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La atracción del abismo

Siempre se ha desconfiado de la política. Y especialmente de la política de aspiración democrática. La desconfianza hacia la política parlamentaria es tan antigua como el parlamentarismo mismo. Como escribió hace tiempo Hannath Arendt, todos nosotros (con una excepción parcial entre los políticos profesionales) albergamos prejuicios contra la política. “Pero estos prejuicios”, apunta Arendt, “no son juicios y lo que muestran es una situación a la que hemos ido a parar en la que, políticamente, no sabemos cómo movernos”. En cierto sentido la política siempre ha tenido algo de pesadilla, porque se interfieren en ella los proyectos de convivencia en común, invariablemente motivados en aspiraciones éticas y en promesas de redención, con las trapacerías de innumerables intereses personales y colectivos. La política, sí, es una pesadilla de la que se ansia despertar: conseguir que desaparezca la siempre sospechosa gestión de las relaciones entre dominantes y dominados, entre poderosos y débiles, entre élites y contribuyentes, a través de cualquier ocurrencia utópica: un gobierno mundial, el comunismo, un mercado libre de cualquier atadura administrativa, legal o reglamentaria. La política es una suerte de maldición. Una actividad desprestigiada por su mismo origen y sus condiciones de desarrollo. Un lugar connaturalmente sucio, la política. Puede que al hacer política no conviertas tu corazón en un inodoro, pero te ensuciarás las manos a diario. En la todavía recordada obra teatral de Sartre uno de los protagonistas, Hoederer, le reprocha irónicamente al horrorizado muchacho que no quiere emporcarse en el terrorismo revolucionario: “A ti te interesa mucho la pureza, ¿no? Bueno. La pureza es el ideal del faquir y del monje. No hacer nada, permanecer inmóvil, apretar los puños, llevar guantes. Yo tengo las manos sucias, hasta los codos. Las he hundido en el excremento y en la sangre. ¿Y qué? ¿Piensas que se puede gobernar limpiamente? (…) Tú no quieres a los hombres, tú sólo amas los principios”.

La triple crisis que nos arrastra actualmente (económica, social, institucional) ha acabado por adquirir una dimensión política, es decir, se han interconectado todas las zonas podridas del espacio público en un gigantesco aquelarre en el que llamean o son ya cenizas los referentes valorativos. De significar tantas cosas (y tan aceleradamente) todo esta a punto de convertirse en insignificante. Solo los sentimientos colectivos (la indignación, la cólera, la desesperación) gozan de buena salud expresiva. Lo demás se entiende como palabrería hueca que no vale, aporta ni clarifica nada. Los sólidos indicios y pruebas de corrupción de los principales dirigentes del partido en el poder (incluyendo al presidente del Gobierno) en los años noventa, gracias a los apuntes contables de un tesorero al que se descubre una cuenta multimillonaria en un banco suizo y que blanquea parte de la misma gracias a una amnistía fiscal diseñada por el Ministerio de Hacienda, ofrece un espectáculo de hundimiento wagneriano de todo un sistema político.

Lejos de pretender ocultar la extraordinaria  gravedad de la situación, cabe sospechar que las noticias son acogidas con tal premiosidad porque queremos, deseamos, anhelamos que todo se vaya al diablo de una vez: una reacción muy propia de los estados de desesperación y miedo. Un mecanismo similar al que explica el éxito de las películas apocalípticas: el placer de contemplar una catástrofe definitiva bajo cuyos cascotes desaparezca hasta la última brizna de porquería. Una deliciosa catarsis para el desahogo del fin de los tiempos. Es una fantasía. Termine como termine la crisis política – y en primer lugar la situación del Gobierno del PP, su presidente y el resto de los dirigentes del partido – no habrá un minuto siguiente limpio de pasado, un punto y final triunfal, un amanecer irreprochablemente dichoso. Para acabar con la corrupción política no bastaría con ahorcar a media docena de banqueros, imponer varias multas millonarias y cambiar la ley electoral. Es necesaria una mínima, modesta  reflexión: el sistema político y constitucional será una porquería cargado de defectos, pringues  e hipotecas, pero gracias a la prensa, los jueces y las investigaciones policiales sabemos lo de Bárcenas, lo de los sobres en la calle Génova, lo de Ana Mato y su exmarido y lo que saldrá en los próximos días y semanas. La corrupción política (y empresarial) es un terrible y agudo problema del país, y se menciona ya la italianización de España y la tangentópolis, pero quizás deba recordarse que el caso italiano comenzó con la investigación de unas obras públicas en Milán. Gracias a los documentos de los constructores quedó demostrado que deberían pagar una cuota parte a los tres principales partidos con influencia en la ciudad y en el gobierno nacional: la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PCI. Un 15%, un 10% y un 5%. Todavía no se ha visto nada similar en España.

