Recuerdo que en 1999, cuando Mohamed VI subió al trono, muchos observadores y analistas presagiaron que se produciría una mayor apertura política y que las reformas del nuevo monarca se encaminarían hacia una aceptable democracia parlamentaria, más o menos homologable y basada en un respeto irrestricto a los derechos humanos. Mohamed VI tomó algunas decisiones iniciales realmente esperanzadoras, entre las cuáles no fue la menor destituir al ministro de Interior y mano derecha de su padre Hassan II, el temible Driss Basri, bien conocido, por cierto, por los saharauis: mató a muchos cientos y torturó a varios miles. Bari era simultáneamente un chacal sanguinario y un referente de la infinita corrupción del reino alauita como cabeza visible del Majzén. Intervenía, bajo la jurisdicción del Rey de los Creyentes, en el reparto de canonjías y mordidas y licencias de importación. Todo el mundo aplaudió a Mohamed VI en el país y en el extranjero. Los años más oscuros tocaban a su fin. A lo largo del lustro posterior una cadena de cambios políticas, jurídicos y normativos parecieron dar la razón a los más optimistas. Aumentó el pluralismo –dentro de ciertos límites –en los medios de comunicación y en la institución universitaria. Pero poco a poco el luminoso esfuerzo reformista fue perdiendo fuelle y terminó por detenerse.

El mismo Mohamed VI, muy activo al principio de su reinado, fue afectando una indiferencia creciente no ya a una agenda reformista muerta, sino al propio gobierno cotidiano. Pasó y sigue pasando largas estancias, a veces de varios meses, en París y en los Alpes suizos; con menos frecuencia, en Londres y Nueva York. En todas esas ciudades dispone de viviendas de esplendor palaciego y de importantes inversiones inmobiliarias. Porque ese es el secreto – si merece tal nombre – del fracaso de las reformas después del fallecimiento de Hassan II. Reformar el país democráticamente, emprender una vía para una política social amplia, eficaz y eficiente, significaría necesariamente el sacrificio del Majzén, esa oligarquía que, a la sombra de Palacio, maneja y amplía fortunas inmensas relacionadas con el turismo, la hostelería, las licencias de importación, las infraestructuras, la compra de material militar, la minería o la producción agrícola. Y la primera fortuna –con intervención directa e indirecta en las empresas públicas marroquíes – es la del rey. Es imposible una plena democratización de Marruecos si la corrupción estructural del reino – que articula y fiscaliza toda la iniciativa económica y empresarial — no es destruida de raíz. Por decirlo con la máxima sencillez: más allá de algunos aspectos valiosos, pero muy insuficientes, el Reino de Marruecos resulta política y socialmente irreformable.

De ahí se deriva, por supuesto, otra obviedad: el gobierno marroquí no está en condiciones ni anhela ni podría permitir en absoluto un Sáhara dotado de un estatuto de autonomía política. Ninguna región marroquí dispone de tal artefacto político. Solo puede pensarse — y necesitaría de una reforma constitucional — en una limitada y siempre suspicaz autonomía administrativa, que probablemente terminaría desapareciendo en muy poco tiempo. La marroquinidad del Sáhara ha sido, precisamente, una de los límites en el espacio público del reino. Ninguno de los grandes partidos políticos de Marruecos (de izquierdas o de derechas, laico o islamista) pone en cuestión que la excolonia española debe integrarse sin más en su territorio. O  más exactamente: todos los partidos políticos, cn o sin representación parlamentaria,  respaldan sin fisuras que el Sáhara es propiedad de Marruecos. Cuando uno escucha a altos cargos de los gobiernos de España y de Canarias las cínicas y repeinadas insensateces de los últimos días no sabe dónde meterse para que lo asfixie la vergüenza ajena.   

