Lo peor de CAP

Lo peor de Carlos Andrés Pérez no fue que robara a mansalva y dejase robar cada vez más desordenadamente: bajo su primera presidencia, entre 1973 y 1978, la corrupción en Venezuela se institucionalizó y se transmutó en un mecanismo de gobierno, en un acuerdo tácito de latrocinio entre socialdemócratas de AD y democratacristianos de COPEI, en una perversa cultura cívica que se extendió a todo el tejido empresarial y social del país. La Venezuela saudita podía permitirse (o eso creyeron sus responsables) el saqueo más desvergonzado y al mismo tiempo la articulación de un colosal conjunto de subsidios y subvenciones –corrompido de pies a cabeza –que incluían desde la leche hasta la harina para las arepas, desde la maquinaria agrícola hasta las becas universitarias. CAP nacionalizó el petróleo, pero los fabulosos beneficios de la venta del crudo no revirtieron en una economía venezolana más potente y diversificada ni en el desarrollo de un Estado de Bienestar que sustituyera al agusanado Estado providencia y atendiera a los cientos de miles de venezolanos que se hacinaban en los cerros de Caracas o malvivían de una agricultura agónica en el interior. La democracia constitucional se trasmutó en una plutocracia de nuevos millonarios en la que se enriquecían dirigentes políticos adecos y copeyanos, medio centenar de empresarios y una turbamulta facinerosa de importadores. Mientras tanto CAP se llevaba a piñón con el Gobierno cubano, financiaba a los sandinistas o acogía generosamente a muchos exiliados chilenos y argentinos.
Lo peor de CAP no fue su reelección en 1988, cuando la mayoría de los electores, que recordaban los años de la plata fácil, lo votaron como penúltimo recurso de un sistema político que se hundía en un marasmo social creciente. No tardaron en despertar, porque CAP venía ahora con las recetas del FMI en las patillas: privatizaciones, machetazo a los presupuestos públicos, pago de la monstruosa deuda externa como prioridad indiscutible. Un día de 1991 suprimió las subvenciones a los productos de primera necesidad y al transporte urbano y se produjo el caracazo: una represión indiscriminada dejó en las calles cientos de asesinados a balazos.
No, lo peor de Carlos Andrés Pérez no fue su procesamiento por perculado, su huída cantinflesca a Miami, su vesania populista, manirrota y ladrona. Lo peor de CAP, de Luis Herrera, de Jaime Luisinchi y de toda esa cleptocracia que redujo la democracia republicana a un infecto muladar es que propiciaron, llamaron, casi invocaron a un mesías uniformado, cerril y didascálico, Hugo Chávez, para seguir y perfeccionar su trabajo: la destrucción de Venezuela.

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Hugo Chávez pide que le dejen trabajar

En medio de una situación económica y social desastrosa, Hugo Chávez Frías ha solicitado – y por supuesto obtenido – de un Parlamento que está a punto de terminar su mandato una nueva ley habilitante – y van tres – que le permitirá gobernar a decretazo limpio o sucio –según las necesidades de su revolución bolivariana – durante el próximo año y medio. No podía esperar. La próxima asamblea, la elegida este otoño, tendrá una amplia mayoría chavista, pero una muy activa minoría opositora. El presidente se la quitado encima durante hasta mediados de 2012 como mínimo. La Asamblea Nacional se reducirá de nuevo a un patio teatral desde donde ver a Hugo Chávez en acción. Hace algunos días varios cientos de estudiantes universitarios protestaron por la aprobación de la nueva Ley de Educación Superior. La respuesta de Chávez retrata perfectamente el alma de este sin par iguanodonte: “Los burgueses (sic) están otra vez en lo mismo. Yo les pido que me dejen trabajar en paz”. De modo que un jefe de Estado que dispone – gracias a la financiación estatal de sus propias campañas, de una propaganda incesante, de la compra del voto con neveras y harina para arepas, de reformas electorales ad hoc – de una acumulación de poder político y legislativo insólito en la historia de la República se irrita ante estos estudiantes pendejos, traidores a la causa del socialismo bolivariano, y suplica que le dejen trabajar pacíficamente hasta conseguir la ruina política y económica del país.
