El procesamiento de Casimiro Curbelo

La vieja costumbre de los responsables políticos de decidir si sus acciones son graves o intrascendentes, no digamos si son legales o delictivas, sigue teniendo un largo recorrido, aunque expresa una sinvergüencería excepcional. El partido en conjunto o el político en concreto disponen de muchas maneras de negar, deformar  o maquillar la evidencia, pero quizás ninguna tan repugnante como arrogarse la facultad de decidir lo que ha ocurrido y de proclamar serenamente (por supuesto) su nula responsabilidad en el asunto. El Tribunal Supremo ha decidido procesar a Casimiro Curbelo por las amenazas y agresiones que presuntamente dirigió, en compañía de su hijo, a varios agentes de la Policía Nacional en 2011 y que le costaron el veto de la dirección federal a presentarse de nuevo al Senado. Ya se sabe lo ocurrido posteriormente: Curbelo abandonó el PSOE, creó otro partido a su medida y arrasó en las elecciones autonómicas y locales de 2015: consiguió tres de los cuatro diputados de La Gomera y reforzó su mayoría absoluta en el Cabildo Insular. Ahora, al conocer su procesamiento, Curbelo apenas ha pestañeado. Los ciudadanos pueden estar tranquilos. No ocurrirá nada. Es un asunto menor.
No. Que el Tribunal Supremo procese a un político en ejercicio no es un asunto menor.  No se trata ya de un juzgado de primera instancia, sino del órgano constitucional que es el tribunal superior en todos los órdenes. Habrá que repetir la obviedad hasta que sangre: en cualquier país democráticamente civilizado un político al que el Tribunal Supremo – o su equivalente – decide procesar es un político que se ve abocado a dimitir inmediatamente, con independencia de la sentencia judicial final. La aseveración del responsable público según la cual no merece siquiera hablar de un hecho tan irrelevante no resulta siquiera tolerable. Es como si el autor de una supuesta estafa millonaria garantizara que su procesamiento se reduce a una anécdota; poco más o menos, lo afirmado bajo diversas versiones por corruptos y corruptores en la trama Gürtel. Este cinismo pringoso y despreciable debería encontrar como respuesta el repudio social y el rigor periodístico: preguntarle al señor Curbelo, por ejemplo, en virtud de qué principio político, jurídico o ético considera que puede absolverse a sí mismo y esbozar una sonrisa beatífica cuando se te va a procesar por insultar, amenazar y golpear (presuntamente) a varios policías en la puerta de una comisaría. Y eso después de una gresca (es una presunción) que causó varios desperfectos en una sauna, es decir, en un delicado y vaporoso prostíbulo, bendecido por la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Senado.
Curbelo no es precisamente tonto. Si opta por ese enrroque y no piensa ni por un segundo en abandonar su reino de taifa es porque sabe bien, muy bien, que negarse a dimitir no le supondrá ningún coste electoral. Absolutamente ninguno. Todo el mundo pudo leer – incluso en La Gomera – las informaciones sobre el escandaloso incidente madrileño, al igual que todo el mundo conoció – especialmente en La Gomera – las acusaciones de la investigación policial sustanciada en el sumario del llamado caso Telaraña, momentáneamente archivado. Y sin embargo se votó a Curbelo más que con amor, con frenesí, y desembarcado de nuevo en el Parlamento, el astuto constructor de un neocaciquismo entre corleonista y socialdemócrata promete a sus electores que, gracias a sus tres votos de oro en la Cámara regional, hasta las cabras tendrán jacuzzi en La Gomera. Y así votan los gomeros.  Como cabras. Como cabras agradecidas por favores reales o imaginarios. Más o menos como en todas partes.

