Jugar con fuego o prevenirlo

El señor Núñez Feijoo ha visitado la devastada corona forestal de Tenerife y ha declarado que Canarias necesita una base permanente de hidroaviones. O de helicópteros. O más bien de helicópteros. O de hidroaviones.  El galleguismo del líder del PP se basa en una infinita ambigüedad, Junts si pero no o no pero sí, y no iba a hablar inequívocamente aquí. ¿Y si fuéramos Estado Libre Asociado tendríamos una base de helicópteros? Tal vez. Lo que no tendríamos – si se sigue el modelo portorriqueño – es derecho a votar representantes en las Cortes. Quizás lo mejor es que de estas cosas  hablen solamente las personas mayores. Inmediatamente ha terciado Margarita Robles, ministra de Defensa, que dejó entrever que una base de hidroaviones no es la mejor idea, pero que su departamento está abierto, faltaría más, a mejorar los servicios de extinción de los incendios. La metodología de la ocurrencia pepitoria y el diálogo de besugos o de fulas cada vez me pone más nervioso. Me parece que estamos a punto de zombificar definitivamente el lenguaje y la política, babeando necedades y simulando diálogos carentes de sentido. Porque lo central y prioritario de cualquier política contra los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos en las islas, la única manera de combatirlos con eficacia y eficiencia, se basa en la prevención. No en debatir estúpida y gratuitamente si es preferible una base de helicóptero, de hidroaviones o de ciudadanos con incontinencia urinaria.

Habrá que insistir en lo obvio, como llevan haciendo los técnicos desde hace lustros. La clave central para evitar que media isla se carbonice cada diez años no está principalmente en los medios de extinción. Una base de hidroaviones no resulta un instrumento superfluo, como tampoco lo es disponer de más helicópteros especializados y más drones, pero lo fundamental en cualquier estrategia de conservación forestal es articular sistemas y prácticas de prevención. Las autoridades públicas no terminan de asumir la transformación territorial que ha sufrido Canarias en los últimos treinta años, aunque los inicios del cambio se remontan a un pasado más remoto. Ocurrió cuando aceleradamente esta sociedad pasó de ser básicamente rural y agraria –como lo era todavía a principios de los años sesenta – a urbana y basada en la construcción, el turismo y los servicios. Como cualquiera puede descubrir en la literatura existente, “la aceleración de la urbanización de las tierras fronterizas con los espacios agrícolas primero, y forestales más alejados después, obliga a replanteárselas políticas de prevención de los incendios forestales”. La separación entre zonas urbanizadas y zonas rurales se ha borrado.  O por citar de nuevo un estudio de Anna Badía y Ana Vera de la Universidad de Barcelona, se solapan zonas urbanizadas, zonas de cultivo abandonadas o semiabandonadas y zonas forestales, empeorando las condiciones de protección y prevención contra los incendios, “y ello, unido a la densificación del bosque por el abandono de la explotación forestal” aumenta el peligro potencial de incendios muy rápidos y a menudo voraces. Es imprescindible integrar nuevos elementos en el diseño de la prevención y centrar los esfuerzos en esas zonas de interfaz entre lo urbano, lo rural y lo forestal. Las políticas de prevención deben integrar propuestas: los sistemas de información geográfica, la recuperación o reparación de fincas de cultivo, el regreso a la ganadería y su impacto inmediato en la regeneración del territorio, los cambios normativos, incluyendo sanciones más graves y más medios de vigilancia, el diseño de mapas de vulnerabilidad en las comarcas y vertientes más expuestas. Es una tarea que solo se puede hacer desde la colaboración interadministrativa entre Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos con objetivos claros y trabajando los doce meses del año. Ni los hidroaviones ni los helicópteros evitarán nuevos incendios destructivos en Canarias. Los evitaremos nosotros si los que gestionan la comunidad, las islas y los municipios se deciden a aterrizar en el siglo XXI y en la compleja y delicada realidad territorial y social de nuestro país hoy en día. Espabilen.

 

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La estrategia para, por, sí, según, de Curbelo

Habrá que leer los documentos firmados y  su naturaleza jurídica, pero por el momento Casimiro Curbelo puede regocijarse, al menos, con la foto y el titular. La imagen es la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el propio Curbelo, como presidente del Cabildo gomero, rubricando lo que parece un convenio que garantiza una inversión pública de 113 millones de euros hasta 2036 en la isla. El comunicado que informa (es un decir) de la reunión es algo entre una postal, una utopía y una encíclica. Toda esa pasta será encauzada por una estrategia deslumbrante que sentará las bases de un modelo sostenible en lo económico, en lo social y en lo medioambiental a través de la modernización y diversificación de la economía gomera, digitalizando sus servicios y la exportación de sus productos.  Lo que me parece más gracioso de toda esta humeante retórica es un parrafito aparte, justo donde se dice que este mismo año Hacienda transferirá al cabildo curbeliano dos millones de euros “para la creación de una oficina técnica”, sin mayores precisiones. Tampoco son imprescindibles, porque resulta bastante obvio que la corporación no dispone de medios técnicos y profesionales para organizar y coordinar la estrategia transformadora y se necesitan urgentemente una decena de juristas, economistas, arquitectos y administrativos cualificados para diseñarla y sacarla adelante.

