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El trilema de Canarias

Un economista prestigioso, el turco-norteamericano Dani Rodrik, propuso recientemente un concepto, el de trilema político, como instrumento para analizar los problemas políticos generados  por los procesos de globalización. En resumen, según Rodrik las sociedades no pueden disfrutar al mismo tiempo de a) mercados completa y satisfactoriamente integrados internacionalmente, b) gobiernos democráticos, “entendido minimalistamente” (en expresión de José Fernández-Alberto) como que aquellas decisiones políticas relevantes deben gozar de un apoyo social mayoritario, y c) que estas decisiones se tomen en el marco de una estructura política nacional (aquello que en el siglo XX se denominó Estado-nación). En su obra de referencia, La paradoja de la globalización, Rodrik defiende que las sociedades contemporáneas pueden optar por conciliar dos de estas condiciones, pero no las tres a la vez. Se puede optar por mantener un sistema democrático en un Estado-nación, pero eso impide o limita la integración en los mercados de una economía globalizada. También se puede intentar la conexión con la economía globalizada desde  el Estado-nación, pero asumiendo que los costes de la misma no podrán ser consensuados, o al menos aprobados, por mayorías democráticas. Y por último cabe pensar en un modelo de integración en los procesos de la globalización con garantías democráticas a condición de que se articule una suerte de federalismo global – eso sería, o debiera ser, el proyecto europeo que ha llevado a la UE – capaz de tratar en un misma dimensión internacional procesos económicos y debates y decisiones políticas.
Quizás cabe aplicar el trilema de Dani Rodrik a la situación de Canarias, cuyas fortalezas (insuficientes o mal desarrolladas) y debilidades (desgraciadamente estructurales) se han manifestado dramáticamente con ocasión de la agudísima y prolongada crisis económica que se abrió como un cráter a finales de 2007 y comenzó a golpear ferozmente al Archipiélago en 2008. Uno de los problemas de gobierno en etapas de crisis económica consiste en atender los problemas sobrevenidos – desde la congelación del crédito a la protección a los desempleados o el mantenimiento de las pensiones – pero sin olvidar la necesidad de tomar medidas, abrir debates, estimular procesos y desarrollar análisis para diseñar una estrategia a largo plazo. En el caso de Canarias esta doble demanda – la coyuntural y la estratégica – es especialmente relevante, porque, con toda claridad, ha acabado un ciclo de la economía del Archipiélago: aquel que tuvo su principal motor en la construcción y los servicios inmobiliarios – sin excluir la especulación más despendolada – y en la que el Gobierno regional era, con diferencia, el principal y más influyente asignador de recursos. Seguir insistiendo –como se hace, sobre todo, desde el ámbito político – en que esta situación es provisional o que el turismo, por sí solo, puede relevar a la construcción en el Producto Interior Bruto, por muchas decenas de miles de turistas que provengan de Egipto, es una imprudencia, cuando no simplemente estupidez demagógica y escapista. El descenso del desempleo registrado en julio y agosto tiene un importante componente estacional y se concentra casi exclusivamente en el sector servicios. Sería necesario bajar más de veinte puntos porcentuales para llegar a un nivel de desempleo similar al de la primavera de 2007, un 10%, una tasa de paro similar a la que sufre actualmente Francia, y que en los países desarrollados se considera inadmisible. No hay industria turística capaz de crear 200.000 camareros, recepcionistas, cocineros y jardineros.  La rehabilitación de la planta alojativa choca contra las graves restricciones presupuestarias y la sequía de crédito bancario y no dejaría de ser un parche momentáneo.
Y sin embargo es imposible detectar un principio de coherencia, unidad y estímulo entre las élites políticas y empresariales de Canarias para encontrar una estrategia basada en el realismo de las fortalezas y debilidades isleñas, en la colaboración para mantener un proyecto de país viable en un escenario mundial sumamente dinámico y dotada de sus correspondientes instrumentos jurídicos y normativos. Es preocupante que las organizaciones empresariales, camarales y sindicales hayan denunciado que la reforma del principal instrumento legal y normativo para la definición y desarrollo de cualquier estrategia, el Régimen Económico y Fiscal, haya sido insuficientemente debatido. Tal y como ha explicado el profesor Antonio González Vieítez, la propuesta de REF remitida por el Parlamento de Canarias se asemeja mucho más a un Plan de Desarrollo para Canarias que a la renovación de instrumentos económicos y fiscales en el marco de una estrategia meditada a favor del diseño de una alternativa económica para las islas. Se trata de seguir salvaguardando “compromisos de financiación exterior a través de subvenciones directas (incentivos económicos) o a través de exenciones o ayudas tributarias (incentivos fiscales). Un REF que sustancialmente, en definitiva, sigue buscando la perpetuación de un status quo  que a medio plazo es imposible de mantener y que supone, de facto, un obstáculo para la diversificación de la economía regional, para su internacionalización y su competitividad, y a la postre, para el fortalecimiento de la sociedad civil canaria. Un REF que no podrá ser palanca para la apertura y dinamización económica del país buscando su inserción económica global a través de una economía de servicios financieros, el aprovechamiento de Canarias como plataforma logística y de transportes o la cooperación económica con el África emergente. Pero que sí será útil, previsiblemente, para que las élites políticas que controlan la Comunidad autonómica sigan manteniendo una capacidad de influencia social que es condición necesaria para su autorreproducción, así como para la continuidad de un pool empresarial privilegiado en magníficas relaciones – aunque a veces conflictivas — con los primeros.
El trilema de Canarias tiene esos tres vértices: las aspiraciones democráticas de una sociedad próspera y cohesionada, la diversificación e internacionalización de un nuevo modelo económico y la continuidad, sin reformas,  de un sistema político autonómico al que horrorizan los cambios y pretende mantener un status quo  caracterizado por el control político, la influencia social y una alianza nueva y eterna con sectores de una oligarquía empresarial de un cortoplacismo suicida.

