PP

Debate amormado

El debate sostenido ayer por varios candidatos al Parlamento Europeo en el Club La Prensa devino previsiblemente decepcionante y a buen seguro marcará la mediocre tónica dialéctica en los próximos días. Los mejores conocedores de la Eurocámara – Gabriel Mato y Juan Fernando López Aguilar – no hablan de lo que saben mientras los representantes de IU y de UPyD no saben de lo que hablan. Javier Morales, el candidato fantasmagórico de Coalición Canaria, repitió el devocionario de las singularísimas especificidades del Archipiélago, que solo puede ser comparado consigo mismo, como el Dios de Agustín de Hipona. Pese a débiles resistencias ninguno pudo sustraerse a la nacionalización de la discusión política mientras las referencias a Europa, sus políticas e instituciones generalmente fueron vagas, intermitentes y  muy poco propositivas. Para Gabriel Mato todo se ha hecho aceptablemente bien y en España comienza a amanecer. Para López Aguilar la mayoría conservadora en Bruselas y Estrasburgo ha llevado a la UE a su mayor crisis de su historia mientras (se supone) tal desastre pilló a los comisarios y diputados socialdemócratas en el cuarto de baño. Mientras Morales continuaba encerrado en su placenta a salvo del calentamiento global, Elvira Hernández y Miguel Ángel González se dedicaban a afearles el bipartismo al PP y al PSOE. Gente mala, gente regimental, gente bipartidista, puaj.
Socialdemócratas y conservadores llevan más de un cuarto de siglo proclamando su acendrado europeísmo, pero hasta el momento el creciente abstencionismo electoral de los españoles les ha resultado indiferente. Pedagogía política, ninguna, salvo el difuso mensaje de que incorporarse al Mercado Común primero y a la Unión Europea más tarde significaba incorporarse a un futuro de prosperidad económica y calidad democrática destinado a romper definitivamente la tibetanización del país. Treinta años más tarde ese atractivo ha desaparecido, pero mientras las derechas europeas comparten un programa inequívoco las izquierdas ni siquiera proponen convincentemente las reformas institucionales y normativas que urgen a la UE para no seguir prostituyendo hasta la aniquilación sus principios fundadores, combinando eficacia económica y políticas redistributivas. López Aguilar pide más estímulos fiscales “implicando al Banco Central Europeo”, como si se tratara de invitar a Draghi a unas cañas, y Elvira Hernández pide auditorias a los fondos europeos para pasar el rato. Va a ganar la abstención. Pero verán ustedes como en la noche electoral no la felicita nadie.

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Toros ultraperiféricos

Cada vez que se recuerda el escasísimo arraigo histórico de la fiesta de los toros en Canarias siempre recuerda alguien –un aficionado, por supuesto –  los impresionantes llenos de las tres plazas y media abiertas en las islas, la visita de grandes figuras de la tauromaquia, el sacrificio trasatlántico de los heroicos empresarios ganaderos o hasta la trayectoria de una docena de matadores de toros y novillos nacidos en estos peñascos. Incluso se registra el caso de un gomero vestido de luces, mucho antes, por supuesto, de la llegada de Casimiro Curbelo y de las orquestas pachangueras, capaces de destruir cualquier vocación artística independiente.  Lo cierto es que aquí –como en cualquier parte –puede encontrarse antecedentes para todo: personajes involucrados en golpes de Estado, espadones, asesinos múltiples, un novelista excepcional, un químico con el Premio Príncipe de Asturias, un Charlot carnavalero o (no sé si las he citado ya) decenas, quizás centenares de orquestas de pachanga. No se me antoja un argumento muy sólido citar algún que otro matador de toros atribulado por los morlacos y la magua para avalar una hipotética tradición taurina en Canarias.
Los dirigentes del PP, que deben disponer de mucho tiempo libre pero que sobre todo practican una devoción irrestricta a los argumentarios que se expiden desde la calle Génova, se han manifestado a favor de la derogación de la normativa que prohíbe la fiesta de los toros en esta Comunidad autonómica. Parecen expresar una posición de principios. Se trata de la fiesta nacional. Pero lo de la fiesta nacional  se inventó, en fin, en el siglo XIX, cuando primero los liberales y luego los conservadores realizaron un meritorio esfuerzo por la nacionalización unificadora de símbolos y festividades propia de un Estado moderno. Al PP canario ni siquiera se le ha ocurrido, siguiendo la actual moda parlamentaria, presentar una moción para que, una vez legalizadas de nuevo las corridas,  los restos del animal sean diligentemente recogidos y distribuidos entre las ONG. Lo cierto es que la fiesta taurina languidece en todas partes y si alguien quiere disfrutar de sus dulzuras quizás lo más pertinente es que pague semejante lujo y se desplace por sus propios medios a la Península. Aquí no existe interés público ni condiciones económicas y comerciales para su explotación. Particularmente me desagradan mucho las corridas de toros. Y no por una especial lástima hacia los animalitos, sino por la estúpida, inocente crueldad de sus matadores. O como mejor dijo el maestro Sánchez Ferlosio: “Mi ferviente deseo de que los toros desaparezcan de una vez no es por compasión de los animales, sino por vergüenza de los hombres”.

