Me pagan por esto

El debate sobre el sistema público de pensiones

Ante el dictamen del llamado comité de sabios y su informe sobre la reforma del sistema público de pensiones pueden encontrar ustedes dos bandos en liza. Más o menos los de siempre. Los que quieren liquidar el sistema público – el otro día en Expansión uno de esos talentos genealoides explicaba que el Estado de Bienestar era un invento de los políticos para mantener esclavizada a la población – y los que insisten, con una testarudez digna de la mejor causa, que no hay que tocar nada, en todo caso, aumentar el gasto público en pensiones, pero sin afectar al mecanismo del sistema. Sobre los primeros poco hay que decir. Lo pretendan o no contribuyen intelectualmente a introducir, como un caballo de Troya ideológico en una plaza asfixiada, una agenda involucionista que incluye, entre otras lindezas, la privatización del sistema de pensiones a medio plazo. Los segundos son inasequibles al desaliento. ¿Qué no hay dinero? ¿Sostenibilidad del sistema, dice usted? Y sacan a relucir que la mayoría de las empresas del IBEX 35 no pagan los impuestos que les corresponderían, y de esta bizarra manera, zanjan pachorrudamente la discusión.
La reforma del sistema público de pensionas, el establecimiento de mecanismos que garanticen su viabilidad, ha devenido imprescindible. En España –frente a lo que ocurre en otros países de la UE – se basa exclusivamente en un sistema de reparto intergeneracional. Los ingresos por las cotizaciones que recibe el Estado de trabajadores y empresas se dividen entre los pensionistas; a cambio, los trabajadores cuentan con la promesa explícita de que, al llegar a la edad de jubilación, recibirán el mismo trato por las generaciones posteriores. Como cabe imaginar que se produzcan años de vacas flacas – crisis económica, alto nivel de desempleo – el Estado dispone de un fondo de reserva para afrontar coyunturas recaudatorias adversas: así se financian los déficit de los años malos. Sin embargo, la intensidad y duración de la recesión económica (cinco años y 61 meses seguidos de caída de la afiliación), la incorporación de un contingente de varios millones de personas entre 2020 y 2030 (la generación del baby boom)  y la extensión de la esperanza de vida pondrá en jaque la sostenibilidad financiera del sistema público en la tercera década del siglo. Es absurdo cerrar los ojos a una realidad económica –y sobre todo demográfica – brutalmente evidente. La destrucción del mercado de trabajo ha realizado la tarea que el crecimiento demográfico iba a hacer a mediados del siglo XXI. El llamado factor de sostenibilidad propuesto por el comité de sabios (que ya se reclamaba en la reforma de las pensiones de 2011) es un mecanismo  de equilibrio financiero que ajusta los parámetros fundamentales del sistema según la evolución de un conjunto de variables exógenas y endógenas al régimen de pensiones. Sus reglas deben ser públicas y explícitas. La información al ciudadano, a su vez, estaría obligatoriamente sujeta a la máxima transparencia. En Suecia, por ejemplo, cada ciudadano recibe anualmente un informe de la Seguridad Social que detalla con precisión sus opciones e incentivos como futuro pensionista bajo escenarios diversos. La fórmula matemática que expresa el factor de sostenibilidad es compleja, lo que ha llevado