democracia

Desigualdad, hambre, democracia

El estremecedor retrato de la pauperización de la sociedad canaria que refleja el estudio de Foessa, una fundación de Cáritas, corresponde a un país inmerso en una crisis estructural a la que no se vislumbra ninguna salida. Un país que juega tramposamente a que su futuro solo puede ser la recuperación del pasado inmediato convertido en espejismo. Pero el informe de Foessa nos recuerda, sobre todo, que siempre se puede estar peor. Se escuchan martingalas y ocurrencias de políticos, empresarios o periodistas y se podría colegir de las mismas que hace diez años surfeábamos sobre olas de leche y miel. Nunca ha sido así y ya se harta uno de recordar que en estos peñascos jamás se ha descendido del 10% de desempleo y que las diferencias salariales, así como la distribución de la renta en el Archipiélago en el año 2004 ya diferían sustancialmente de la media española: salarios más bajos y mayor concentración de la riqueza. Simplemente partíamos de una situación peor cuando se abrió el abismo de la actual recesión en 2008. Todas las debilidades de la economía canaria (la dependencia de la construcción y el negocio inmobiliario y al mismo tiempo de las rentas que suponían los fondos, inversiones y subvenciones procedentes del Estado y la UE, la baja cualificación en materia de formación profesional y la mediocridad generalizada de nuestras universidades, el peso asfixiante de la administración autonómica como asignadora de recursos, la modestia de un Estado de Bienestar cuyo diseño redistribuye poco y mal, la productividad mengüante, el raquítico mercado regional, la selvática producción legislativa y reglamentaria que no impide, acaso pasa lo contrario, la actividad de una reducidísima élite empresarial extractiva) han quedado brutalmente al descubierto.

Y como consecuencia de ello – de nuestra ubicación en un sistema económico cuyo crecimiento se basaba en la construcción, la excepciones fiscales y las rentas de fondos públicos  bajo el  paraguas europeo, ahora casi reducido a un palo con el que impone la austeridad presupuestaria–  no solo el desempleo alcanza un nivel inusitado y ahí, en la cumbre más alta de la miseria, se congela. Es que el ascensor social en Canarias ya solo circula hacia abajo. Las clases medias se empobrece y la miseria salarial consigue que en una familia de seis miembros los inestables curros del padre y la madre no rompan el amargo cascarón de la pobreza. La pobreza ya no resulta una situación coyuntural más o menos prolongada, sino una condena perpetua para toda la familia. Una alta desigualdad – leáse a Joseph Stiglitz – no consiste únicamente en cientos de millares de vidas desgraciadas que supuran sufrimiento cotidiano. La desigualdad creciente y crónica fomenta una economía menos eficiente y menos productiva, desgarra la cohesión social y amenaza el propio sistema democrático. En Canarias miles de personas se acercan paso a paso a la frontera de la inanición, pero también las democracias se mueren de hambre. Se mueren cuando hay hambre.

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Democracia en tierra firme

El Tribunal Constitucional no ha declarado ilegal (todavía) la consulta impulsada por el Gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas frente a la costas de Lanzarote y Fuerteventura, pero ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central y eso significa automáticamente la paralización cautelar de la misma. De inmediato algunos voceros del Ejecutivo regional han señalado que están seguros (sic) de que el Tribunal Constitucional dictará a favor de la legalidad de la consulta. El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y Tú Más, Fernando Ríos, se ha atrevido incluso a aventurar que habrá sentencia definitiva en un plazo de cinco meses, a pocas semanas, por tanto, de la convocatoria de las elecciones autonómicas. A cualquiera le parecería imprudente convocar una consulta pocos días antes de la convocatoria de unos comicios, pero cabe colegir que al señor Ríos y a don Paulino Rivero no. Pero si uno se resigna a pensar como una persona adulta y un ciudadano responsable, debería admitir que la vía de la consulta popular está en punto muerto y, en cambio, los sondeos exploratorios de Repsol comenzarán antes de finales de mes.
Por supuesto, el argumento que aflora en esta coyuntura (y no ha dejado de manar desde hace meses) es que el Gobierno de Mariano Rajoy impide que los ciudadanos canarios se pronuncien sobre este asunto, es decir, perpetra un estrangulamiento democrático deliberado. Aunque se trata de asuntos de distinto calado político y jurídico, esta crítica es la que se practica hasta la exasperación en Cataluña a propósito de otro recurso al Constitucional que ha paralizado el referéndum enmascarado de consulta amable y enmarañadamente inquisitiva propuesto por la Generalitat. Hace unos días sostuve una discusión bastante demencial con un amigo convencido de la necesidad y la justicia del procés catalán. Desde su punto de vista, lamentablemente representativo, la democracia había sido prácticamente extirpada en Cataluña bajo la bota facistoide de un Gobierno aguasanado por la corrupción. La lucha por la celebración de un referéndum y la conquista de la independencia eran – según mi atrabilario interlocutor – ni más ni menos que el combate decisivo por la democracia. Tanto catalanes como canarios viven en un régimen autonómico con unas cuotas de autogobierno que jamás habían gestionado en su historia y votan periódicamente a sus parlamentos y sus corporaciones locales. El sistema democrático corre tanto peligro en Cataluña como en Extremadura, en Galicia como en Canarias. La democracia no se juega en un referéndum. La democracia se juega día a día en los gobiernos y las administraciones públicas y en Canarias, ahora mismo, la prioridad debería estar en los quebrantos, miserias, errores y latrocinios que se ramifican en tierra firme, no en mar abierto, y que son los que trituran cotidianamente nuestra depauperada condición de ciudadanos.