La lucha contra la corrupción política y la imprescindible depuración de responsabilidades  es también una acción política, y lo seguiría siendo, incluso, si la situación no deriva, como demandan las voces más deliciosamente maximalistas, en un proceso constituyente y en la proclamación de la III República (la idolatrada república anterior no fue, precisamente, ni a izquierda ni a derechas, un ejemplo de higiene democrática e incorruptibilidad política, pero es inútil insistir en esto). Los propios militantes y cuadros del Partido Popular deberían ser los primeros interesados en la limpieza de su propia casa, por escasos que sean sus incentivos políticos y electorales para hacerlo: el riesgo de hundimiento y fragmentación de su organización, antes o después de los próximos comicios, no es precisamente bajo, y aumentará si los dirigentes bajo sospecha decretan cerrar filas, negarlo todo, barbotear insensateces en ruedas de prensa cerradas a preguntas.

Reclamar reformas legislativas (una ley de financiación de partidos políticos, una ley de transparencia que no sea el paripé que se arrastra actualmente por el Congreso de los Diputados, una reforma del código penal que endurezca las penas y responsabilice a los gestores de las organizaciones políticas y sindicales, un freno y marcha atrás en la planificada trituración del Consejo del Poder Judicial y de la judicatura en su conjunto) y exigir incansablemente explicaciones y responsabilidades por los casos abiertos de corrupción, incluida en su caso la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales es, contra lo que puede creerse, un programa político tremendamente pragmático y realista. Confiar en los acabóses depurativos y las auroras históricas, en cambio, deviene un esfuerzo no solo inútil, sino contraproducente, porque terminará aumentando la desafección no hacia el actual orden o desorden constitucional, sino hacia cualquier sistema político democrático. Hacia la política en general. Hacia la siempre sospechosa grandeza y servidumbre de gobernar ciudades, países o estados.

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Si no se está de acuerdo en algo, quizás sería conveniente decidir previamente qué es lo que entendemos por estar de acuerdo o no.  En una situación de emergencia política, económica y social como la que padecemos – y que en Canarias muestra rasgos catastróficos – la perpetuación de un modelo de debate público caracterizado por las posiciones excluyentes, la demonización del adversario, la sentimentalización de la política o las fulminantes terquedades ideológicas solo es útil para adornar una cacofonía interminable y perfectamente estéril. La imbecilidad consuetudinaria ha calado tan hondo que para muchos, a izquierda y derecha, estas taras patológicas son virtudes excelsas de sus respectivos discursos y motivaciones políticas. Desde cierto punto de vista, al menos puede imaginarse y exponerse argumentalmente una salida a este soleado guirigay: un modelo de debate alternativo basado en una perspectiva analítica y en el uso de las ciencias sociales.

Dos de los intelectuales del grupo Politikon (cuya web, www.politikon.es, debería ser de obligada lectura en este país de cabestros) han explicado esa alternativa en un artículo publicado recientemente en el diario El Mundo bajo el título Un debate político basado en la evidencia. Jorge San Miguel y Kilo Llaneras apuntan, más que justificadamente, que el debate político en España (sobre la vertebración institucional del Estado, la sanidad pública, las pensiones o la política de transportes: sobre cualquier cosa)  se ha planteado tradicionalmente desde enfoques “que priman la experiencia y la subjetividad del analista”, quien se expresa con frecuencia con una rotundidad “con la riqueza de datos ni con la fortaleza de argumentos que ofrecen”. “El panorama general de los medios”, sentencian San Miguel y Llaneras, “acaba dominado por un estilo de análisis impulsivo, basado en impresiones y juicios de valor, que a menudo se desplaza sin término medio de la obviedad a la pura especulación”. Los autores, por supuesto, no pretenden que el conocimiento empírico que ofrecen las ciencias sociales (teorías, modelos explicativos, correlación de datos) suplante el proceso democrático. El papel de las ciencias sociales sería “fijar las reglas para que el debate público, ayudar a distinguir los hechos objetivos de los que no lo son y, sobre todo, atribuir a cada argumento el valor que merece de acuerdo con la evidencia disponible”. Para los escépticos, Llaneras apunta que conceden a la expresión “evidencia” un significado preciso: sería sinónimo de prueba, conocimiento objetivo o hecho empírico que soporta una afirmación.

