Me pagan por esto

Al infierno

Una de las consignas más canallas que repiten el Gobierno de Mariano Rajoy y sus palmeros es que, superada la crisis económica, como un tuberculoso superaba a base de sopitas y aire tibio su padecimiento en los balnearios decimonónicos, brotarán de nuevo la leche y la miel y volveremos a los buenos tiempos de principios de siglo. Esta miserable engañifa, con sus menesterosas metáforas de luces al final del túnel y brotes verdes en un horizonte hortofrutícola prometedor, está empapada en cinismo y villanía. Ni se vislumbra ningún modelo de crecimiento fenecidas la construcción y la especulación inmobiliara y desinflada la burbuja financiera ni la desarticulación de los sistemas públicos de sanidad y educación –  por no hablar de la destrucción del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva – son reversibles como un calcetín en un futuro inmediato. Se está impulsando una acelerada mutación política y social del país por imposición de la política económica y fiscal europea decretada por Bruselas, es decir, por Alemania, y en el interim el Gobierno conservador introduce una parte sustancial de su agenda: privatización de servicios públicos, domesticación de los funcionarios, aumento del control sobre la administración de justicia, reforma educativa a favor de los centros concertados y religiosos, introducción del copago en múltiples esferas…

Cuando se advierte el coste electoral de esta operación para el Partido Popular sus dirigentes se suelen encoger de hombros, porque, según todas las encuestas, peores expectativas electorales sufre el PSOE en la oposición. En dos o tres años la situación puede derivar en una mayoría relativa del PP – en eso confían – con el resto del Congreso de los Diputados dividido en una decena de opciones políticas de izquierda, nacionalistas y regionalistas…Un caladero donde no es imposible, sino más bien todo lo contrario, encontrar aliados y compinches para bunkerizarse en el poder.

Si quieren asomarse al futuro real de España no se pierdan el informe Crisis, desigualdad y pobreza que ayer hizo público Intermón Oxfam, un documento estremecedor redactado en colaboración con Médicos del Mundo, Cáritas y UNICEF: la austeridad unidireccional llevará, en apenas diez años, a una sociedad dualizada con un 20% de la población en pobreza y exclusión social. Diez años apenas. Diez años camino del infierno.

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Regresar al reformismo (y 2)

El libro que estimuló estos dos últimos artículos (La crisis de la socialdemocracia, ¿qué crisis?, de Ignacio Urquizu) es fundamental y un tanto crípticamente optimista. Para el profesor Urquizu la socialdemocracia, en sentido estricto, no está en crisis: tiene por delante “una hoja de ruta con retos, objetivos y soluciones”. Sin embargo, simultáneamente, Urquizu afirma algo mucho más grave: “No es la socialdemocracia la que está en crisis, sino la democracia”. Es decir, el vaciamiento de poder de las instituciones representativas, la desdemocratización de facto de los sistemas parlamentarios, con la característica distintiva, en la Unión Europea, de un cesión cada vez más amplia de soberanía hacia instituciones supranacionales cuyo control democrático por los ciudadanos se antoja, al menos, discutible. Pues bien, es difícil diagnosticar una crisis sistémica de las instituciones democráticas y afirmar paralelamente que el reformismo socialdemócrata está como un pimpollo y solo tiene que ponerse a trabajar –y ganar elecciones – para recuperar la fuerza y resplandor de antaño. No, la situación es otra. La quiebra de la socialdemocracia, la momificación de sus estrategias, la erosión de su discurso, la pérdida de su credibilidad, hunden sus raíces  en la crisis de la democracia representativa tanto –al menos –como en la evolución del capitalismo en los últimos treinta años, procesos ambos peligrosamente relacionados. Y sobre todo, en la incapacidad de la socialdemocracia para afrontar esta deriva, ante la que apenas ha rechistado. Al contrario: se ha adaptado a la misma y en ocasiones, incluso, la ha legitimado suicidamente.