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Laca

El optimismo político de los gobernantes es como la laca. Fija los horrores peludos y protege de cualquier amenaza de descontrol escénico. ¿Qué un ventarrón oscuro sigue derribando empresas y establecimientos comerciales y no dejan de llover parados fuera de las oficinas de desempleo? Pues con la laca del optimismo se pueden hacer maravillas. Mariano Rajoy abrió la veda para un uso de la laca furibundo al que Luis Llongueras no se hubiera atrevido en sus más despendolados tiempos. Las cosas van tan bien que igual en 2015 (casualmente año electoral) quizás baje los impuestos y todo, vaya usted a saber. Muchos presidentes autonómicos no han podido resistirse a la tentación. Ayer Paulino Rivero aseguró que el reparto del crédito extraordinario de 200 millones de euros será una versión del reparto de  los panes y los peces tan mejorada — Cristo no tenía todas las claves — que habrá pasta para disminuir las listas de espera, avanzar en autopistas y carreteras, atender a la población que se ahoga en la pobreza, dotar los salarios sociales y los servicios asistenciales, terminar los hospitales del norte y el sur de Tenerife y contratar a más médicos y más profesores. A todo esto se suma el rotundo compromiso de que en 2014 no se producirán nuevos recortes presupuestarios en la Comunidad autonómica ni se experimentarán más incrementos tributarios.
Dan ganas de llamar a Presidencia y pedir un jacuzzi. La tentación de entender este optimismo peluquero como una broma – esas bromas que se intercambian los condenados a muerte o los verdugos — quizás resulte la única forma para no terminar optando por el suicidio o el asesinato. Tal vez los extraordinarios 200 millones de euros sirvan para amortigüar ese 0,2% de déficit público que Canarias, como el resto de las comunidades autonómicas, deberá arañar en 2014. Pero es que en el año 2015 del déficit (ahora mismo, recordémoslo, situado sobre el 1,2%) deberá reducirse al 0,7%  y en el 2016 al 0,2%, y según todos los indicios y prospecciones, este agotador purgatorio se desarrollará con un incremento del PIB inferior siempre al 2%, es decir, sin que crezcan sustancialmente el empleo, los recursos fiscales, la renta disponible de las familias ni la capacidad de consumo.
Y así se va resistiendo, sin necesidad de sofocar una conflictividad laboral inexistente ni un malestar social crítico que en ningún momento ha cuajado organizativamente, mientras la laca nos impregna ya el cerebro y se sigue prefiriendo la peluquería a la política entre gobernantes y gobernados.