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Los límites democráticos

El proceso de idiotización política avanza imparablemente. Un ejemplo. En un reciete comunicado, Nueva Canarias consideró “todo un éxito” que la transmisión del último pleno parlamentario por parte de la televisión autonómica – no prevista inicialmente – superase ligeramente el 6% de la audiencia. Cualquier programa de En Clave de Ja sobrepasa semejante porcentaje, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Nueva Canarias, que llamó dramáticamente la reunión de la cámara regional “el pleno de la soledad de Clavijo”, intentaba, con un par de juegos verbales, relacionar el éxito de la audiencia (sic) con el rechazo al Ejecutivo coalicionero, sí, por sus santas gónadas. Esta agotadora memez  llega a casos de amnesia realmente creativa, como la practicada por relevantes militantes del PSOE que ocuparon los únicos cargos públicos que han ostentado en su vida en el Gobierno autonómico o en los ayuntamientos isleños gracias al pacto entre coalicioneros y socialistas. Paulino Rivero –que fue secretario general de ATI durante doce años — era un verdadero regionalista y José Miguel Pérez – tan denostado, incluso públicamente, en otros momentos – un socialdemócrata cabal e insobornable bajo cuya severa mirada jamás se practicaron recortes en los sistemas públicos educativos y sanitarios.

Los partidos tradicionales han terminado por asumir la metodología de la superchería, el adanismo y la desmemoria que practican los partidos emergentes, y singularmente Podemos y sus satélites, aliados y enemigos íntimos. ¿Y por qué no hacerlo, si les ha dado tan buenos resultados? La verdad deviene irrelevante: lo prioritario es construir un decorado narrativo y sentimental en el que los extras – llamados en otro tiempo ciudadanos, ahora saqueados por los bancos, estafados a diario por los gobiernos y vacilados ahora por la nueva izquierda – se sientan emocionalmente cómodos. Para la bulla ya no es ni siquiera necesaria una fotocopiadora o una manifa. El activismo low cost de twitter y facebook simplifica y banaliza cualquier causa, justa o injusta,  evidente o confusa, porque basta con pulsar una tecla para cumplir: se trata de una estructura de comunicación tecnológicamente renovadora, pero política y moralmente muy poco horizontal.  Se utilizan las redes sociales que se presentan obscenamente como cristalina expresión de la voluntad popular: un tuit resulta casi equivalente a un voto. Miles, cientos de miles, millones de votos caen del cielo electrónico gracias al incansable trabajo de los bots y los gestores de redes sociales de partidos y organizaciones afines, pero luego, en el entusiasmo mesiánico se convoca una rueda de prensa y los periodistas son más numerosos que los convocantes.

Lo más intranquilizador de la supuesta nueva política, cada vez más y peor mimetizada, es su apuesta delirante por la transformación instantánea de políticas, presupuestos, instituciones y procedimientos técnicos. Los límites de la democracia representativa, las insuficientes y contradicciones de la democracia directa, los compromisos financieros y fiscales contraídos por el Estado español y el Gobierno autonómico, las severas limitaciones presupuestarias, las complejas y delicadas relaciones con la Unión Europea, las fragilidades estructurales de la economía canaria, todo esas enojosas y arteras circunstancias, en definitiva, no se tienen en consideración en los flamantes (y casposos) discursos, más propios de los bares universitarios de hace treinta años que de un país maduro, una sociedad plural y unas fuerzas políticas responsables. Les da exactamente igual. ¿Por qué no iban a trampear los buenos si el objetivo es acabar con los malos? Mira, ahí tienes un tuit. Cualquier cosa es un tuit, un mensaje, un discurso, un programa  si estás en contra del mal y a favor del bien.