a algunos bernegales a indignadas quejas, como si las matemáticas fueran un perverso arsenal del enemigo de clase. Pero muy resumidamente, el factor propuesto resulta de partir de la tasa de crecimiento previsible de las cotizaciones para restarle la tasa de crecimiento del número de pensiones y el incremento de la pensión media por las diferencias entre las altas y las bajas del sistema. Por último, a esto se le suma la existencia del superávit o déficit derivados de los ingresos. Como corolario, si existe superávit – la actividad económica va bien – las pensiones se revalorizan, si se produce déficit, las pensiones disminuyen (el déficit previsto de la Seguridad Social se situará en unos 16.000 millones de euros en el año 2013 según estimaciones del Gobierno).
Necesariamente esto no debe trasladarse con precisión milimétrica a lo que recibe cada pensionista. Admitir la perentoria necesidad de un factor de sostenibilidad riguroso no significa tolerar recortes de pensiones indefinidos. Como señalan muchos economistas, las pensiones de jubilación no tienen por qué ser la única partida del gasto público que se financie íntegramente mediante el “copago” de los trabajadores en activo. Dentro de la reforma de las pensiones – y condicionado, por ejemplo, a un crecimiento del PIB superior al 2% anual – podría introducirse un esquema mixto basado en un 80% de los ingresos contributivos y otro 20% procedente de una contribución social generalizada vinculada a la riqueza del conjunto de la sociedad, como ha propuesto, por ejemplo, Jordi Sevilla. Esta medida tiene el atractivo para las empresas de contribuir a un descenso significativo de los costes laborales no salariales. El 20% aportado por este impuesto – que se acumularía en uno o varios fondos de capitalización públicos — serviría de complemento relevante para el mantenimiento de unas pensiones públicas dignas y al mismo tiempo se convertiría en un estímulo para la competitividad empresarial. Esta medida, por último, puede ser aplicada parcialmente de inmediato para mantener la cuantía de las pensiones en los próximos años.
En todo caso, el debate sobre el futuro de las pensiones públicas se abre realmente ahora, cuando, por primera vez, son admitidos racionalmente los problemas de la sostenibilidad del sistema a medio plazo. Es un debate que debe contar con sensibilidad política, pero, también, con respeto a las evidencias y sin despreciar garrulamente la complejidad técnica de cualquier proyecto reformista en esta materia. O las ingenuidades pueriles, como las que pudieron observarse cuando se hizo público que Canarias, junto a Madrid y Baleares, fue la única comunidad autónoma que pagó las pensiones de los ciudadanos con sus propios recursos en el año 2011. Ciertamente: de hecho se registró un superávit modesto que contribuyó a la caja única de la Seguridad Social. Los que entonces bramaron de emoción patriótica no repararon, sin embargo, en que si la Comunidad autonómica podía pagar los emolumentos a sus pensionistas es porque en Canarias las pensiones son singularmente miserables: un consecuencia de las patologías de su mercado laboral (un 10% de desempleados como mejor marca histórica en 2006), de las irregularidades en la contratación y en el brutal predominio de los contratos temporales tanto en la construcción como en el turismo.

