PSOE

El sepulturero de la rosa

Las opiniones de Casimiro Curbelo sobre la democracia directa o el sector del ocio nocturno en las grandes capitales europeas son probablemente prescindibles; en cambio, su análisis sobre la situación del PSC-PSOE no suelen carecer de interés, y no solo del suyo. Curbelo ha bruñido una conclusión a partir de lo ocurrido en la organización socialista en los últimos años, una conclusión de un realismo obsceno: “El PSC está consiguiendo no poder gobernar en el futuro”. No se me ocurre mejor resumen aunque habría que contextualizarlo: conservar la cuota de poder en el actual Gobierno autonómico está llevando a los socialistas ha dinamitar su propio partido. Apenas unas horas después de que la dirección federal ordenara la suspensión de toda actividad orgánica (sobre la inorgánica, todavía no se ha pronunciado, lo que excluye a Manuel Marcos) del PSOE de La Palma, un juzgado encuentra que la expulsión de Anselmo Pestana y sus compañeros en el Cabildo no se ajusta a la legalidad ni a las propia normativa interna del PSC, por lo que considera que deben considerarse militantes socialistas de plena derecho, individualmente y como grupo en la corporación insular.
Disolver de facto el PSOE palmero resulta una medida suicida para la organización en toda Canarias a año y medio de las elecciones autonómicas y locales. En el peor de los casos Pestana y los demás estigmatizados están dispuestos a montar un nuevo partido y competir electoralmente. La situación en La Palma se suma a los ruinosos desgarros en Tenerife: entre el otoño de 2010 y la primavera de 2011 el PSC perdió casi un tercio de sus militantes tras el portazo definitivo de Santiago Pérez y a continuación han saltado varios pactos municipales – el de mayor relevancia política ha sido el de Tacoronte – con la apertura de más expedientes de expulsión como único modus operandi de la cada vez más encastillada dirección regional. No es cierto que esta espada flamígera demuestre la fortaleza y brío de la autoridad del secretario general, José Miguel Pérez, el vicepresidente del Gobierno autonómico más silencioso de los últimos treinta años. Más bien lo contrario: es un síntoma de la debilidad extrema de su liderazgo, de su patológica incapacidad para el diálogo y el consenso, de su renuncia pancista a encabezar e impulsar la imprescindible reforma de una organización moribunda, inane y oligarquizada hasta los huesos. Pérez es el sepulturero del PSC-PSOE. Pero solo de ocho a cinco. A las seis ya está en la cama, en camisón y con el orinal al lado, leyendo a Gibbon.

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La hora de la censura

El profesor Santiago Pérez ha publicado, en el diario canariasahora, un muy interesante artículo sobre la denominada ley antitránsfugas, que es la que se intentó poner en marcha en Tacoronte, por parte de las direcciones federal y regional del PSOE, para evitar la moción de censura que ha desplazado al hasta hoy alcalde, Álvaro Dávila. El planteamiento inicial de Santiago Pérez es (creo) irreprochable. La ley antitránsfugas corre el riesgo de convertirse en un instrumento más al servicio de las élites de las organizaciones políticas, y unos militantes que no han intentado abandonar el partido no se transforman automáticamente en tránsfugas por la decisión de echarlos. En todo caso los militantes deben tener garantizados sus derechos como tales: no se les debe, al menos en una organización que presuma de democrática, tratar como agua sucia que no tiene ni la primera ni la última palabra.
Sin embargo, en sus consideraciones posteriores, opino que el profesor Pérez se equivoca y lleva (o arrastra) el debate conceptual de la normativa jurídica al terreno de sus convicciones políticas y éticas en el caso de Tacoronte. Primero, el pacto entre CC y PSC-PSOE firmado en 2011 nunca pretendió ser un acuerdo en cascada, porque la praxis política regional de los últimos treinta años ha demostrado que tal ambición estratégica es insostenible, y ahí está el ejemplo de Granadilla, donde gobiernan socialistas y conservadores desde el comienzo del mandato, para demostrarlo. En segundo lugar, las mociones de censura son, por supuesto, y tal y como sostiene Santiago Pérez, un mecanismo legítimo, aparte de legal, para remover mayorías de gobierno. Pero las mociones de censura – ni siquiera las que se presentan contra alcaldes coalicioneros – no resultan meramente expresión de la excelsa libertad de concejales que quieren volar por su cuenta. A veces los que se echan a volar – el mismo Pérez lo sufrió varias veces como dirigente socialista — son verdaderos pájaros, y al respecto de Tacoronte, será muy interesante conocer los contratos y adjudicaciones que se ejecuten a partir de ahora por la Concejalía de Asuntos Sociales, particularmente, los referidos a la asistencia domiciliaria. Por último es difícil compartir ese punto de vista, tam rotundamente expresado por don Santiago, según el cual la ideología del adversario político — entiéndase siempre CC — se reduce a la obsesión por el poder. Es una acusación particularmente curiosa en la escena tacorontera cuando el adversario, que ganó las elecciones, es apeado por los que las perdieron. Buscar el poder no es una ideología: es el incentivo básico de los partidos en los sistemas de representación democrática.

