Quiten ya esa basura franquista

Es difícil explicar qué hace ahí el mojón monumental que exalta a Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios,  a principios del año 2023. En el gobierno municipal dicen y repiten que hay muchas razones jurídicas o reglamentarias y se ha instalado el argumento – por la gracia de Dios también – de que se está castigando a Santa Cruz  de Tenerife al exigir la retirada de un conjunto escultórico cuando el catálogo de vestigios franquistas no  está definitivamente cerrado. Es un argumento peregrino, por decir algo.

–¡Nos quieren quitar la mierda franquista de la calle antes que a los demás! ¡Es injusto! ¡Qué crueldad, coño, que crueldad!

Como ciudadano de Santa Cruz de Tenerife me encanta ese orden de prioridades que malvadamente ha auspiciado el Gobierno autónomo. Más aún: se me antoja vergonzoso,  asfixiantemente vergonzoso, que esta ciudad y su ayuntamiento no hayan desmontado esa ignominia hace ya lustros sin la puñetera necesidad de una ley de Memoria Histórica ni menos aún de un catálogo de vestigios franquistas. Que los que viven en la barriada García Escámez quieran mayoritariamente que su barriada siga llamándose García Escámez tiene un pase. No es que adoren al general, sino que sospechan las molestias postales que podría significar el cambio de nombre, por no hablar de la identificación nominal de un territorio que es un vecindario, una red de relaciones en el tiempo y una memoria compartida. Nada de eso ocurre con ese monumento de pésimo gusto instalado al final de las Ramblas que anteayer también se llamaban del general Franco, por supuesto. Franco, Franco, Franco. Incluso entre los golpistas españoles hay clases. Franco – su nombre, su figura, su iconografía – fue omnipresente en Tenerife y en España durante casi cuarenta años. En cambio, el relativamente chicharrero Leopoldo O´Donnell, uno de los espadones de la España decimonónica, no tiene nada que lo recuerde en la ciudad en la que nació, salvo un busto en el que no reparan ni las palomas más cagonas del parque García Sanabria. El engendro de Juan de Ávalos es  una exaltación en toda regla a la figura  del dictador echando mano de una angeología franquista que ya había empleado anteriormente. Fue levantada por suscripción popular: tanto a los funcionarios como a los trabajadores del sector privado se les retrajo parte del salario para contratar al escultor y ejecutar la obra. El ABC, a propósito de su inauguración en marzo de 1966, informó que al acto habían asistido “más de 100.000 personas”. La ciudad tenía por entonces unos 142.000 habitantes. Lo único realmente llamativo es una conmemoración escultórica de esta naturaleza en una fecha tan tardía, ya bien entrados en los años sesenta. Todavía está por escribir la historia de este despropósito propagandístico. El profesor Alejandro Cioranescu ni siquiera lo menciona en su Historia de Santa Cruz de Tenerife, que ocupa cuatro densos tomos.

Algún concejal con muy escaso trato con libros y bibliotecas ha protestado en este mandato porque estima como una expresión de resentimiento la exigencia de que se retire el monumento que homenajea a Franco y a su gesta carnicera. El hombre recomendaba no mirar hacia atrás, y no hacia adelante, para aprender a vivir en libertad. Franco le hubiera hecho una estatua. Un angelito con un polo lacoste chupando una piruleta. Lo que no hay que olvidar es el inmenso daño que le provocó esa bestia  taimada, cruel y mediocre a la ciudad, a Tenerife y a toda Canarias. No solo asesinato, torturas y violaciones, sino hambre, incautaciones, pelagra, miseria, libertades rotas y cerca de un cuarto de siglo de excepcionalidad económica que nos hizo perder décadas de desarrollo. Y ahí sigue, mirando a la bahía donde se ahogaron y pudrieron docenas de sus víctimas. Basta ya de subterfugios idiotas y de cantinflear ridículamente: quiten esa basura franquista del espacio público de nuestra ciudad.   