 

Publicado el por Alfonso González Jerez en Me pagan por esto ¿Qué opinas?

Necesidad y límites de la reforma electoral

Desde hace un par de años en España es un hervor de propuestas de reforma electoral. Frente a lo que el Gobierno del PP llama cómicamente reformas estructurales (básicamente recortes presupuestarios, liliputización de derechos sociales y abaratamiento del despido) se agita desde la sociedad civil y las fuerzas de izquierda minoritarias una agenda de reformas políticas entre las cuales los cambios en la normativa electoral parecen gozar de singular predicamento. En Canarias este interés ha reforzado una ya vieja y muy razonable reivindicación sobre el sistema parlamentario autonómico. Desde que la reforma electoral de 1996 –perpetrada al socaire de la reforma del Estatuto de Autonomía — elevó los topes porcentuales a nivel regional e insular (del 3% al 6% en el primer caso y del 20% al 30% en el segundo) las quejas y denuncias han sido constantes. La reforma de 1996 fue pactada entre Coalición Canaria y el Partido Popular, mientras el PSOE se abstuvo. El objetivo pretextado fue entonces conferir más estabilidad al sistema y evitar un parlamento excesivamente fragmentado (la primera cámara regional, elegida en 1983, llegó a tener siete fuerzas políticas representadas en sesenta escaños); la meta real, privilegiar a los tres principales partidos del archipiélago. Cabe recordar que en 2007, por ejemplo, el PIL obtuvo en Lanzarote el 22,3% de los sufragios y no consiguió representación alguna y Nueva Canarias cosechó en Gran Canaria el 11,83% y quedó fuera del Parlamento, mientras que CC, con la mitad de los votos, obtenía, gracias a superar el 6% insular, un escaño en dicha circunscripción. En 2011 la coalición electoral nucleada alrededor de NC y Socialistas X Tenerife, con el concurso del PIL, consiguió tres diputados.
El sistema electoral canario es complejo: se asienta en la denominada triple paridad, discutible y discutida cuadratura del círculo que los responsables del Estatuto de Autonomía encontraron para evitar las tensiones entre Gran Canaria y Tenerife, por un lado, y las islas capitalinas y las que no lo son, por otro. Coyunturalmente resulta difícil juzgarla como una norma pésima si uno se resigna a operar con criterios de realismo políticos y recuerda las circunstancias de principios de los ochenta, la principal de las cuales era, simplemente, que Canarias no era un proyecto político regional: tanto el patrón organizativo de los partidos y coaliciones como los liderazgos políticos respondían a una realidad irreductiblemente insular. La triple paridad reclamaba inevitablemente una doble barrera electoral, regional e insular. No se trata de un engranaje disparatado en absoluto ni una explosión de irracionalidad corsaria de los responsables del Estatuto autonómico. Se repite desde entonces que el 17% de la población – los ciudadanos que viven en las islas menores – eligen al 50% de los diputados. Pero es que se trataba precisamente de eso: de conceder a las islas menores una sobrerrepresentación que tenía por objeto potenciar su papel político – y no su tradicional vasallaje  a Tenerife y Gran Canaria—en un proyecto institucional aceptado, compartido y defendido por todos. Imaginar en los primeros años ochenta a socialistas, insularistas y conservadores dibujando un sistema electoral en su exclusivo beneficio en el siglo XXI  – cuando los primeros estaban seguros de su eternidad en el poder, los segundos ni soñaban con articular una fuerza nacionalista y los terceros eran todavía Alianza Popular: un parque de recreo semifranquista – es disponer de una fantasía política demasiado viva.