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El caso de la Presidencia del Cabildo

No sé si lo han notado, pero cuando en Santa Cruz de Tenerife aprieta el calor, las chimeneas de la Refinería comienzan a expectorar grandes bocanadas de humo grisáceo y la antorcha que adorna sus instalaciones – un icono del olimpismo pulmonar de los chicharreros – chisporrotea con dramática y estólida alegría, como siguiendo el ritmo de una canción de Los Chinguitos. Afortunadamente enseguida nos lo explican todo:

–¿El humo? Ningún problema. ¿Por qué se presupone que el humo oscuro, acre y pestilente que sale de una Refinería de Petróleo es perjudicial para la salud? Eso es un prejuicio derivado del consumo excesivo de películas de ciencia ficción…Más comedia española, necesitamos más comedia española…
— ¿Y la antorcha?
— Es decorativa, simbólica en realidad. Ilumina nuestros sueños…
— Perdone pero, ¿por qué lleva esa mascarilla cubriéndole la nariz y la boca?
— Es que soy muy tímido. ¿Alguna pregunta más?

Después de comerme unos churros de pescado regados con unas garimbas en San Andrés, regresé a Santa Cruz a bordo de mi fotingo y víctima de oscuros presagios. Llevaba ya varias semanas pensando en cerrar mi agencia unipersonal de detectives privados. Esto – como ocurre con el resto de Canarias – ya no da más de sí. Comprobé que había tocado fondo cuando, a finales de abril, me visitó en mi destartalado despacho de Duggi un individuo mal afeitado, ojeroso y de mirada turbia que apenas me saludó.

–¿Usted es detective privado, no?
— Pues sí.
— Necesito un guardaespaldas.
–No es lo mismo.
–Me da igual. Tengo dos hijos, de siete y cinco años, y todos los días los voy a tener que llevar a los gorgoritos, en el Parque García Sanabria…
— ¿Y qué?
— Que no lo aguanto. Llevo años, lustros, soñando con matar al titiritero. Por supuesto, una muerte lenta y dolorosa. Incrustarle a Rosalinda en la tráquea, por ejemplo. Necesito que alguien me acompañe y me controle, porque no lo soporto un minuto más. Le puedo pagar la merienda después, y los pibes son muy tranquilos, se lo juro.
–¿Quiere usted contratarme como guardaespaldas del titiritero de Gorgorito a cambio de un bocadillo?
— No se pase. Compartimos pachanga y ya está.

En lontananza observé que la Refinería empezaba a vomitar humo negro, señal inequívoca de que se aproximaba una aplastante ola de calor. Suspiré, agotado por el pasado y el porvenir. Milagrosamente pude aparcar cerca de la plaza de San Fernando y tomé asiento en un banco. Entonces surgió, como de la nada, un sujeto moreno, de sienes plateadas y gafas caras, acompañado de una dama entre veraniega y otoñal adscrita a las tiendas de Punto Roma, pero con algún detalle atrevido, en su caso, un brazalete con la bandera española.
–Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué calor, no? Perdone que lo interrumpa. ¿Es usted el detective privado del despacho de la esquina o me equivoco?
— Por el momento no, no se equivoca.
— Permítame presentarme. Soy Antonio Alarcó.

La dama se le quedó mirando, aparentemente impresionada. El de las gafas se mantuvo en silencio, escrutándome. Juraría que esperaba un desvanecimiento por mi parte o que empezara a sonar una ópera de Wagner en medio de la plaza. Pero solo se escuchaba el monótono chirrido de los columpios infantiles.

–Antonio Alarcó. El doctor Alarcó. El senador Alarcó. El consejero del Cabildo Alarcó. Soy médico, pero también me he doctorado en Ciencias de la Información…
— No voto, estoy sano y no leo periódicos ni escucho la radio.
— Eso lo explica todo.
— ¿Qué explica?
— Que no me conozca. Pero no se preocupe, le enviaré una versión abreviada de mi currículo. Pregunte, pregunte…
–¿Cómo?
–¿Eh? Perdone, perdone sinceramente. Es la costumbre. Me acompaña una de nuestras consejeras, doña Belén Balfagón, que es matrona diplomada… Saluda, Belén, hija, no seas tímida…
–Holaaaaa, ¿qué tal?… Aquí hace calor, pero anda que en Samarkanda…
— Usted dirá…
–Gracias, guapa. Yo es que soy un hombre de equipo. Mire, necesitamos los servicios de un profesional. Un profesional eficaz y discreto como usted…
— ¿Para qué?
Alarcó miró a izquierda y derecha. Balfagón lo contemplaba arrobada. Bajó la voz y se acercó a mí.
–Queremos saber si Carlos Alonso está planeando romper el pacto que tiene suscrito CC con el PSOE en el Cabildo de Tenerife. No hay manera de averiguarlo. Alonso es impenetrable.
–Impenetrable — recalcó Balfagón.
–¿Y eso le preocupa?
–Es que ya yo tengo un pacto con los socialistas en el Cabildo prácticamente hecho…En cuanto se retire Ricardo Melchior…
— ¿Cuándo? – preguntó la consejera.