Lo más sorprendente es que esta Estrategia gomera 36 – es el nombre semioficial que recibe  — no ha sido en ningún momento debatida y votada en el Cabildo que finalmente gestionará los copiosos recursos procedentes de Madrid y del Gobierno regional. Las otras fuerzas políticas presentes en la corporación –¡empezando por el PSOE! – y las organizaciones empresariales, comerciales y sindicales de la isla no han tenido la menor participación en un instrumento inversor que pretende transformar La Gomera en los próximo quince años.  ¿Qué dónde está entonces la Estrategia 36? Pues en el interior del cráneo de don Casimiro Curbelo, un agujero negro por donde se precipita –sin poder escapar a la atracción gravitatoria de su régimen –toda la realidad gomera.

Estoy seguro que muchas organizaciones políticas canarias envidian profunda y hasta dolorosamente al líder de la ASG. Curbelo protagoniza los sueños más húmedos de Unidos por Gran Canaria  –el otro equipo de fútbol de Miguel Ángel Ramírez – y de algún que otro socio de Coalición Canaria. Hasta Pedro Martín puede llegar a sufrir sofocos rencorosos. Antes de la visita a la señora ministra, La Gomera era y es, en los presupuestos generales de la Comunidad autónoma, la isla con mayor inversión per cápita: 3.408 euros. Tenerife, en cambio, con apenas 275 euros, lleva el farolillo rojo en la inversión por habitantes durante 2023. Tal vez Martín debería preocuparse menos de la dignidad de su trasero que de la dignidad de la isla que (por decirlo exageradamente) gobierna. Y, sin embargo, se equivocan. Estas inversiones directas  — si es que se mantienen – no cambiarán económica y socialmente La Gomera. Y no lo harán porque  se plantea una contradicción básica e insoslayable: no se puede producir un desarrollo modernizador, sostenible, creativo e inclusivo bajo un liderazgo omnímodo y delirantemente personalista y un sistema de control social clientelar. No funciona. El clientelismo, el nepotismo y la patrimonialización de las instituciones públicas conspiran contra el desenvolvimiento económico, contra la iniciativa empresarial libre y la competencia, contra la participación legítima de individuos y colectivos en las propuestas de crecimiento y diversificación. Este convenio es propaganda, propaganda a cargo de todos los contribuyentes  canarios, y como toda ocurrencia casimirista crece sobre un objetivo central: mantener a Curbelo –y a sus asociados – en el poder.

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Perlas electorales (1)

“El alcalde de La Laguna afirma que las ruinas de la Mesa Mota están a la espera del Estado”.

Por supuesto el subtexto de la frase del alcalde es yo no tengo nada que ver en eso. Para escapar opta por una prosa poética cargada de un sutil bucolismo. Ahí están las ruinas, como en cualquier fábula romántica, esperando sin esperanza a que el Estado, como el príncipe Feliz, las despierte depositando un casto ósculo sobre un pedrusco cubierto de musgo. Sinceramente es asombroso que el joven alcalde haya aprendido en tres años y medio a lidiar con abstracciones como el Estado. Un acelerón: de la bachata a Carl Schmitt. Incluso que maneje esa pequeña astucia de eludir hablar del Gobierno español aludiendo la estructura de la organización política del país. “Las ruinas de la Mesa Mota están a la espera de la monarquía parlamentaria”. No, no queda igual, desde luego. El PSOE gobierna en La Laguna, en el Cabildo de Tenerife, en Canarias y en España, pero si hay algún responsable de esas ruinas penosas, pibas y pibes, es el Estado, jodido y triste gandul. El municipio lagunero no ha mejorado sustancialmente, pero Luis Yeray Gutiérrez sí. Hace cuatro años, cuando oía hablar de Estado, siempre creía que se referían a una mujer embarazada.

“Es sorprendente que los médicos se pongan en huelga en campaña electoral”.

