Alfonso González Jerez

Wikileaks

No, no he firmado ningún manifiesto ni protesta a favor de Julian Assange, pero estoy dispuesto a hacerlo. Su detención apesta y tiene todo el aspecto de una sañuda iniquidad. Tampoco escribiré que la información bruta cedida por Wikileaks a cinco grandes periódicos – una pregunta inicial nada inocente: ¿por qué los cruzados contra el establishment mundial no la colgaron, al menos simultáneamente, en la red de forma inmediata en beneficio de la globosfera? – sea totalmente insignificante, porque entre el cúmulo de relatos y chismes quedan dibujadas, sin duda, zonas habitualmente ocultas del cinismo diplomático y la sordidez política. Hablo de información bruta, y no de periodismo, porque el periodismo se ocupa (se debe ocupar) tanto de la información como de su contexto, tanto de sus elementos informativos como de la articulación de un relato donde alcancen su verdadera, imbricada y concreta importancia. Pero, sinceramente, me resisto a ver en el señor Assange al Voltaire de la red, ni siquiera observo en él nada que se le parezca lejanamente a Ben Bradlee. He leído en alguna parte que Wikileaks dispone de un fondo de 300 millones de dólares, y aunque en su mayoría proceden de aportaciones anónimas, se conocen algunos de sus patrocinadores, entre los que figuran, nada menos, la siempre ecuánime agencia de noticias estadounidense Associated Press (la AP de toda la vida) y el multimillonario de buen corazón George Soros. Las teorías conspiranoicas y multidireccionales son una supina expresión de estupidez; reclamar un espíritu crítico, en cambio, me parece una medida elemental de salud pública. Mitificar automáticamente a Wikileaks y canonizar digitalmente a Assange no creo que contribuya demasiado a este último objetivo.
En la formidable batalla entre los que anhelan el control de la red de redes – los Gobiernos, las grandes corporaciones empresariales, los servicios de inteligencia – y aquellos que están dispuestos a resistir para mantenerla como un espacio neutral de participación libre muchos dudan de la estrategia de Wikileaks y del personalismo egomaníaco de su fundador o la critican abiertamente. En esta última filtración masiva han criticado con dureza lo que se les antoja un retroceso peligroso: la recentralización de la información y el entreguismo a grandes medios de comunicación que seleccionan, depuran o jerarquizan a su antojo la información proporcionada. Wikileaks es un capítulo más de esta batalla, donde uno sabe de qué lado está, pero sin admitir que el roce haga siempre el cariño.

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La entrevista

Servidor es una antigüalla. Un anacronismo bípedo. Un vestigio del pasado con dioptrías. Por eso considero que los jueces no deben conceder entrevistas a la prensa, como no deben hacerlo los responsables militares. En todo caso los magistrados deben eludir cualquier declaración sobre los asuntos que estén en sus manos en cualquier fase de la instrucción. No es que uno reclame un estatuto ectoplasmático para los jueces ni que exija que no sufran ni padezcan. No los demando invisibles o inaudibles. Me refiero únicamente a una prudencia que no desbarate la objetividad en la acción judicial ni erosione las garantías procesales ni transforme un asunto de la administración de justicia en un espacio mediático porque de ninguna manera contribuirá a dilucidarlo. Entiendo perfectamente – o eso creo– el malestar de la jueza Victoria Rosell porque las evidencias apuntan a un más que probable intento de desacreditación personal y profesional por gente capaz de poner nervioso a Vito Corleone. Lo que no entiendo de ninguna manera es que la jueza del juzgado de instrucción de Las Palmas llegue a afirmar extremos tan graves como que se la intenta apartar de la investigación sobre el concurso para la gestión de la hemodiálisis fallado en los últimos días de gestión de la conservadora Mercedes Roldós al frente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Desde un punto de vista periodístico la entrevista con Rosell es impecable y un tanto magnifico para DIARIO DE AVISOS. Desde un punto de vista judicial, en cambio, me parece una torpeza. Una torpeza singularmente preocupante.
Imaginarse a los jueces de instrucción – por no citar a los semidioses togados de los tribunales superiores o del mismo Tribunal Supremo – realizando elucubraciones, todo lo aparentemente bien basadas que se quiera, sobre los casos que llegan a sus despachos, y más aun, sobre el hipotético trasfondo político o empresarial de los mismos, en los medios de comunicación, te lleva directamente a un estado de nerviosismo poco recomendable. Este tipo de declaraciones pueden parecer inspiradas, valientes, casi heroicas; en realidad, contribuyen, voluntaria o involuntariamente, a debilitar aun más la independencia del poder judicial y la eficacia de su operatividad. Le agrade o no al actual gusto de ese espectador glotón y misérrimo en el que ha terminado en convertirse el ciudadano en nuestra semidemocracia, un juzgado no puede transformase en un plató de televisión ni una instrucción judicial salvar su eficacia o su legitimidad lanzando como confetis titulares de prensa. Para eso están las leyes, los mecanismos procesales y el Consejo General del Poder Judicial, como sabe muy bien la jueza Victoria Rosell.