Eso es lo primero que intenté averiguar, después de aceptar el caso en nombre de mi cuenta corriente. Hablé con Melchior haciéndome pasar por un ingeniero nacido en la Selva Negra y aficionado a la lucha canaria y a los parques tecnológicos manifiestamente inútiles.

–Sí, desde luego, es mi último mandato. Me retiraré en septiembre. Bueno, quizás no. Creo que esperaré hasta finales de año. Aunque me apenaría no compartir el Año Nuevo con todos los empleados de Mercatenerife, como hago desde el siglo pasado…Huum…Quizás hasta la próxima primavera…Claro que, según el refranero bávaro, Die Feder ändert Blut…Quizás no sea el momento de tomar una decisión tan trascendental para Tenerife, Canarias y Europa…

Aurelio Abreu, senador y vicepresidente semisecreto del Cabildo Insular, no fue más clarificador:
–Estamos luchando por mantener el Estado de Bienestar en esta isla…
— Ya. ¿Pero usted se ve fuera del equipo de gobierno insular?
–Hombre, me refería al Estado de Bienestar de todos. El mío también.

Con Carlos Alonso no pude ni hablar. Me acerqué a estrecharle la mano y me envió un tweet. Lo leí en mi móvil:
— “Encantado de conocerle. Tenerife se mueve”.
— ¿Cuándo será usted presidente del Cabildo?
Alonso torció el gesto. Pulsó las teclas rápidamente.
–¿Unfollower?  — le dije, atónito.

Pasaron varias semanas. Alarcó me llamaba una docena de veces cada mañana y otras tantas por la tarde. Cuando estaba operando lo hacía (a veces) su secretaria. Finalmente le entregué mi informe.
— ¿Y bien? – preguntó con el corazón palpitante.
— La mejor de sus opciones es pactar con Balfagón.

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Que Wert no te engañe: la reforma universitaria es necesaria y urgente