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La garantía de supervivencia de Sergio Lloret

Ya es más que evidente que todas las fuerzas con representación en el Cabildo de Fuerteventura deben presentar una denuncia contra el presidente de la corporación, Sergio Lloret, quien después de sucesivas crisis no cuenta, en la actualidad, más que con el apoyo de su propio partido político. Ahora mismo, cuando Lloret convoca un consejo de gobierno, se sienta el menda en su despacho, entra su compañero de esa versión lego de AM, las Asambleas Municipales de Fuerteventura,  Juan Nicolás Cabrera, y comienza el orden del día. Es una payasada indigna, no de ese par de sujetos, sino de la legalidad vigente y de la imagen institucional del Cabildo majorero, donde se han visto y escuchado muchas cosas en el pasado –muchísimas — pero no este atropello autoritario, enloquecido y denigrante, pero al parecer nadie está dispuesto a dar un paso.

La normativa legal establece que el quorum para celebrar consejo de gobierno son tres consejeros. Lloret ha hecho puñetero caso y con el concurso de Cabrera no solo lleva sobre sus hombros hercúleos todas las áreas de gobierno y la gestión de más de 140 millones de euros: también se encarga de amenazar a todo el mundo de la manera más estúpida posible. Cuando el Partido Popular decidió romper su pacto con Lloret y abandonar dignamente el gobierno, el presidente demediado les envió un escrito, advirtiéndoles absurdamente de la responsabilidad patrimonial en la que incurrían si no se materializaban inversiones o se atascaban expedientes. Cuando el propio secretario del Cabildo le remite un informe técnico donde se le advierte al muy  presidente que, de facto, un consejo de gobierno sustentado en dos consejeros deviene ilegal, el Supremo Hacedor le responde con una providencia trufada de amenazas. Lloret actúa como un si fuera un emperador Habsburgo, cuyas infinitas competencias se extienden por tierra, mar y aire sin someterse a otro principio que su soberana voluntad. Los funcionarios están entre asqueados y aterrorizados. Cualquier particular, cualquier empresa, cualquier administración pública puede impugnar judicialmente las decisiones tomadas en los consejos fantasmagóricos de Lloret y Cabrera, mucho menos serios, inteligentes y respetables de Faemino y Cansado: las  modificaciones presupuestarias, las becas de los estudiantes, las ayudas a las pymes, la renovación de los programas sociales de atención a los mayores y a las familias. Es realmente difícil encontrar un sentido de la irresponsabilidad semejante a la de los consejeros de AMF, socios también de Nueva Canarias. Los de Román Rodríguez, en sus incesantes huroneos para buscar aliados, encontraron en esta ocasión y ayudaron con sus votos a dos verdaderas joyas.

 El problema central en esta coyuntura es, por supuesto, acabar políticamente con Lloret antes de empapelarlo en un juzgado, a modo de acción ejemplar para que en el futuro a ningún oportunista se le ocurra repetir esta jugada. La única posibilidad pasaría por una moción de censura que deberían impulsar Coalición Canaria, el PP y el único consejero del PSOE que no participó en la moción que llevó al poder a Blas Acosta  desplazando a la coalicionera Lola García. Más allá de algunos telefonazos y alguna conversación esquinada nada ha prosperado. Y nada ha prosperado porque ningún partido quiere facilitar a los otros despachos, presencia mediática y control presupuestario cuatro meses antes de las elecciones. Particularmente los socialistas sufren temblores imaginando que con su voto García volvería a la Presidencia del Cabildo para cerrar el mandato como el rostro de la estabilidad y el rigor. Por eso puede sostenerse sin ninguna hipérbole que el principal garante de Sergio Lloret al frente del Cabildo de Fuerteventura no es otro que Blas Acosta, que ya prepara su campaña electoral desde la Viceconsejería de Economía del Gobierno de Canarias.