San Miguel y Llaneras se declaran “relativamente optimistas” porque creen que en el futuro este modelo de debate se abrirá camino en España. Respecto a Canarias resulta imposible mostrarse siquiera “relativamente” confiado en el porvenir. Y no solo por la calidad de nuestras élites políticas (perfectamente homologables a la del resto del Estado) sino por la debilidad de las ciencias sociales en el espacio público canario y la deficiente articulación y madurez de la sociedad civil del Archipiélago. Es imposible averigüar dónde están metidos nuestros economistas, sociólogos, polítólogos, juristas o psicólogos sociales. Quizás han alquilado entre todos un apartamento para enhebrar sus tesis doctorales y han perdido la llave de la puerta. Tal vez trabajen de tarotistas en los programas televisivos de madrugada. Misterio.

Sería muy interesante abordar, con datos objetivos y conocimiento empírico, y desde una perspectiva impecablemente analítica, varios de los mantras embrutecedores que emiten dirigentes y organizaciones políticas en Canarias. Por poner simplemente cuatro logomaquias infectas a modo de ejemplo:

1. La superpoblación que han sufrido las islas en los últimos quince años es la responsable de los altísimos niveles de desempleo y la creciente exclusión social que atraviesa el país. Es una falsedad estupenda porque, para detectarla, es imprescindible comprometerse con cierta posición contraintuitiva.

2. Únicamente bajando los impuestos y tasas, suprimiendo los controles públicos y dejando una vía expedita a la inversión privada local y foránea podrá crearse una riqueza que beneficiará a todos. Esta clamorosa chorrada también es un atrapamoscas muy bueno. En los últimos años se la embadurna con una gruesa capa de pintura antipolítico (los políticos, el mamoneo, el chiringuito, ya saben ustedes) y queda más apetecible todavía, aunque sea un discurso un tanto incoherente en una región en la que gracias a la RIC se ha posibilitado una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de hasta un 90% del beneficio no distribuido y donde los alcaldes de los municipios turísticos han repartido (a veces con la correspondiente comisión) licencias de construcción de hoteles de muy dudosa legalidad a porrillo.

3. Gracias a la independencia política, y una vez constituidos como Estado con su bandera, su himno y su canesú, seríamos más libres, seríamos más ricos, seríamos más dignos y seríamos más altos, por no nombrar la mejoría instantánea de nuestros músculos abdominales.  Bueno. Lo que usted diga.

4. Canarias es en realidad una dictadura bananera donde las libertades políticas son una farsa, una oligarquía furiosa de docena y medias de familia somete a la indigencia y al analfabetismo a la inmensa mayoría y una oprobiosa ley electoral impide el triunfo de la Verdadera Izquierda y contribuye al mantenimiento de un régimen putrefacto. Sinceramente también es imprescindible un fuerte compromiso contraintuitivo para no suscribir este cúmulo de (digamos) inexactitudes que tanto disfrute moral proporciona a sus jaleadores.

Podríamos empezar por la contradicción de estas cuatro verdades reveladas, sometiéndolas a la exigencia crítica de la evidencia fáctica y el conocimiento social disponible en cada caso, y luego seguir esta controversia asfixiante que es Canarias y conseguir, algún día, que soportar este país no sea un patético acto de fé ambulante entre el paro, el mito lacrimógeno y los carnavales.