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Bravo en la trinchera

El comunicado emitido ayer por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo, su respuesta a las acusaciones de corrupción de un empresario pecholobo y cruelmente desilusionado, peca de insuficiente en el fondo y en las formas. Aunque se trate de un formato muy querido por las élites políticas españolas, el comunicado siempre desprende un ligero hedor a trinchera. El comunicado es una mínima apología erizada de precauciones y temores. Lo suyo es que el señor Bravo de Laguna se presentara a pecho descubierto en una rueda de prensa, armado con los documentos que estimara necesarios para fundamentar sus aclaraciones, pero el señor Bravo de Laguna jamás se ha distinguido por, digamos, un carácter heroico. Recuerdo cuando intentó articular una oposición en el primer Congreso del PP de Canarias que ganó José Manuel Soria, allá por 1998.  Si hubiera podido, en lugar de votar en el plenario, Bravo de Laguna hubiera emitido un comunicado.
En un lugar de su nota el presidente del Cabildo grancanario niega tajantemente que después del 20 de junio de 2011 –cuando asumió el cargo – haya intervenido profesionalmente como abogado, ni asesorado, ni percibo cantidad alguna de los propietarios del Centro Comercial Osasis ni de la sociedad mercantil Rodríguez Marichal y Correa. Sin embargo, Rodríguez Marichal le comunicó hace poco tiempo, utilizando, con obvios propósitos, el registro del Cabildo Insular, que denunciaba el contrato entre su sociedad y el prestigioso bufete de abogados que ha dirigido Bravo durante muchos años. Entre los extremos que el dirigente del PP debería aclarar, saliendo durante unos minutos de la placenta de cualquier fax, es precisamente ese.  Bravo de Laguna se desvinculó de su bufete en junio de 2011 – sin duda realizando los trámites precisos en su colegio profesional – pero el bufete al que pertenece, y no él personalmente, ¿continuó prestando servicios profesionales a Rodríguez Marichal y Correa en los dos años siguientes en relación con el Centro Comercial Oasis y los intereses empresariales enfrentados en el mismo?
A menudo se critica, y cada vez más ásperamente, el retiro dorado de los políticos hacia grandes empresas privadas (petroleras, gasísticas, constructoras, telecomunicaciones) una vez finiquitadas sus carreras en las instituciones públicas. En cambio no sería superflua una reflexión crítica sobre las proliferantes hipotecas políticas y morales que pueden adquirir a través de sus carreras profesionales antes de asumir un cargo público relevante.  A fuerza de estar en todas las salsas se corre el riesgo de terminar pringado.

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Una RIC para la claqué empresarial