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Hamlet en el Teatro Leal

Más tarde o más temprano el destino del gobierno municipal de La Laguna era terminar en el teatro. ¿Y qué teatro más cercano que el Teatro Leal para presentar esta obra entre ópera bufa y esperpento valleinclanesco? Se levanta el telón y aparece Luis Yeray Gutiérrez, que interpreta a Hamlet al dudar siempre entre mocasines y botines, “porque suenan, oh espíritus, muy parecido”. Se aproxima lentamente al centro del escenario, donde es evidente que se agrupan varias tumbas. A la izquierda un grupo de sepultureros lo observan con desconfianza y hablan en voz baja:

Rubens Ascanio, sepulturero segundo (señalando a un bulto): ¿Y este es el que ha de ser sepultado en tierra sagrada, la que deliberadamente ha conspirado contra su propia salvación?

Santiago Pérez, sepulturero primero (con voz áspera de profesor asociado admirado en las principales universidades alemanas): Dígote que sí, de modo que practica pronto el hoyo. La Fiscalía háyase investigando la gestión de las actividades en este mismo teatro municipal, así que presto, agarra una pala.

Rubens Ascanio, sepulturero segundo: ¿Qué es una pala?

Santiago Pérez, sepulturero primero: ¿Cómo? ¿Pretendéis  representar a la izquierda popular y transformadora e ignoráis lo que es una pala?

Rubens Ascanio, sepulturero primero (encogiéndose de hombros): Uno no puede estar en todo.

Santiago Pérez, sepulturero primero: Pues ha de ser alguno de esos herrumbrosos artilugios que están tirados por el suelo. Probad con aquel, por ejemplo.

Sepulturero segundo: Callad, callad, que se acerca ese hombre extraño…Me recuerda a alguien, pero con esta posma no acierto a distinguirlo…Pero sí…Esas caderas salerosas…Ese ritmo de la Billo Caracas Boys al andar…Es el joven aunque suficientemente preparado Luis Hamlet Yeray… ¿No se había ido de La Palma a preparar los carnavales con la Negra Tomasa? ¿Qué hacemos?

Sepulturero primero: ¿Qué vamos a hacer, pibe? Engañarlo otra vez.

Luis Hamlet Yeray: Buenas noches hombres de Dios. Aunque llueva y haga frío… Esta villa no es una ganga precisamente…

Sepulturero primero: Mi señor… ¿En qué podemos hacerle merced?

Manolo Gómez, sepulturero tercero: A mí me basta con la dedicación exclusiva, que conste.

Sepulturero primero: Calla y vuelve a tu sitio: la nada.

Luis Hamlet Yeray (con la voz alterada y señalando algo entre la tierra): ¿No es esto…no es esto una calavera?

Sepulturero segundo: Sí, mi señor…Es la calavera del mismísimo Alejandro Marrero.

Luis Hamlet Yeray: ¡Alejandro! ¡Yo lo conocí! Era un hombre sumamente gracioso y simpático y dotado de prodigiosa imaginación. ¡Ah, que se hicieron tus risas, tu inimitable manera de estampar coches oficiales contra un muro, tus prodigiosos bailes por el arcén de la autopista bajo la blanquísima luz de la luna! Y ahora solo me ofreces una mueca espantosa. Bueno, otra mueca espantosa. Ser alcalde o cobrar: he ahí el dilema. ¿Y a quién vais a enterrar?

Sepulturero primero: Al que atendía en la taquilla del teatro. Quizás la Fiscalía deje así de preguntar dónde está el dinero.

Luis Hamlet Yeray: La Fiscalía es de Coalición Canaria. Y el Tribunal de Cuentas. Y Marchena. Y el Tocuyo. Qué barbaridad. ¿Cuándo podrá La Laguna ser feliz?

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La vie (y Santiago Pérez) est ondoyante

El llamado caso de Las Teresitas – que desentrañó una estafa multimillonaria a Santa Cruz de Tenerife  en beneficio de dos de los grandes empresarios de Tenerife y estableció como máximo responsable político de la operación a Miguel Zerolo, icono de ATI y luego CC —  fue exaltado repetidamente, después de la sentencia firme, como un éxito del PSOE y de su rigurosa y hasta valiente labor de oposición. Pero, como decía sabiamente Michael de Montaigne, “la vie est ondoyante”. La muy reciente reforma del código penal impulsada por los socialistas en las Cortes, un traje a la medida de ERC para anular los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo contra los responsables del intento de golpe de Estado en Cataluña en 2017,  será utilizado por los abogados de Zerolo y otros condenados para sacar ya a la calle a sus clientes e incluso pedir indemnizaciones. O al menos eso intentarán en las próximas semanas. El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife podría bañarse en Las Teresitas antes del verano sin tener que regresar al centro penitenciario Tenerife II.

