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Realismo político y fantasías ideológicas

¿Se puede tachar a la principal fuerza de la oposición –el Partido Popular – de ser un “partido antisistema” y simultáneamente pactar con él la reforma de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual? Vaya que sí se puede. Lo está haciendo el PSOE tan ricamente. Ayer fue aprobada la reforma en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con los votos del PSOE, el PP, Ciudadanos y el PNV y se votará mañana jueves en el pleno. Podemos ha denunciado que los socialistas han volado “el bloque de la investidura”. Quizás lo hayan hecho los socialistas, en efecto, pero Podemos no. Las ministras de Podemos siguen sentadas pachorrudamente en el banco azul. Imagino que se consolarán con “la primera ley de vivienda de la democracia” que entre otras estupideces ideológicas incluye un tope a los alquileres que, en el mejor de los casos, no servirá para nada. Ya existe literatura económica y estudios técnicos que lo dejan perfectamente claro: la limitación del beneficio supone desincentivo casi automático para la oferta. En experimentos similares la oferta de alquiler descendió un 15% en París o San Francisco y cerca de un 10% en Berlín. El acceso a la vivienda es un problema socialmente explosivo en Canarias y, en realidad, en toda España, pero limitar el precio de los alquileres no lo aliviará. Más o menos cualquier persona razonable sabe o intuye una obviedad: lo que debe aumentar la oferta de viviendas en alquiler. El Estado debe construir vivienda pública a gran escala y poner al menos el 50% de las plazas en régimen de alquiler. Con 10.000 viviendas públicas en alquiler en Canarias los precios bajarían con toda seguridad, pero este objetivo implica inevitablemente mejorar las dotaciones públicas (parques, jardines, servicios) de las nuevas zonas. Po favor: que no se diga que en el plazo de un lustro no pueden construirse diez mil viviendas públicas en Canarias porque entonces estamos acabados y el sistema autonómico es inservible frente a una demanda social perentoria y lacerante. Una sociedad madura, con medios financieros y técnicos suficientes y una voluntad política ampliamente consensuada lo puede y lo debe hacer. En los cuatro o cinco años imprescindibles para construir este parque público las medidas deben ser básicamente fiscales: fijar y aumentar la desgravación por alquiler,  aumentar en algunos segmentos de población en mala situación habitacional el ingreso mínimo vital, incentivos para el alquiler de sus viviendas a los propietarios. Todo antes que transformar un mercado tensionado en un mercado deprimido.

Un designio verdaderamente evolucionario – pero ante el cual las izquierdas, más aun todavía que las derechas, parecen sentir auténtica alergia – se basaría en diseñar y consensuar políticas públicas basadas en la evidencia empírica y no en supercherías doctrinarias, antojos ideológicos o simulacros propagandísticos. Por desgracia los actuales gobiernos de España y de Canarias – con excepciones, alguna que otra relevante — jamás están dispuestos a que la puñetera realidad les juegue una mala pasada. A la realidad no se le soluciona: se la sustituye por un relato, un cuento, un chisme. La otra praxis predilecta de nuestros gobernantes progresista es crear leyes que mágicamente resuelven los problemas. Una buena y extensa ley, cargada de artículos y disposiciones, que exija reglamentos farragosos y subsanables, está por encima de todo. La Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial debió asumir hace años como prioridad la crisis hídrica de Fuerteventura, la insuficiencia de sus desaladoras y la obsolescencia de sus infraestructuras. Prefirió hacer una ley magnífica, compleja, deslumbradora, inacabable. Los majoreros han pasado, pasan y sin duda seguirán pasando sed en este verano que se aproxima a grandes zancadas, pero José Antonio Valbuena tiene su preciosa aunque obesa criatura legislativa. Mira qué ojitos tiene. Es idéntica a su padre.

