Retiro lo escrito

Poder y poderío

Hace muchos años Michel Foucault lo dejó claro, aunque se nos olvide siempre: el poder, el poder político, está presente en todos nos niveles de la sociedad, y no es algo que se posea, una suerte de garrote que se pueda blandir amenazadoramente, sino una estructura de relaciones que se expresa en actos concretos. El poder es siempre una relación cotidiana, un binomio de fuerza y resistencia en tensión permanente, no una sustancia milagrosa. El poder es el acto de volar, no el supuesto polvo en las alas que permite cruzar el prado a una mariposa.

Está, por supuesto, la relación más anecdótica, la que tiene el poderoso con el poder. Da bastante grima. Observa uno al presidente Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso de los Diputados y comprueba cómo ha envejecido en cuatro años. Se le empieza a cuartear el rostro, se cubre de canas, le cuesta ocultar el endurecimiento de la mirada. Comparen ustedes igualmente al Ángel Víctor Torres con el de la primavera de 2019. Hoy, a ratos, parece un anciano entusiasta. A todos les ocurre lo mismo. Es el suyo un oficio duro, ingrato, a menudo agotador, hastiante o asqueroso. Nunca he terminado de entender lo que les lleva a ese sacrificio espeluznante en el que estás condenado a parecer (a ser) la imagen que los demás tengan de ti. A sufrir todos los desaires, todas las traiciones y todos los odios, de los que no les rescatan la adoración mercenaria de tus compañeros y colaboradores. El poder es lo más parecido al infierno en la tierra: sus llamas calienta el alma y destruyen el espíritu. No, no es servicio público. Es un vacío que solo puede ser rellenado por poder.

Ayer Pedro Sánchez realizó un pequeño acto de poder. Lo hizo anunciándolo. Es importante no dejarse distraer por la fraseología del líder de izquierdas en combate por el pueblo. El grueso de las medidas anunciadas ayer caben en dos espacios: la socialdemocracia y la excepcionalidad inflacionista. Macron, que no es precisamente un progre, ha estatalizado la principal empresa eléctrica de Francia. Los anuncios de Sánchez: abonos de transporte gratuito (en Canarias no opera RENFE ni disponemos de trenes de cercanías: a ver qué hacen), una pequeña ayuda suplementaria a los becarios, un programa de educación computacional en las escuelas. El resto del “paquete de medidas” (no confundir con las medidas del paquete) aprobado apenas el mes sigue adelante. Lo más retumbante en el discurso de Sánchez, por supuesto, fueron los nuevos impuestos de carácter puntual y provisional. Impuestos extraordinarios al oligopolio energético y a la banca durante 2022 y 2023. No hay mayores precisiones técnicas,  pero el presidente adelantó que con ambas el Gobierno pretende recaudar unos 3.500 millones de euros para financiar todas las ocurrencias.  Para hacerse una idea, los gastos previstos en los presupuestos generales del Estado para 2022 se elevan a 458.000 millones de euros, de los que 27.633 son fondos europeos.

La eficacia de la mayor parte de este programa extraordinario del Ejecutivo es –por decirlo suavemente – muy discutible. La acción que parece más próxima a combatir la inflación – abaratar el transporte público —  solo despierta escepticismo entre los economistas; puede leerse al respecto un breve pero enjundioso artículo de Javier Campo y Juan Luis Jiménez (profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) en el blog Nada es gratis. “Un abaratamiento de los precios del transporte”, apuntan Campo y Jiménez, “no tendrá impacto suficiente sobre la demanda”.  En términos políticos Sánchez triunfó: ha bastado con el anuncio de sendos tributos a bancos y eléctricas para que las izquierdas aplaudan extasiadas. Ser de izquierda en España siempre ha sido fácil: basta con tocar un par de teclas de una destartalada pianola ideológica. Gobernar para la mayoría garantizando cohesión social y territorial ya es más difícil. El poder consiste también en hacerlo pasar por poderío.  

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Un nuevo estadio

Uno de los efectos bienaventurados del fracaso del CD Tenerife a la hora de ascender a primera división es no se construirá un nuevo estadio de fútbol en la capital chicharrera, al menos hasta las próximas elecciones, ese otro torneo deportivo. Si el equipo blanquiazul — que le dicen — llega a ascender a los cielos futbolísticos la presión social dirigida a que las administraciones públicas gastaran los millones que fueran menester para un nuevo estadio hubiera resultado irresistible. La simpática horda tinerfeñista – siempre tinerfeñistas de penúltima hora — hubiera pateado, gritado e insultado hasta conseguir la inversión, debidamente comprendida y jaleada por el periodismo deportivo patrio. Tal vez soy demasiado ingenuo y los responsables políticos ya habrían iniciado los expedientes necesarios sin necesidad de ninguna presión popular. Cuanto menos haya jugado un político al futbol en su día y más le asqueen las aglomeraciones, más rendido admirador se proclama del equipo representativo de su terruño. Yo he escuchado rumores –sin duda infundados –que apuntan a que el presidente del Cabildo, Pedro Martín, se había tatuado un retrato de Luis Miguel Ramis en la rabadilla, y lo pensada mostrar orgullosamente en todas las playas tinerfeñas. Según los mismos maldicentes ahora se lo intenta borrar con papel de lija y jabón Lagarto. En todo caso, por fortuna, el CD Tenerife perdió, y toda la furia babosa de sus apologetas se ha apagado súbitamente. ¿Cómo va la venta de abonos para la próxima temporada, cabroncetes?