Uno de los efectos perversos de las reformas políticas emprendidas por el Gobierno del PP en el último año y medio es que suelen ocultar o distorsionar la necesidad – a menudo urgente e insoslayable – de introducir cambios estructurales en numerosos ámbitos. La mayoría de las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy, por su insustancialidad, su sesgo ideológico, su tramposa defensa de intereses corporativos o su mera ineficacia, producen una reacción de crítica y rechazo que se agota en sí misma y, a menudo, se utiliza para justificar, explícita o implícitamente, el mantenimiento estúpido del status quo. Es lo que ocurre con la reforma de la enseñanza universitaria, incluida la política de becas: durante esta semana, el anuncio del Ministerio de Educación, indicando que habría que obtener una puntuación superior al 6,5% para mantener una beca, ha generado una reacción tan furibunda, incluso en las filas del propio PP, que José Ignacio Wert ha tenido que retroceder. Se canta victoria, pero no se avanza ninguna propuesta alternativa que merezca tal nombre a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de Enseñanza (LOMCE) y, por supuesto, muy pocos admiten que el sistema de becas español es realmente penoso y reclama urgentemente una reforma para cumplimentar su objetivo: contribuir a la igualdad de oportunidades entre los alumnos españoles.
La propuesta de Wert tiene su mérito: después de recortar el dinero asignado a becas universitarias en más de un 40% en España en apenas año y medio tensiona los requisitos para mantener la beca que afectan a los más socialmente desfavorecidos. Habría que empezar señalando que España se gasta muy poco en becas universitarias y este gasto se encuentra mediocremente gestionado. Incluso después del moderado incremento que supuso la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, el Estado español invirtió en becas universitarias un 0,08% de su PIB, mientras que la media de la UE es de 0,25% (datos de 2010).  Wert podría haber conseguido, en efecto, que muchos estudiantes de rentas modestas y bajas notas desaparecieran de las universidades, pero las universidades seguirían trufadas de estudiantes de rentas medias altas y altas con malas notas. No se trata únicamente de una injusticia social, sino de un planteamiento financiero e inversor muy poco inteligente. En realidad el modelo económico de la universidad pública española es un monumento al derroche y a la ineficiencia, un ejemplo casi perfecto de gasto regresivo e ineficaz. Más de un 70% del coste real de la educación la financia directamente el Estado, al margen de la situación económica y el origen social de los estudiantes.  En el año 2008 se calculó que el abandono de los estudios universitarios al cabo de varios años de holgazaneo o desconcierto, se traduce en España en un desperdicio de cerca de 2.800 millones de euros anuales (0,19% del PIB), y si a esto se le suma el 30% de abandono de la ESO habría que añadir otros 2.000 millones de euros. Y más aún: gracias a los repetidores en ambos niveles, que alargan su estadía en centros de secundaria o universidades, lo que significa a su vez una ampliación del consumo de recursos, la pérdida anual agregada alcanza a unos 5.600 millones de euros. La ineficacia e ineficiencia del sistema educativo público español se traduce en medio punto porcentual del Producto Interior Bruto. Una burrada de dinero para una burrada de estudiantes. Tanto el denominado Plan Bolonia como la mefítica floración de universidades  privadas – que expenden títulos a cambio de matrículas de 10.000 euros anuales con escasísimo o nulo prestigio en el mercado laboral  — se han mostrado inútiles para corregir esta situación, que ha conducido a unas universidades públicas que salvo excepciones (las hay, incluso en las universidades canarias, y no son siempre anecdóticas) a encastillarse en una baja cualificación docente, una capacidad investigadora estrangulada  y una endogamia profesoral realmente admirable por su escasa permeabilidad y su olímpico desprecio por la competitividad científica. Un solo dato: solo un 2,5% de los estudiantes de las universidades española son extranjeros, frente al 25% de las universidades de Estados Unidos o el Reino Unido.
Las siguientes medidas para la reforma de la universidad pública española  — algunas retoman fracasadas o incompletas reformas del pasado inmediato  — proceden de los profesores Juan José Dolado y Jesús Fernández-Villaverde, que se han mostrado bastante críticos con la LOMCE y el descacharrante informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, firmado por Óscar Alzaga y Mariola Urrea. Tanto Dolado como Fernández-Villaverde entienden que esta reforma – como otras, como la que afectan a las administraciones públicas o el sistema de financiación autonómica – son claves para superar a largo plazo la crisis económica y sobrevivir en el mundo del siglo XXI.