 

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Y La Palma sin pensar

El Cabildo de La Palma, con el respaldo de las tres fuerzas representadas en la corporación (CC, PSOE y PP) ha aprobado la declaración de interés insular para un proyecto de resort en Breña Alta, con campo de golf y 1.400 camas – unas 900 para un hotel de cinco estrellas y el resto villas de lujo y apartamentos de postín desde las cuales disfrutar de la sorimba besando el césped.  Yo entiendo los argumentos de los que apoyan el proyecto enérgicamente. Es cierto que La Palma es la isla mantenida por el resto del archipiélago. Es cierto que su PIB está atascado y su población envejece con más velocidad que la  media canaria. No debe uno dejarse engañar con ese zoquete y mendicante plan de empleo que el Gobierno de Canarias puso en marcha el año pasado y que contribuyó a maquillar el paro, que ha vuelto a crecer en los primeros meses de 2023. Un plan clamorosamente clientelar y que ha distorsionado el mercado laboral de la isla. La Palma de deslizaba por un dorado y pachorrudo declive desde finales del pasado siglo hasta que estalló el volcán en la dorsal de Cumbre Vieja. No hubo muertos, pero ha sido un golpe económico muy sensible. Se perdieron cientos de viviendas, albercas y cuartos de aperos, la lava cubrió 370 hectáreas de cultivos, entre ellas 280 de plataneras, 68 de viñas y 27,4 de aguacateros. Otras 72 hectáreas de plataneras se perdieron al quedar aisladas por las coladas. En marzo de 2022 el presidente Ángel Víctor Torres anunció una ayuda directa de 30.000 euros a los que habían perdido su vivienda habitual. Han tardado un año, un larguísimo año, en empezar a pagarlas. Por supuesto que se han producido más gastos. Solo faltaría. La Palma se transformó durante meses en un photocall  por el que desfilaron desde el presidente del Gobierno español hasta ministros, secretarios de Estado, directores generales y diputadetes para ensayar la más dolorida y comprometida de sus sonrisas. Por supuesto, ni un céntimo por las fincas agrícolas perdidas, y a cambio, la promesa de una flamante finca comunitaria, un koljós platanero que tardaría una década, como mínimo, en alcanzar la plena explotación. Han  sido lentos, han sido desidiosos, han sido casi inconcebiblemente mezquinos. La urgencia de la situación y el espacio afectado requerían una acción administrativa resolutiva: una oficina consorcial  integrada por Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos pero de naturaleza técnica y tal vez con un comisionado para la reconstrucción de La Palma a la cabeza que se sentara en el Consejo de Gobierno. Una mesa de diálogo estable con las organizaciones de damnificados. Una agenda de modificaciones legislativas y reglamentarias en el Parlamento regional. Pero Torres y compañía no se atrevieron a perturbar los equilibrios del protagonismo político en juego, repartido entre el PSOE y el Partido Popular.

Sobre todo no se ha avanzado un ápice en repensar inteligente y participativamente el desarrollo estratégico de La Palma para intentar transformar una dolorosa y empobrecedora desgracia natural en una oportunidad (difícil pero factible) de cambio y modernización económica y social. En esta coyuntura crítica deviene imprescindible someter a una reconsideración el proyecto de resort de lujo en Breña Alta, cuyos orígenes se remontan a 2016, y no únicamente desde un punto de vista ecológico o medioambiental. También, por ejemplo, desde la externalidad negativa que un macrocentro turístico en el municipio de Breña Alta puede suponer para la recuperación del sur y suroeste de la isla. Un poco de orden. Un poco de más cabeza y un mucho menos de ese oportunismo que clama por las “plazas turísticas perdidas”, como si fuera lo mismo, territorial, social y medioambientalmente, crear 1.400 plazas en La Pavona que recuperar 300 en Tazacorte: una suerte de mágica y bienaventurada compensación. En La Palma malherida por el fuego y la lava la política no ha sido un instrumento de reconstrucción, sino una lluvia de ceniza estúpida y ruin que oscurece el futuro.