El primero que mencionó lo del nuevo estadio fue, por supuesto, el presidente (y propietario) del club, Miguel Concepción. Lo dijo en concepcionés, que es el idioma que habla fluidamente desde chico, lo que nunca es un problema, porque ya los locutores radiofónicos se encargan de traducirlo reverencialmente al español como los curas de antaño traducían el latín de los papas a los feligreses. Concepción quiere un estadio de 40.000 espectadores con el sutil y cronométrico argumento de que “ya es hora”. Un estadio que pueda contener cómodamente tiendas, restaurantes, cafeterías, guarderías. En su sueño visionario imagina a matrimonios que visitarán el mamotreto desde media mañana para pasarse ahí todo el día, casi con independencia de que se celebren o no partidos de fútbol. No sé por qué no incluyó un pequeño museo con una reproducción en bronce de la calva de Dertycia, el ejemplar de la Lógica de Hegel de Jupp Heynckes anotada de su puño y letra o la egolatría mamífera de Javier Pérez conservada en formol. Cuando escuché a Concepción (es decir, la traducción de los locutores intérpretes) no tuve claro quien concedería las licencias para las cafeterías y tiendas del flamante estadio, aunque lo sospecho, como seguro que lo sospechan todos ustedes.

El estadio del CD Tenerife cuenta con unas 23.500 localidades. Como recordó el otro día con tranquila sabiduría el arquitecto Carlos Schwartz, hace muchos años que no se ocupan esos 23.500 asientos en su totalidad. Ni siquiera fue así durante el final de la pasada temporada, con toda esa peña festejando –entre ellos – un ascenso que les parecía inevitable y que vivieron como un milagro. Desde el año 2010 a la actualidad Santa Cruz de Tenerife ha perdido unos 15.000 habitantes. Es difícil entender como una prioridad construir un nuevo estadio de fútbol salvo, por supuesto, que el señor Concepción quiera hacerlo con sus perritas. Y aun así debería preguntársele que ocurrió con el proyecto –por llamarlo de alguna manera – de la Ciudad Deportiva, que ahora está en los juzgados. Que lo aclare antes de atreverse a pedir en voz alta que le financiemos un estadio nuevo, porque ni siquiera en el dulce concepcionés su solicitud deja de sonar como una burla sórdida, un descaro extraordinario y un antojo principesco. 

 

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Que esperen sentados

El consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Sebastián Franquis, y los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna,  Telde, Firgas, San Mateo, Moya y La Orotava  han firmado con la Ministra de Agenda Urbana un convenio por el que se invertirán unos 75 millones de euros en viviendas sociales que se extraerán de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se pretenden construir unas 920 nuevas viviendas “para ser destinadas al mercado de alquiler a precios accesibles” y rehabilitar otras 2.300 casas “tanto del parque como del privado”.  El Gobierno autónomo sumará 47 millones más y también los ayuntamientos beneficiados aportarán varios millones de euros. Después o antes de la firma, no lo sé, Franquis, que le había cogido gusto a rubricar portentos, también firmó, que no decaíga, otra transferencia de 76 millones a cargo del Plan Estatal de Viviendas 2022-2025. En total 152 millones.

¿Quién puede negarse a felicitar calurosamente al consejero Franquis? Nadie. Otra cosa muy distinta es esperar que las nuevas viviendas y las rehabilitaciones programadas puedan verse antes de un par de años. Lo cierto es que en tres años el señor Franquis no ha construido una sola vivienda pública nueva que haya impulsado su equipo en su rutilante Consejería. Todavía tiene en La Palma a centenares de damnificados de la catástrofe volcánica del pasado año viviendo en hoteles y pensiones. Es como el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, que cuando resta menos de un año de legislatura no ha construido una puñetera desaladora o una triste estación depuradora en toda Canarias, a pesar de surfear sobre un presupuesto oceánico una y otra vez ensalzado por el presidente Torres y sus desinteresados corifeos.