Del libro del profesor Urquizu – como de otros análisis recientes, como Más democracia, menos liberalismo, de Ignacio Sánchez-Cuenca – se desprende una falta de urgencia que quizás esté justificada por su pulcro carácter académico. Pero desde un punto de vista político y social la situación actual es de una urgencia angustiosa. La rapidez con la que se está transformando el modelo social,  cabalgando sobre la crisis fiscal originada por los problemas de la deuda pública y privada, es relampagueante. Y la actitud de la socialdemocracia ha devenido, en el mejor de los casos, puro resistencialismo, como el que practica mal que bien el presidente Hollande en Francia. En el resto de las izquierdas prima un reverdecimiento de la retórica maximalista y el ofrecimiento de medidas y propuestas tan lúcidas, delicadas y eficaces como las del doctor Frankenstein en su mesa de operaciones. Es una situación desesperante, entre una socialdemocracia que ha abandonado el reformismo y unas izquierdas – en España perfectamente representada por IU – para la que todo reformismo es una genuflexión lacayuna y se entretiene soñando y coreando cambiarlo todo de arriba abajo. Ese todo ambigüo y oprobioso que los mejor informados llaman “el régimen”. El sindicalista Diego Cañamero visita Tenerife y grita a amigos y simpatizantes: “¡Viva la clase obrera!” y todo es un fragor de aplausos entusiastas. Nadie considera de interés preguntarle qué es la clase obrera. Yo mismo estaría dispuesto a sumarme al grito si me lo aclararan previamente. El desempleo abrumador, la miseria creciente, la dinamitación del Estado de Bienestar, la impunidad de la oligarquía bancaria, la conculcación de derechos constitucionales son evidencias cotidianas. La fraseología de la clase obrera, en cambio, funciona únicamente como un código de identificación emocional.

Y el único sendero factible está, precisamente, en el reformismo político y social sobre la que la socialdemocracia partidista no piensa y las izquierdas (comunistas, ecosocialistas, feministas, anarquistas) no quieren pensar. Es más: izquierdas y derechas (conservadores o liberales) coinciden alarmantemente en entonar el responso a la socialdemocracia, cargado de un desprecio caricatural. Y eso ocurre, exactamente, cuando la única estrategia para que las sociedades democráticas europeas no sean brutalmente transformadas en contra de los intereses de la mayoría ciudadana  es la construcción de un compromiso histórico entre la socialdemocracia y las izquierdas comunistas y ecosocialistas que debe tener su primer escenario de acción en la Unión Europea. El compromiso histórico fue el frustrado intento de llegar, allá por los años setenta, a un acuerdo básico de reforma política e institucional entre el PCI y los sectores menos corruptos y más reformistas de la Democracia Cristiana italiana. El proyecto terminó desangrado en el maletero de un coche: el asesinato de Aldo Moro. Ese compromiso histórico le urge a la izquierda si no quiere limitarse a ser (unos y otros) elementos decorativos en los sistemas parlamentarios. En una situación de emergencia excepcional resulta imperativo articular propuestas y alianzas excepcionales.

Antonio Gramsci elaboró un concepto de praxis política todavía útil: el concepto de hegemonía. No se trata de disolver las identidades político-ideológicas de las izquierdas de principios del siglo XXI en el enésimo frentismo electoral. Se trata de sumar esfuerzos alrededor de un programa que asuma como propio los objetivos y reivindicaciones sociales de carácter progresista procedentes de todos los sectores de la sociedad, priorizando especialmente el fin de una democracia intervenida y la reconstrucción del Estado de Bienestar. Uno de los primeros deberes de supervivencia y eficiencia de un partido o movimiento de izquierdas es diagnosticar y metabolizar críticamente la realidad, y el 15-M es un recordatorio pertinente en un aspecto concreto: obtuvo su potencia y su capacidad de proyección  por su perfil transversal e inclusivo y por el uso de un lenguaje político liberado del eslogan babieca.

Si no es así, si no se toma resueltamente, desde una unidad estratégica de la izquierda, en Europa y en España, el sendero de la reforma, orillando el pancismo socioliberal y el revolucionarismo marxistoide, apoyando y apoyándose en sindicatos, plataformas y comités ciudadanos, el porvenir será muy oscuro y la partida estará definitivamente perdida.