Habría que detenerse por un momento en lo que parece más obvio y no lo es tanto: la relación entre el PSOE y la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2005 que condujo finalmente al procesamiento de los políticos y funcionarios, en ese momento presuntamente implicados, y en su condena final doce años después por la Audiencia Provincial, ratificada en marzo de 2019 por el Tribunal Supremo: siete años de cárcel para Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, cuatro años y seis meses para el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, otros cuatro años para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, y cinco años y tres meses de prisión a los empresarios Ignacio González (expresidente de la Cámara de Comercio de la provincia) y Antonio Plasencia, uno de los mayores constructores de Tenerife y de Canarias y presidente de la patronal del sector Fepeco. Durante años el PSOE no quiso saber absolutamente nada de la operación sobre los terrenos de Las Teresitas. Es más: el grupo municipal socialista, encabezado entonces por Emilio Fresco, votó a favor –como el resto de los partidos con presencia en el consistorio – de la compra-venta de los terrenos a los empresarios, adquiridos por el ayuntamiento –según se averigüó y certificó después judicialmente – a un precio muy superior a su valor  de mercado y bajo una circunstancia particularmente escandalosa: parte de esos terrenos eran ya de propiedad municipal. 

A Santiago Pérez y algunos de sus discípulos políticos la operación se les antojaba, como mínimo, sumamente sospechosa, cuando no alarmante. Vislumbraba quizás una gran causa contra el zerolismo que pudiera desarbolar Coalición Canaria, al menos, en el municipio santacrucero. Emilio Fresco lo frenó en seco. Había apoyado la compraventa desde la convicción de que era lo mejor para la capital y no tenía constancia directa de ninguna irregularidad. Fresco, como otros concejales, tenía plena confianza en la profesionalidad –demostrada durante más de veinte años –del secretario del ayuntamiento de Santa Cruz, Eugenio de Zárate, que posteriormente fue procesado, aunque se le retiró la acusación por prevaricación. Emilio Fresco creía que una denuncia contra la compraventa de Las Teresitas no tendría recorrido y, a la postre, perjudicaría al PSOE. Y así se lo comunicó al todavía secretario general del PSC-PSOE, Juan Carlos Alemán. Se decidió, por tanto, que los socialistas se abstendrían de cualquier pronunciamiento al respecto. Y ese silencio más o menos impuesto y autoimpuesto fue el origen de la asociación Ínsula Viable.

Insula Viable no tenía otro sentido que el instrumental. Fue una herramienta de trabajo político-judicial. Una brillante ocurrencia de Santiago Pérez para actuar leguleyamente con las manos libres, aunque inicialmente ni siquiera le constara a nadie que formara parte de la misma. Su rostro visible fue José Ángel Martín Bethencourt, por entonces un militante muy joven con un pie en las Juventudes Socialistas y otro en el partido. Después se transformaría en la sombra, el paño de lágrimas, el maestro barista y el pararrayos de las iras de Patricia Hernández, su secretaria general en las JJSS, quien se sumaría al santiaguismo para más tarde, cuando el compañero Santiago resultó defenestrado, tomar distancia a toda velocidad para no tocarlo ni con un palo, y ahora, de nuevo, ser su patricita. Pérez redactó, con alguna ayuda técnica, la denuncia que presentó Ínsula Viable. Solo tiempo más tarde, cuando los juancarlosalemán y los emiliofrescos eran ya casi historia, el senador socialista salió del armario teresito y reclamó la gloria del procesamiento judicial de Zerolo et alii.