La nueva Ley de Educación Superior establece que la Universidad venezolana está supeditada al Estado revolucionario y su desarrollo estará sometido a una llamada “asamblea de transformación” con paridad de voto entre profesores, alumnos, personal administrativo y personal operario. Será el Estado, igualmente, el que decida el ingreso de los ciudadanos en los centros universitarios, con independencia de las pruebas de acceso que establezcan los mismos. ¿Y la autonomía universitaria? Bueno, el socialismo bolivariano no está para bromas. Como explica claramente la exposición de motivos del texto legal, “la autonomía universitaria supone un ejercicio responsable frente a los intereses y necesidades del pueblo y del Estado Revolucionario, en todos sus ámbitos, procesos, funciones y modalidades, en correspondencia con los planes nacionales de desarrollo para el fortalecimiento, consolidación y defensa de la soberanía e independencia de la Patria y la unión de nuestra América”. Los “procesos fundamentales” de la educación universitaria “deben contribuir a la construcción del modelo productivo socialista mediante la vinculación, articulación, inserción y participación de los estudiantes y trabajadores universitarios, en el desarrollo de actividades de producción de bienes materiales, transferencia tecnológica y prestación de servicios”. Qué cosa sea el modelo productivo socialista no lo explica la ley, pero basta con echar una ojeada a la situación económica de Venezuela para hacerse una idea aproximada. La Ley de Educación Superior es uno de los mojones – y nunca mejor dicho – que señala el tránsito de un Gobierno autoritario hacia un régimen totalitario.
En el año 2009 Venezuela arrojó un PIB negativo (un -2,5%) y una inflación acumulada del 25%. Es decir, Venezuela se instaló en la estanflación, esa terrible situación económica en la que el estancamiento o decaimiento de la producción económica se combina con una alta tasa de inflación. Las previsiones del Banco Central de Venezuela estiman que se cerrará el año aun con un PIB ligeramente negativo y una inflación cercana al 20%. La inflación es lo que más preocupa a los venezolanos y, sobre todo, a los venezolanos más pobres: una brutal escalada que comenzó a crecer en 2008 y que no ha parado apenas hasta hoy. Hace algunos meses un técnico estúpido, pero patrióticamente bolivariano, del Ministerio de Economía explicó que la inflación era estructural en Venezuela, un mal con el que país debería a resignarse a convivir, porque “la capacidad de compra está por encima del nivel de producción”. Hugo Chávez repitió esta alucinatoria cantinela en varias ocasiones. Un argumento que no es muy útil para explicar cómo la Venezuela de los años cincuenta y sesenta mantuvo una inflación media de entre el 1,6% y el 1,1%. Lo cierto es que con unos ingresos petroleros fabulosos en los últimos cinco años unas cifras como las que presenta la economía venezolana solo pueden diagnosticarse como el producto de una nefasta, oligofrénica, torpe y sectaria gestión económica en la que la voluntad política –y politiquera – cree que se basta y se sobra para alumbrar milagros. La creación de comunas y cooperativas empresariales no han aumentado ni la producción ni el ritmo de consumo. La compra de empresas a golpe de talonario – y a cuenta de los ingresos petroleros – no ha obedecido a razones económicas objetivables, sino a golpes de inspiración ideológicos o a intereses particularistas más o menos inconfesables. Venezuela importa del exterior – y Estados Unidos es un cliente privilegiado — un volumen de alimentos superior al de los tiempos presidenciales de Carlos Andrés Pérez. Los controles políticos – o más exactamente: partidistas – impuestos a la economía venezolana se han revelado como nefastos. El control de precios ha contribuido decisivamente a la fuerte inflación y el control de cambio ha generado una sobrevaluación cambiaria gravosa para el país. Como explica con precisión un economista venezolano, el flagelo de la inflación, principal síntoma del caos económico venezolano y producto de una política económica delirante, está engarzado en dos factores: “El primero de esos factores es el desbocado gasto público, a través del cual se inyectan a la economía los abultados ingresos petroleros, expandiendo la oferta monetaria y estimulando el consumo. Al crecer la demanda más intensamente que la oferta interna, se produce un fenómeno de alza de precios, a pesar del incremento notable de las importaciones con las que se pretende complementar la insuficiente oferta local. Esa dependencia creciente de lo importado se ha traducido en presiones inflacionarias adicionales, ya que la sobredemanda internacional de productos básicos, combinada con el desvío de productos agrícolas para la producción de biocombustibles, ha generado una escasez creciente de alimentos, con su consecuente encarecimiento en algunos casos desproporcionado”.