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Cry macho

Ya hacía falta. Estos tres años y medio de legislatura hemos descubierto carencias que padecíamos sin siquiera sospecharlo. La principal, tal vez, la de un líder macho. Feminista, por supuesto, pero muy macho. Un líder capaz de decirnos que basta ya de lloriqueos pusilánimes y de berrinches quejumbrosos. Basta ya de interminables llantos y de pedigüeñismo existencial, mariquitas. Ángel Víctor Torres se ha cansado de ser simplemente el presidente del Gobierno de una comunidad de nenazas y es ahora nuestro sargento de hierro. Ya nos imagino en fila mientras nos escruta de arriba abajo: “Referosky, Zecillo, Estatutón, me muero de ganas de meterme en la cama con ustedes”. Y la promesa: queramos o no nos transformará en ciudadanos respetuosos con el autonomismo psocialista pero, sobre todo, con don Pedro Sánchez y su voluntad de descentralizar el bien y centrifugar el mal. Seremos marines socialdemócratas con la jerarquía bien clara en la cabeza, la aceptación estoica del destino en el corazón, la voluntad de servicio hirviendo en las gónadas.

Yo asumo, porque me lo ordena mi sargento, mi parte quejica. Pero no me quejo por lo de las agencias estatales que nunca vinieron. Yo sollozo por las toletadas de mi suboficial y su estado mayor. Gente que lleva tres años y medio, en efecto, calentado la flor de su secreto, con una perfecta indiferencia hacia la actividad económica y empresarial en las islas. Su obsesión – sin duda parcialmente justificable – se ha centrado en la redistribución a través del Estado de Bienestar y en las ayudas y recursos extraordinarios para combatir los efectos destructivos de la pandemia: un reguero irregular de millones en el tejido empresarial que ha beneficiado relativamente poco a las microempresas canarias, las más numerosas y golpeadas. Próximamente este círculo dadivoso se cerrará con la aprobación de la ley que regulará la renta básica canaria. El otro día, cuando se dejó la norma preparada para su aprobación definitiva por el pleno parlamentario, una diputada de Podemos, henchida de gozo proletario, proclamó que este éxito era apenas un primer paso. La buena señora ya estaba pensando en una renta universal. Porque muchísimos de los que gobiernan o sostienen a este gobierno son unos chalados que creen que basta con pegar una patada empática al suelo para que la propia tierra escupa el dinero necesario para cualquier cosa. Viven aquí, son elegidos aquí, cobran y discursean aquí, pero siguen ignorando que Canarias no es un país rico. Ignorantes e irresponsables, mi sargento. Y aunque le moleste: estos machangos, sus bravos machangos, dan ganas de llorar.

Este es asimismo un Gobierno que ha obliterado un rasgo sustancial de la identidad política socialdemócrata: la atención a la educación pública. Conviene no dejarse engañar con la hemorragia verbal dedicada a solemnizar los cientos de profesores contratados. No encuentro a nadie que sepa exactamente cuántos son. A usted mismo, mi sargento, le he escuchado que son 300, que son 350, que son más de 400. Parece que se mueven tanto que resulta difícil contarlos. Claro que para mejorar la educación pública no basta – ni de lejos – con contratar a más profesores. Existen laboratorios, aulas informáticas y canchas deportivas mal dotadas, existen currículos no adaptados, existen alumnos con necesidades especiales desatendidos crónicamente. Existen dos universidades a las que usted, sargento, sigue negando un contrato programa, sigue negando la pasta para que recuperen el músculo financiero perdido hace una década. Unos 57 millones de mierda que usted les niega a través de la cabo furriel que le lleva los asuntos educativos como una cantina, mi sargento. Fíjese: eso representa más del 50% de lo que usted dedica a I+D+i. La comunidad autónoma que dedica menos a investigación y desarrollo en términos absolutos y en relación con su población, sargento Torres. Yo no lloro por las agencias. Solo me pican los ojos (y los oídos) cuando lo escucho, señor, sí señor.  

