Sebastián Franquis

Que esperen sentados

El consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Sebastián Franquis, y los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna,  Telde, Firgas, San Mateo, Moya y La Orotava  han firmado con la Ministra de Agenda Urbana un convenio por el que se invertirán unos 75 millones de euros en viviendas sociales que se extraerán de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se pretenden construir unas 920 nuevas viviendas “para ser destinadas al mercado de alquiler a precios accesibles” y rehabilitar otras 2.300 casas “tanto del parque como del privado”.  El Gobierno autónomo sumará 47 millones más y también los ayuntamientos beneficiados aportarán varios millones de euros. Después o antes de la firma, no lo sé, Franquis, que le había cogido gusto a rubricar portentos, también firmó, que no decaíga, otra transferencia de 76 millones a cargo del Plan Estatal de Viviendas 2022-2025. En total 152 millones.

¿Quién puede negarse a felicitar calurosamente al consejero Franquis? Nadie. Otra cosa muy distinta es esperar que las nuevas viviendas y las rehabilitaciones programadas puedan verse antes de un par de años. Lo cierto es que en tres años el señor Franquis no ha construido una sola vivienda pública nueva que haya impulsado su equipo en su rutilante Consejería. Todavía tiene en La Palma a centenares de damnificados de la catástrofe volcánica del pasado año viviendo en hoteles y pensiones. Es como el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, que cuando resta menos de un año de legislatura no ha construido una puñetera desaladora o una triste estación depuradora en toda Canarias, a pesar de surfear sobre un presupuesto oceánico una y otra vez ensalzado por el presidente Torres y sus desinteresados corifeos.

Se repite machaconamente, después de estas nuevas perseidas de millones que será invisible durante un largo periodo, que por fin se construirá vivienda pública en Canarias, después de un ominoso cuarto de siglo en el que CC se negó a desarrollar una verdadera política de vivienda desde la Comunidad autonómica. Por supuesto, se trata de una (casi) mentira. Existe un Instituto Canario de Vivienda y se han diseñado y aplicado (eso sí: mediocre e insuficientemente) varios programas plurianuales en Canarias. Construir 921 viviendas en régimen de alquiler en el próximo trienio tampoco supondrá una oferta extraordinaria. En realidad pueden constatarse dos razones por las que la política de vivienda de los gobiernos autonómicos (en los que han participado CC, PSOE y PP) haya sido modesta y desigual. Primero, el volumen de vivienda privada construida en las islas en el pasado inmediato. Entre 2001 y 2011 el número de viviendas se incrementó en un 22,3% (casi 190.000 nuevas viviendas en dicho periodo),  un porcentaje ligeramente superior a la media española (un 21% más o menos). También es cierto que el número de hogares en Canarias se incrementó en 237,456 en la década referida. Sin duda existía una demanda social, pero se priorizaron otras: la extensión de la sanidad pública, las infraestructuras de transporte o el combate – fracasado –contra el desempleo estructural enterrando millones de euros en el empeño. En segundo lugar, la crisis que asomó en 2007 y cayó como un hachazo en 2008 llevó a una política de recortes presupuestarios y austeridad en el gasto público – acordada e impuesta por Bruselas – que limitó al mínimo el desarrollo de los programas de vivienda pública  y rehabilitación, una situación de feroz control de las cuentas que no comenzaría a superarse de facto hasta el bienio 2015-2016.

Esta aplicación de los fondos Next Generation –como ocurre con todo el maná de los cielos de la Unión Europea – exigiría una reforma administrativa, reglamentaria y procedimental para su gestión eficaz y eficiente, flexible y rápida. No se ha hecho ni se hará. Conviene que los futuros beneficiarios esperen sentados

Publicado el por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

Que esperen sentados

El consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Sebastián Franquis, y los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna,  Telde, Firgas, San Mateo, Moya y La Orotava  han firmado con la Ministra de Agenda Urbana un convenio por el que se invertirán unos 75 millones de euros en viviendas sociales que se extraerán de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se pretenden construir unas 920 nuevas viviendas “para ser destinadas al mercado de alquiler a precios accesibles” y rehabilitar otras 2.300 casas “tanto del parque como del privado”.  El Gobierno autónomo sumará 47 millones más y también los ayuntamientos beneficiados aportarán varios millones de euros. Después o antes de la firma, no lo sé, Franquis, que le había cogido gusto a rubricar portentos, también firmó, que no decaíga, otra transferencia de 76 millones a cargo del Plan Estatal de Viviendas 2022-2025. En total 152 millones.

¿Quién puede negarse a felicitar calurosamente al consejero Franquis? Nadie. Otra cosa muy distinta es esperar que las nuevas viviendas y las rehabilitaciones programadas puedan verse antes de un par de años. Lo cierto es que en tres años el señor Franquis no ha construido una sola vivienda pública nueva que haya impulsado su equipo en su rutilante Consejería. Todavía tiene en La Palma a centenares de damnificados de la catástrofe volcánica del pasado año viviendo en hoteles y pensiones. Es como el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, que cuando resta menos de un año de legislatura no ha construido una puñetera desaladora o una triste estación depuradora en toda Canarias, a pesar de surfear sobre un presupuesto oceánico una y otra vez ensalzado por el presidente Torres y sus desinteresados corifeos.

