos donde todavía existen aficionados al desprecio de Corte y la alabanza de aldea – para poder ejercer un control real sobre su territorio, sus potencialidades económicas y su salud ecológica y medioambiental. Es difícil asumir que ya no vivimos en islas, sino en ciudades insulares, pero esa realidad debería permear las estrategias de desarrollo y de cohesión social del país de parte de los legisladores y de las administraciones públicas, si las hubiera o hubiese.

La realidad isla ciudad, con una densidad de población superior a 300 personas por kilómetro cuadrado (y creciendo) implica necesariamente cambiar praxis políticas, normativas y  modelos de organización administrativa. No podemos seguir creciendo turísticamente. Hemos llegado al límite y la actividad turística está empezando a vampirizar el crecimiento a largo plazo, no a impulsarlo, a exigir que, como sus empleados, seamos más pobres, no a posibilitar que podamos ser más ricos. No basta con poner un proyecto que ya cuenta con todos los permisos y bendiciones técnico-administrativas en información pública, penúltimo trámite procedimental para su definitiva aprobación, como anteayer les gritaba vergonzosamente el presidente del Cabildo de Fuerteventura, un tal Sergio Lloret, a los que en el último pleno de la corporación protestaban por la instalación de una “ciudad del cine” de la empresa Dreamland Studios en las proximidades de las dunas de Corralejo. “¡Presenten ustedes alegaciones!”, chillaba. Gracias al voto de calidad del tal Lloret el  Cabildo majorero aprobaba el expediente para declarar Bien de Interés Insular este proyecto privadísimo. Lo mismo ocurre con la muy selectiva Cuna del Alma en Tenerife o con el mesiánico Salto de Chira  en Gran Canaria. Es imprescindible la reforma de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común para que la información sobre proyectos o inversiones sea accesible antes de la última pase de su tramitación administrativa, en especial, cuando tales inversiones y proyectos evidencien, por su financiación, su extensión superficial, su volumetría o su actividad un impacto material relevante sobre el territorio y un impacto potencial sobre el medio ambiente.

Otra  reforma administrativa imprescindible – e inconcebible para los partidos políticos – consiste la simplificación del mapa municipal en Canarias. Es grotesco mantener 31 municipios para 2.000  kilómetros cuadrados en Tenerife, o 21 para 1.560 kilómetros cuadrados en Gran Canaria o 3 para 268 kilómetros en El Hierro. Menos burocracia municipal y más participación democrática y un Cabildo que sea el que finalmente apruebe o desapruebe –con el informe favorable o desfavorable de la Cotmac — proyectos como los citados anteriormente, ampliamente informados y con una mayoría reforzada para su autorización definitiva.  La isla ciudad debe tener una nueva gobernanza basada en la transparencia, la desburocratización y la prioridad de una protección inteligente del territorio.  

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