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Regresar al reformismo

Cuando en el futuro se construya un relato histórico de la crisis de principios del siglo XXI, desde un punto de vista político, económico y presupuestario, el año 2013 constituirá un punto de inflexión decisivo. A partir de entonces podrá comprobarse que la crisis – en toda su compleja dimensión fiscal y crediticia, nacional y continental – no se limitó a producir dolorosos costes sociales. La crisis está transformando socialmente el país – entienda usted aquí España o Canarias – y Europa parece decida a pisotear y enterrar el proyecto social y cultural que concedía la más sólida base de legitimidad de las instituciones y políticas comunitarias desde Berlín hasta Lisboa. Entre otros hitos esa transformación social pasa por el desmantelamiento del Estado de Bienestar – no por reformas que racionalicen su operatividad y garanticen su supervivencia – la tolerancia de una alta tasa de desempleo estructural, la fragmentación de las clases medias, la privatización y/o monetarización de servicios públicos, sin excluir la administración de justicia, la salvaguardia de los intereses financieros, la satanización o criminalización de la disidencia y, al menos en España, una regresión cultural hacia valores conservadores en lo religioso y lo moral con el apoyo manifiesto o implícito del Estado en el ámbito de lo público. Las izquierdas parecen incapaces de reaccionar o, mejor dicho, se limitan a reaccionar, sin poder ofrecer un diagnóstico propio y un conjunto de propuestas priorizadas, coherentes y viables: un programa político. Un programa político que consiga transformar la realidad y evitar un capitalismo indomesticable, para lo que es condición indispensable conocerla, registrarla, metabolizarla. Es decir, un programa político radicalmente reformista. El programa político propio de una socialdemocracia que – en expresión de Ludolfo Paramio – es actualmente una socialdemocracia maniatada.

Existen otras izquierdas. Las izquierdas celestiales. Izquierdas e izquierdistas que piden al mismo tiempo salir del euro y establecer una renta básica universal, no pagar la deuda pública e iniciar un programa de inversiones en obra civil, ganar las elecciones y ciscarse en el sistema político-electoral, ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados y salir a la calle para unirse a manifestantes que gritan no nos representan. Las izquierdas que agitan un papelito –sin una gramo de análisis económico – en el que se afirma que se podrían recaudar fiscalmente 60.000 millones de euros más pero que olvida que la deuda pública y privada suman más de un billón de euros en este país y que se encuentran, en buena parte, interrelacionadas, las izquierdas que prometen el pleno empleo pero para lo que lo mejor sería regresar a la legislación laboral de 1982. Una combinación letárgica entre populismo, radicalismo y viejas fórmulas de la socialdemocracia de entreguerras. “Que la realidad”, dice el viejo adagio periodístico, “no me estropee un buen titular”. “Que la realidad”, podrían remedar las izquierdas celestiales, “no me estropee una buena revolucioncita, pero sin hacer pupa a nadie”.  Ahora lo mas florido –y se hace mucho desde el cielo de la izquierda redentora — es equiparar el PP y el PSOE. José Luís Rodríguez Zapatero llegó al poder con un proyecto incompleto, bastante oportunista y no suficientemente meditado, pero bastaría con recordar la ley de Dependencia, el matrimonio homosexual, los avances políticos y legislativos a favor de la mujer, el incremento de las becas o el aumento de los presupuestos  públicos de I+D+I para comprender que incluso un socialdemócrata tan moderado, mercadotécnico y errático como Rodríguez Zapatero presenta diferencias apreciables con la derecha española.

Una parte fundamental del nuevo reformismo socialdemócrata está relacionado necesariamente con el presente y el futuro del proyecto de la Unión Europea. En un libro reciente y muy interesante, La crisis de la socialdemocracia, Ignacio Urquizu plantea que la cesión de soberanía nacional a la UE se ha traducido en una desdemocratización  de la vida política española, francesa, italiana, etcétera. Las restricciones a la capacidad de los gobiernos democráticos nacionales – su cada vez más limitado margen de maniobra – no han tenido como contrapartida en la capacidad de los ciudadanos europeos de influir en las instituciones supranacionales. Solo desde Europa se pueden implementar un ambicioso programa de reformas socialdemócratas – desde una fiscalidad común hasta planes de inversiones que actúen como estímulo económico– que ahora están vetadas a los gobiernos nacionales. Desde este punto de vista la Unión Europea es el principal teatro para la revitalización de la izquierda reformista, subsanando los errores de concepción de la arquitectura político-institucional europea y rompiendo la hegemonía ideológica cultural del neoconservadurismo: el Banco Central Europeo no puede seguir teniendo como único objetivo, por ejemplo, el control obsesivo por la inflación. En el ámbito de un capitalismo globalizado solo cabe responder con eficacia democrática y verdadera capacidad de reforma desde una unidad política supranacional.

