General

Cáfila de supervivientes

Finalmente, y después de una intentona la pasada semana, impedida a penúltima hora por la comisión gestora nacional que preside Javier Fernández, José Miguel Pérez presentó su dimisión como secretario general del PSC-PSOE.  Es falso que Pérez no quisiera hacer otra cosa. El exconsejero de Educación no quería perpetuarse en el cargo, pero anhelaba condicionar el futuro inmediato del partido. No lo pudo hacer por la endemoniada crisis que atravesó el PSOE y que se saldó con la expulsión de Pedro Sánchez como secretario general, en la que Pérez tomó partido activamente. Y no lo pudo hacer, tampoco, por su asombrosa torpeza como dirigente político, y porque nadie le hacía ya puñetero caso, salvo Julio Cruz en las horas pares de los días impares. Javier Fernández y su equipo negociarán con Patricia Hernández, vicepresidenta y consejera de Empleo del Gobierno autónomo, la composición de una comisión gestora regional, que estará en funcionamiento hasta el siguiente congreso del PSC-PSOE, previsiblemente, a  finales de la próxima primavera (el Congreso Federal Extraordinario se celebrará, en cambio, después de las fiestas navideñas). Como  presidente de la comisión gestora del PSC-PSOE se mencionan nombres como Julio Pérez, José Miguel Rodríguez Fraga o Dolores Corujo.
La lógica de la correlación de fuerzas – y la cultura interna del partido – señalan a Patricia Hernández como una secretaria general casi obvia, aunque en Gran Canaria se comentan razones de equilibrio territorial para que el máximo liderazgo del PSC recaiga en un grancanario como Ángel Víctor Torres, actualmente vicepresidente del Cabildo Insular. Y no hay muchas otras opciones. Sin embargo, sorprendentemente, aparecen ahora en horizonte, en una parranda dominical tratada como un publirreportaje en las redes sociales, tres tenores alrededor de lo que, modestamente, consideran la única vía para salvar al PSOE y recuperar el honor calderoniano que ha perdido por el sadismo sin escrúpulos de CC.  Hace un par de años hubieran podido congregar a 300 o 400 militantes,  ahora apenas llegaron al centenar. Juan Fernando López Aguilar, Javier Abreu y Santiago Pérez. López Aguilar fue el un candidato obligado a la Presidencia del Gobierno de Canarias por decisión indiscutida e indiscutible de Rodríguez Zapatero, acatada sin un murmullo por el PSC. Ganó las elecciones, pero no gobernó, y reclamó la púrpura de la Secretaría  General, que incluso pretendió mantener una vez elegido eurodiputado. López Aguilar había llegado a la conclusión de que aquello que vivió como una caída – su salida del Ministerio de Justicia y su exilio en la pequeña, agorafóbica y limitada política canaria – podría convertirse en  tabla de salvación reconvirtiéndose en barón territorial. Es poco más o menos lo mismo que considera ahora, promesa malbaratada del zapaterismo,  porque López Aguilar carece actualmente de cualquier apoyo entre las grandes figuras de este PSOE agónico y desguarnecido. Javier Abreu también intenta sobrevivir y sabe muy bien que solo lo conseguirá con una dirección amiga capaz de entender, por ejemplo, que uno sea teniente de alcalde y cobre un sueldo estupendo y se niegue a firmar el pacto en virtud del cual uno es teniente de alcalde y cobra un sueldo estupendo. La actitud menos comprensible es, como suele ocurrir, la de Santiago Pérez, que ha dicho, después de la épica parranda, que el siempre está dispuesto a echar una mano por la unidad de la izquierda socialista, lo que ha demostrado en los últimos ocho años a bordo de distintas listas, restándoles dos o tres concejales al PSOE de La Laguna. Pero es que hace tiempo Pérez no es un político ni quiere serlo. Quiere ser un símbolo. Y a un símbolo, sobre todo cuando envejece, le trae sin cuidado quien lo agite, con tal que lo agite una y otra vez, hasta que se cuartee y reduzca a algo irreconocible.