Se repite machaconamente, después de estas nuevas perseidas de millones que será invisible durante un largo periodo, que por fin se construirá vivienda pública en Canarias, después de un ominoso cuarto de siglo en el que CC se negó a desarrollar una verdadera política de vivienda desde la Comunidad autonómica. Por supuesto, se trata de una (casi) mentira. Existe un Instituto Canario de Vivienda y se han diseñado y aplicado (eso sí: mediocre e insuficientemente) varios programas plurianuales en Canarias. Construir 921 viviendas en régimen de alquiler en el próximo trienio tampoco supondrá una oferta extraordinaria. En realidad pueden constatarse dos razones por las que la política de vivienda de los gobiernos autonómicos (en los que han participado CC, PSOE y PP) haya sido modesta y desigual. Primero, el volumen de vivienda privada construida en las islas en el pasado inmediato. Entre 2001 y 2011 el número de viviendas se incrementó en un 22,3% (casi 190.000 nuevas viviendas en dicho periodo),  un porcentaje ligeramente superior a la media española (un 21% más o menos). También es cierto que el número de hogares en Canarias se incrementó en 237,456 en la década referida. Sin duda existía una demanda social, pero se priorizaron otras: la extensión de la sanidad pública, las infraestructuras de transporte o el combate – fracasado –contra el desempleo estructural enterrando millones de euros en el empeño. En segundo lugar, la crisis que asomó en 2007 y cayó como un hachazo en 2008 llevó a una política de recortes presupuestarios y austeridad en el gasto público – acordada e impuesta por Bruselas – que limitó al mínimo el desarrollo de los programas de vivienda pública  y rehabilitación, una situación de feroz control de las cuentas que no comenzaría a superarse de facto hasta el bienio 2015-2016.

Esta aplicación de los fondos Next Generation –como ocurre con todo el maná de los cielos de la Unión Europea – exigiría una reforma administrativa, reglamentaria y procedimental para su gestión eficaz y eficiente, flexible y rápida. No se ha hecho ni se hará. Conviene que los futuros beneficiarios esperen sentados.  

 

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La renovación franquista

A Sebastián Franquis – en fin, a su propuesta de comité ejecutivo — le han votado el 85% de los delegados de un XIV Congreso del PSOE de Gran Canaria que pareció más una digestión común que una reflexión colectiva. Para conseguir ese resultado, ciertamente inhabitual en la organización grancanaria en los últimos lustros, han bastado dos circunstancias: celebrar la reunión de los socialistas grancanarios después del congreso regional y que el PSOE disponga en el presente de un amplio poder político e institucional: el mayor que ha acumulado nunca en el Archipiélago. El poder, obviamente, es el inmejorable cemento para preservar ya no la unidad, sino la práctica unanimidad del partido. Aun así Franquis no cedió en algo lo que entendía como innegociable. Servidor está convencido de que Augusto Hidalgo jamás hubiera podido derrotar a Franquis, y sospecho que Franquis así lo creyó hasta el último momento. El PSOE grancanario sigue gobernado firmemente por el consejero de Obras Públicas y Gustavo Santana – un hidalguista incrustrado en el Gobierno y la UGT – está ahí como vicesecretario general más para mirar que para mandar.

¿Discurso político, programático, ideológico? Prácticamente ninguno. En ese sentido Franquis siempre fue un posmoderno avant la lettre  para quien el poder era un proyecto en sí mismo porque de él derivaban todos los demás. Tiene grabada a fuego la lógica del superviviente y por eso tal vez deteste a Hidalgo, que es capaz de sonreír ante un apocalipsis zombi porque sería una gran oportunidad para abrir más zanjas y hacer más agujeros en Las Palmas de Gran Canaria. Lo relevante – eso sí lo dijo Franquis en su discurso – era fortalecer la unidad para ganar las próximas elecciones. Y las siguientes. Y las siguientes de las siguientes. Cuando se elaboraba la Ley Orgánica del Estado de 1966 Franco le cuchicheó a uno de sus amanuenses, que le preguntó por la filosofía del Movimiento: “Déjelo estar. Usted ponga en la ley el Movimiento aquí y allá, como un paisaje o una melodía de fondo y ya está”. Más o menos ese es el papel de la ideología progresista en la concepción del psocialismo de Franquis y sus adláteres. Por eso mismo choca de vez en cuando con la fraseología del PSOE más actual relativa al feminismo o a la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, en el núcleo del poder de la nueva comisión ejecutiva insular no hay ninguna mujer. Por supuesto, ninguna compañera se quejó al respecto, faltaría más.