Esto no quiere decir – desde luego, el profesor Urquizu no lo dice – que fuera de Bruselas y Estrasburgo no se pueda hacer nada. En realidad está todo por hacer. Desde la reforma de los partidos socialdemócratas –rompiendo la oligarquización enquistada y renovando los sistemas de selección de élites dirigentes y candidatos – hasta propuestas concretas en materia económica, laboral y fiscal. ¿Por qué el Estado de Bienestar solo puede financiarse a través de  aportaciones de los trabajadores y no complementariamente con impuestos específicos? En la alta tasa de desempleo que soporta España (no se diga Canarias) incluso en ciclos de crecimiento sostenido, ¿no ha incidido en absoluto una legislación laboral que dualiza terriblemente el mercado de trabajo? ¿El contrato único es realmente una pesadilla de derechas o una oportunidad? ¿La denominada mochila austriaca no podría ser un complemento de una pensión de jubilación pública? ¿Por qué la izquierda se ha dejado secuestrar por la derecha las virtudes del mérito y del esfuerzo, cuando la izquierda siempre amó en el pasado –quizás un poco exageradamente, es cierto – la meritocracia? En su libro, el profesor Urquizu establece tres fases en la evolución de la socialdemocracia: reformismo, remedialismo y resignación. Se trata, precisamente de, adaptándose a los imperativos de una  realidad mucho más compleja y dinámica, que la que vivió el viejo Bernstein, de romper esa resignación de gestores de buena voluntad y resultados indiscernibles de la derecha y volver a la senda reformista.

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El cubículo

      

En homenaje vampírico a Thomas Disch

 

Me imagino que podría considerarse terrible. Bueno, objetivamente lo es. Me parece terrible. Les contaré con la mayor precisión lo que hay por aquí. Se trata de un cubículo relativamente amplio que permanece iluminado unas 18 horas diarias, aunque he sido incapaz (para variar) de encontrar las fuentes de luz. Ni un foco, ni una bombilla, nada de nada. Una cama – que se integra en la pared automáticamente cuando no está ocupada – un sillón bastante cómodo y una mesa donde descansa, es un decir, el ordenador. Un ordenador sencillito, ya tiene sus años, no recuerdo otro.  No es distinguible ninguna puerta en las paredes de la habitación, no se diga una ventana. ¿Qué hago aquí encerrado? Pues, naturalmente, escribo. Escribo lo que están leyendo. Porque supongo – de eso se trata – que alguien está leyendo esto. Escribo básicamente artículos de opinión, como cualquier lector, si existe un lector, puede atestiguar. Admito que es raro escribir en esta situación artículos de opinión: quizás sea un paradójico efecto del encierro. Podría escribir poemas épicos, novelas costumbristas, sonetos al itálico modo, teatro del absurdo, guiones de televisión (me hubiera encantado ser guionista de La Revoltosa, por ejemplo), greguerías, romances, cuentos góticos, y para ser sincero, también los he escrito, pero sobre todo me dedico a escribir artículos de opinión. Hace muchos años, he perdido la cuenta. El único espejo que tengo es el muy imperfecto de la pantalla misma del ordenador, y aun así, basta para atestiguar que estoy envejeciendo.