La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), regulada en la ley del Régimen Económico Fiscal de Canarias de 1994, no supuso una novedad inmaculada. Tiene como antecedente del Fondo de Previsión para Inversiones, recogida en el REF aprobado en las postrimerías del franquismo, y aunque su regulación jurídica resulta evidentemente distinta, también era en sustancia un incentivo fiscal (una reducción de la base imponible) dirigido a la autofinanciación y a la inversión empresarial. Ya saben ustedes: gracias a la RIC se podía eludir el Impuesto de Sociedades hasta el límite del 90% del beneficio obtenido después de impuestos no distribuido.  No es disparatado suponer que durante su vigencia el total de fondos de la Reserva de Inversiones se eleve al 20% del actual PIB de la Comunidad autonómica. Y al mismo tiempo ya es hora de reconocer que la RIC – al igual que el FPI en sus años – se ha mostrado inútil para aumentar la inversión empresarial productiva en las islas, crear empleo y diversificar la economía. La RIC se ha sepultado en ladrillos, en naves industriales y, en un porcentaje muy inferior, en deuda pública. Hasta cierto punto se ha convertido en un incentivo perverso dentro de un modelo de crecimiento económico intensivo y estanco, un mecanismo que ha servido para reproducir lo peor y no para buscar espacios de cambio y transformación económica. Las empresas que se han acogido a la RIC aumentaron su desapalancamiento, su capacidad de financiación propia, pero no invirtieron productivamente, y la Reserva de Inversiones no llevó a la dinamización del tejido productivo, sino al estímulo de una figura –muy conocida en estos andurriales archipielágicos – del empresario rentista.
Años llevan ya las principales fuerzas políticas canarias debatiendo sobre si la RIC, en el nuevo REF que debe ser convalidado por las Cortes y aprobado por Bruselas, debería poder invertirse en el extranjero y, particularmente, en África. Ahora es el PP quien asume este disparate, porque una RIC que permita invertir en el extranjero será otra cosa, pero no el dispositivo fiscal del REF de 1994. Que una región inmersa en una crisis económica y social como Canarias se plantee, para materializar la RIC, la inversión empresarial africana deja muy claras las prioridades del PP y su absoluto desprecio por el martirio colectivo y cotidiano de cientos de miles de canarios. Quieren contentar a su claqué empresarial y ampliar el recurso al ladrillo, la construcción y la especulación inmobiliaria fuera de nuestras fronteras.  Quieren, nada menos, normalizar jurídicamente la evasión de capital fiscalmente exonerado al extranjero.

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Trompetazo electoral

El poder aísla de la realidad, dicen los bienpensantes, cuando lo que suele ocurrir es que la falsea. Y cuanto más poder se acumula más fácil es falsearla impunemente. El discurso de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados no era un diagnóstico sobre la situación política, económica y social de España, sino el trompetazo triunfalista de la campaña electoral: dentro de un par de meses, las europeas, en poco más de un año, las municipales y autonómicas, sin descartar la hipótesis – ya lo dirán las encuestas y la coyuntura económica de la primavera de 2015– de simultanearlas con las generales. El país estará hecho un asco, pero la derecha española vive sus días de gloria: la recesión, en efecto, les ha permitido desarrollar su agenda política e ideológica, sin implementar además una sola reforma estructural seria – en las administraciones públicas, en el mercado laboral, en educación, en el sistema fiscal – que pusiera en peligro el status quo institucional. Si hasta se han inventado competencias a las diputaciones provinciales a fin de tener un pretexto para no cerrarlas. Con cerca de seis millones de parados, un crecimiento de la desigualdad galopante, los servicios sociales y asistenciales desbordados, un déficit público con cifras de dos dígitos desde hace cinco años, una deuda pública monstruosa que se aproxima al 100% del PIB, una incapacidad manifiesta para controlar el gasto – y de la que resulta principal responsable la Administración central del Estado — el ahorro familiar a niveles mínimos y una sequía crediticia interminable cabe cualquier cosa, menos ese grotesco espectáculo de un presidente hinchando pecho patrióticamente y proclamando que lo peor ha quedado atrás.
Mariano Rajoy ha escenificado un deleznable ejercicio de irresponsabilidad política. Su anzuelo para los titulares – todo presidente, en estas ocasiones, se guarda uno – ha consistido en esa tarifa plana  de cien euros mensuales para las empresas que contraten trabajadores indefinidos: la enésima bonificación de esta estirpe que tan excelentes resultados ha proporcionado desde los años ochenta. Pero no nos quejemos. Si a este ensoberbecido botarate parece que le resbala todo es porque todo, en efecto, le resbala, incluido tener en la cárcel al tesorero de su partido durante lustros y los cientos de procesados e imputados en los juzgados que adornan la ejecutoria del Partido Popular. Y la responsabilidad es solo nuestra. Y muy particularmente de los socialdemócratas, los sindicatos y los partidos de izquierda en este país. Porque hoy, aunque gravemente herido, el PP volvería a ganar las elecciones. Básicamente por incomparecencia política, organizativa y programática de los demás.

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