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Marineros en tierra

Después de leer la proposición de ley aprobada en el Congreso de los Diputados y escuchar los discursetes de sus señorías recordé de inmediato un poemita de Machado que involuntariamente lo resumía todo: “De la mar al precepto,/del precepto al concepto,/ del concepto a la idea/ –¡oh, la linda tarea!–,/ de la idea a la mar./ ¡Y otra vez a empezar!”El mismo José Luis Perestelo parecía un Neptuno con alopecia y solo le faltaba el tridente, aunque el tridente lo tiene en su casa solariega Fernando Ríos Rull, cuya familia lo custodia hace décadas como si fuera el brazo incorrupto de Santa Teresa. Un día venidero, cuando la sucinta ley sea definitivamente aprobada tras su paso ceremonial por el Senado, nos levantaremos de la cama con una extraña, benemérita sensación. En todos los dormitorios de Canarias se colará una ráfaga exultante de sal y yodo y podremos – incluso lo podrá hacer Alberto Génova — podremos estirarnos tanto como queramos entre las almohadas, porque Canarias habrá ganado cientos de kilómetros cuadrados. Se acabaron las estrecheces. La tienda de los chinos de la esquina podrá ampliar el local y a todas las fulas podremos llamarlas mijitas. Albricias.
En todo caso, estimado lector, tenga usted cuidado al estirarse entre bostezos marinos, porque puede caerse al suelo y darse un lomazo. Es lo que ocurrirá poco más o menos con la misma ley, una chuchería parlamentaria sin ningún efecto jurídico: se caerá al suelo y será barrida con el paso del tiempo bajo alguna discreta almohada. Por eso el PSOE no ha tenido mayor empacho en apoyarla, como lo hubiera hecho el PP sin mayores dificultades si no hubiera supuesto avalar los acuerdos entre socialistas y coalicioneros. ¿Por qué no? No tiene ningún coste político ni significa nada mayormente. Una ley no puede contradecir la Constitución española, y la Carta Magna establece las competencias exclusivas del Estado en materia de aguas marítimas, que solo otorga a las comunidades autónomas la capacidad de regular la pesca en aguas interiores: 12 millas alrededor de cada isla. La proposición de ley establece literalmente que se respetará el derecho marítimo internacional, y según lo estipulado por la Convención de las Naciones Unidas, las islas que no sean un Estado tendrán la consideración de cualquier otra extensión terrestre. Sin modificación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, sin abrir negociaciones con Marruecos, bajo un arbitraje internacional si fuera necesario, para el establecimiento de una mediana que permitiera una Zona Económica Exclusiva, la proposición de ley se reduce a una cantinflada que nos deja de nuevo como marineros en tierra.