Este es el país en el que Hugo Chávez pide que lo dejen trabajar en paz. Un país carcomido por una corrupción inaudita y una feroz violencia callejera que el Gobierno parece cuidarse, incluso, de evitar con demasiada dedicación. Cuando escucho o leo a supuestos o reales izquierdistas en Europa, España o Canarias defender al régimen de Chávez como una alternativa para Latinoamérica, como un proyecto emancipador, como una nueva fórmula de socialismo para el siglo XXI, ya no me río. La verdad es que tampoco lloro. Solo constato el pésimo estado de salud político, teórico y cultural de la izquierda en todas partes. Su empeño en desacreditarse cada día un poco más, de derrota en derrota hasta la victoria final de la obsolescencia, el engaño y el cinismo.

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Cultura salvífica

En una pared, cerca del parque La Granja, sobrevive desde hace años una pintada muy apodíctica: La cultura es libertad. Cada vez que la veo me siento entre conmovido y alarmado. Imagino a su autor, en las solitarias horas de la madrugada, afanándose en inmortalizar su mensaje antes de que lo descubra un vecino insomne o comiencen a ladrar los perros, pobres bestezuelas iletradas, de un patio cercano. Y al mismo tiempo anoto por enésima vez cómo la expresión cultura irradia una potente luz cegadora que la convierte en el santo y seña de cualquier bienaventuranza. Lo malo es que la pintada no incluye una nota a pie de página para explicar el concepto de cultura al que alude ¿Un conjunto de valores, una urdimbre de esquemas rituales, un banco de conocimientos, el florilegio de lo más granado de la creatividad artística que han ofrecido los siglos, los descubrimientos y las teorías científicas desde Galileo a Stephen Hawking, la gastronomía de La Gomera, con ese producto cultural insuperable, el almagrote, para untar y no parar? No sigan preguntando, porque el grafitero hace años que terminó su obra. La cultura del grafiti es rápida, lacónica y efímera.
Cultura son los versos de Virgilio, pero la guerra es también (entre otras cosas) un fenómeno cultural. No acabo de entender esa conclusión del Grupo de Neuropsicología de la Universidad de La Laguna “mantenerse activo culturalmente influye positivamente sobre la memoria, la orientación, el lenguaje y otras funciones cognitivas, ayudando a prevenir los efectos de las patologías neurodegenerativas sobre nuestro cerebro”. Para terminar de ser franco, las observaciones del equipo de neuropsicólogos me han intranquilizado mucho. La expresión “mantenerse activo culturalmente” se me antoja más una amenaza que una esperanza. ¿Habrá que visitar todas las semanas, con ochenta años a las espaldas, las exposiciones infumables del Círculo de Bellas Artes o el Ateneo de La Laguna? ¿Hacerse tres o cuatro conferencias mensuales para conservar la memoria, como quien se hace tres o cuatro largos en la piscina todos los días, con doble mención de honor si el conferenciante es Juan Manuel García Ramos? ¿Terminar de leerse las obras completas de Xavier Zubiri – y cuando acabes, empezar de nuevo — para no olvidar donde puso uno las gafas? ¿Escuchar a la Sinfónica de Tenerife interpretar a Brahms para eludir un infarto cerebral? ¿Qué es mantenerse culturalmente activo? ¿Comenzar a practicar la escultura cuando te jubiles? Reconozcamos que es un programa un poco agobiante. A los noventa años le preguntaron a Sánchez Albornoz qué tal estaba: “¿No lo ve? Soy una ruina. Me duele todo. Y oiga qué voz de maricón se me ha puesto”. Yo no se lo hubiera discutido.