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El gallinero

Los concejales que impulsan la moción de censura en el ayuntamiento de Tacoronte argumentan, por supuesto, que su propósito es poner en marcha “un modelo de gestión distinto”. ¿Gestionarán el ayuntamiento como un crematorio, una fábrica de porrones, una tienda de prótesis dentales? Por desgracia no lo han precisado, y no lo han hecho porque, como en la inmensa mayoría de las mociones de censura, no se trata de priorizar los intereses de los administrados, sino de repartirse el poder municipal. Lo demás son fútiles huevonadas. El pacto entre Coalición Canaria y PSOE fue inestable y estuvo preñado de desconfianzas y reservas desde el primer día. Después de las mayorías que acumuló Hermógenes Pérez durante 16 años y que dejaron exhaustos a sus propios votantes,  los socialistas se encontraron en 2011 con que CC no alcanzaba la mayoría absoluta. Solo la terca insistencia de los dirigentes insulares coalicioneros y socialistas hizo posible que Álvaro Dávila fuera elegido alcalde.
El señor Dávila es un técnico puntilloso que ama los renglones derechos y el cumplimiento maniático de las normativas y reglamentos y tiene una tendencia irreprimible a no olvidar jamás que es el presidente de la corporación. Ni siquiera lo olvida al dar los buenos días a los concejales del equipo de gobierno. Dávila es minucioso, trabajador, silenciosamente porfiado y tiene la misma cintura política que un armario ropero. Los socialistas se han deleitado en buscarle las cosquillas con asuntos como las ayudas sociales, los horarios veraniegos del personal municipal o el Mercadillo del Agricultor. Sometido a una gota más malaya que socialdemócrata Álvaro Dávila terminó por saltar furibundamente hacia la nada, es decir, hacia la piscina vacía de una moción de censura demasiado apetitosa para el PSOE y el PP. Habrá lamentos, indignaciones y crujir de dientes, pero la estabilidad del Gobierno autonómico no está en cuestión por parte de nadie. El episodio de la moción de censura de Tacoronte debería asumirse como un estimulo para reflexionar sobre la conveniencia – y la urgencia – de una reforma de la administración local que no es la que está a punto de aprobar precisamente el PP. Una reforma que impida la transformación de la partición política en la gestión local en una feroz partidización de la misma, con su obscena exacerbación de fulanismos y la sospecha perenne de un clientelismo funcional. Pero que nadie se preocupe por esto tampoco, porque los zorros no renunciarán fácilmente a la gestión, quítate tú pa ponerme yo, del gallinero.