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El precio del fin

Una de las utilidades  del debate sobre el estado de Canarias es la introducción de noticias y novedades que le otorguen un empaque añadido. El presidente Torres decidió hacerlo anunciando, en su discurso inicial, que hoy jueves su Gobierno decidiría suspender todas las restricciones sanitarias todavía vigentes para frenar la expansión de la covid 19. Entiéndase: todas las restricciones que son competencia autonómica, lo que excluye, por ejemplo, el uso de las mascarillas. El anuncio cogió por sorpresa a todo el mundo. Pocos minutos después un diputado del PP, Miguel Ángel Ponce, emitió un tuit de un casi desesperado sentido común: cualquier desescalada debe obedecer a un plan, que tendría que incluir medir casos y secuencias, garantizar las vacunas para la nuevas varieantes y los nuevos antivirales, financiar públicamente mascarillas para los sintomáticos e invertir (a través, por ejemplo, de un programa de subvenciones a empresas y establecimientos comerciales) en sistemas mecánicos de circulación y purificación del aire en interiores. Por supuesto el presidente no ha preciso nada sobre estos extremos.

La pandemia no ha acabado, pero los gobiernos están dispuestos a declarar su irrelevancia, y lo hacen suprimiendo restricciones y derogando reglamentos. Desde el pasado viernes hasta ayer se han registrado seis muertes en Canarias según datos del Servicio Canario de Salud. Ya no se reportan diagnósticos privados ni asintomáticos o leves. Como ha indicado el propio doctor Ponce, Canarias sigue siendo la comunidad autónoma con mayor tasa de ocupación hospitalaria, casi el doble de la media nacional, y es también el territorio líder en el sublinaje de omicron BA.2, que parece más velozmente transmisible que su antecesora. Ayer, en el transcurso del debate sobre el estado de la nacionalidad, la portavoz socialista, Nayra Alemán, insistió en que la campaña de vacunación en Canarias había sido un éxito excepcional. No es estrictamente cierto. La señora Alemán   insistió en toda su muy elemental exposición en la importancia de contextualizar los datos. Pues bien, entre las comunidades autónomas Canarias presenta una de las tasas más bajas de vacunación. Las comunidades con mayor número de vacunas por cada cien habitantes son Galicia, Asturias, Castilla León y Extremadura. Las cuatro con menos número de vacunas por cien habitantes con Canarias, Ceuta, Baleares y Melilla. La media nacional está en 195,93 vacunas por cien habitantes. Canarias está en 181,25. Son datos del Ministerio de Sanidad correspondientes al pasado 4 de marzo. La campaña de vacunación contra el covid desarrollada por el Servicio Canario de Salud estuvo más que correctamente organizada y no fue mala, pero sí claramente insuficiente, en particular, en el segmento de edad de entre los 30 y los 45 años, lo que explica la alta contagiosidad todavía activa.  Que se esté falseando esta realidad perfectamente constatable con datos oficiales en la mano, que esta estúpida falsificación ensoberbecida se haga en pleno debate parlamentario, resulta muy grave. Esa es la calidad del discurso político que se soporta hoy en Canarias. Tal vez, a estas alturas de la pandemia, no sea sanitariamente muy grave. Políticamente, en cambio, lo es en todo caso.

En casi toda Europa las autoridades públicas quieren dejar la maldita pandemia atrás. Temen justificadamente el hartazgo de la población. Y con una economía fragilizada por la guerra en Ucrania, la subida de los precios de los combustibles, la inflación y los riesgos desabastecimiento entienden que cualquier restricción al dinamismo económico significa un lastre inadmisible. Para un país turístico como Canarias, todavía más. Pero va a costar una cuota temporal de vidas y el riesgo de no activar a tiempo el control de una reactivación de la pandemia no es insignificante. Y se debería respetar a los ciudadanos lo suficiente como para explicarlo claramente y sin ambigüedades.    