La triple paridad – con más fuerza aun que los topes porcentuales – ha devenido realmente el status quo inviolable en el sistema electoral canario. La sobrerrepresentación de las islas menores (ya se sabe: un escaño cuesta en El Hierro unas 1.500 papeletas frente a las 20.000 aproximadamente en Gran Canaria y Tenerife) no será finiquitada fácilmente. Concebir una lista regional complementaria de diez diputados, por ejemplo, sería una opción alternativa razonable, relativizaría la sobrerrepresentación de las islas periféricas y estimularía una cultura político-electoral regional. Regresar a los topes electorales anteriores a 1996 – o incluso, como propuso en su día el exdiputado y profesor de Derecho Constitucional Santiago Pérez, reducir el tope insular todavía más, hasta al 5%, como ocurre con las elecciones a cabildos insulares – aumentaría la eficacia representativa del Parlamento canario y el pluralismo de la Cámara. Pero convendría hacer algunas matizaciones a propósito de asombrosas fantasías, comentarios disparatados y excomuniones normativas que se han escuchado en los próximos meses.
a) Ningún sistema electoral es perfecto y consigue el milagro de trasladar todas las sensibilidades y opciones políticas al espacio representativo. Ninguno. Dicho de otra forma: siempre existe un porcentaje de votos que van directamente a la papelera, es decir, que no obtienen representación. En los comicios autonómicos de 2011 esos votos, en Canarias, sumaron poco más de un 8%, y ese porcentaje es perfectamente asimilable al de otros sistemas electorales en democracias representativas. La democracia representativa es un procedimiento de participación polítca insustituible pero, al mismo tiempo, y si uno de toma la suficiente distancia, votar es un método de selección de preferencias bastante imperfecto.
b) Existen simulaciones electorales. Regresando a los topes anteriores a 1996, y sobre los resultados de los tres grandes partidos de la Cámara regional en 2011, siguen teniendo una amplia mayoría: entorno a los cincuenta escaños. Ciertamente NC duplica sus diputados (en solitario) o Izquierda Unida podría obtener representación (uno o dos escaños) al igual que el CCN (un escaño). No se produce ningún vuelco espectacular, incluso si el tope electoral insular se reduce al 5%. ¿Por qué NC podría crecer más si es una fuerza de ámbito reducido, en la práctica, a la isla de Gran Canaria? ¿Cómo podría sobrepasar IU los dos escaños si apenas tiene incardinación municipal?
c) Llegar a afirmar, como ha hecho el dirigente de IU en Canarias, Ramón Trujillo, que en el Archipiélago “no existe democracia representativa” es una aseveración ligeramente demencial que no resiste someterla a la realidad política de Canarias y, por enésima vez  — y sin negar la imperiosa necesidad de una reforma electoral en esta Comunidad autonómica –funciona como una excusa magnífica para explicar unos resultados electorales penosos que, en la última década, no permitirían a IU obtener representación ni con un 5% de tope en las circunscripciones insulares y eliminando cualquier barrera regional.
d) Es decepcionante la indiferencia que, frente a la reforma electoral, tan apetitosa, se muestra sobre el control y la exigencia de los ciudadanos sobre sus representados. Votar, se vota cuatro años, hacer política, se hace a diario. Es más cómodo lo primero que exigir (a través de entrevistas, cartas, militancia partidista, sindical o cívica, manifestaciones e impulso a nuevas formas de participación) que los políticos elegidos consideren los interese de sus electores y no actúen como marionetas de las oligarquías de sus respectivos partidos. La reforma electoral resulta imprescindible en Canarias, pero en Canarias, como en el resto de las democracias parlamentarias, es igual de urgente conseguir que los representantes se sientan concernidos durante su mandato por los representados.