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Financiación autonómica

Si se emprendiera –cosa harto improbable – una reforma de la Carta Magna de 1978 durante los próximos años la conferencia de presidentes autonómicos debería ser constitucionalizada, como demanda la estructura cuasifederal del Estado español. Por el momento la insuficiencia mayoría parlamentaria del PP y la evolución de la hacienda española durante la interminable crisis económica – que ya no es una crisis, sino un cambio de paradigma político y una deconstrucción del Estado de Bienestar – han propiciado una reunión de esta conferencia territorial, con las excusas majaderas de los que gobiernan en Cataluña y el País Vasco, con el objetivo básico de avanzar hacia el consenso de un nuevo sistema de financiación autonómica. El último compromiso financiero del Gobierno central con las comunidades autonómicas se produjo durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y ha resultado bastante desastrosa para Canarias. Cuando el Gobierno regional repite hasta la naúsea que cada canario recibe 1.570 euros anuales menos que lo que recibe de media cada español en los presupuestos generales del Estado olvida que Coalición Canaria bendijo el muy deficiente sistema de financiación que ha conducido a esta situación.
Lo cierto es que España está obligada a cumplir su compromiso de consolidación fiscal con Bruselas reduciendo su déficit al 3,1% del PIB antes de finalizar 2017. Hace un par de meses Cristóbal Montoro aseguró que la mejora de la recaudación – y la inercia de las medidas económicas y fiscales ya adoptadas – conseguirían que se llegue al 3,6%, y esas cinco décimas que se resisten significarán un recorte presupuestario de unos 5.500 millones de euros aproximadamente. Es difícil que Canarias – ni nadie –consiga mejorar su financiación, aunque se intente por la vía de que los recursos del REF no se computen como financiación general: ese es un criterio político y no contable. El Gobierno autonómico solo tendrá una oportunidad de mejorar ligeramente (o no) la financiación de la comunidad si deviene imposible un acuerdo presupuestario entre el PP y el PSOE y Mariano Rajoy y su equipo se ven obligados a pactar con Ciudadanos, en cuyo caso necesitarán el auxilio de los votos del PNV y de CC.
En todo caso vale la pena hacer una reflexión. Ciertamente a Canarias le urge una mejor financiación para que los sistemas públicos de educación y sanidad puedan respirar tras un largo y angustioso periodo de asfixia económica. Pero resulta realmente curioso que con mejor o peor financiación, con convenios generosos o con presupuestos ajustados, este pequeño país se enfrente a un desempleo estructural excepcional en Europa – actualmente superior al 28% de la población activa y nunca inferior al 10% desde los años noventa –, a salarios entre los más bajos de España, a una concentración de renta escandalosa y a una desigualdad galopante. Mientras este  doloroso escenario no cambie – y lleva un cuarto de siglo sin cambiar sustancialmente – Canarias verá aumentar cada vez más su dependencia financiera de los presupuestos generales del Estado para pagar sus servicios sociales y asistenciales. Es un curioso nacionalismo el que consigue aumentar más la dependencia financiera al Estado año tras año, legislatura tras legislatura. Pocos empleos, mal pagados y escasamente productivos se traducen en un consumo débil, en una recaudación fiscal misérrima, en unas asignaciones para la jubilación claramente insuficientes para garantizar las pensiones de pasado mañana. A un proyecto dizque nacionalista este horizonte le debería intranquilizar, tanto como debería entender que ganar una batallita en la financiación estatal no supone consolidar Canarias como una comunidad política y económicamente viable.

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Adoptar al PSC-PSOE

Juan Fernando López Aguilar opina que el PSC-PSOE es un partido huérfano y ha adelantado su voluntad de adoptarlo, desdichado chiquitín pequeñito y desvalido. Las metáforas las carga al diablo y al eurodiputado socialista se ha disparado en el pie. En una de sus mejores películas Woody Allen escucha a un amigo que le anima aunque su exesposa se haya marchado a vivir con otra mujer. “Tu hijo, que todavía es pequeño, tendrá dos madres, y eso es bueno”. “¿Estás seguro?”, le responde Allen. “Porque yo creo que poquísimos seres humanos sobreviven a una madre”. Al PSC-PSOE le pasa lo mismo. Demasiadas madres empeñosas y demasiados padres ofertantes, y sobrinos mentirosos, cuñados mesiánicos y primos hartos de hacer el primo. Quizás convenga recordar que López Aguilar ya fue secretario general del PSC. Lo fue después de su éxito electoral de 2007 – era el momento más dulce del fugaz zapatarismo –  y no antes. Conviene recordarlo porque algunos se empecinan en que esa victoria fue un producto exclusivo del candidato presidencial, cuando a López Aguilar casi no se le conocía fuera de Gran Canaria. Tanto entonces como ahora los anhelos por asumir la dirección del PSC tienen más relación con las circunstancias personales y políticas de López Aguilar que con ninguna vocación por el liderazgo y la transformación de la organización socialista.
El brillante jurista – sin duda uno de los socialistas intelectual y académicamente más sólidos de su generación – se aburrió muy pronto de la cámara regional, que se le antojaba una ratonera provinciana, y logró encabezar la lista del PSOE en el Parlamento europeo. Aun así quiso mantener la secretaria general, dirigiendo el PSC desde Bruselas, aunque al final de impuso la cordura (y su hartazgo). Ahora la situación es muchísimo peor para López Aguilar, que ya no cuenta con ninguna protección, apoyo o connivencia en una dirección federal que todavía no existe. ¿Qué tiene él que ver con Susana Díaz, con Patxi López o con Pedro Sánchez. López Aguilar es un producto quintaesenciado – y ya ligeramente vintage — de la era Zapatero. En un par de años puede verse defenestrado en las listas europeas, en cualquier lista electoral, y por eso, simplemente, vuelve la vista al PSC y a una Secretaria General que significaría un refugio más o menos dorado. Pero durante su anterior y único mandato fue incapaz de redefinir el modelo organizativo del PSC, de perfilar una reforma estratégica y programática, de trazar apoyos y complicidades entre los diversos grupos e intereses del partido. No le interesó, conducido exclusivamente por su afán de supervivencia. Hoy parece muy improbable que ocurriera algo distinto. El PSC se enfrenta a un porvenir sombrío: como instrumento de acción política se ha osificado, la oligarquización de la dirección ha destruido su vitalidad política y su conexión con la sociedad,  las trifulcas internas han multiplicado las gestoras y los fulanismos.  Son patologías que no se curan con tutelas ni adopciones por padres ansiosos que no quieren ser retirados de la política.