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Las reformas como único camino

Hay gente horrorizada por el fin de los tiempos. Creo que debemos desterrar semejante neurosis. Mejor descreer de cualquier épica embriagadora. “Le tocó, como a todos los hombres, malos tiempos en los que vivir”, comentaba Borges de un poeta bisabuelo suyo, y los más viejos y mejor instruidos del lugar saben que, no hace tanto, se vivieron tiempos aquí más oscuros, ásperos y menesterosos. Habría que huir de los que creen que todo se derrumbará en un ciclón de catástrofes o los que esperan que el asalto al cielo se consume por K.O democrático. Modestamente no creo en las revoluciones. Tampoco en las que se pretende realizar a través de las urnas. De lo que se trata en de desinfectar el debate político, precisamente, de cualquier fideísmo. La sentimentalización de la política es algo nauseabundo y representa la otra cara de la moneda de curso actual: el indescriptible cinismo de los ganadores de siempre y de los que se engalanan con representar a los que siempre han perdido. No crean a los que prometen acabar con la corrupción política cuando cada día uno de los suyos es imputado o ingresa en prisión; no crean a los que sostienen que finiquitar la corrupción política (o los desahucios, la deuda pública, el desempleo o la exclusión social) puede hacerse de un plumazo, firmando un decreto o frangollando unos presupuestos públicos tramposos. Simplemente es la hora de las reformas políticas y administrativas que garanticen el funcionamiento más o menos decente y eficiente de un Estado democrático como el definido en la Constitución de 1978, la apertura a una participación política más amplia y transparente y la adaptación de un Estado de Bienestar para el siglo XXI: educación, sanidad y servicios sociales. Nada más y nada menos que eso.

Y existen análisis, propuestas y experiencia política acumulada en Europa y en América. Uno de los ejes prioritarios de un plan de reformas pasa, por supuesto, por amputar la feroz politización – partidización — de organismos y administraciones públicas, que toda la literatura politológica asocia al crecimiento de la corrupción política. Algunos opinan, en fin, que esto se resuelve con presupuestos participativos y otras zarandajas democratoides, pero en los países con menos corrupción política (Suecia o Nueva Zelanda) tienen otras fórmulas. Por ejemplo, en las administraciones municipales, contratando a un equipo de gestión con objetivos concretos y presupuestos inamovibles que fiscalizan los concejales, a los que se reserva una función normativa y reglamentaria. En una ciudad sueca de la población como Santa Cruz o Las Palmas, el alcalde solo pude nombrar a tres o cuatro cargos públicos. Es francamente difícil corromperse así.