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El escándalo Mestisay

Hay algo patético en imaginar a Carmelo El Chico pidiendo las facturas de todas las áreas del Cabildo de Gran Canaria a favor de la productora de Olga Cerpa y Mestisay. En realidad lo más infortunado es el propio Carmelo Ramírez, cuyo curro siempre ha consistido en limpiar la basura de sus señoritos, y que lleva ininterrumpidamente desde 1979 ocupando cargos públicos: alcalde de Santa Lucía de Tirajana, diputado del Parlamento de Canarias, vicepresidente y consejero del Cabildo de Gran Canaria. Hace tiempo, sin embargo, alcanzó su nivel de incompetencia, y ahora es consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Institucional (nada menos) en el  Cabildo grancanario, lo que le deje bastante tiempo libre para cumplir con sus funciones en la gestión de residuos morales y blanqueamiento político. Ramírez, por ejemplo, blasona de su compromiso con el pueblo saharaui y lleva a gala que Santa Lucía fue el primer ayuntamiento de España que se hermanó con otros municipios del Sahara ocupado. Cuando Pedro Sánchez, a espaldas de la opinión pública, de las Cortes y de su propio gobierno decidió abandonar la posición tradicional española y apoyar la marroquinización del Sáhara,  el encargado de explicar que aquí no ha pasado nada y que Nueva Canarias sigue siendo lo más saharaui del mundo fue, por supuesto, Carmelo Ramírez. Que su partido siguiera apoyando indesmayablemente al PSOE en Madrid y en Canarias era lo de menos. Agitaron a Ramírez como la conciencia solidaria con los  saharauis para distraer, como quien agita un pañuelito, sobre la obvia decisión de seguir con los glúteos canaristas en el poder y en la mayoría del poder.

Cuando un político profesional se presta a eso – a utilizar lo más noble de su legado para opacar el cinismo supurante de su partido – ya tiene la senda despejada para muchas otras cosas. Incluso para intentar presentar a uno de los grandes grupos musicales de Canarias, autor de una excepcional obra desplegada durante décadas de amor incansable por nuestra herencia cultural y proyectada en una veintena de producciones discográficas en unos muertos de hambre que se dedican a asaltar las administraciones públicas para succionar pasta.  La extraordinaria desvergüenza que hay que reunir para atacar de este modo a Mestisay habla de una catadura moral difícil de encontrar incluso en el muladar político que sufrimos a diario. Ya los miembros del grupo han respondido puntualmente al supuesto trato de favor que han recibido desde las administraciones públicas y que, de hacer caso a los juegos de manos de Ramírez, les debiera haber convertido en millonarios. Cualquiera puede leerlo en la prensa en los últimos días. Cualquiera puede atestiguar que lo proferido por el consejero Ramírez, de profesión sus cooperaciones y solidaridades, tiene todo el sabor de una bajeza que no debería permitirse un cargo público con una mínimo respeto personal e institucional hacia la corporación a la que sirve.

El origen de esta diatriba ruin e injustificable, emitida con esa expresión de perpetuo dolor gastrointestinal que adorna el rostro patriota del señor Ramírez,  no es lo que ha cobrado Mestisay del Cabildo y de los ayuntamientos isleños en los últimos cinco, diez o veinte años, sino el posicionamiento político de los músicos contra el proyecto – ya desgraciadamente en ejecución – del Salto de Chira, una chifladura megalomaniaca, dañina y tecnológicamente anacrónica que amenaza el barranco de Arguineguín. Ese atrevimiento no podía quedar impune y como Antonio Morales es un genio napoleónico lo único que se le ocurre es quitarle conciertos y afirmar a continuación que se les ha pagado muchísimo dinero. Pronto nos enteraremos de que estos músicos beben ron importado, solo comen caviar gomero y disponen de agua caliente en sus casas. Es un escándalo y menos mal que contamos con Carmelo Ramírez para ponerse de puntillas y desenmarcararlos.       