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Desahucios: inmoralidad y estupidez económica

 

Si uno decide entusiasmarse con la reunión que el próximo lunes mantendrán técnicos (sic) del PP y el PSOE para llegar a un acuerdo de reforma de la vigente Ley Hipotecaria, solo alcanza a llegar al escepticismo. Si no decides entusiasmarte, probablemente, terminarás profiriendo insultos. Los partidos políticos españoles deben cerca de 150 millones de euros a bancos y cajas de ahorro, y más de las dos terceras partes de esa deuda la acumulan el Partido Popular y el PSOE. “Con los bancos”, le dijo José Blanco a Miguel Sebastián en una ocasión, “la paciencia del Gobierno debe ser infinita”, y en ese hermoso mandato solo puede entenderse desde la implícita convicción de que la paciencia de los bancos con los partidos puede no serla. Respecto a los gobiernos (falsamente liberales o falsamente socialdemócratas) cabe sospechar fundadamente lo mismo. En los últimos años se han impulsado procesos de fusión, rescatado cajas y propiciado enjuagues crediticios por razones básicamente políticas y no económicas. Respecto a los bancos españoles, son los principales poseedores de títulos de duda pública nacional, una parte sustancial de la cual compraron gracias al dinero a muy bajo interés que propició la barra libre (temporal) del Banco Central Europeo. El inmundo cochambamiento entre las élites políticas y las élites financieras característico del país no ayuda a vislumbrar que canovistas y sagastianos (perdón, populares y socialistas) le toquen un solo pelo a la banca en cualquier modificación legal próxima. Cualquier estornudo parlamentario demasiado estruendoso sería considerado un acto criminal por los principales bancos españoles. Cualquier fórmula que pase por una tibia invitación a la autorregulación en esta materia por parte de las entidades bancarias está condenada a una condición meramente ornamental de nula eficacia, como se ha demostrado en los últimos dos años.

Los grandes bancos están dispuestos a admitir graciosamente recomendaciones y sugerencias, pero en ningún caso a tolerar disposiciones o reformas legales que impongan nuevos procedimientos o mejoren las condiciones de los contratantes de una hipoteca. No les molestó en absoluto la patujada del Gobierno de Rodríguez Zapatero con los créditos ICO para aplazar pagos hipotecarios  o el código de buenas prácticas que les ofreció, como una flor en el ojal, el ministro de Economía Luís de Guindos. Ninguna de estas estratagemas ha conseguido resolver desde la primavera de 2011 ni un 3% de los casos de impago hipotecario que crecen selváticamente en España.

El endeudamiento de las familias ha devenido uno de los principales problemas de la economía española y ese endeudamiento se ha dedicado, mayoritariamente, a la compra de vivienda. En el año 2000 ese endeudamiento específico suponía el 29% del PIB pero, apenas una década más tarde, llegaba al 65% del Producto Interior Bruto. Fueron casi diez años de una política crediticia enloquecida que forma parte del proceso de financiarización de la economía española y mundial. Por supuesto que cabe aquí abrir un precioso debate moral sobre las responsabilidades de los que firmaron hipotecas amplias y ampliables con una cuota muy elevada y un periodo de liquidación de un cuarto de siglo. Sin embargo, y sin negar las responsabilidades morales de nadie, quizás sea pertinente señalar que las necesidades de expansión del sistema económico y financiero fueron los que articularon una oferta crediticia formidable como motor de crecimiento del sector inmobiliario. Los ciudadanos no exigieron unos créditos hipotecarios abundantes y supuestamente generosos: fue el mercado bancario el que creó una oferta que parecía no tener límites. En todo caso el debate sobre las responsabilidades morales tiene, ahora mismo, un interés muy limitado. Varios cientos de miles de personas han perdido su domicilio y la pérdida de vivienda es un paso definitivo, en la inmensa mayoría de las ocasiones, hacia la exclusión social. En términos económicos  — si se quiere prescindir de consideraciones éticas – un país no puede soportar una situación similar. Muchos han puesto en duda la relación causal entre suicidios y desalojos judiciales en España, por ejemplo. Y sus razones son atendibles: las estadísticas no demuestran, de manera fiable, una relación causal entre crecimiento de los desahucios y aumento de los suicidios. Pero cuando una ciudadana, como ocurrió recientemente en Barakaldo, se arroja desde la ventana de su vivienda y muere reventada sobre la acera diez minutos antes de llegar la comitiva judicial no creo que pueda ni deba hacerse demasiada sociología recreativa. Cualquier persona desempleada o subempleada que pierde su vivienda sufre un golpe económico, social y emocional aterrador y objetivamente justificado. Que la gente que pierda su domicilio no se esté suicidando en masa no puede obliterar el sufrimiento social que acumulan los desahucios día a día.