El sorprendido es el jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, cuya capacidad de sublime estupefacción para lo que todo lo que ocurre fuera del Gobierno autonómico y del PSOE ha devenido prácticamente ilimitada. Al presidente Torres le sorprende que la oposición fiscalice al Gobierno, le sorprende que  CC y el Partido Popular quieran ganar las elecciones, le sorprende que le pregunten dentro o fuera del Parlamento por los cuatro millones de euros que le levantaron delante de sus narices en plena crisis pandémica, le sorprende que La Palma no lo haya declarado todavía marquesote adoptivo, le sorprende el testarudo empeño de tomarse las kilométricas listas de espera para operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas como señales de un  empeoramiento espeluznante de la sanidad pública, le sorprende quizás la luz de la mañana y la oscuridad de la noche, el orden alfabético, la perfecta ingeniería de las hormigas, el sentido de la vida de los trilobites, el sonido agónico de un acordeón al atardecer en Famara. Ángel Víctor Torres es un hombre construido por sorpresas como a otros le construyen las experiencias vitales o la cerveza negra. ¿Alguna vez un presidente canario – o de cualquier lugar de la biosfera — debió soportar una huelga en campaña electoral? No. Uno como él no. Volveremos al ritornello. El presidente que tuvo que enfrentarse a la quiebra de Thomas Cook, a una pandemia ruinosa, a una erupción volcánica, a una guerra en Crimea o a Casimiro Curbelo también deberá exponer su alma y su cuerpo a una huelga de médicos que, lamentablemente, no controlan ni UGT ni Comisiones Obreras. Pero vencerá. El presidente Torres siempre gana. Incluso cuando pierde.  Sobre todo cuando pierde. Es tan buena gente.

“Esta es una lista de lujo para Tenerife”.

Ana Oramas calificó así la lista de CC que ella encabeza por la circunscripción de Tenerife. Y sin ser Ángel Víctor Torres uno se queda asombrado. Porque lo que se presentan son individuos que en este caso suman un siglo en política, que aspiran no a decorar esquinas, sino a ser servidores públicos, por lo que serán muy bien remunerados. Se trata de elegir a ciudadanos competentes, honestos, trabajadores. No a un Ferrari. El orgullo debería ser Canarias y representar a su ciudadanía sintiéndose concernidos por un contrato llamado programa. Un orgullo que todos los candidatos del próximo mayo tendrían que ganarse a pulso. Políticamente la gente está harta de lujos.   

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El factor Vox

Algunas encuestas electorales publicadas en las últimas semanas anuncian que Vox podría entrar en esta ocasión en el Parlamento de Canarias con dos diputados. En absoluto se me antoja un pronóstico seguro, pero resulta bastante probable. Y no debe entenderse que esta pequeña representación –si se produce – se quede en una anécdota. Puede afectar centralmente a lo que ocurra en el gobierno de la Comunidad autónomo en los próximos años.

Los que más serio se han tomado los dos hipotéticos diputados ultraderechistas son algunos dirigentes y cargos públicos del PP canario. Se debe insistir en lo de algunos, porque otros sufren sarpullidos solo de pensarlo. Para los dirigentes conservadores a los que pone cachondos los fachas en nuestro parlamento la entrada de Vox representa una oportunidad. Piensan que la mayoría absoluta quedaría fijada en 34, no en 36 diputados, porque Vox votaría furibundamente en contra del PSOE en cualquier caso, pero podría abstenerse para facilitar un Gobierno presidido por Manuel Domínguez y apoyado por Coalición Canaria. La desactivación de la alarma conceptual se basa, según estos genios, en insistir que ese gobierno no sería votado favorablemente por Vox, porque la muy ultraderechona se limitaría a abstenerse. Obviamente es una estropajosa falsedad, siquiera porque en este escenario Vox no se limitaría a abstenerse en una sesión de investidura. Dotado de solo 34 escaños, el gobierno fantasmagórico con el que sueñan durante la siesta muchos dominguistas – y no sé si el propio Domínguez — estaría condenado a negociar con los fachas todo, y para empezar, los presupuestos generales de cada año.  Si es asombroso que en el PP de Canarias se admitiera ese enjuague, servidor no puede ni quiere creerse que Coalición Canaria – una fuerza que se define como nacionalista, autonomista y reformista en sus estatutos – entrara en una componenda tan infecta como esa, en la que la estabilidad gubernamental dependería de un partido que tiene como horizonte programático una feroz recentralización política del país y el fin del sistema autonómico. Si finalmente Voz obtiene esos dos diputados se corre el riesgo de que bloqueen la formación de una mayoría parlamentaria suficiente a un lado y a otro, obteniendo la ultraderecha un protagonismo mediático extraordinario: ya solo con esa les hubiera valido la pena presentarse. Según dispone el Estatuto de Autonomía de Canarias el presidente del Gobierno puede disolver la Cámara y convocar elecciones anticipadas, pero no antes de un cumplirse un año de las comicios.  Si se cumpliera esta repugnante calamidad, es decir, que los ultraderechistas de Santiago Abascal pudieran bloquear una investidura, la única salida razonable conduciría un pacto entre dos grandes fuerzas políticas, que dado el contexto político canario, no podrían ser otras que el PSOE y Coalición Canaria. O durante un año – hasta que fuera legalmente posible convocar nuevas elecciones – o durante toda la legislatura.