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Un apoyo de clases medias

Es curioso: tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en La Laguna – las dos ciudades en las que plataformas más o menos apoyadas, respaldadas o refrendadas por Podemos o sus socios isleños obtuvieron mejores resultados – es imposible detectar un voto de clase. Lo contrario de lo que ocurre en Madrid y, sobre todo, en Barcelona, donde se puede registrar una correlación – aunque sea imperfecta y no automática – entre los resultados obtenidos por las candidaturas de Manuela Carmena y Ada Colau y la situación social de sus votantes. La mayoría de los distritos de mayoría trabajadora y con altos índices de desempleo y exclusión social votaron por Ahora Madrid y Barcelona en Común en ambas capitales, aunque también distritos de clases medias (especialmente en el caso de Carmena) respaldaron a las plataformas.
En Las Palmas y La Laguna no ha ocurrido nada parecido. La mayoría de los votos a Las Palmas de Gran Canaria Puede (16,2 % de los sufragios emitidos) como Unidos Se Puede (un 18,5%) proceden muy mayoritariamente de distritos del centro de las respectivas ciudades, con una participación realmente modesta de la periferia territorial y social. Quizás no sea una hipótesis apresurada señalar, por lo tanto, que las plataformas de unidad de la izquierda con un mensaje regeneracionista han sido sustancialmente apoyadas por las clases medias  y que, al mismo tiempo, han sido apreciables sectores de las clases medias en Gran Canaria y Tenerife quienes han concedido los siete diputados a Podemos en el Parlamento de Canarias, con un 14,53% de los votos.
La clase media en el Archipiélago tiene un perfil particular. En primer lugar es porcentualmente menos importante que en la mayoría de las comunidades autonómicas españolas. Y. sobre todo, su origen es aplastantemente funcionarial. Estas clases medias funcionariales – con un sueldo generalmente modesto, pero seguro –son las que menos han sufrido el peso agotador y exasperante de la crisis económica y las que se han seguido beneficiando ininterrumpidamente de un conjunto de servicios sociales y asistenciales cada vez más colapsados y problemáticos, pero que aun resisten. No han perdido el empleo, no han caído en el precariado, no han padecido tampoco una inflación que afecte a sus emolumentos. Y, sin embargo, son las que apuestan por opciones de regeneración democrática por encima de la confusión, la ambigüedad, el adanismo o las contradicciones de sus ofertas programáticas. Cuando veo a los dirigentes de las coaliciones filopodemistas levantar el puño o anunciar una izquierda auroral, nueva y eterna, pienso en los auxiliares administrativos, los profesores de Enseñanzas Medias o los técnicos de Extensión Agraria a los que deben sus flamantes escaños y concejalías y comienzo a sospechar esta luna de miel sobre un horizonte carmesí no durará mucho.

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Compatibilidades prostibularias

Me duelen los nudillos de puro aburrimiento al escribir que en cualquier país civilizado o incluso por civilizar del todo Federico Trillo hubiera abandonado la Embajada de Londres –dejando olvidada una edición de los Sonetos de Shakespeare flotando en el retrete – y Martínez Pujalte, ese gran jabalí parlamentario, estaría hozando letrinas por el camino sin retorno a su casa. Como suele ocurrir últimamente, lo más asombroso de esta situación no es la situación misma, sino las supuestas explicaciones de los afectados, según los cuales el dinero que les había ingresado las constructoras por informes verbales –pero qué puñetera desvergüenza la de estos sujetos – fue puntualmente declarado a Hacienda –vaya – y su actividad en sus despachos profesionales – el bufete de Trillo, la consultora económica de Pujalte – había sido autorizada en su día por el Congreso de los Diputados. Que el Congreso de los Diputados autorice estas compatibilidades no es una prueba – aunque  proporcione a sus señorías de una armadura de legalidad — del recto proceder de Trillo y Pujalte – los apellidos del PP en comandita siempre recuerdan los grandes éxitos del teatro de revista – sino que autoriza a la sospecha de enjuagues intolerables entre los partidos en las Cortes. ¿Cómo puede el Congreso autorizar la compatibilidad entre ser diputado y asesorar empresas vinculadas con las administraciones públicas? Los principales partidos parlamentarios llevan haciéndolo así décadas con perfecto conocimiento de lo que podría ocurrir y, según sabemos ahora, ha ocurrido.
Aquí en Canarias pasa algo muy parecido. Una enigmática comisión parlamentaria autoriza, al comienzo de cada legislatura, la compatibilidad de los diputados con variadas y polimórficas actividades profesionales. En los últimos años se conocieron dos casos – ambos de diputados del Partido Popular –que habían conseguido la compatibilidad y la utilizaban en labores de mediación entre administraciones públicas y empresas: Manuel Fernández y Jorge Rodríguez. Dos casos que resultan formalmente idénticos a los de Federico Trillo y Martínez Pujalte. Por supuesto, no ocurrió absolutamente nada. Fernández y Rodríguez  explicaron que disfrutaban de la gracia parlamentaria y, sin excepciones, sus compañeros miraron hacia otro lado, echaron una siesta o fueron a mandarse un bocadillo de tortilla en La Garriga. Si los candidatos que ahora se disputan nuestra fugaz atención quieren articular un gesto convincente, deberían, por ejemplo, pronunciarse sobre la desaparición de estas prostibularias compatibilidades entre la noche y el día, entre el sueldo público y el pastón privado. Que se pronuncien Clavijo, Navarro y Hernández. Que lo haga incluso Noemí Santana si se despreocupa un rato de las pamplinas de la soberanía alimentaria y dedica un par de minutos a la enferma y demacrada soberanía democrática.