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Jalear el robo

No es ninguna novedad que los ladrones se presenten como garantes del bien común: los banqueros, por ejemplo, lo hacen continuamente. Lo relativamente nuevo es que los que adquieren el fruto de lo robado en covachas electrónicas sostengan ardientemente la causa de los delincuentes y se ufanen en presentar su participación en un latrocinio como un derecho sagrado, es más, como una contribución a la libertad del género humano. La llamada ley Sinde no ha tenido apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados. Es un mal proyecto legislativo, farragoso y torpón, y su inclusión como furgón humeante en la ley de Economía Sostenible representa un estúpido dislate. Los ladrones y sus cómplices propagandistas, ese ejército de ciberguerrilleros descerebrados o simplemente caraduras, lo han celebrado como un triunfo parcial, pero lanzan llamadas flamígeras para mantener bien alta la propuesta, el teclado y el ratón del ordenador.
La cultura de la gratuidad es la ideología dominante en la red. Cualquier intento de socavarla, cualquier observación que niegue su legitimidad universal e incondicional, es calificada como un síntoma de autoritarismo, como una amenaza liberticida. Y de inmediato salta el indigente cúmulo de estupideces que se hacen pasar por argumentos lúcidamente progresistas. La defensa de los derechos de intelectuales o artistas en la red – nos cuentan estas luminarias sin más pruebas que sus sospechas todopoderosas – solo pretende cerrar las webs que molestan a los tenebrosos poderes políticos o económicos. Los más babiecas citan a Wikileaks y te explican que el proyecto de ley ahora abortado es una respuesta servil a los Estados Unidos y solo pretende salvaguardar los intereses comerciales de Hollywood. ¡Hollywood! Y a Hollywood, por supuesto, está permitido robarle. Faltaría más. Robémosle sin recato esa basura fílmica hinchada de ideología imperialista para devorarla gratis en casa. De manera que no se trata de que a nuestros músicos, cineastas, cantantes o escritores se les protejan legalmente los derechos en la red, porque no son mundialmente famosos y jamás lo serán, es más, ni pueden ni deben aspirar a incorporarse a la red, sino de seguir arramblando ilegalmente con los derechos de autoría y producción de, ah, los poderosos. Así funciona el postizo cerebelo progre que, por diminuto que sea, siempre conserva espacio para la sospecha del niño asustado y el resentimiento del adulto confortablemente instalado en la mediocridad. Jugando a piratas sin coste alguno.

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Quietos parados o que nadie se mueva de la romería

El sociólogo Pierre Bourdieu comparaba la actividad política con la actividad económica. Si la teoría marxista distinguía entre propietarios y no-propietarios de los medios de producción, Bourdieu distinguía en la esfera política de las democracias liberales y parlamentarias entre los productores que controlan, monopólica u oligopólicamente, la producción de productos políticos, en un mercado formalmente accesible a todos, y los consumidores, supuestamente ciudadanos, con acceso a la elección de la mercadería según su leal saber y entender. Sin embargo, solo una minoría de los consumidores – los que cuentan con un nivel de educación e información suficientes – tienen cierta libertad de elección dentro del supermercado: para la mayoría los únicos criterios son los rótulos brillantes, las ofertas incesantemente voceadas por los altavoces del establecimiento y, sobre todo, las ofertas, que están dirigidas más a las percepciones subjetivas que del consumidor que a razones de estricta economía doméstica. Los diversos agentes que controlan el oligopolio de los productos políticos – los partidos institucionales y sus dirigentes – deben contar con un capital político, una variedad de capital simbólico, para alimentar la producción y sostener un discurso de marketing eficaz y con capacidad de renovación.
Lo que ocurre es que el capital político y simbólico se agota. La producción se paraliza o se estandariza grotescamente. El marketing ya no convence a nadie. Las razones de este desfallecimiento pueden ser muchas. Una de ellas, paradójicamente, el éxito. Es lo que le ocurre, en el supermercado político-electoral de Canarias, a Coalición Canaria, a la cabeza del Gobierno autonómico desde 1993, aunque no resulta superfluo recordar que algunas de las organizaciones que integran la federación nacionalista (las que un día fueron ATI y API) están presentes en el Ejecutivo regional, con diverso peso e influencia, nada menos que desde 1987.