1) Una mayor libertad por parte de las universidades públicas en la fijación de tasas ordinarias de matrícula y en la penalización del coste de las tasas extraordinarias para los alumnos repetidores.
2) Una mayor flexibilidad en la duración de los grados (como ocurre con las licenciaturas, donde, durante bastante tiempo, han venido coexistiendo las de 4 y 5 años).
3) Un sistema salarial mucho mas flexible dentro de los límites presupuestarios (con fondos públicos y privados) de cada institución evitando la excesiva uniformidad por categoría profesional (TU y CU) que rige en el modelo funcionarial existente.
4) Una financiación pública que de mucho mas peso a la calidad y no tanto a la cantidad mediante la evaluación periódica de los departamentos universitarios en cada disciplina (tipo Research Assessment Exercise en el Reino Unido).
5) Un estatuto de la carrera profesional del personal académico  que fomente la movilidad y el control de calidad del mismo (con amplios períodos de prueba), evitando la endogamia existente y los desincentivos derivados de la funcionarización masiva y prematura de una significativa proporción de sus integrantes.
6) La apertura de nuestro sistema universitario a investigadores procedentes de otros países (solo el 0.5% de nuestros profesores universitarios son extranjeros frente al 30% en Estados Unidos y el 25% en Reino Unido).
7) Una potenciación de la financiación y reconocimiento social de la FP superior como vía de acceso mucho más eficiente al mercado laboral para muchos alumnos que fracasan en la universidad. La reciente reforma de la educación superior en Finlandia  que elimina la condición de funcionarios a profesores retroactivamente a partir de enero de 2010, reduce el número de universidades mediante fusiones entre las ahora existentes y cambia radicalmente el sistema de gobernanza de las universidades públicas puede suponer un ejemplo para la necesaria reforma de nuestro sistema universitario.
8) En el capítulo de la gobernanza universitaria resultan indispensables cambios estructurales. El primero sería la sustitución del sistema de elección de rector. “De alguna manera se le ha metido al legislador la peregrina idea de que los profesores, estudiantes y personal administrativo tienen este derecho. Y digo peregrina pues no es la manera en la que seleccionamos los gestores de ningún otro servicio o agencia pública. Los beneficiarios de los servicios públicos somos todos, directamente (como los estudiantes de una universidad) o indirectamente (como partícipes en una economía con buenos profesionales o usuarios finales de la tecnología desarrollada en la universidad). Es por ello que, casi siempre, los gestores son nombrados por los poderes ejecutivos que son los que nos presentan al conjunto de los ciudadanos. Los inspectores de hacienda no votan al director de la Agencia Tributaria y los conductores del Metro de Madrid no votan al presidente de la compañía. La explicación de esta asimetría es sencilla: los profesores y estudiantes universitarios tienen un poder político desproporcionado a su tamaño y gracias a ello han extraído del resto de la sociedad un privilegio corporativo excepcional que disfrazan de apariencia democrática gracias a una sofística elocuencia” (Fernández-Villaverde). La propuesta – tomando como ejemplo las universidades estadounidenses – de un rector que sea un competente gestor contratado por un consejo de administración (con representantes del Estado, las comunidades autonómicas, los profesores y los alumnos) es más racional que el actual sistema, donde se entrecruzan y a menudo cortocircuetean intereses personales, corporativos y partidistas.
La inmensa mayoría, si no todas, de estas propuestas significan o demandan un estímulo de la cultura del esfuerzo y la dedicación e incluso a una inteligente meritocracia, tan indispensables como los fondos financieros para que la universidad española salga del agujero – entre cómodo y angustioso – donde ahora mismo está semienterrada. Hace algún tiempo, en una red social, mostré asombro porque una estudiante universitaria anunciara que, nada más comenzar el curso, estaba a punto de abandonar Tenerife para acudir a manifestaciones de protesta en Madrid contra el (sin duda) terrible Gobierno que padecemos. La estudiante se indignó mucho y hasta una de sus profesoras terció para animarla en la huida – solo estaría algunas semanas ausente – y presumió que jamás había examinado a ningún alumno. No pretendo generalizar, pero esta bufonada no carece de cierto valor a la hora de ilustrar lo que ocurre en la universidad pública de este país, en la que demasiados profesores y alumnos toman como un templete del saber donde pasar el rato, obtener un diploma y esperar que el mercado de trabajo reserve un fisco de consideración a un titulado universitario.