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Lo que Soria ha querido

La Constitución española, en su artículo 6, establece que  la estructura interna y el funcionamiento  de los partidos políticos deberán ser democráticos. En los últimos 35 años las organizaciones políticas han evolucionado – y en general mejorado – su praxis democrática interna, pero la excepción más notable en la materia continúa siendo el Partido Popular. Para tapar sus vergüenzas dedocráticas y verticalistas, las distintas organizaciones territoriales del PP disponen de un órgano, el comité electoral, que supuestamente debate las candidaturas para las distintas listas electorales; una vez fijadas, se elevan al comité nacional electoral, que usualmente las ratifica. Y las ratifica porque, en realidad, tales candidaturas son fruto de la cesarista decisión de los máximos líderes regionales – en el caso de Canarias José Manuel Soria –  convalidadas por el nihil obstat de Mariano Rajoy y un reducidísimo grupo de adláteres. Puede argumentarse que cada partido se las ventila como guste, pero la exigencia constitucional de democracia y pluralismo internos no es mera cháchara bienpensante. La cultura de los partidos políticos (su código de relaciones, sus procesos de selección de personal político, los valores que sostienen su funcionamiento cotidiano) tienen una influencia determinante en el comportamiento de sus militantes y, sobre todo, de sus cargos públicos y orgánicos. Militar en una organización política desprovista de auténticos mecanismos de democracia interna no es precisamente un estímulo para respetar y fomentar los valores democráticos en la sociedad civil cuyos intereses (supuestamente) aspiras a gestionar.
Una de las reflexiones más curiosas que he podido leer sobre la decisión de Soria de convertir a María Australia Navarro en candidata presidencial para las elecciones autonómicas de mayo sostiene que el ministro de Industria y Energía pretende así facilitar un acuerdo postelectoral con Coalición Canaria. Es un poco cómico suponer que si Asier Antona o María del Carmen Hernández Bento hubieran sido los ungidos podrían haber puesto reparos para pactar con los coalicioneros. La señora Navarro ha sido seleccionada porque combina una lealtad irrestricta a Soria con un perfil del que no cabe esperar, precisamente, la aparición de un liderazgo telúrico. Ha sido seleccionada porque el PP debería oponer a dos candidatos presidenciales tinerfeños (Fernando Clavijo y Patricia Hernández) un candidato de Gran Canaria, tradicionalmente su granero de votos, y porque además, el pobre Antona se atrevió, ingenuamente, a buscar simpatçias escayoladas en la dirección nacional a través de su amistad con su antiguo mentor, Gabriel Mato. Y la señora Navarro ha sido seleccionada, ya suplementariamente, porque aporta la novedad de una candidata conservadora a la Presidencia del Gobierno regional. Y eso es más o menos todo. Todo lo que Soria ha querido.

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La evaporación del REF

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias se evapora como un charco en el largo verano de la indiferencia de las élites políticas y empresariales isleñas. La reforma del REF en una coyuntura tan crítica como la de los últimos seis martirizantes años debió consumir debates, análisis, pronunciamientos, deliberaciones y propuestas, pero si usted, caro lector, repasara los espacios dedicados en los periódicos o las horas ocupadas en cadenas de radio y televisión se llevaría una sorpresa. La prensa del tardofranquismo se ocupó más del REF de los setenta que lo que lo hemos hecho nosotros, por no hablar de la tinta y las discusiones consumidas por la incorporación de Canarias al Mercado Común (después Unión Europea) y por la reforma de 1993. Una catástrofe silenciosa y de baja intensidad política y mediática que desenmascara el estado de emergencia de un país estratégicamente desarbolado. En realidad la banalizacion política y técnica del REF supone un síntoma más de esta crisis estructural que ha patentizado las insuficiencias, contradicciones y disfunciones de un sistema autonómico cuya utilidad institucional y social parece cada vez más marginal. La pésima gestión de las negociaciones que ha desarrollado el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz,  ha llevado a que la discusiones de la parte económica del REF se retrase nada menos que hasta 2016 y se realice, asombrosamente, que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que legitima los temores de analistas como Antonio González Viéitez, para quien el Régimen Económico y Fiscal podría quedar devaluado a una suerte de Plan de Desarrollo Económico supuestamente garantizado por un compromiso de gasto plurianual. Tres añitos como mucho. Lo que dure (como un problemático unicornio) el Marco Presupuestario de la UE 2014-2020.

La reforma del REF no era solo inevitable, sino también necesaria. Pero no se han hecho los deberes que corresponden a una sociedad democrática madura que cuenta con una sociedad civil articulada, dinámica y exigente. Probablemente porque no lo somos. Y quizás ese mismo – defectos de diseño institucional al margen – explique que el REF, y en especial sus instrumentos fiscales, haya resultado un fracaso. Entre 1993 y 2013 apenas se contabilizan 7.700 millones de euros de  inversión directa extranjera en Canarias, lo que representa un 0,75% de la inyectada en España en el mismo periodo. Más de un tercio se invirtió en la construcción de hoteles, servicios turísticos y negocios inmobiliarios. Pero ni el Gobierno regional ni las élites empresariales han querido o podido subsanar esta situación. Han optado por la vía más fácil y descansada: sacrificar herramientas fiscales y planificación estratégica a la rebatiña de una negociación pesetera. Lo pagaremos muy caro.

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