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Oigo, Ucrania, tu aflicción

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, citó extensamente en el Congreso del PSOE de Tenerife la guerra en Ucrania, pero, como era de esperar, no dijo absolutamente nada sobre lo ocurrido con el Sáhara, a poco más de cien kilómetros de nuestras ínsulas baratarias. Ni una palabra a propósito del cambio de política sobre el territorio de la excolonia española que Pedro Sánchez ha decidido a espaldas de las Cortes y de – al menos en parte – de su propio Gobierno. Es bastante loco, sinceramente. El pasado sábado, en Presidencia, los panzudos nigromantes del aparato de comunicación decidieron que lo mejor era que Torres hiciera una declaración sobre el asunto y así aliviar la presión mediática. El presidente se descolgó con unas declaraciones surrealistas en las que aseveraba una cosa y la contraria. Algún medio amigo decidía enloquecer más las cosas y elegir una de las naderías presidenciales, a saber, que cualquier acuerdo entre Marruecos y el Sáhara (sic) debería ser admitido por Naciones Unidas.  El discurso político ha llegado a tal grado de insignificancia que ya es indiferente a una mínima coherencia interna, al respeto más elemental del principio de realidad. Farfullar cualquier pegajosa tontería en un tono campanudo no es ofrecer explicaciones a los ciudadanos ni posicionarse políticamente desde la responsabilidad.  Pórtense como personas adultas. Esto ya da un fisco de vergüenza. 

Todo el supuesto mensaje presidencial es un soberano disparate. No se trata de ningún acuerdo, porque no existen contrapartidas, sino de la adhesión españolas a las tesis sostenidas por Rabat desde hace un cuarto de siglo. Para Marruecos el Frente Polisario es una organización terrorista. No se ha producido ninguna negociación con nadie. Simplemente el presidente Sánchez ha reconocido al rey de Marruecos que España reconoce y apoya que el Sáhara pase a ser una región de Marruecos bajo una limitada autonomía administrativa que, muy probablemente, quedará reducida a una carcasa simbólica. Y quien ha publicado dicha carta es el gobierno marroquí. El ministro de Asuntos Exteriores español se vió obligado a improvisar una rueda de prensa para enmascarar la pequeña tropelía de Rabat y empezar a difundir el nuevo argumentario. Que Torres, precisamente, haya indicado que el ministro de Exteriores le llamó telefónicamente, muy pocas horas antes de su comparecencia, para transmitirle la  buena nueva,  es casi cómico. ¿Qué le transmitió a usted el ministro, señor presidente? ¿Lo que pensaba comentar en la rueda de prensa? ¿Los términos de la nota informativa del Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Las razones profundas para ese fenomenal, arriesgado y sumamente criticable cambio en la política española en el Magreb y sus posibles consecuencias diplomáticas y económicas en los próximos meses y años? ¿Le pasó un informe técnico algún subsecretario? Pero, de verdad, en un asunto crucial para Canarias – por no hablar de las miles y miles de familias saharauis — ¿cree que basta con esa nimiedad, que ya acabaron las preguntas, que ya está todo atado y bien atado? Es asombroso. Asombroso. No sé lo que nos ocurre. No sé lo que está ocurriendo en mi país. No sé cómo podemos permitirnos el lujo de la inanidad, la superficialidad, el remoloneo, la supina hipocresía, que si quiere bolsa, estúpido periodista preguntón, mándate a mudar, y que triste es lo de Ucrania, vamos a ayudar a Ucrania, estamos con Ucrania, estaremos con Ucrania, digamos lo que sea  sobre Ucrania, todos somos ucranianos y ucranianas. Ah, y para quien no lo sepa, los socialistas nunca tomamos decisiones por motivos electorales. ¿Portentoso, no? Pues es así. Somos el único partido del mundo (y de Ucrania) que jamás tomamos decisiones por asquerosos motivos electorales. ¿Nos oyen los ucranianos ahora mismo? Oigo, Ucrania, tu aflicción. Y así venceremos, compañeros. Venceremos porque estamos con los oprimidos, con los necesitados, con los que sufren en la cola del desempleo y en la  consulta del odontólogo. Lo llevamos en nuestro genoma. Qué le vamos a hacer.