A veces me indigno cuando leo lo que ocurre en el mundo a través de Internet. Me indigno hasta el frenesí. Hace años, en tales ocasiones, escribía inmediatamente una columna; ahora, con el pasar del tiempo, me limito a esperar hasta tranquilizarme y levanto indignado los puños frente a la pantalla del ordenador. Con el tiempo mi irritación se ha convertido casi en un animal de compañía. No sé si me entienden. Como esa gente que, según leo, domestican un pequeño tigre o una coqueta cría de cocodrilo y se la llevan a su casa. Se muestran muy cariñosas hasta que un día te muerden una mano y te quitan un par de dedos. Más o menos eso suele terminar siendo la indignación para un columnista. Admito que tiene poco que ver con el noble sentimiento que lleva a los pibes y pibas a manifestarse en la calle y ser ocasional –aunque cada vez más extendida y sistemáticamente –apaleados por la policía. La policía siempre es goethiana y prefiere la injusticia al desorden, la nómina al paro, el palo a la zanahoria. Aunque no les sirva para nada – aunque las protestas quizás sirvan realmente para muy poco – los pibes y pibas tienen toda mi simpatía.

A veces me temo que cualquier inclinación empática es inútil, ridícula, insignificante. Y eso me lleva, por supuesto, y como siempre, al problema principal: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué sentido tiene este cubo luminoso, este maldito sillón, el renqueante ordenador que no termina de averiarse y, sobre todo, muy especialmente, esta sarta interminable de palabras, esta baba verbal como voy dejando como un caracol por una pared donde nadie se apoya? ¿Qué maldita utilidad tiene? ¿Formo parte de un experimento científico? ¿Está leyendo esto año tras año, no sé, un equipo científico multidisciplinar, un montón de gafudos con bata, financiados con fondos del Cabildo de La Gomera, para estudiar las condiciones de un ser humano sometido a cautividad e infectado de grafomanía? ¿Y les importa un pito que siga aquí, garrapateando gilipolleces por toda la eternidad? Gente sin entrañas, como un ministro de economía o el presidente de una caja de ahorros o el policía que le salta el ojo a una señora, o el juez que mantiene enchironado a Alfonso Fernández desde el 14 de noviembre por sus santas gónadas.  ¿Y si se trata de un experimento militar? ¿Una base secreta de la OTAN en El Monturrio, por ejemplo? ¿O una nueva reformulación laboral del capitalismo financiero? Tengo que consultar el blog de Alberto Garzón para constatar si ha escrito algo al respecto. Pero lo dudo.

Es imposible saberlo. A veces he escrito mensajes encriptados para intentar conmover el corazón, civil o militar, de los hipotéticos carceleros, pero sin ninguna respuesta. Absolutamente ninguna. Como si no fuera con ellos. Tal vez entre en sus protocolos una conducta levantisca. No me extrañaría. Piensan en todo. No son como nosotros. Quiero decir, como ustedes. Siempre que ustedes estén ahí, leyendo. Es la más antigua de las suposiciones, ya les digo, y a la vez, la más improbable. Por otra parte, si ustedes están ahí, leyendo todo esto, y no ocurre absolutamente nada. ¿qué más da? Y eso me arrastra, inevitablemente, a mi última hipótesis. La que termino por suscribir cuando estoy cansado y ya no se me ocurren poemas épicos, sonetos al itálico modo, greguerías ni artículos de opinión.

Ustedes están ahí, por supuesto, y no es imposible, incluso, que puedan verme: la tecnologías de la información han avanzado tanto, según leo en Internet. Ahí están ustedes: taxistas, médicos, estudiantes, gente de orden, militantes del Partido Comunista de los Pueblos de España, socialdemócratas hastiados, abogaduchos, desempleados de larga duración, estudiantes de Económicas, perroflautas, celiacos, miembros de murgas y rondallas, editorialistas de El Día, admiradores de Hugo Chávez, votantes de Isaac Valencia, peatones de la historia y empresarios que metieron millones en la RIC. Y leen lo que yo escribo no en un periódico, porque probablemente ya han desaparecido todos los periódicos impresos por allá fuera, sino en una gigantesca pantalla de ordenador, y cuando les hace gracia se ríen de buen grado, y cuando se siente agredidos se asquean ante semejante botarate, y cuando me vacilo de alguna creencia muy íntima, ustedes disculpen, el Papa, la verdadera izquierda, el interés general de los gobiernos de Mariano Rajoy, el nacionalismo, cualquier intrascendencia de ese jaez, sentencian el verdadero color de mi alma miserable. Pero, sobre todo, los imagino cuando se aburren, leen las primeras líneas, atisban el siguiente párrafo, bostezan, siguen con sus ocupaciones y se marchan rápida o lentamente, no lo sé. Porque ni lo sé ni me afecta. Yo sigo aquí, en el cubo siempre luminoso, con el ordenador perpetuamente encendido, encandenando palabras que me encadenan un día tras otro, aprendiendo que las palabras son las únicas que ocultan lo que las palabras dicen. Escribiendo. Solo escucho el sonido tenue de mis dedos sobre el teclado: una sinfonía de brevísimos gruñidos, delicada y brutal. Sí, podría decirse, en cierto sentido, que resulta terrible, verdaderamente terrible, pero eso es falso. Lo terrible de verdad sería que, después de todos estos años, se abriese una puerta y alguien, cordial y sonriente, me dijera:

–Buenos días, señor González. Puede usted dejar de escribir. Puede usted irse. Es libre.

Eso sí sería verdaderamente terrible.

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Esta democracia no aguanta tres años más

La imagen perfecta que simboliza este precipicio en el que caemos incesantemente es ese concurso convocado por comerciantes de Santa Cruz de La Palma y patrocinado por el Cabildo Insular, en el que el premio es un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo indefinido, si bien esta última expresión resulta un poco confusa: gracias a la reforma laboral del Gobierno del PP los contratos indefinidos son tan indefinidos…Ya en los Manuscritos de economía y filosofía explicó Marx que el trabajo no era otra cosa, para el régimen del capitalismo industrial, que una mercancía que vendía el obrero: su fuerza de trabajo. Los comerciantes de Santa Cruz de La Palma son, por lo tanto, marxistas, profundamente marxistas, como marxista debe ser la presidenta Guadalupe González Taño, a medio camino entre un marquesote y una Rosa Luxemburgo. El regreso del trabajo como mercancía (exactamente igual que una nevera, un televisor o un jamón de bellota) es un ligero pero valioso síntoma epocal, una modesta clave de la degeneración de la cultura democrática y la consciencia cívica del país, cuya salud, si somos sinceros, no ha sido muy robusta nunca.

En apenas un año de Gobierno – ahora a punto de cumplirse – Mariano Rajoy y su equipo ministerial se las han arreglado estupendamente para destartalar la cultura democrática del país y las condiciones políticas, institucionales, jurídicas y económicas de las que se nutre y por las que puede testarse la salud de los derechos y libertades de un sistema político. No ha sido necesario colocar en el poder Ejecutivo a un falso tecnócrata a la italiana: el líder del PP esta dispuesto a cumplir escrupulosamente los compromisos económicos y fiscales con la Unión Europea. Por supuesto, el ajuste fiscal está destinado al fracaso. Ni este año ni el próximo conseguirá el Estado español los objetivos porcentuales de déficit público por una razón básica: porque es imposible. No puede someterse a una economía a semejante esfuerzo fiscal sin agudizar todavía más la crisis económica: los efectos contractivos  del ajuste se proyectan inmediatamente en la caída de la demanda interna, lo que lleva a la paralización de la actividad económica. En España más de un 90% del ajuste fiscal descansa en recortes de gasto e inversión. El aumento de ingresos, a través de una actitud más diligente de los inspectores de Hacienda y de cambios normativos que afecten a grandes patrimonios y empresas, ha quedado cuidadosamente descartado. Un ajuste vía ingresos castiga a los perceptores de rentas y a los consumidores, mientras que un ajuste como el diseñado y ejecutado – con un trazo técnico a menudo chapucero –por el Partido Popular penaliza a los empleados y a los beneficiarios de las prestaciones y servicios ofrecidos por el Estado. La llamada consolidación fiscal, con el objetivo último de una sempiterna estabilidad presupuestaria,  tiene, por lo tanto, una dimensión distributiva que masacra a las rentas del trabajo y se ceba con la mayoría social. Y esta masacre no tiene horizonte para finalizar. Cinco millones de desempleados (casi 300.000 en Canarias) lo certifican.  Tanto el FMI como el Banco Mundial no prevén un crecimiento del PIB español por encima del 2% (justo el suficiente para comentar a generar empleo neto) hasta el año 2018. ¿Puede soportar un país cifras de cinco o seis millones de parados durante otros cinco años? ¿Qué ocurrirá cuando más de la mitad de los desempleados – quizás tres millones de personas a principios de 2014 — carezcan de cualquier subsidio?