 

Publicado el por Alfonso González Jerez en Me pagan por esto ¿Qué opinas?

Entrevista a don José María Aznar

El ex-presidente don José María Aznar nos recibe en su gimnasio privado, en su domicilio madrileño, precisamente en el momento de terminar las 5.000 flexiones diarioas con las que esculpe el paquete de músculos abdominales que es la envidia de sus compañeros de News Corporation y, simultánea y paradójicamente, de la izquierda española. Al menos esa es la convicción íntima del presidente de honor del PP.

–No lo toleran. No soportan que un líder de la derecha española tenga unos abdominales de acero. Yo modernicé a la derecha en España. Antes estábamos contra el aborto, rechazábamos la separación de la Iglesia y el Estado y cargábamos con barrigas grasientas. Ahora, en cambio, no tenemos barriga.
–Su entrevista en Antena 3 ha supuesto un pequeño terremoto político en el seno del PP…
–Perdone usted, pero no puedo estar de acuerdo…
— ¿No?
— No. ¿Cómo que pequeño? Pretendí simplemente, frente a un grupo de periodistas prestigiosos y plurales, exponer mis ideas sobre la actual situación política y económica de mi patria…
–Es que, precisamente, algunas de sus afirmaciones no son muy comprensibles…
–No se preocupe. Le entiendo. La izquierda suele verse incapacitada para la comprensión por la carga ideológica que le caracteriza…
–¿Y la derecha?
–La derecha ve las cosas tal como son. Esto es una pesa. Yo soy un personaje histórico. Usted no tiene puñetera idea de nada.
–Es que, si usted me permite, resulta curiosos sus reproches implícitos a Mariano Rajoy, porque…
–Si son implícitos es porque me ata la responsabilidad institucional de mi condición de expresidente. Una lástima que no puede hablar de esa nenaza como se merece.
–Pero, disculpe, fue usted quien lo designó como su sucesor al frente del PP y, por tanto, como candidato presidencial. Por tanto tiene usted una responsabilidad directa en…
— Yo no reniego jamás de mis responsabilidades, téngalo por seguro. Jamás. Ni con mi partido, ni con mi país, ni con mi conciencia, ni con la conciencia de mis abdominales. Se empeña en hablar usted de Rajoy. Hablemos. Yo no quería designar a Rajoy. Lo hice porque no tuve otro remedio.
— Caramba. ¿Y por qué no tuvo otro remedio?
— Porque mi hijo mayor no había terminado sus estudios. Llega a tener su licenciatura en Derecho y sus oposiciones hechas y estaríamos hablando ahora mismo de otra España.
— Estooo…Pero podía haber designado a Rato…
— Sabía más de economía que yo y ligaba mucho…
— O a Acebes…
— Si a mí me llaman soso no se imagina usted cómo es Acebes. Le pones un yogur delante y se caduca instantáneamente.
— O a Mayor Oreja…
— No está mal, pero a veces me parecía demasiado de derechas…No, lo menos malo era Mariano. ¿Usted ha visto Yo Claudio? A mi fue una serie que me impactó mucho. Mariano era perfecto en ese papel. Pero se ha olvidado de todo. Se ha olvidado a dónde va, pero sobre todo de dónde viene…
— Después está su crítica a la situación económica…
— La culpa es de Rodríguez Zapatero…
— ¿Pero usted ve grandes diferencias entre la estrategia de su política económica y la de los gobiernos de Rodríguez Zapatero?
— Esa pregunta es torticera. Esa pregunta es un poco ETA.
–Hombre, que no…
–¿Le recuerdo lo que era España en 1996? Un país desvastado, arruinado, pisoteado, ninguneado, quebrado, a punto de disolverse por los nacionalismos insolidarios…
–Pues usted pactó con el PNV y con Coalición Canaria en su primera legislatura…
–¿Y eso qué tiene que ver? El objetivo era conseguir mayoría absoluta en la segunda ocasión y lo conseguimos. Y bajando los impuestos…
–Rodríguez Zapatero también los bajó.
–Razón de más para votar al PP. Quédate con el original y no apuestes por la copia.
— Ha dicho usted que el PSOE está a punto de desaparecer…
— Así es. Se está convirtiendo en un montón de pequeños partidos nacionalistas, lo cual es un problema muy grave…
— ¿Por el riesgo para la cohesión política del país?
— Y porque sin socialistas a ver a quién le echamos la culpa. Yo tuve a Felipe González. Mariano a Rodríguez Zapatero. Pero, ¿y mañana? ¿Quién será el responsable de la quiebra y la ruina de España mañana? ¿Es consciente usted de la dimensión de los problemas a los que debemos de enfrentarnos? Hace faltan nuevos objetivos, un nuevo proyecto, un horizonte histórico…
— Ya. ¿Y por qué cree usted que, ante los errores e inercias de Rajoy, su partido, el PP, no dice nada? ¿Por qué tiene que decirlo usted?
–El PP es un partido muy disciplinado y a veces se interpreta la disciplina con la aquiescencia…
— Lo disciplinó usted. Lo estructuró usted. ¿No cree que pagarles sobresueldos a dirigentes orgánicos del partido es un método para fortalecer precisamente esa gallarda disciplina de la que habla?
— Definitivamente es usted un filoetarra, pero le responderé: no. Es natural que la izquierda se escandalice por esas cosas. No las comprende. Sigue instalada en un modelo de partido del siglo XIX. El centralismo democrático, la militancia y todo eso. Huele a viejo. A naftalina. A impotencia y, si me lo permite, a resentimiento, a un profundo resentimiento. Ahora tendrá que disculparme. Tengo que dar una conferencia sobre El futuro de la democracia y la gestión  de Miguel Blesa: interacción y propuestas.
— Suena bien.
— No puede usted entrar. Son 200 euros, IVA aparte.

 

 

Publicado el por Alfonso González Jerez en Me pagan por esto ¿Qué opinas?