Por lo demás, y en lo que se refiere al PSOE tinerfeño, todo bien. Pedro Martín ha salido reelegido secretario fantasmal, es decir, secretaria general,  e incluso le han aceptado a Manuel Martínez como secretario de Organización, señal inequívoca de la generosidad de los compromisarios, incluidos los compañeros de La Laguna. De la generosidad o de la indiferencia, que todo puede ser.

  

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Gana Marruecos

Cuarenta y tantos años después se consuma la traición definitiva al pueblo saharaui. La carta que ha remitido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al rey de Marruecos, está empapada de ignominia. Contra la posición tradicional – aunque puramente retórica—del PSOE, contradiciendo incluso el programa electoral que hace dos años lo consolidó en el poder, Sánchez ha aceptado el objetivo instrumental de Marruecos: lo mejor para el Sáhara no es un referéndum sobre su soberanía política, sino la limitada autonomía administrativa que le ofrecen los marroquíes. Es exactamente lo mismo que admitir que España reconoce que el Sáhara forma parte territorial de Marruecos. Mohamed VI y el régimen que heredó de su padre – y que no ha sabido o querido reformar  sustancialmente – han ganado la partida. Durante casi medio siglo han empleado todas las herramientas – la ocupación militar, el despliegue de una policía secreta omnisciente, el cultivo de la corrupción de líderes saharauis, el encarcelamiento y la tortura de opositores, un incansable aparato de propaganda dentro y fuera del Reino – para retrasar los mandatos de la ONU y desactivar la sentencia del Tribunal Internacional de la Haya de 1975. Para todas las fuerzas políticas del país – de izquierda a derecha – el Sáhara forma parte integral de Marruecos “desde lazos históricos y culturales comparten todos los marroquíes”.  Eso nunca ha sido negociable.

También es cierto que nunca se ha intentado negociar seriamente por parte de ningún gobierno español desde 1976, pese a que legalmente, como potencia colonizadora del territorio, España estaba obligada a hacerlo, con el mandato explícito de cumplir un proceso de descolonización que preservara los intereses saharauis  Por el contrario, los gobiernos españoles han dejado pudrir la situación facilitando la marroquinización del Sáhara. Mientras se seguía sosteniendo, cada vez más ridículamente, la estratagema del “colchón de intereses” entre ambos vecinos para evitar conflictos a través de una arcangélica cooperación económica y comercial, Rabat seguía a su bola, mejorando sus acuerdos agrarios y pesqueros con la UE y chantajeando con su flujo migratorio a cambio de nuevas concesiones. En los últimos cinco años ha adquirido armamento y material militar por valor de 20.000 millones de dólares. Desde antes incluso se había embarcado en una política de compras que incluye cazabombardeos, carros de combate, helicópteros Apache, fragatas y cuatro drones MQ9.  Hace casi dos años se reintrodujo el servicio militar obligatorio.  El objetivo de Marruecos – nunca lo ha ocultado – es alcanzar la supremacía militar regional que se disputa con Argelia.

Unas pocas fechas. El diciembre de 2020 Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara. En julio de 2021 Sánchez entregaba la cabeza de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, por su implicación en la estancia en un hospital español de Brahim  Ghali, líder del Frente Polisario; eso no bastó, y los chacales de Rabat exigieron igualmente la destitución del jefe del gabinete de González Laya, que lo había sido con los tres ministros anteriores. Aun así el Gobierno marroquí no estuvo satisfecho y mantuvo las relaciones congeladas hasta anteayer, cuando la invasión de Ucrania por Rusia proporcionó la desatención más adecuada para la infame carta de Sánchez.

Es tan sórdido y grotesco. Llorar por la pisoteada soberanía de Ucrania y dejar en manos de un déspota corrupto 270.000 kilómetros cuadrados de un pueblo ultrajado. Con Argelia y su gas mirando. Con Canarias ignorándolo todo sobre este desafuero criminal.