Mientras se recorta una y otra vez el gasto y se penaliza la inversión desde el Estado se obvia cualquier reflexión sobre el modelo de crecimiento económico sobre el que deberían proyectar las potencialidades del país para comenzar a crecer, pagar deudas, arrojar beneficios y crear empleo. Solo se escuchan loas disparatadas sobre el excelente comportamiento de las exportaciones españolas, como si las ventas de naranjas, aceite de oliva y fregonas pudieran sostener la economía de un país que ha visto abandonada su industria tradicional en los años ochenta y noventa y no ha podido incardinarse en la economía de la información y el conocimiento: el espacio dificultosamente recorrido en los últimos veinte años (con resultados notables en biotecnología, por ejemplo) ha sido devastado por la acelerada supresión de la muy modesta inversión en investigación y desarrollo, el raquitismo sobrevenido de los centros universitarios y científicos, la extirpación de las becas de investigación. Es repulsivo que se siga difundiendo la expectativa de un regreso colectivo a la situación socioeconómica de 2006. Este viaje no tiene regreso. No hay casilla de partida a la que retroceder. Esto no es una crisis económica intensa pero coyuntural, sino una mutación política, económica y social que pauperizará, segmentará y adelgazará a las clases medias y creará un nuevo y amplio lumpenproletariado entre los trabajadores más humildes. Y que como colofón gestará una democracia jibarizada y minimalista que flotará como nata agria sobre un tejido social que no facilitará, sino que dificultará estructuralmente la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.

La democracia no es únicamente un mercado electoral y un conjunto de derechos como el de expresión, reunión y asociación. La democracia es, precisamente, un régimen proactivo a favor de la igualdad de oportunidades, y su principal instrumento para alcanzar este objetivo ha sido el Estado de Bienestar.  Uno de los grandes pensadores políticos actuales, Adam Przeworski, ha establecido tres condiciones que se han de cumplir para que pueda admitirse la ciudadanía  sea efectiva en un Estado democrático: 1) Los gobiernos y sus funcionarios deben estar de acuerdo a la Constitución y a las leyes, 2) la efectiva regulación del Estado en las relaciones privadas que garantice la neutralización de los conflictos, y 3) el ejercicio real de los derechos de los ciudadanos debe de contar con el requisito previo de la existencia de condiciones económicas y sociales mínimas. En España, y en otros países europeos como Italia, Portugal o Grecia, los dos últimos requisitos de esta definición de ciudadanía democrática están, al menos, en cuarentena.

La exigencia de la destrucción del Estado de Bienestar – no de su reforma — puede proceder de las políticas financieras y económicas decididas en Bruselas, pero en su concreto modelo de desmantelamiento interviene la agenda conservadora del PP: es una ocasión espléndida para la privatización de la sanidad pública, por ejemplo, por el jugoso negocio que promete. La transformación de las políticas sociales en un asistencialismo minúsculo con más relación con la caridad que con los derechos ciudadanos también conspira activamente contra la democracia y su cultura política. Y simultáneamente a la voladura controlada pero imparable de los tres pilares del Estado de Bienestar (educación, sanidad y dependencia) el Gobierno de Mariano Rajoy ha quebrantado la tutela judicial efectiva convirtiendo la justicia en un supermercado donde solo podrán comprar el derecho a litigar o a defenderse los que puedan pagárselo, introduciendo al efecto unas tasas abusivas y miserables. Los principios democráticos se diluyen en una estrategia de hechos consumados y son sustituidos por las virtudes teologales: en el poder político que sabe lo que hace y me conviene, esperanza en que un día las cosas mejoren y caridad para los que caen a millares diariamente en la pobreza y la exclusión social. El concepto de ciudadanía se evapora: la participación en la actividad política consiste en refrendar lo único que puede hacerse y los derechos cívicos (a la salud, a la educación, a una jubilación digna) son crecientemente mercantilizados.

Para todo esto ha bastado un año. Solamente un año. Sinceramente, no creo que la democracia pueda sobrevivir tres años más bajo semejante ritmo de reformas.

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