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Algo pasa con Meri

El escándalo de los correos electrónicos falsificados con los que la corriente Claro que Podemos se habría impuesto en las elecciones primarias celebradas en marzo de 2015 no ha merecido el desmentido de la secretara general de Podemos en Canarias, Meri Pita, ni de la secretaria de Organización, Concepción Moreno, ni de la portavoz parlamentaria, Noemí Santana. Pita y sus fieles se han parapeteado tras un flatulento comunicado del Consejo Ciudadano de Podemos que parece escrito por un mal humorista con problemas de Alzheimer. El llamado Consejo Ciudadano de Podemos solo ha sido noticia por las expulsiones y dimisiones que han jalonado su mortecina crónica desde hace más de un año. Este órgano de representación interna está al borde de la disolución, porque a la decena de dimisiones en el pasado verano se sumaron otras siete en noviembre – algunas tan señaladas como las de Domingo Garí, José María Fernández-Palacios y Dailos González, consejero del Cabildo de La Palma al que la secretaria general persigue convertir en rapadura. Los Consejos de Gran Canaria y Tenerife fueron abandonados, entre el hastío y la indignación, por la mayoría de sus integrantes y han sido finiquitados de facto. Incluso la Comisión de Garantías fue disuelta al ser admitida a trámite una denuncia por falsificación documental –ya es casualidad –contra su presidenta, Isabel Suárez. La dirección de Podemos Canarias ha quedado reducida prácticamente a Meri Pita, a punto de expedientarse a sí misma por ser demasiado benévola, a Concepción Moreno, que le sirve diariamente su ración de disidente frito en salsa de improperios, y a los que no quieren enemistarse con la dirección nacional y miran para otro lado, como Noemí Santana, la alucinatoria Juana de Arco de esta izquierda alternativa que se ha puesto morada de expulsiones y excomuniones.
Lo peor del comunicado del semifantasmal Consejo Ciudadano es esa insistencia tan podemita –  un  rasgo que ya es más estilístico que argumental — en considerar idiota a todos los demás. De manera que el  narra seriamente lo que estipulan las normas y reglamentos de Podemos para las elecciones primarias como prueba indubitable que no se produjeron irregularidades en las elecciones primarias de 2015. Es algo parecido – permítase el símil – a que el principal argumento defensivo de alguien acusado de robo consistiera en recitar muy seriamente el código penal.  No obstante, esto resulta apenas comparable a imaginar la reunión de pitistas con decenas de inmigrates saharauis para convencerlos de las sutiles pero trascendentes diferencias estratégicas y programáticas entre Claro que Podemos y el resto de las candidaturas.  Tuvieron éxito porque nadie ignora que desde chiquititos los saharauis son más pablistas que errejonistas.
Y por supuesto se añade una amenaza final. Precisamente la amenaza de acudir a los tribunales para denunciar a los medios de comunicación y a los periodistas que se atrevan a seguir hablando sobre este asunto. La pincelaba que faltaba para terminar ese autorretrato políticos de quienes han hundido – a menudo en colaboración con sus adversarios – el nonato proyecto de Podemos en Canarias.

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