En el primer trimestre de 2012, en España se han producido 517 desalojos judiciales de media. En Canarias, en total, fueron 2.193 en ese periodo y unos 47.000 en toda España. En los tres meses siguientes el ritmo se aceleró y se llegó a 100.000 desalojos judiciales y a una media de 532 por día. Por supuesto, no todos estos casos corresponden a viviendas particulares: solo el 65% de los mismos. Es decir, unos 65.000 propietarios, en los primeros seis meses de 2012, se quedaron legalmente sin su vivienda habitual, aunque una parte considerable la sigue habitando mientras se sustancian los procesos judiciales o se lleva a acuerdos con entidades bancarias. Se trata, socialmente, de una catástrofe que no tiene parangón en el resto de la Unión Europea.  La única fuerza organizada que ha combatido esta infernal situación de manera activa y relativamente exitosa ha sido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La PAH ha conseguido detener varios centenares de desahucios, encontrar viviendas sociales a los afectados y culminar positivamente muchas negociaciones de dación en pago. Desde hace varios meses pide la firma – ya cuenta con más de 360.000 rúbricas –para presentar en las Cortes una iniciativa legislativa popular, centrada en la modificación de varios artículos de la ley de Enjuiciamiento Civil para regular la dación en pago con efectos retroactivos, establecer una moratoria de los desahucios y reconvertir temporalmente las hipotecas en alquileres sociales bajo ciertas condiciones.

No es la única propuesta que merece atención. El notario y profesor universitario Rodrigo Tena Arregui ha insistido en que una regulación inteligente de la dación en pago se solventaría, simplemente, con la modificación de la ley concursal. “Tras un procedimiento concursal breve”, apunta Tena Arregui, “el deudor (cualquier deudor, no sólo el hipotecario) que no tiene bienes suficientes para pagar y que no ha incurrido en fraude, para lo cual se fijan las debidas garantías, se le libera de las deudas pendientes”. Este mecanismo regulador funciona en la legislación concursal de Estados Unidos y los principales países europeos (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Austria, Suecia). En Estados Unidos, meca terrible del capitalismo salvaje, se denomina fresh starts, y el curioso puede consultar en Internet un espléndido estudio que le dedica la jurista Matilde Cuena Casas: “Una vez ejecutado el patrimonio embargable del deudor, el pasivo restante queda exonerado por efecto del fallo judicial y sin consentimiento del acreedor. Aunque el deudor obtenga en el futuro nuevos ingresos, éstos no podrán ser utilizados para el pago de deudas anteriores a la declaración de concurso. De ahí que se denomine “fresh start”, puesto que el deudor puede “volver a empezar”, iniciar una nueva actividad empresarial o profesional con la tranquilidad de que los nuevos ingresos que genere podrán ser utilizados para generar mas actividad económica”. En el derecho concursal estadounidense el fresh start  no se entiende como una medida de gracia, sino casi como un instrumento de política económica cuyo objeto básico es “alcanzar la eficiencia económica en la asignación de los riesgos de pérdida relacionada con la falta de pago”. Resolver la catástrofe hipotecaria que afecta a cientos de miles de personas en España y en Canarias no es únicamente un problema ético, sino también un problema de eficiencia de recursos económicos y, en todo caso, depende de una voluntad política más urgente ahora que nunca.

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El caso de la huelga general

Santa Cruz de Tenerife bajo la lluvia. Cada vez que llueve Santa Cruz me parece que la ciudad se diluye. Se diluye un poco más, quiero decir. Santa Cruz, bajo la lluvia, se vuelve fantasmagórica, falsamente fantasmagórica, porque aquí la población de fantasmas no puede aumentar más. Ya lo sé, son reflexiones impropias de un detective privado, pero antes de pasar por mi despacho en El Monturrio me he comprado un cucurucho de castañas en la Rambla, me he tomado una y he empezado a sudar copiosamente y he tirado las malditas castañas a la papelera, y en ese momento, precisamente, cuando se intensificaba la lluvia, sonó el timbre de la puerta. Me sentí culpable, como si estuviera tocando la castañera, pero al abrir la puerta me encontré a una pareja dispar que me devolvió a la realidad amoral propia del oficio. Un hombre alto en la cincuentena y un pibe más bien bajito que parecía recién fugado de una clase de Pretecnología:

–Buenas tardes. ¿Es usted el detective privado, no? –me dijo el más alto, que llevaba al otro de la mano.