Quiere decirse que no fue el PSOE, sino uno de sus dirigentes históricos, apantallado tras varios compañeros muy poco conocidos públicamente y algunos miembros de la pibada socialista quienes tomaron la iniciativa judicial en el caso Las Teresitas. La dirección  — por no hablar de los concejales – se abstuvo y negaron una y otra vez que el partido estuviera involucrado en la denuncia (y no mentían del todo). Por la otra parte los disidentes no eludieron en lanzar sobre dirigentes y concejales cientos de chismes pútridos, y solo la piedad me detiene a la hora de dar los nombres de los que vociferaban por las esquinas de Santa Cruz (y de La Laguna) que los concejales socialistas respaldaron la contra-venta de las parcelas del frente de la playa a cambio de sobornos mareantes que incluían millones de euros en paraísos fiscales o en bolsas de basura, casas y apartamentos, coches de baja cuna y de alta gama o vacaciones de lujo asiático. La historia de la agrupación socialista de Santa Cruz es la de sus desfallecimientos crónicos entre guerras civiles, hasta quedaron tan exhaustos que han terminado votando a Patricia Hernández y que sea lo que dios quiera.

Pero, en efecto, la vida es onduleante, y de nuevo será el PSOE el que propicie que el caso de Las Teresitas regrese a los juzgados. La modificación del delito de malversación de fondos – por la que se deducen las penas — ha puesto los dientes largos a condenados de corrupción en varias cárceles españolas. Conviene recordar que el artículo  2.2 del Código Penal señala que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviera cumpliendo condena”. Según el nuevo texto las penas por malversación de fondos públicos se reducen a cuatro años cuando no exista “ánimo de lucro”. En el caso de Miguel Zerolo – el más relevante políticamente – no pudo demostrarse en ningún momento enriquecimiento ilícito, pese a la fueron enviadas varias comisiones rogatorias a otros tantos paraísos fiscales de Europa y América para investigarlo. Sin embargo vale la pena apuntar un matiz. La norma reformada especifica que las penas serán las mismas (hasta ocho años) si se produjera “apropiación de patrimonio público que tenga a su cargo la autoridad o funcionario público”, pero también se castiga el permitir a un tercero la apropiación.  En la mamandurria de Las Teresitas, ¿no jugaron el papel de terceros, precisamente, Ignacio González y Antonio Plasencia?  Para los letrados del exsenador y el teniente de alcalde no. Han anunciado que interpondrán recurso para que a sus representados le sea aplicada la ley reformada, lo que unido a la circunstancia de que ya han cumplido más de un tercio de la condena supondría, si los tribunales les dan la razón, la terminación inmediata de la condena.

Y de nuevo aparece Santiago Pérez. Ahora está en el Senado, porque de nuevo ha regresado al PSOE, no porque haya reflexionado, sino porque el PSOE ha cambiado y ahora se ajusta a él como un guante. Volver a la militancia socialista no le ha llevado deshacerse de la agrupación electoral con el que se presentó a las elecciones municipales en 2019, por supuesto, porque un grupo de amigos y compañeros dependen del chiriringuito, pero sí regresar a la Cámara Alta, como senador autonómico. Y como senador socialista vota, por supuesto, a favor de la reforma de los delitos de sedición y de malversación de fondos. Obedientemente, porque ya este es el último tren que puede tomar en su vida política, y no se quedara en el andén, como se quedarán los de Avante dentro de unos meses, como se quedaron los de X Tenerife en su momento. No solo lo vota, sino que pide la palabra y justifica la reforma aunque curiosamente — ¿será el subconsciente? – no hace ninguna referencia al delito de malversación. Es muy aplaudido y se nota que le encanta. Lo explica al gusto del sanchista más oligrofrénico. El Gobierno tiene pleno derecho a intentar sobrevivir a través de alianzas parlamentarias. La pregunta no es esa, advierte Santiago Pérez, que siempre ha querido tener como patrimonio todas las preguntas y todas las respuestas. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el PP, claro. Lo cierra muy bien. ¿Quién ha traído y garantizado la libertad en España? “Las fuerzas progresistas, y entre ellas, el PSOE”. Es una observación bastante atrevida, por cierto, y probablemente falsa. Al menos si se refiere a las libertades públicas. Si, en cambio, estuviera hablando de Miguel Zerolo tal vez tendría razón. Porque resulta indiscutible que en los últimos días, y gracias a sus enjüagues con los independentistas catalanes, El PSOE está facilitando no solo la plena libertad de Oriol Junqueras y sus compañeros, sino también la de Miguel Zerolo.   