 

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Relatos viborinos

Hace tres o cuatro días la Consejería de Transición Ecológica ordenó la paralización de las obras del proyecto turístico Cuna del Alma, medio millón de metros cuadrados en las inmediaciones del puertito de Adeje destinadas a villas de lujo, jardines babilónicos, tiendas muy postinudas y un hotel aproximadamente inaccesible para el 80% de los mortales. La decisión del departamento dirigido por José Antonio Valbuena supuso una conmoción en el Cabildo de Tenerife y en el ayuntamiento de Adeje, que no fueron advertidos previamente. Lo que terminó de enfurecer a Pedro Martín y a irritar a José Miguel Rodríguez Fraga  (la diferencia de la reacción se basa en el carácter y la madurez política) es la razón esgrimida por Transición Ecológica: las obras de la promotora amenazaban una población de la viborina triste, una flor que cuenta con la categoría de protección especial dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Por supuesto, ya en vigor el catálogo, se ha construido bastante en los alrededores e incluso encima mismo de viborinas sumamente tristes. Lo que se sostiene desde el Cabildo tinerfeño y el ayuntamiento adejero es que se trata de un pretexto para paralizar las obras. En ninguna de ambas corporaciones se creen que Valbuena no dijera nada a nadie. Al contrario: se rumorea que lo comunicó en el último consejo de gobierno y que nadie dijo nada. Tampoco Ángel Víctor Torres.

Los promotores llamaron – y no precisamente a Valbuena – para explicar que acatarían la congelación de las obras – cuando llegase la comunicación de Transición Ecológica – pero que todos los permisos e informes estaban en regla y que suponía una agresión contra su derecho a la seguridad jurídica que ahora, muchos meses después de finalizado el proceso administrativo,  se ve vulnerada. Por tanto, los inversores belgas están dispuestos a dialogar con las administraciones públicas y etcétera pero ya han cursado órdenes a sus bufetes – ese tipo de bufetes que cobran minutas estratosféricas solo por respirar a lo lejos el Acqua di Parma de sus abogados – para presentar las batallas judiciales que sean necesarias en defensa de lo que consideran sus derechos. Por supuesto, tanto las autoridades insulares y municipales como los socios canarios de los promotores dirigieran su indignación bien templada a la CEOE, y la patronal se apresuró a trompetear que así no puede ser porque se ahuyentaba la inversión de Tenerife y se abrirán las puertas del infierno y moriremos todos de hambre y de sed.

Finalmente están las redes sociales: satisfacción por la decisión de la Consejería de Transición Ecológica, alguna llamada a la cautela y mucha insistencia en que esta es una victoria del pueblo, de la presión popular, de la negativa de la mayoría social a esta nueva destrucción de nuestros espacios naturales a través de su obscena privatización. Gobierno chachi, cabildo chungo, ayuntamiento vomitivo. Algo así. Sin duda llevado por un escepticismo plomizo mi conclusión  provisional es  la siguiente:

La Consejería de Transición Ecológica, en efecto, ha decidido improvisar un argumento menor para paralizar las obras.  No por convicción político-ideológica, sino por imagen pública. Dentro de medio año se celebran elecciones. Valbuena –con la anuencia del Ejecutivo y, en particular, del presidente Torres – pretende escenificar una resistencia  medioambientalista. Si se puede estirar sin excesivos riesgos hasta mayo bien. Si no es que ganaron los malos y poderosos sobre un Gobierno honrado. ¿El límite? Que los promotores se lancen a degüello a exigir indemnizaciones y lucros cesantes. Justo antes que eso. Y por supuesto que es un nuevo maltrato al PSOE tinerfeño, esos mendicantes desarrollistas. ¿La presión popular? No ha tenido demasiado que ver. Ha sido el elemento amalgamador de un relato más cercano a la fantasía que a la realidad.   

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