Apenas enarqué las cejas. Les aseguro que no tengo prejuicios, pero nunca había tocado a la puerta de mi despacho una pareja de hombres unidos de la mano y empezaba a sospechar los meandros de un caso tortuoso, mal pagado y culturalmente complejo. Tosí mientras asentía con cierta desconfianza.

–Ah, qué suerte encontrarlo. Soy Juan Jesús Arteaga, secretario general de Comisiones Obreras de Canarias, y este es Gustavo Santana, secretario general de la Unión General de Trabajadores de Canarias.

–Tanto gusto –dijo el jovencito con una sonrisa de hurón encantador.

–Buenas tardes…¿Y la manita?

–¿Cómo? ¿Qué manita? Ah, sí, perdone…Suéltame la mano, Gustavo…

–No, no, no…La unidad sindical es lo prioritario, Juan Jesús…

–Pero hombre, por cinco minutos…

–Todos los trabajadores canarios nos están mirando…

–Venga, hombre, es apenas un ratito para hablar con este señor…

–No me parece correcto. Tengo que llamar antes a todas las secciones y consultarlo…

— ¿Vas a reunir a la ejecutiva ahora?

— No, se los pregunto por el móvil y si se me autoriza…

–Caballeros –interrumpí –. Seguro que están ustedes muy ocupados…

–Que me sueltes, joder…Ya está…¿Lo ves? No ocurre nada.

El secretario general de UGT en Canarias lanzó un bufido de reprimida indignación. Arteaga se acarició las sienes como un gesto de cansancio civilizado. Luego volvió a sonreír. Tenía la sonrisa de un panadero que nunca te engañará con el peso de la barra del pan.

–Nos hemos dirigido a usted porque necesitamos sus servicios y sabemos que es de izquierdas…

–¿Y de dónde han sacado ustedes esa conclusión?

–Todos los detectives privados son de izquierdas. O abiertamente o implícitamente a través de un discurso y/o una praxis que pone en solfa la propia legitimidad del sistema político y denuncia la carcoma del orden social…

— ¿Cómo? ¿Qué es esa paparruchada?

— No lo sé. Se lo leí en un artículo a Alexis Ravelo y me lo aprendí de memoria. Me parece una reflexión muy progresista.

— Joder. En fin…Disculpe…¿A qué han venido?

–Tenemos una pregunta, una pregunta terrible, una pregunta decisiva, una pregunta que no sabemos responder. Allá va: ¿por qué la gente nos hace cada vez menos caso?

Me los quedé mirando.

–No me parece una pregunta muy práctica para un detective privado.

–Bueno, esa es la reflexión previa. Queremos contratarle para saber si el Gobierno prepara algo contra la próxima huelga general. Algo especial. Algo sobre lo que nos han llegado rumores, pero solo rumores vagos, insustanciales, nada concluyentes. Pero preparan algo, desde luego, y nuestras fuentes y vías de información están cegadas. No hay manera de averiguarlo. Y ahí entra usted. Espero que, tratándose de una cuestión que afecta al interés general de la clase trabajadora, nos haga usted una rebajita en sus emolumentos, por supuesto…

–Así llevan ustedes treinta años, con la cantinela de la moderación salarial, y mire cómo les ha ido…

–Lo sabía –interrumpió con fiereza Gustavo Santana –. Reconozco a un tipo de USO en cuanto lo veo…

–Son 300 euros diarios, gastos aparte…

–¿Usted gasta mucho? –imploró Arteaga.

–Lo suficiente para contribuir a que el capitalismo no se derrumbe pasado mañana…

–El capitalismo es un sistema de dominación criminal. De acuerdo. Pero modérese, por favor.

–Moderado estoy. Ya pueden darse la manita otra vez.