Ocultar (siempre) la verdad

En uno de los momentos culminantes (ejem) de su discurso en el Congreso de los Diputados del pasado martes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que ya nadie le preguntaba en ningún sitio si España iba a solicitar el rescate de la Unión Europea. Al presidente, en ese estilo inigualable de contertulio de casino batuecasiano, se le antojaba un síntoma de que las cosas marchaban mejor. En realidad, la respuesta a esta observación de Rajoy era muy sencilla: “Nadie te lo pregunta porque el rescate ya lo pediste, atontao”.  En efecto, un rescate como el de Grecia ha resultado siempre impensable, dado el tamaño de la economía española, y se optó, parece mentira que haya que recordarlo apenas unos meses más tarde, por solicitar un crédito financiero extraordinario – un rescate limitado al supuesto saneamiento de la banca española – que podría elevarse hasta casi 100.000 millones de euros y que estaba sometido, a través de un minucioso memorandum, a unas condiciones técnicamente ventajosas pero políticamente determinantes. Desde ese preciso momento se cerró el círculo y toda la estrategia de la política económica y fiscal española se desarrolla, de facto, en coordinación con las instituciones comunitarias, y ya está. Es un dineral, por supuesto, que hay que devolver, y que devolveremos todos vía impuestos y a través de un poquito más de desgradación y colapso de los sistemas de protección social y asistencial.
Rajoy se mostró también muy orgulloso del llamado saneamiento de las cuentas públicas, es decir, de la evolución del déficit presupuestario, en el que, en realidad, basa casi todos sus esfuerzos en materia económico-fiscal. Es extraño. Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en el año 2012 las administraciones públicas gastaron casi medio billón  de euros, un 47,60% del PIB. Y eso supone, tanto en términos absolutos como en porcentaje del Producto Interior Bruto, un récord de gasto público desde que existen estadísticas oficiales fiables. En cambio, en números redondos, solo ingresaron 382.000 millones de euros. Pese a los patéticos cacareos del señor Rajoy y su equipo, el déficit alcanzó casi el 7%, y eso que no se contabilizó el crédito extraordinario, lo que no significa que no se tenga que pagar, aunque nadie parece reparar en que los afortunados que tengan trabajo currarán, en parte, para apuntalar la devolución de un crédito utilizado para mantener a antiguas cajas de ahorro en un estupendo estado de zombificación: despidiendo a empleados y si conceder un maldito crédito a familias y pequeñas empresas. La cuestión es por qué no se reduce el déficit y las administraciones públicas siguen gastando que es un primor. Con todo atrevimiento, no creo que sea tan difícil entenderlo. Los que, a partir de esta bviedad, chillan furibundamente exigiendo más y más recortes “reales” –algunos amigos liberales quisieran recortar hasta las gónadas a toda la clase política sin excepción–  en mi opinión, no entienden gran cosa.
A mi juicio hay una evidencia elemental que casi nadie quiere admitir en los dos grandes partidos españoles: recortar a ese ritmo implica, inevitablemente, la destrucción del llamado Estado de Bienestar. Sin mayores novelerías. Es una mentira miserable y ruin negar sistemáticamente lo contrario; afirmar que se trata de “hacerlo mejor con menos recursos” o apelar a sandeces como “la excelencia en la gestión”. Sin duda la excelencia en la gestión, la maximización de los recursos, la racionalización del gasto, son objetivos loables por sí mismos, pero no suficientes para bajar del 3% del déficit público en tres o cuatro años (recortar, en resumen, más del doble de lo que se ha hecho hasta ahora). Y lo son, especialmente, si los poderes públicos se niegan en redondo a emprender auténticas reformas estructurales, desde la desaparición de las diputaciones provinciales hasta acabar con monopolios y cotos cerrados empresariales. En este último año y medio, el Gobierno del PP ha metido un machete implacable en la inversión pública, en la sanidad y en la educación, en I+D+I y en dependencia, pero en el gasto en otras partidas, muy poquito. Lo hace, obviamente, porque allí están las mayores partidas de gasto, junto a tres epígrafes que, con toda seguridad, se verán afectados antes de fin de año: pensiones, prestaciones por desempleo y servicio de la deuda. Recortar aun más supondrá, necesariamente, seguir adelgazando en los mismos capítulos, con lo que el núcleo mismo del Estado de Bienestar será sometido a una voladura controlada, pero rápida. La dirección política apunta a una creciente deslegitimación del sistema político y desafección al proyecto europeo.
En una economía sumergida en la depresión – en una recesión que se prolongará durante años y con un horizonte de recuperación del PIb muy débil hasta la tercera década del siglo – expoliar fiscalmente a ciudadanos y empresas no suele ser un buen negocio. En realidad es contraproducente. Y eso es, exactamente, lo que está haciendo el Gobierno. Por supuesto, prescindiendo de cualquier reforma fiscal que no castigue a familias y pymes y sin emprender una lucha eficaz contra el fraude de sectores profesionales privilegiados y grandes empresas. Las previsiones de ingresos se derrumban y el Estado debe acudir al rescate de comunidades autonómicas en bancarrota o con gravísimos problemas de liquidez mientras se sigue endeudando para mantener su funcionamiento. Ahora se hace con la lúgubre tranquilidad de una prima de riesgo más baja, cuyo decrecimiento, por cierto, muy poco o nada tiene que ver con la política económica y tributaria que se ejecuta en España, sino con un reordenamiento del mercado internacional de la deuda pública bajo el impulso del programa de expansión monetaria lanzado por el Gobierno japonés.
La puñetera realidad es que nos encontramos en un callejón sin salida. La crisis económica propia –asociada a la burbuja inmobiliaria y a una enloquecida efervescencia del crédito —  la depresión económica europea, los errores de diseño de las instituciones y mecanismos comunitarios, y la formidable fuerza de los intereses de un capitalismo globalizado frente a la debilidad de las instancias políticas nos han abocado a una situación que exige acabar con los progresos sociales y asistenciales del último medio siglo, resignarse a una democracia homeopática, pauperizar las clases medias y soportar un nuevo lumpenproletariado en condiciones de exclusión social permanente. O eso es lo que pretenden gobiernos como los del señor Rajoy, la señora Merkel o el señor Passos Coehlo.