 

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Entrevista a Francisca Luengo

La gestión de la entrevista (imaginaria) con Francisca Luengo, consejera de Empleo, Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias, fue particularmente compleja. Desde su gabinete se nos remitió un listado que, bajo el epígrafe de Cuestiones previas para una entrevista progresista y democrática, incluía:
–Solicitud de certificado de penales
— Solicitud de certificado de vacuna antirrábica.
— Perfil ideológico certificado por la Fundación Ideas (tres copias autenticadas)
— Certificado de haber estado domiciliado fuera del territorio de la Comunidad autonómica canaria entre 2007 y 2011 (Ministerio del Interior) o de no recordar nada en absoluto del periodo antes citado (Colegio Oficial de Psicólogos).
Con la documentación reunida en un portafolios atravesamos la antesala de su despacho sorteando las arremetidas que, entre feroces ladridos, intentaba un perro idéntico al de El sabueso de los Baskerville, que estaba sujeto por un hilo dental a la pared. Finalmente nos recibió sonriente en su despacho la consejera de Empleo, Industria, Energía y Comercio del Gobierno regional. En su mesa lucía una entrañable fotografía, en la que se funde en un abrazo maternofilial con el presidente Paulino Rivero. «Es que, bajo las apariencias, yo soy muy sentimental, en especial cuando me nombran algo».
–Es un placer recibirles.
— Muchas gracias, consejera.
— Si tiene todos los papeles en orden puede llamarme Paquita.
–Es usted muy amable. Queríamos empezar por la dramática situación del desempleo en Canarias…
— Bueno, si empezamos así…
–¿Así? ¿Cómo?
–Añadiendo palabras alarmantes a una situación que ya es de por sí dramática…
–Pero eso es lo que he dicho precisamente, que es una situación dramática…
–Los medios tienen un papel importante es informar con precisión y responsabilidad sobre los graves problemas que atraviesan nuestras islas, sin necesidad de caer en la tentación del alarmismo.
–¿Usted no se siente alarmada?
–Yo me siento a trabajar todos los días.
–Hablemos del recientemente aprobado y firmado plan de empleo social. El Gobierno autonómico anunció que contaría con una ficha financiera de treinta millones de euros, pero al final ha quedado reducido a 16.258.000 de euros aproximadamente…
–Esa crítica es injusta…
–Yo, por el momento, no he hecho ninguna crítica…
–Es injusto descalificar el plan de empleo social por su supuestamente modesta financiación…
–Tanto como supuestamente…Con esos 16 millones…
–¿Lo ve usted? Son 16.258.953 euros, ni un céntimo menos.
–Si se pretenden crear 2.000 puestos de trabajo, con esa financiación solo se llegaría al 1% del total de familias canarias que tienen a todos sus miembros desempleados…
— Yo creo que en este caso se ha actuado con diligencia…
— Bueno, ya estamos a mitad de la legislatura…
— Se equivoca usted. Soy consejera desde enero pasado…
— Bueno, pero su antecesora, Margarita Ramos, también estaba designada por el PSOE…
— ¿Quién?
–Margarita Ramos.
— No me consta. En fin, creo que es importante que 2.000 canarios, es decir, 2.000 familias, salgan del paro y obtengan unos ingresos dignos…
— ¿Durante cuánto tiempo?
–Usted desconoce los modelos de intervención pública en el mercado de trabajo que se desarrollan en Europa. Mejor 2.000 personas que nada.
— Es un argumento técnico de mucho peso, pero que se podría esgrimir también si, en vez de 2.000, fueran 200. Al menos son doscientas familias que pasarían a contar con un sueldo.
— No se puede hablar sin conocimiento técnico de las cosas. Me parece insensato trivializar así una situación que usted mismo ha calificado como dramática.
— Lo que ocurre es que no se atacan las causas estructurales del desempleo. Más de 14.000 alumnos se quedarán sin acceder a la Formación Profesional en el próximo año…
— ¿Y qué tengo yo que ver con eso?
— Siempre se insiste en que la deficiente formación, sobre todo en el caso de la FP, es uno de los problemas básicos para acceder al mercado de trabajo en Canarias.
— Pero, le insisto, qué tengo yo que ver con eso? Pregúntele a quien corresponda…
— ¿A quién corresponda? Yo tenía entendido que el Gobierno es un órgano colegiado…
— Ya veo por dónde va usted. Todos esos certificados que lleva en el portafolio deben ser falsos. Yo me responsabilizo de empleo, de la industria, el comercio y la energía…¿Le parece usted poco?
— ¿Y a usted?
— A mí nada me parece poco. Pero pregúntele usted sobre la FP a quien le toque…
— Le toca a José Miguel Pérez, el secretario general de su partido…
— Yo no ando engolfada en cuestiones de partido. Yo me dedico a trabajar intensamente, día y noche, como nuestro presidente del Gobierno…
— ¿Y su polémica con José Segura en relación con la ley eléctrica que…?
— No hay ninguna polémica. Yo estoy en el Gobierno como consejera megaeficaz y el señor Segura está en la oposición como diputado en Madrid. Haberse quedado aquí.
— ¿Usted se encuentra cómoda con CC como compañero de Gobierno? Lo digo porque fue una de las diputadas más críticas con CC en la legislatura pasada.
— Para mí en el Gobierno no hay siglas. Todos trabajamos al unísono para sacar a este país adelante y salvaguardar los derechos sociales y el Estado de Bienestar. Además esté no es el mismo Gobierno.
— Entiendo. En el Gobierno anterior no estaba el PSOE…
— No. En el Gobierno anterior no estaba yo.

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