Las elecciones autonómicas de mayo de 2007 supusieron un duro golpe para Coalición Canaria. Mejor dicho: debieron haberlo supuesto. CC pasó de los 304.413 votos y 23 diputados en 2003, con Adán Martín como candidato presidencial, a los 225.878 votos y 19 escaños en los comicios de 2007. De primera a segunda fuerza parlamentaria en escaños y prácticamente empatados con el Partido Popular en sufragios (el PP obtuvo 224.883). Sin duda su implantación municipal y, especialmente, el régimen electoral, la circunscripción insular, ayudó a Coalición a evitar un desplome mayor. Pero el mantenimiento en el poder, a través de una reedición del pacto entre coalicioneros y conservadores, ha servido como eficaz narcotizador de cualquier tentación de reforma estratégica, programática, organizativa, ideológica, discursiva. Es más: en lugar de una evolución reformista, se produjo una involución paralizadora. En el IV Congreso Nacional de Coalición Canaria celebrado en 2008 se consagró de facto una vuelta a los orígenes nacionalinsularistas: se reforzó la preeminencia de las organizaciones insulares, se debilitó la figura presidencial, se paralizó tanto el proceso de unificación orgánica como la articulación de una dirección estructurada sectorialmente y que se dedicara a hacer política. Si se quiere entender esta incapacidad para reaccionar ante un varapalo electoral semejante– por primera vez desde 1995 Coalición no era la primera fuerza parlamentaria – hay que recordar, además, que la federación nacionalista nació desde el poder y con el propósito inmediato de ocupar el poder, a través de la moción de censura que derribó de la Presidencia del Gobierno a Jerónimo Saavedra. Con el poder, por lo tanto, basta. La cultura política del poder de los dirigentes de CC ha demostrado un desprecio infinito por consolidar un proyecto político
enraizado en la sociedad civil canaria. Su imaginario, básicamente ruralista y terruñero, se lo trae al pairo a las grandes clases medias urbanas y a los jóvenes con mayor formación y ambición intelectual, empresarial, científica o artística. CiU ha podido soportar en Cataluña siete años en la oposición y a buen seguro el PNV aguantará cuatro o incluso ocho fuera del Gobierno vasco. Nacionalistas vacos y catalanes cuentan con apoyos y anclajes en el empresariado, en sindicatos, en las universidades, en movimientos vecinales y asociativos de orden cultural, deportivo, recreativo. Con este patrimonio político y simbólico – y las parcelas de poder conservadas en otros ámbitos institucionales — se puede atravesar con mayores o menores incomodidades el desierto de la oposición autonómica. Coalición Canaria no es que carezca de ellos: es que no ha ocupado un minuto en desarrollar este trabajo indispensable. Y es una opinión compartida por sus adversarios políticos (PSOE y PP) que en la oposición el proyecto de Coalición estaría sometido a fuerzas centrífugas que lo disolverían en poco tiempo.
Y sin embargo los dirigentes de CC siguen suicidamente empantanados en inercias mentales y hábitos interpretativos cada vez más ajenos a la realidad presente y futura. Un ejemplo central: el control del Gobierno autónomo siempre estará condicionado por las necesidades del PSOE o el PP para alcanzar una mayoría suficiente en las Cortes. El presidente Rodríguez Zapatero nos necesita, ergo, no importa que seamos la segunda o incluso la tercera fuerza en 2011, porque desde Madrid obligarán a los socialistas isleños a investir a Paulino Rivero como presidente. Segundo escenario: El aspirante Mariano Rajoy nos necesitará; ergo es indiferente que seamos segunda o incluso tercera fuerza, porque desde Madrid se ordenará a José Manuel Soria a apoyar un Gobierno presidido por Paulino Rivero. Jamás en Canarias ha ocurrido nada similar. Ni en el resto de España. A estas alturas, estas consideraciones apenas merecen el nombre de paparruchadas. Ni el PSC-PSOE se va a inmolar ni Rajoy necesitará los dos o tres diputados de Coalición Canaria para gobernar en España, y menos al precio de desacreditar a sus compañeros en el Archipiélago. Es extraño que CC no repare en que si necesita a alguien es a sí misma.