Me parece superfluo contar aquí lo que han hecho en el Congreso los diputados de Vox elegidos en Canarias hace casi tres años y medio. Esencialmente nada. A Vox Canarias le importa un rábano y lo ha demostrado repetidamente elección tras elección, visita payasesca tras visita payasesca de sus dirigentes a las islas, donde carecen de estructura organizativa y no pueden presumir ni de un concejal. Si consigue representación parlamentaria no se la habrá ganado. Pero lo que sí deben considerar aquellos que fantaseen con llegar a acuerdos con la ultraderecha es que serán estigmatizados como cómplices de un delito político de lesa canariedad. Uno es simplemente un meatintas que escribe columnas volanderas pero me he juramentado en convertir en enemigo personal e intransferible a cualquiera que les baile el agua a estos aprendices de fascistas. Dicho queda.  

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Vivienda social y vudú electoral

La tramitación casi a uña de caballo de la ley de Vivienda, que llevaba años atascada en el Congreso de los Diputados, es una prueba más de que para el presidente Pedro Sánchez lo importante es la oportuna gestión de los tiempos partidistas más que la eficaz gestión de los asuntos públicos. Esos tres años perdidos evidencian que para el líder del PSOE la vivienda no era una prioridad en su agenda. Ahora sí: ahora se acerquen elecciones (el mes próximo autonómicas y locales; en diciembre generales) y hay que agitar banderas y banderolas triunfantes. La ley de vivienda resolverá juiciosa y eficazmente la angustiosa demanda de techo de cientos de miles de ciudadanos y cubrirá con probidad y equidad esos dos millones y medio de apartamentos y casas que se necesitan en España hasta el año 2050.

Pues no.  Todos los miserables fuegos de artificios de los últimos días  (decenas de miles de viviendas que el Gobierno de Sánchez sacará de la Sareb, planes faraónicos para otros miles de viviendas financiados por el Instituto de Crédito Oficial, programas d rehabilitación) no son absolutamente nada. Como un poema de Wallace Stevens, de Quevedo o de Ada Salas se  trata de un artificio verbal. Como mucho una declaración de intenciones. Pero Sánchez ofrece sus intervenciones públicas como discursos performativos: habla como si con cada una de sus palabras construyera una realidad.  Hace muy pocos días le escuché que se había aprobado la ley de Vivienda: se refería a que su Gobierno había aprobado el anteproyecto de ley para mandarlo a la correspondiente comisión parlamentaria. Con el sanchismo todo es así: la poderosa bestia del Estado expidiendo fantasmagorías para consumo inmediato y autobombo atronador.

Las patronales de la construcción de Canarias han pedido al presidente Ángel Víctor Torres que no aplique íntegramente la ley de vivienda en esta comunidad autónoma. Y no les falta razón en su solicitud.  La crisis de 2008 acabó con una colaboración entre administraciones públicas e iniciativa empresarial privada irregular e insuficiente, pero gracias a la cual se construían entre 70.000 y 75.000 viviendas anuales en España. Los recortes presupuestarios y la ruina de muchos constructores paralizaron esta dinámica, en virtud de la cual el 85% de la vivienda social levantada en España entre 1980 y 2010 la construyó la empresa privada. El Gobierno de Sánchez (y en Canarias el del señor Torres) se ha negado resueltamente a contar con la empresa privada para desarrollar sus planes de vivienda pública. Incluso en La Palma posvolcánica. Esa es la principal razón del grotesco retraso que acumula en esta materia el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis. Los límites al crecimiento de los alquileres es otra medida disparatada que ya ha reducido la oferta y lo hará aún más en el futuro inmediato. Trasformar al propietario de cinco viviendas –al margen de su superficie, su conservación o su ubicación – en un gran tenedor es una ruinosa necedad.

No era imprescindible a priori una nueva ley de vivienda como la que penosamente se aprobará por las Cortes a principios de mayo. Bastaría con haber diseñado y suscrito un doble pacto: uno de naturaleza política entre los principales partidos, encabezados por el PSOE y el PP, y ratificado en las comunidades autónomas, para aligerar los trámites administrativos y movilizar suelo público y privado; otro operativo, entre administraciones públicas y las patronales de constructores. Un gran pacto de colaboración público-privado, como lo llama la presidenta de la AECP, María de la Salud Gil, que en Canarias podría conseguir 8.000 viviendas en un quinquenio (y quizás más). Esta estrategia es la más razonable y directa para afrontar una emergencia habitacional como la que sufre el país, y debió impulsarse hace tres años. Pero supone riesgos. Requiere esfuerzos. Implica corresponsabilidad y cogobernanza. Sánchez preferible una ley monigote a penúltima hora para practicar vudú electoral.

 

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