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John Elliot

A mucha gente – a muchos españoles – los hispanistas se les antojan raros especímenes amatorios. Enamorarse de la historia de otro país es como haber querido a otra santa madre. Descastados. ¿Cuántos grandes especialistas de la historiografía o las letras inglesas ha parido España?  Muy pocos. Se supone que esta desequilibrada circunstancia es efecto y prueba concluyente de la excepcionalidad española. Servidor tiende a creer lo contrario: son los hispanistas los que erigen la excepcionalidad. Los peores hispanistas son los que más insisten en el carácter excepcional del desarrollo histórico español y del mismo derivan necesariamente un fracaso monumental, irresistible como argumento narrativo, pura emotividad literaturizada.  En los últimos años han salido a la luz nuevos ejemplos de esta memez como, por ejemplo, ese libro testarudamente idiota de Josep Colomer, España: la historia de una frustración.  Por supuesto, en el fondo de esta frustración, para el puigdemotnista Colomer, está Cataluña, siempre maltratada, siempre mártir, no como Irlanda, desde la que Jonathan Swift propuso modestamente, como solución al hambre que arrasaba el país, la entrega de los niños católicos como alimento de los terratenientes ingleses: “Concedo que este alimento será un poco caro, así que convendrá muy bien a la clase de terratenientes, ya que, habiendo devorado a la mayor parte de los padres parecen tener ahora más derechos sobre los hijos”.

El mayor mito de la historiografía española y de los relatos políticos de voluntad hegemónica es, precisamente, ese excepcionalismo amado por reaccionarios y revolucionarios, por los hijos de la madre adorada o de la madrasta castradora, por apologetas de una sustancia española intemporal y por los que defienden que España es una fantasmagoría dotada de cierto aparato administrativo que apenas ha existido ni podrá ya existir. Sin la menor intención iconoclasta el profesor John Elliot, que acaba de morir a los 91 años como el hispanista más admirado  incluso entre sus compañeros, desarticuló la pantomima sostenida por unos y otros  y levantando velos mugrientos dejó expuesto a la luz el rostro del pasado. Lo que fue en su heroica y pútrida grandeza y cómo funcionó realmente eso que se ha llamado, con demasiadas prisas, el Imperio Español. El intento y el fracaso de escapar  del callejón sin salida por parte del conde-duque de Olivares. Las relaciones íntimas, complejas y conflictivas del proceso histórico español con el continente europeo: juego de espejos, gestión de oportunidades, ideologías contrapuestas y compartidas.

Elliot fue un historiador excepcional. Creó su propia metodología, abrió nuevos marcos interpretativos, formó a generaciones de espléndidos profesionales en universidades inglesas y estadounidenses,  se las arregló para buscar fondos financieros para la investigación sobre España, la América española y Cataluña. Sin duda era, como tantos hombres brillantes y prestigiosos, un fisco demasiado consciente de su valía. El admirable Henry Kamen lo decía con mucha gracia: “No me trato con Elliot.  Hay un problema. A Elliot le dicen muy a menudo que es el mejor historiador de todos los tiempos. Se lo dicen, de veras. Yo no se lo he dicho nunca y este accidente ha entorpecido de manera definitiva nuestra relación”. Amablemente estirado, distantemente cortés, sencillamente olímpico, esa superioridad de Elliot jugó finalmente a su favor en una cosa: jamás ejerció colaboracionismo ni servilismo alguno con los gobiernos españoles, como hicieron tantos hispanistas durante y después del franquismo. Elliot admitía toda lisonja profesional pero no lisonjeaba a nadie, y menos que nadie, a los políticos profesionales. Por eso, en un tono de helada educación, pudo permitirse descalificar ese simposio montado por el maestro Josep Fontana bajo el título España contra Cataluña. “Están equivocados”, dijo. Algunos mendrugos le pidieron que argumentase su rechazo. Les hubiera bastado con leer las obras completas del eximio historiador que acaba de morir.

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