Publicado el por Alfonso González Jerez en Me pagan por esto ¿Qué opinas?

Propuestas razonables en un entorno apocalíptico

(Usted se limita a tocar la lira apocalíptica y no propone nada. Para replicar a esta razonable crítica servidor ofrece aquí un conjunto de medidas – nada originales: entre sus autores están Manuel Castells, Luis Garicano y los pibes de politikon.es – que en algunos casos competen al Gobierno autonómico y en otros al Gobierno central, pero que se me antojan tan pertinentes como realizables).
1. Lo más urgente consiste en seleccionar una apuesta, un objetivo, una vía de crecimiento económico. Pero hacerlo ya y sin ambages. Lo peor de una recesión prolongada – con su efecto mediato o inmediato en los ámbitos políticos, institucionales y sociales – es la parálisis.  Hablo de tomar una posición política, desde luego, pero también de un compromiso social. El modelo de análisis, toma de decisión y cooperación en el que pienso es el finlandés. Fue en la Finlandia de finales de los ochenta y principios de los noventa cuando el Gobierno, los empresarios y las universidades optaron por una vía de crecimiento económico a la que acompañaba una estrategia social consensuada alrededor del Estado de Bienestar. La opción elegida fueron las telecomunicaciones y, en términos generales, la sociedad de la información, pero no me refiero a opciones concretas, sino al modelo articulado y los procedimientos acordados para desarrollarla. Nunca se empieza de cero, y en Canarias se dispone de dos actividades, el turismo y los transportes, que deberían convertirse en ejes transversales de un compromiso entre las administraciones públicas y las iniciativas empresariales. La transversalidad es la clave (lo fue desde luego en Finlandia) y debe funcionar como una red. Potenciar la agricultura en medianías para aumentar nuestro autoconsumo, pero también para ofrecer en las mejores condiciones productos agrícolas a la industria turística (nota al margen: el Cabildo de Tenerife dispone de varios cientos de hectáreas cultivables en zonas de medianías que podría y debería ceder cuanto antes para su explotación agrícola a cooperativas, emprendedores, etcétera. La inversión inicial que reclama una actividad agrícola es mucho menor que la que exige una actividad industrial). Orientar al sector turístico (y al transporte y la logística) parte de la actividad industrial isleña. Impulsar acuerdos y sinergias.