Los problemas inmediatos de Coalición Canaria, desde un punto de vista político-electoral, son tan evidentes como difícilmente subsanables en los cinco meses que restan hasta las elecciones.
1. Las modificaciones normativas que impiden el voto de los emigrantes en las elecciones municipales. A tenor del apoyo mayoritario de CC en esa suerte de octava circunscripción en las últimas convocatorias electorales, los coalicioneros perderán probablemente un diputado en 2011.
2. La situación en Gran Canaria. Todas las encuestas mínimamente fiables apuntan a la pérdida del único diputado obtenido en Gran Canaria en 2007. CC no debe en esta circunscripción batirse contra el PP y el PSOE, sino contra otra opción nacionalista, Nueva Canarias, cuyas perspectivas electorales han crecido moderadamente. Es difícil presentar un proyecto nacionalista verosímil con una ausencia prácticamente nula en una de las islas capitalinas, donde se concentra una parte muy sustancial de la actividad empresarial, industrial y comercial del Archipiélago, y que aporta nada menos que 15 diputados a la Cámara regional. Coalición ha sido incapaz de mostrar signos de recuperación política y organizativa en los últimos tres años y medio. Más que un partido político, CC en Gran Canaria es un club de un puñado de cargos públicos, un grupito de satélites menesterosos y una reducida y muda claqué.
3. El agotamiento de la legitimación del nacionalismo exitosamente pactista. Ya se sabe: no importa si en España gobierna el centroizquierda o el centroderecha. Lo que importa es que CC cace ratones. Ratones presupuestarios y competenciales. La estrategia está agotada porque, en la espeluznante situación de crisis económica y presupuestaria que nos martiriza, Madrid solo puede intercambiar calderilla y humo de tramoya propagandística (no es otra cosa el Plan Canarias o la delimitación nominal de las aguas del Archipiélago) a cambio del apoyo de CC en el Congreso de los Diputados a un Gobierno dizque socialista que, por otra parte, está sumergido en un descrédito terrible. Para la mayoría de los españoles (con razón o sin ella) el Gobierno central se ha transformado en un monstruo odioso. En una maloliente, exasperante concentración de ineptitud, mentiras, errores, pavores y escaqueos. Es el Gobierno de Rodriguez Zapatero el máximo responsables de los recortes sociales en una vertiginosa tormenta de desempleo, huelgas, letras protestadas, manifestaciones, hipotecas impagables, infartos bursátiles. Suele salir muy caro apoyar a un Gobierno en estas condiciones, porque te señalan inmediatamente como cómplice de sus irredimibles pecados. Y hasta cierto punto lo eres.
4. CC se enfrenta en el Gobierno a la peor crisis económica vivida en Canarias en el último medio siglo. José Manuel Soria se apartó astutamente. ¿Podría maliciarse el líder del PP la terrible coyuntura de cerrar el presupuesto autonómico el pasado 25 de noviembre? Quizás. ¿Por qué Canarias es la única comunidad autonómica que debió tomar una medida tan drástica? La crisis económica es tan profunda, tan brutal, tan desoladora, y sus costes sociales tan crecientes y dolorosos, que el recurso de recordar las responsabilidades del Gobierno central se debilita mucho, sobre todo, si estás apoyando en las Cortes al Gobierno central. El tsunami del PP tendrá su primer aviso en las elecciones autonómicas y locales de mayo. Y Canarias no será ajena a la oleada. El PP subirá en Tenerife – a costa de sus dos competidores – en La Palma y en Fuerteventura. La pérdida de dos o tres diputados en el total de estas tres circunscripciones parece difícilmente evitable.
Esto no se arregla con una isa. Ni siquiera con una romería entera. En el supermercado electoral se pueden quedar todas las existencias entongadas al fondo, a la derecha, como mercancía caducada.

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