Al día siguiente comencé las indagaciones más elementales. Por supuesto, me disfracé de estudiante socialdemócrata que preparaba una tesis doctoral sobre  Las relaciones entre Jerónimo Saavedra y Eduard Bernstein en el África Subsahariana: interacción y propuesta y accedí así a una entrevista con Francisco Hernández Spínola, consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias.

–¿Una estratagema del Gobierno de Rajoy contra la huelga general? Ni idea. Pero yo no lo descartaría. Quieren destruir la democracia social en este país. Pero nosotros aguantaremos a pie firme. Somos un gobierno de inspiración socialdemócrata que no dejará que se destruya el Estado de Bienestar en las islas…

–¿Paulino Rivero es socialdemócrata?

— Los días en los que hace footing sí… Le baja el azúcar y hasta habla de su admiración por Felipe González…

Por supuesto, hablé con Soria, pretextando ser un sobrino de la secretaria de Esperanza Aguirre que trabajaba como becario en Libertad Digital y le llevaba el café y las obras completas de Ramiro de Maeztu a Víctor Rodríguez Gago.

–Nozotros no vamoz a hacer nada contra esa malhadada huelga, que tanto daño hará a la imagen de España en el ezterior… Esas fantazías sindicales… Estamos intentando que la lluvia se prolongue hazta el día 14, eso sí, y en La Moncloa, todas las mañanas, se reúnen medio centenar de chamanes, dirigidos por Paco Marhuenda, para que las borrascas no se alejen del país…Pero aparte de eso y del Código Penal…Vivimos en una democracia, mal que le pese a anacronismos vivientes como el socialismo, el comunismo, la socialdemocracia, los sindicatos, los keynesianos, los separatistas, los culés, Javier Bardem…

De veras que me esforcé durante un par de semanas, pero fue inútil. Ateaga y Santana me recibieron desolados en una sidrería frente a la sede sindical de Santa Cruz.

–No hay nada –resumí –. El Gobierno tiene plena confianza en que se hostiarán ustedes solos. Y en el miedo y la resignación.

— ¿Y a quien le vamos a echar la culpa? – dijo Arteaga, asustado.

Santana, lentamente, metió las dos manos en el bolsillo.

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Sin salidas

Si se han alcanzado ya los 372.000 desempleados en Canarias, superando el 33% de la población activa, ¿seguirá creciendo el paro? Seguirá creciendo, no se preocupen. Hace un par de días, el profesor Luís Garicano, conocidos los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, subrayaba que de la evolución de los cuatro últimos años  se desprendía que por cada punto de caída del PIB, se pierde 1,39% de empleo, por lo que el ilustre economista calculaba en unos 700.000 (repito: 700.000) los empleos que serán destruidos en España a lo largo de 2013. ¿Y en Canarias? Canarias puede perder – en base a una estimación similar – entre 15.000 y 18.000 empleos más, con una tasa de desempleo que podría superar el 35% a finales de 2013. Y eso sin contar –por supuesto – la aplicación de la guadaña al empleo público. Pese a las airadas (y vacuas) protestas del consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola, desde su propio departamento se ha realizado un estudio preliminar que cifra entre 5.000 y 6.000 los empleados públicos –laborales e interinos – que podrían ser despedidos gracias a las facilidades que establece la ley de reforma laboral de Mariano Rajoy y su Gobierno. Se quedarían a salvo (al menos de momento) los funcionarios de carrera.

Es muy curioso que, en unas recientes declaraciones, el presidente de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Francisco, cifre precisamente en 5.000 los trabajadores públicos prescindibles. Francisco apunta que se ahorrarían así unos 400 millones de euros y recuerda que el recorte estatal alcanzará aproximadamente, a su juicio, unos 600 millones de euros para el próximo ejercicio presupuestario. Son cifras atendibles, desde luego, pero muy matizables dentro incluso de la interpretación de Francisco. Primero, el coste actual de los empleados prescindibles: en la hipótesis de Francisco, cada uno de ellos le costaría a la administración pública (salarios, complementos, aportaciones a la seguridad social) unos 80.000 euros, lo que parece una cifra francamente elevada. Segundo, otros 5.000 desempleados (y sin visos de una rápida recolocación) también suponen un coste, y no solo en términos de subsidio de desempleo, sino el más difícilmente cuantificable en la desincentivación del consumo y su efecto en la demanda agregada. Y por último, los 200 millones restantes no son una cifra insignificante, y obliga a nuevas restricciones de gasto en capítulos socialmente muy sensibles. No conviene olvidar, asimismo, que en 2013 y 2014, previsiblemente, todavía se efectuarán furiosas podas para reducir el maldito déficit: el compromiso con Bruselas es alcanzar el 4, 5% el primer año y el 2,8% el segundo. Una meta que nadie (absolutamente nadie) cree posible.