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Sin alternativa

Pues sí. Una nueva encuesta certifica que si celebraran hoy elecciones generales el PP las ganaría, aunque en ningún caso con más de 140 diputados. El PSOE aumenta ligeramente intención de voto, pero ni siquiera alcanza todavía los resultados que obtuvo en noviembre de 2011. La subida de IU se ralentiza bastante y UPyD se estanca. Lo más interesante es que, según los dos últimos sondeos, y en lo que respecta a voto decidido, los dos partidos mayoritarios superan de nuevo el 50% de los sufragios que se emitirían.  La cantinela del fin del bipartidismo no parece secundada por la evolución última de los estudios demoscópicos. Entre la ciudadanía progresista la sensación más extendida es la de perplejidad. Servidor mismo ha deseado una convocatoria de elecciones generales solo para ver la cara que se les quedaría a Izquierda Unida o a los seguidores de Rosa Díez. No creo que sea tan difícil entenderlo.
La mayoría del desgaste del PP (lo ha demostrado analíticamente José Fernández-Albertos) no procede del escándalo del caso Bárcenas, sino de la situación económica y social y de la gestión que de la catástrofe cotidiana realiza el Gobierno de Mariano Rajoy. Para las expectativas electorales del Partido Popular, las trapisondas fiscales del señor Bárcenas, y los sólidos indicios de una financiación ilegal sistematizada del partido que gestionó durante veinte años, empeoran la situación, pero no la finiquitan. Y no lo hacen, simplemente, porque varios millones de votantes consideran que no hay alternativa. El comportamiento del PSOE durante su último año en el poder dilapidó su crédito como fuerza socialdemócrata capaz de enfrentarse a una crisis financiera y económica estructural — la nos está desollando para salvaguardar bancos y recuperar beneficios — ofreciendo un modelo de gestión sustancialmente distinto. Y los dirigentes del PSOE (ese decrépito rubalcanismo que parece que vive con un alquiler de renta limitada en Ferraz) se han mostrado incapaces de reaccionar e incluso se han permitido el lujo de vacilarse de la militancia y las resoluciones congresuales. IU ha llegado al límite de su crecimiento a través de pactos con fuerzas nacionalistas y sigue jugando a reformista de día y revolucionaria de noche o viceversa. Y, en segundo término, está Bruselas, y la pringosa convicción de que Bruselas es quien manda políticamente y que lo correcto es solo lo posible y lo posible es lo inevitable. No. Esta crisis demanda otras izquierdas y exige otras estrategias y otras unidades, si no se quiere asistir, con los dientes apretados, a una transformación política que nos lleve a una democracia autoritaria y a la reducción del Estado a perro guardián y cínico del capital

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Cambios

El comité insular del PSOE de Tenerife ha recordado en su última reunión a Aurelio Abreu, Pedro Martín y Ana Lupe Mora que deben abandonar uno de los dos cargos electivos que, hasta el momento, ostentan primorosamente. El factotum de los socialistas laguneros, Javier Abreu, quiso ir un poco más lejos – según su costumbre insuperable y carnívora afición – y reclamó también que Francisco Hernández Spínola optase entre el escaño regional o la Consejería de Presidencia y Justicia. No coló porque la segunda y más brillante poltrona no deriva de la votación de los ciudadanos. Para muchos fue una lástima. Hernández Spínola se ha convertido en uno de los dirigentes socialistas más detestados o despreciados por los militantes y cuadros del partido en Tenerife. Y tampoco puede recoger demasiadas flores en la UGT: el pasado fin de semana la mayoría de los oradores del Congreso Insular de la Unión General de Trabajadores se dedicaron a destriparlo según varias feroces técnicas charcuteras.  El comité del PSOE tinerfeño invocó (en buena hora) el acuerdo del Congreso Insular del pasado octubre: nada de dobletes.
Estas decisiones, con toda la salud democrática que insuflan en una organización política, suelen conllevar problemas internos. El principal, en este caso, lo representa Aurelio Abreu, senador, consejero del Cabildo de Tenerife y, gracias al acuerdo entre CC y PSOE, vicepresidente primero del mismo. Y lo es por varios motivos. El señor Abreu está imputado por un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos y, muy probablemente, optará por continuar en la Cámara Alta y mantener así su condición de aforado. Se recordará, asimismo, que Ricardo Melchior ha anunciado su retirada de la corporación insular en los próximos meses, quizás a finales de septiembre o principios de octubre. En efecto: el pacto de gobierno en el Cabildo Insular está firmado entre Coalición Canaria y el PSC-PSOE, pero tiene un alto componente personal. Es un acuerdo conectado con el pacto autonómico que sostiene al Gobierno presidido por Paulino Rivero y vicepresidido por José Miguel Pérez, pero  alimentado, asimismo, por la incompatibilidad manifiesta entre Ricardo Melchior y Antonio Alarcó. La desaparición de Melchior y Abreu podría estimular nuevos acuerdos y desacuerdos y contribuir a la inestabilidad del Ejecutivo regional. Y más a largo plazo, la aplicación de la resolución congresual de los socialistas tinerfeños amerita la urgencia de barrer los restos de un pasado lamentable y pancista, reconstruir la organización y buscar nuevos métodos e instrumentos para seleccionar sus candidatos, su personal político, sus propios dirigentes.

 

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