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Las propuestas del PSOE

Esto va a ser un pelín aburrido.  Lo digo porque al término del comité regional del PSOE, celebrado el pasado sábado, su secretario general y presidente del Gobierno autónomo, Ángel Víctor Torres, volvió a contar por enésima vez cuanto habían sufrido los consejeros, alcaldes y concejales socialistas “en estos últimos años, que han sido los más difíciles de nuestra historia”. No, los tres últimos años no han sido los más difíciles de nuestra historia. Sin ir más lejos elija, presidente, los tres años de la guerra civil, o los lustros de interminable posguerra de hambre, miedo y violencia. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, un individuo capaz de sonreír en la cámara de gas un campo de exterminio nazi, abundó en una ocurrencia conectada con la de Torres: “Descansar no hemos descansado nada, sobre todo los que somos alcaldes”. Francamente deberían moderar ese entusiasmo a la hora de cansarse tan gozosamente. La mayoría de los miembros del comité regional parecen pletóricos de salud  y –como el propio Hidalgo –ajenos a cualquier señal de molimiento crónico. Quizás un poquito menos de mitologización de sí mismos no sería una mala idea. A los que vimos de nuestros padres levantarse para currar a las cinco de la mañana  durante cuarenta años se nos antoja irritante ver a señoras y señores bien trajeados y por lo general con excelentes sueldos presentándose como un pequeño ejército de mártires empapados en su sudor y su espíritu de sacrificio. Aflojen un fisco.

No, para nada han sido estos últimos tres años los peores de nuestra historia. No lo han sido porque, como ocurre en sociedades desarrolladas, disponemos de estabilizadores automáticos –  me refiero sobre todo a los sistemas públicos de educación y sanidad y a los servicios sociales –que garantizar una cohesión social básica. No lo han sido porque, contra lo que ocurrió en la terrible crisis de 2008, la Unión Europea decidió articular un conjunto de políticas y programas anticíclicos para luchar contra el impacto de la pandemia del covid en las economías nacionales y regionales, incluida España y Canarias, que abarcan ingentes recursos financieros, compra a mansalva de deuda pública y suspensión temporal de las reglas fiscales que la propia Unión se había impuesto.  Jamás el Ejecutivo autónomo ha dispuesto de tanta pasta, aunque en muchos casos no se ha gestionado correcta o puntualmente y los fondos Next Generation, en Canarias, están resultando particularmente frustrantes y resulta harto improbable que puedan contribuir significativamente a la diversificación y modernización de la economía regional.

El presidente Torres debería abandonar el relato épico que tanto gustirrinin  le proporciona y explicar a la sociedad canaria cuál es su proyecto para los próximos cuatro años, cuando, si nos acompaña la esquiva suerte, Canarias se haya recuperado económicamente de la pandemia, lo que está por ver. Porque Torres –y su Gobierno – han ignorado palmariamente la política económica y –salvo en el caso de los controles medioambientales establecidos en una ley de Cambio Climático compleja, laberíntica e intervencionista – no se ha preocupado por las grandes reformar que necesita la comunidad autónoma y la sociedad civil. Las reformas que se necesitan para unas administraciones públicas más eficientes y eficaces, para unos servicios públicos para los que no basta contratar más profesionales y menos aun si no mejoran su oferta ni los hospitales ni los centros docentes; para implementar urgentemente la productividad en Canarias y hacer crecer su producto interior bruto y su PIB per cápita, para recuperar agricultura y no seguir maltratando a la industria. Porque la redistribución vía fiscal no es posible si no existe una actividad empresarial que la sustente. Se necesitan propuestas. Más propuestas concretas y menos hagiografía política. Las propuestas de Torres y el PSOE.

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