En realidad las declaraciones y réplicas entre Gobierno, oposición parlamentaria y sindicatos se reducen a una melancólica lluvia de confetti verbal. Si no se modifica sustancialmente el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2013 durante su debate parlamentario será inevitable — si el Ejecutivo regional no se resigna a una situación de impago generalizado — programar y proceder a despedir a varios miles de laborales e interinos en la administración autonómica. Es una situación que aterra a los políticos. El que pierde el trabajo en el mercado privado suele echar la culpa al Gobierno, pero también concibe otros posibles corresponsables. El trabajador público, en cambio, es puesto de patitas en la calle por la decisión explícita de un Gobierno, un partido o un político, y no se lo perdona electoralmente – ni él ni su familia – el resto de su vida. Algo similar les ocurre a los sindicatos mayoritarios, que tienen entre los funcionarios y laborales a una parte muy sustancial de sus afiliados.

Lo peor de la crisis estructural que destroza el espinazo económico del país y destartala su cohesión social y territorial – deteriorando la legitimidad del sistema político y poniendo en solfa el régimen democrático – es que se paga al contado, pero también a plazos. Se paga en el presente, con la creación de paro, pobreza, miseria como engrudo de un impresionante sufrimiento social, pero se paga intensamente en el futuro, cuando las más graves cicatrices todavía duelan, pero hayan dejado de sangrar. Se pagará pasado mañana, con miles de estudiantes isleños instalados ya en el extranjero, con una generación perdida entre los estudios y el desempleo que vegetará en los baretos y en las esquinas de los barrios, con empresarios y emprendedores que no podrán jamás reanudar su actividad, con el desfase en el desarrollo tecnológico, en plena expansión de la sociedad de la información, en unas islas que también desaprovecharon esa oportunidad y nunca llegaron a invertir en I+D el 50% de lo que invertía la modestísima media española. Se pagará y saldrá muy cara, en fin, la desconexión parcial en la que vivirá sumergida Canarias durante una década respecto a los cambios en la división internacional del trabajo y en la dinámica de inversiones y capitales en el continente africano. La crisis castiga  con saña el presente pero, al mismo tiempo, hipoteca miserablemente nuestro futuro.

Y no hay salida. Al menos un servidor no es capaz de verlas. No pueden considerarse como tales fantasías como la salida del euro (el Estado español debería seguir pagando sus deudas igual y en esa misma moneda), o la alegre zambomba  neoliberal de eliminar todos los mecanismos económicos y fiscales (fuera el REF y todas esas antigüallas que no dejan crecer libremente a las fuerzas del mercado y solo benefician a élites extractivas: buen momento para hacerlo) o los heroicos maximalismos de la independencia, la revolución o un feliz mixturado de ambas. Todas esas opciones pueden satisfacer anhelos políticos, ideológicos o espirituales, pero no contribuirían un ápice a aliviar o superar la quiebra económica y social del Archipiélago: la brutal amenaza de su fracaso como país con un proyecto común viable y próspero. La amenaza de Canarias como país fallido. La negativa de Alemania y sus aliados a poner en marcha en 2013 un proceso de unificación bancaria y armonización fiscal en Europa está dirigida, precisamente, a evitar una socialización a nivel continental de las pérdidas de los países europeos aquejados por la crisis de la deuda. Las pérdidas de España (y de Canarias) se socializarán entre los españoles (y los canarios). Desde luego, puede que la Unión Europea, si no colapsa la economía mundial, sea inteligentemente generosa dentro de un par de años, e implemente un gigantesco plan de estímulo económico por valor de cientos de miles de millones de euros. Puede ser. A ver cómo llegamos. Y si podemos hacerlo.

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