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3.000 millones

Tres mil millones de euros es una cantidad lo suficientemente abultada como para que su inversión en un proyecto de infraestructura de transporte esté precedido por un amplio debate político, financiero, técnico y social. Pero al parecer no ha lugar. Aquí el Cabildo de Tenerife pretende (y quizás consiga) desayunárselo, almorzárselo y cenárselo él solito, con chucrut de guarnición en las tres comidas, sin molestas intervenciones ajenas, en aplicación de un modelo de despotismo ilustrado que, como el propio transrapid, levita sobre las cabezas de los mortales tinerfeños, sean ingenieros o no sepan cambiar una bombilla eléctrica (no son cualidades incompatibles: conozco casos espeluznantes). Más de medio billón de las antiguas pesetas, la inversión pública más descomunal realizada jamás en el Archipiélago, y aquí la gente (la universidad, los colegios profesionales, las organizaciones empresariales y sindicales) sestean (los más) o chillan (algunos menos y varios memos) desde el tendido de la perplejidad, el asombro, la satisfacción o la ira.
¿De dónde saldrán los 3.000 millones? Misterio insondable. El consejero Carlos Alonso (una persona habitualmente seria) no es capaz de contárnoslo, pero indica que el presidente Ricardo Melchior “ha mantenido conservaciones con el Estado alemán” para ver si abaratan la cosa. A mí me impresiona mucho esto del Estado Alemán. Suena como si Ricardo Melchior hubiera hablado de tú a tú (y como sabemos todos, sin necesidad de intérprete) con el canciller Otto von Bismark y le hubiera recitado a Rilke con ojitos prusianos:
Wie soll ich meine Seele halten, dab
Sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie
Hinheben über dich zu andern Dingen?
Bismark o Merkel – es más o menos lo mismo: llevan la misma ropa interior y tienen una sensibilidad social similar– se quedarán tan impresionados que seguro que sacarán la chequera.
Todo este debate – es decir, la inexistencia de este debate – es tan sintomático como apasionante, no lo niego, pero mientras tanto se resuelve, es decir, se omite entre píos deseos, causaría una impresión indescriptible que la autopista del Sur, por ejemplo, estuviera libre de socavones, esos socavones que harían las delicias de un espeleólogo, o que la conexión entre la autopista del Norte y el Sur, en ese punto tan cercano al cementerio de Santa Lastenia, estuviera en condiciones decentes y no supusiera a diario una ocasión para agradecerle a Nuestro Señor (y no me refiero a Melchior) haber sobrevivido.

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Comparativas

Ya se ha convertido en una puntual costumbre el que los coalicioneros aprovechen la festividad de la Constitución para exigir “un mayor autogobierno” y, en los últimos años, demandar una perentoria reforma de la Carta Magna. La costumbre se ha instalado incluso en los actos institucionales. Anteayer el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, insistía en la terruñera cantinela, y nos hemos acostumbrado tan pronto a este insólito ventajismo que ya nadie se escandaliza porque en un discurso en el que solo cabe la exaltación de los valores constitucionales se incrusten burdamente reivindicaciones partidistas. Los nacionalistas (aquí como en todas partes) tienden a creer que el Parlamento es suyo, la Constitución es suya, la reivindicación es suya y gobierno no hay más que uno y yo no lo encontré en la calle, precisamente. La presidenta de CC, Claudina Morales, también ha arrimado el hombro, exigiendo, faltaría más, la reforma de la Constitución, que se ha quedado obsoleta. Para esta ilustre clerecía la Constitución de Estados Unidos debe ser una verdadera antigüalla, aunque ciertamente el devenir político de este país ha derivado en un federalismo imperfecto que debería regularse definitivamente para establecer los límites competenciales – y un modelo de financiación estable – de las comunidades autonómicas. Antes convendría, no obstante, una reforma de la función pública y de las propias administraciones, cuyo gigantismo, ineficacia y duplicación constituyen uno de los principales problemas financieros y económicos de España. Una reforma que nadie quiere emprender, y menos que nadie, las fuerzas nacionalistas de la periferia del Estado español.
Hace un cuarto de siglo que las competencias educativas fueron transferidas a Canarias. Y durante ese cuarto de siglo la Consejería de Educación, Cultura y Deportes siempre ha permanecido en manos de las Agrupaciones Independientes de Canarias y, posteriormente, de CC. El último informe PISA nos sitúa de nuevo en la cola de la calificación nacional en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Por supuesto, el pavoroso fracaso escolar que padece el Archipiélago (la ruina inminente, en términos de formación de capital humano, de nuestra putrefacta educación pública) no tiene en el Gobierno el único responsable. Pero sí el mayor. Sobre todo por la brutal desinversión de los últimos años, por su negativa sistemática al diálogo con la comunidad escolar, por su avestrucismo mentiroso y suicida. ¿Más autogobierno? ¿Para idiotizarnos mejor?

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