2. Contrato único. La última reforma laboral (2012) como ocurría con todas las anteriores, no atacaba el principal y más pernicioso problema del mercado laboral español, que es la dualidad, e incentiva bastante más el despido que la contratación. Superados ampliamente los seis millones de desempleados en España y alcanzados los 380.000 en Canarias quizás sea hora de probar con una reforma que simplifique la contratación y quiebre la dualidad, que afecta particularmente a los jóvenes. El modelo de contrato único sería indefinido, con una indemnización creciente en el tiempo e incorporaría un sistema de “mochila austriaca”: cada trabajador es beneficiario de una cuenta de prestación por desempleo. El empleador haría aportaciones (iguales) a esa cuenta. Si el empleado es despedido podría rescatar su aportación a esa cuenta, complementada por el Estado si es necesario; si no quiere hacerlo, al final de su vida laboral dicha cuenta se incorporaría a su pensión de jubilación. La idea de un contrato único no significa abaratar el despido, ni desde luego es equivalente. Se trata de adoptar un nivel de protección intermedio único para todos, y ese el nivel de protección medio podría ser menor, igual o mayor que en el statu quo actual. El coste medio del despido y el contrato único son por tanto cuestiones separadas.

3. Eximir de impuestos directos a los mayores de 65 años. Esta medida estaría destinada a atraer a jubilados de la UE, aunque se aplicaría, claro está, a todos los españoles. En los últimos diez años ha aumentado en un 20% los jubilados alemanes que montan pequeñas empresas y actividades de emprendeduría después de los 65 años. En España no pagarían un céntimo en concepto de IRPF. También cabría examinar, en ese tramo de edad, la supresión o disminución sustancial de los tipos en el impuesto de sucesiones, que en el Estado español solo representa entre tres y cuatro décimas del PIB.

4. Inglés, francés y alemán para los desempleados. Uno de los mayores fracasos del sistema educativo en Canarias está en los desastrosos resultados del aprendizaje de idiomas, que resulta particularmente grotesco (e ineficaz) en una comunidad  que debía (después de analizar las “cuentas satélites”) en el año 2006 el 28,3% de su PIB y el 33,2% de su empleo al sector turístico. Lo mismo cabe decir, aunque parezca menos evidente, de la importancia de los idiomas en los transportes y en el desarrollo de Canarias como plataforma logística entre Europa y África. Los desempleados estarían obligados para la recepción del subsidio matricularse y seguir cursos de idiomas on line ofrecidos por empresas financiadas por el Gobierno (o a través de un convenio entre Gobierno autonómico y Radio ECCA, por ejemplo). El objetivo no es, desde luego, que los desempleados puedan disfrutar de Shakespeare, Diderot o Goethe, sino que adquieran una competencia básica para entender y mantener una conversación fluida  en inglés, francés o alemán. Por supuesto: la reforma del sistema educativo es imprescindible. Pero aquí solo se apuntan medidas con carácter inmediato.

5. Trabajo social. También en el capítulo de los desempleados, el establecimiento de una o dos horas diarias de trabajo social vinculado a servicios públicos, preferentemente de carácter social y asistencial, constituiría una medida positiva que beneficiaría a la comunidad y al mismo demandante de empleo.

6. Reforma de las administraciones públicas y, concretamente, la autonómica.  Pese a la extraordinaria gravedad de esta crisis estructural, la reforma de las administraciones públicas, y en particular de la administración autonómica, apenas ha avanzado un ápice. Lo razonable sería convertir la próxima legislatura autonómica en una legislatura “constituyente” en la que cada fuerza política presentara su definitivo modelo político-administrativo y competencial. La crisis del modelo de crecimiento económico y de acumulación de capital ha desnudado las ineficiencias, cortocircuitos, solapamientos y gigantismos del desarrollo autonómico en los últimos treinta años. El empecinamiento en un modelo ineficaz y en una legislación selvática, siempre remendada y siempre inconclusa, es una amenaza a la estabilidad política, al crecimiento económico e incluso a la cohesión social a largo plazo.

 

Publicado el por Alfonso González Jerez en Me pagan por esto ¿Qué opinas?