Se repite machaconamente, después de estas nuevas perseidas de millones que será invisible durante un largo periodo, que por fin se construirá vivienda pública en Canarias, después de un ominoso cuarto de siglo en el que CC se negó a desarrollar una verdadera política de vivienda desde la Comunidad autonómica. Por supuesto, se trata de una (casi) mentira. Existe un Instituto Canario de Vivienda y se han diseñado y aplicado (eso sí: mediocre e insuficientemente) varios programas plurianuales en Canarias. Construir 921 viviendas en régimen de alquiler en el próximo trienio tampoco supondrá una oferta extraordinaria. En realidad pueden constatarse dos razones por las que la política de vivienda de los gobiernos autonómicos (en los que han participado CC, PSOE y PP) haya sido modesta y desigual. Primero, el volumen de vivienda privada construida en las islas en el pasado inmediato. Entre 2001 y 2011 el número de viviendas se incrementó en un 22,3% (casi 190.000 nuevas viviendas en dicho periodo),  un porcentaje ligeramente superior a la media española (un 21% más o menos). También es cierto que el número de hogares en Canarias se incrementó en 237,456 en la década referida. Sin duda existía una demanda social, pero se priorizaron otras: la extensión de la sanidad pública, las infraestructuras de transporte o el combate – fracasado –contra el desempleo estructural enterrando millones de euros en el empeño. En segundo lugar, la crisis que asomó en 2007 y cayó como un hachazo en 2008 llevó a una política de recortes presupuestarios y austeridad en el gasto público – acordada e impuesta por Bruselas – que limitó al mínimo el desarrollo de los programas de vivienda pública  y rehabilitación, una situación de feroz control de las cuentas que no comenzaría a superarse de facto hasta el bienio 2015-2016.

Esta aplicación de los fondos Next Generation –como ocurre con todo el maná de los cielos de la Unión Europea – exigiría una reforma administrativa, reglamentaria y procedimental para su gestión eficaz y eficiente, flexible y rápida. No se ha hecho ni se hará. Conviene que los futuros beneficiarios esperen sentados.  

 

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Consenso y democracia

Unos humoristas que trabajan, al parecer, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en colaboración con algunos colegas muy chistosos de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad de Burgos ha concluido en un estudio titulado  Consenso que el Parlamento de Canarias es “líder nacional en consenso, acuerdo y diálogo”. Para llegar a esta muy sorprendente tesis los humoristas se han basado en un curioso método: medir la proporción de votos afirmativos y abstenciones en todas las iniciativas legislativas de los parlamentos autonómicos entre 1980 y 2021 sobre el total de los votos emitidos por término medio por cada ley. Gracias a tan rumbosa ecuación el Parlamento canario puede presumir de una capacidad de diálogo y consenso que lo sitúan entre la Atenas de Pericles y la Cámara de los Comunes en 1940 aproximadamente.  El presidente de la Cámara regional, Gustavo Matos, no ha podido no emocionarse y sobre todo, no ha conseguido evitar referirse a los últimos tres años, que coinciden sin duda casualmente con su mandato, para describirlos como un periodo “en el que priman la negociación y el acuerdo gracias al trabajo y el compromiso de diputados y diputadas”.

Que un Ministerio sufrague paparruchadas como esta no es especialmente escandaloso, que nos lo lleguemos a tomar en serio se me antoja ya más preocupante. El consenso no es el objetivo estratégico legitimador de una democracia representativa, aunque se suela caracterizar  a las democracias parlamentarias como regímenes consensuales. La democracia parlamentaria necesita el acuerdo para trenzar mayorías y aprobar leyes, y fabrica por sí sola un fuerte consenso simbólico alrededor de un conjunto de valores políticos y cívicos que le conceden sentido y pertinencia. Pero el consenso no es –ni puede ni debe — ser universal. La salud democrática de un país no es más inequívoca cuanto mayor sea el acuerdo entre los representantes del pueblo. El disenso es igualmente un valor democrático irrenunciable, y sin disenso tampoco puede hablarse de democracia. Es precisamente en la tensión entre consenso y el disenso en la que se constituye y renueva la democracia representativa diariamente. Ambos son imprescindibles, en una suerte de diálogo ondulante, desigual, a menudo insatisfactorio, para fortalecer las libertades, reconocer y potenciar el pluralismo, impulsar los procesos de democratización. Orillar el disenso te impide evaluar analíticamente la calidad democrática de un sistema político. Es simplemente trampear la realidad. En el estudio de marras capitaneado por la UNED solo registran un parlamento autónomo con mayor consenso que Canarias según los humoristas: el de Cataluña. Precisamente el de Cataluña.