Respecto a las ambiciones personales del secretario general reelegido, los más discretos apuntan a que Franquis, simplemente, quiere seguir en el Gobierno autonómico, es decir, en el Gobierno, en el escaño parlamentario y en la secretaría general, y nada más. Otros han insistido en estos días en que tiene un ojo puesto en las encuestas, como siempre, y que no ha abandonado su querencia por el ayuntamiento de Las Palmas, donde fue concejal en el poder y en la oposición durante muchos años. Pero ese ensueño probablemente lo frustró Hidalgo para los restos.  Y Franquis, endurecido en 35 años de ejercicio político, astuto, hábil y fajador, no reúne, en cambio, las mejores condiciones para compartir el poder, fabricar consensos y repartirse áreas e influencias.

El PSOE canario habrá culminado su renovación congresual en el cónclave de los tinerfeños en este mismo mes. Es una renovación ciertamente curiosa, porque queda finiquitada con una ampliación de los equipos de dirección para acomodar a todos y a todas y con la continuidad de la insoportable levedad de dirigentes que acumulan décadas de cargos públicos. Una cartelización del partido, que ya es un mero instrumento del Gobierno y de sus propias élites. Todo atado y bien atado. 

 

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Palabrería y burocracia

La principal y única premisa en el proceso de reconstrucción económica y social del Valle de Aridane después de la larga erupción del volcán de Cumbre Vieja fue dejar la política – es decir, los intereses y banderías partidistas – fuera de toda consideración. Y se trata de una premisa que hasta el momento, más o menos, se había cumplido, aunque el uso y abuso reiterado de visitas de responsables políticos de los gobiernos español y canario la hubieran empeñado más de una vez. Sin embargo más tarde o más temprano tenía que romperse, y así ha ocurrido con motivo de la constitución de la comisión sobre la catástrofe de La Palma en el Parlamento de Canarias. Un acuerdo entre el PP y la mayoría gubernamental ha impedido que el diputado y alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, de CC, se integre en la mesa que coordinará los trabajos de comisión. Ocurre que es  único regidor de los municipios afectados que al mismo tiempo ocupa un escaño en la Cámara. Pero precisamente por eso se le ha apartado de la mesa, que preside la conservadora Lorena Hernández, concejal del ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Ni un ápice de notoriedad a Rodríguez. Si es posible, que quede permanentemente fuera de foco. Y, desde luego, que no pueda influir directamente en el diseño de la agenda de trabajo de la comisión.

Se trata de una fina bellaquería que demuestra de nuevo la estatura liliputiense de sus señorías. Pero tampoco conviene indignarse demasiado porque, como casi todas las comisiones parlamentarias, esta no servirá para nada, salvo para criar alfalfa verbal en beneficio de los diputados. Mientras en el frente parlamentario se monta este mecano charlatán, la configuración de un instrumento técnico-administrativo eficiente y eficaz para la gestión de una estrategia de recuperación y renovación de la averiada economía palmera sigue sin concretarse. Lo más razonable – y es algo que precisamente ha reclamado Sergio Rodríguez – sería articular un consorcio con la participación del Gobierno autonómico, el Cabildo Insular y los ayuntamientos afectados, un organismo flexible que centralice información operativa y agilice trámites administrativos, pero los señores (y señoras) del Ejecutivo no parecen demasiado seducidos por la idea. Tal vez, como sostienen los más maliciosos, porque el presidente Ángel Víctor Torres y Sebastián Franquis, su consejero de Obras Públicas, anhelan que el Gobierno siga liderando todo el proceso y proyectándose como la fuerza protagonista que guía a los demás hasta la reconquista de la felicidad.

Les va a llevar su tiempo. Después de una etapa inicial en la que el Gobierno canario supo reaccionar rápidamente para atender las primeras necesidades de los damnificados, no ha dejado de crecer una percepción de incertidumbre y malestar, que ha llevado a dos manifestaciones de protesta en las calles de Santa Cruz. Es falso que no se esté haciendo nada – avanza lentamente, con la incorporación de nueva maquinaria retroexcavadora, la apertura de una carretera provisional que atraviese de norte a sur el campo de lava; se han iniciado los trabajos para un nuevo embarcadero que conectará Puerto Naos y Tazacorte – pero desde un punto de vista social y empresarial el balance es insatisfactorio, cuando no exasperante. La situación de los autónomos palmeros en un buen ejemplo: ni una sola medida efectiva que pueda rescatarles del infierno en el que siguen postrados. Ni se les exonera de sus cuotas a la Seguridad Social, ni recibe créditos blandos para reiniciar su actividad, ni nada de nada, como ocurre con la gran mayoría de las pymes, que solo han merecido subsidios raquíticos. Las familias atendidas directamente por Cáritas Diocesana aumentan a diario: unas 1.320 personas, entre ellas 300 menores de edad, han recibido algún tipo de ayuda en las últimas dos semanas – básicamente comida y ropa –habilitándose instalaciones parroquiales para ubicar a siete núcleos familiares. El volcán sigue ganando la partida. El Gobierno no ofrece ni estrategia ni soluciones provisionales: solo palabras y burocracia.   

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