Respecto a la actual legislatura autonómica no es el consenso, precisamente, lo que ha primado en los últimos tres años. Canarias ha vivido una crisis social y económica singularmente dura a causa de la pandemia del covid, que congeló el turismo y los subsectores anexos, su motor económico más potente. Luego llegó la catástrofe volcánica en La Palma. Los partidos firmaron, en efecto, un intento de consenso, el Plan Reactiva Canarias, pero ese acuerdo no se ha trasladado de facto a la dinámica parlamentaria. Lo mismo ocurre – en medio de una situación estructuralmente muy frágil todavía – con el mismo seguimiento de la pandemia, con la política agraria y ganadera, con la estrategia fiscal o los grandes proyectos de inversión que nunca llegan. En una situación excepcional los grandes acuerdos no llegan ni se les espera ya cuando falta menos de un año para las próximas elecciones. Ni el Gobierno, ni los partidos, ni el Parlamento ha estado a la altura. Pero es al primer agende a quien le corresponde la máxima responsabilidad. Viven encapsulados en una propaganda incesante y el único consenso que practican es consigo mismos.

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Cantando millones

No es necesario ponerle fecha: hoy, hace tres meses, dentro de tres semanas, el presidente Ángel Víctor Torres ha contado, cuenta o contará que en Canarias va a caer otra lluvia de decenas, cientos, miles de millones de euros relucientes. El jefe del Gobierno es como un niño de San Ildefonso con alopecia encaramado a la peana y que canturrea melancólicamente:

–Rehabilitación turística canaria….cuarenta milloooneees de eurooos….Compra de todos los marquesotes que produzca La Palma por el Centro Nacional de Inteligencia….treinta millones de euuurooos….Collarines ergonómicos a todos los que estén esperando que se les reconozca la dependencia y empiecen a cobrarlaaa…ochenta milloneeees de euroooos…Proyectos Next Generation en Canarias….300 millones…de eurooooos…300 millones de euros… 300 millones de e-u-rooos…

Felipe González ha sugerido a los gobernantes como condición imprescindible de un liderazgo eficaz “hacerse cargo del estado de ánimo de los ciudadanos”. Si el gobernante no lo hace así  “está destinado a un fracaso inmediato”. A los presidentes les cuesta entender este principio, pero en el caso de Torres la resistencia es realmente intensa. El presidente canario, que está ya en campaña electoral y se multiplica en actos, reuniones, conferencias, inauguraciones y presentaciones – debe trabajar en el coche oficial, como el abogado del Lincoln – está obsesionado en proclamar que el país está mejor que nunca y que deberíamos aprender a contar  por millones, no por unidades. Yo sospecho que no le parecería mal que los isleños ya no cumpliésemos años, sino millones. Por ejemplo, la consejera de Economía, Elena Máñez, cumplirá 53 millones a finales de año y los que felizmente le quedarán en el futuro. Con la misma fuerza que Barbuzano en un cango Torres se agarra a la cifras de creación de empleo como un indicador perfecto para expresar el éxito pasmoso de su gestión. Basta con exagerar un poquito o callar parcialmente. Sostener que “las listas de desempleo en el archipiélago engloban (sic) 194.742 personas, según datos del Ministerio de Trabajo (…)  Se trata de un dato histórico, que no se registraba desde finales de 2008, cuando se inició la crisis financiera (…)” es una auténtica delicia. La crisis financiera no comenzó a finales de 2008, pero eso es lo de menos. El dato de referencia, por supuesto, no es el total de personas empleadas, sino su porcentaje sobre la población activa. A finales de marzo, según el Instituto Nacional de Estadística, el desempleo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife era del 20,06% sobre la población activa y en la provincia de Las Palmas un 20,51%. Todavía supera en casi en un punto al porcentaje de parados sobre la población activa del tercer y cuarto trimestre de 2019, aunque junio haya sido, de nuevo, un mes positivo. La recuperación del turismo y del comercio – en lo que el Gobierno autonómico ha tenido muy poco que ver – ha aumentado las contrataciones. Considerar un fenómeno tan obvio como espontáneo en un éxito gubernamental es un poquito indecente. Que en la primera mitad del año la Hacienda canaria haya recaudado todo lo que previsto para 2022 ya es bastante obsceno.

Una inflación de dos dígitos desangra a las clases medias y trabajadoras en Canarias, donde los salarios siguen siendo inferiores, por supuesto, a la media estatal. ¿Cómo crear empleos de calidad si nos dedicamos al turismo de litrona, pedo y aguarrás? Los indicios de una recesión (española y europea) son cada vez son más evidentes. Los servicios sociales y asistenciales renquean por la burocracia y el reglamentarismo frente a una pauperización que denuncian organizaciones tan reaccionarias como Cáritas y el Diputado del Común. Pero nuestro niño cantarín disiente y sigue gangoseando millones. A ver si en las próximas elecciones se enfada y elige un buen pueblo y no a este montón de cenizos angustiados por un futuro que ya les devora cualquier esperanza.

 

 

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