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Babiecada histórica

Con el laconismo de los grandes momentos históricos, el presidente Paulino Rivero leyó ayer ante los periodistas la pregunta que se formulará en la consulta: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por la prospecciones de gas y petróleo?” Más allá de la voluntad evidente de eludir una impugnación del Gobierno central en el Tribunal Constitucional, la pregunta que Rivero ha sancionado contiene, en sí misma, una información valiosísima, a saber, que la Comunidad autonómica tiene algo que merezca llamarse “un modelo medioambiental”, y es más, cuenta con un “modelo turístico”. Es una pena que la ciudadanía no pueda hacerle por el momento consultas al Gobierno, porque resultaría sumamente interesante que el señor Rivero detallara tales modelos. Por cierto, presentar un montón de planes incumplidos, moratorias ergonómicas, normativas legales superpuestas y a veces contradictorias y reformas reglamentarias cantinflescas no vale.
Me gustaría decir que la pregunta es tramposa. Pero no lo es. La pregunta propuesta, simplemente, es una bobería, y dirigirse a los ciudadanos para preguntarles babiecadas es una forma muy poco sutil de faltarles al respeto. La pregunta presupone  — y presuponer algo en una consulta representa, abiertamente, una voluntad de manipulación – que las prospecciones de petróleo y gas son incompatibles con un hipotético modelo turístico y medioambiental. Quizás lo sean, pero en ningún caso cabe deslizar tal implicación en una consulta ciudadana. Es como si en el referéndum sobre la continuidad de España como socio de la OTAN, celebrada en 1986, se hubiera puesto a los ciudadanos en la alternativa explícita de continuar en la organización militar o renunciar al Mercado Común Europeo. La alternativa que siempre supone el pronunciamiento de los ciudadanos en una consulta es, por naturaleza, excluyente, un sí o un no, pero no puede estar fundamentada en implicaciones arteramente introducidas en la pregunta para estimular la inducción a una  respuesta concreta.
Claro que esto no es un referéndum. Es una consulta cuyo resultado –de celebrarse – carece de cualquier vinculación jurídica o administrativa para el Gobierno de España. Pero exactamente igual que en Cataluña se intenta hacer pasar una consulta por un referéndum. Y lo que es más grave, como ha señalado el profesor Santiago Pérez,  es que se pretende, desde el Ejecutivo regional, sustituir la voluntad ciudadana por la fabricación de un pronunciamiento desnudo de las más elementales garantías procedimentales y judiciales propias de un procedimiento electoral democrático (juntas electorales, verificación de los resultados, neutralidad gubernamental, espacios es los medios de comunicación públicos, etcétera). Exactamente: esto es una operación de marketing político. Y no está impulsada por el Gobierno, ni por CC, ni por el PSOE, sino por Paulino Rivero, sumo sacerdote de sí mismo.

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El éxito presente y el futuro problemático de Podemos

En mi colegio electoral, abierto en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, una zona de apabullante mayoría de familias de clases medias, Podemos fue la segunda fuerza más votada. Estuve un buen rato ahí y no detecté cerca de las urnas a ninguna turba de facinerosos con la hoz y el martillo entre los dientes. En Canarias Podemos consiguió el cuarto puesto en las elecciones al Parlamento Europeo, el pasado 25 de marzo, con 62.371 votos y un 10,99% del total de votos emitidos, aunque es interesante señalar que  casi 40.000 de esos sufragios los recogió en la provincia de Las Palmas, y la mitad de los mismos, en la capital grancanaria. Fueron unos resultados espléndidos, pero en la estupefacción que han generado se han colado lecturas ligeramente distorsionadas. La versión local de esa categoría maldita (el bipartidismo) es, en la jerga habitual de la izquierda isleña, el tripartito, es decir, PP, Coalición Canaria y el PSC-PSOE. Como cabía esperar la trompetería desplegada por la pronunciado desgaste del PP y el PSOE a nivel nacional, que no consiguieron sumar el 50% de los votos, calló en el Archipiélago, donde los tres partidos mayoritarios sufrieron un evidente desgaste, pero sumaron casi 340.000 papeletas, es decir, el 57,79% de los sufragios.  Más significativo aun es la evidencia que las opciones de izquierda no han crecido globalmente en España: solo se ha fragmentado. Y, por supuesto, la escandalosa abstención, que superó el 62% (la más alta del Estado español) no mereció más que un comentario residual. La abstención siempre pasa a ser un asunto menor cuando uno cosecha buenos resultados en las urnas.
Lo más sorprendente es que Podemos – que terminó ganando cinco eurodiputados – no era, en las vísperas del 25 de marzo, absolutamente nada. Espero que no se tome esta consideración como una grosería derogatoria. Simplemente se intenta señalar que Podemos carecía prácticamente de estructura organizativa ni implantación territorial. Sus mismos artífices han admitido que se inscribieron como partido político “por imperativo legal”, es decir, para cumplimentar un trámite normativo que les posibilitase participar en las elecciones. En Tenerife el Círculo Podemos no comenzó tímidamente su actividad hasta el mes de febrero en una cafetería lagunera en la que apenas se solía reunir una quincena de ciudadanos. En estas condiciones es lícito afirmar que Podemos se presentó a los comicios europeos porque eran los únicos a los que, dada su irrelevancia organizativa, podían presentarse razonablemente.
Los proyectos políticos rara vez nacen espontáneamente como champiñones bajo la lluvia de primavera. La épica de una marea de la Historia que irrumpe desde el seno embravecido del pueblo para inundar y destruir los palacios del poder quema las neuronas, pero no calienta ni madura proyectos políticos. Podemos es un inmejorable ejemplo de una iniciativa que toma una reducidísima minoría – en este caso un grupo de profesores de Ciencias Políticas y ciudadanos de intensa militancia en organizaciones de izquierda  y movimientos sociales–  y  cuyo conocimientos empíricos les indica un nicho electoral potencialmente importante.  En su génesis estaban plataformas como Jóvenes Sin Futuro y partidos como Izquierda Anticapitalista cuya dirección articuló discretamente (y a espalda de sus bases) la gestión organizativa de la candidatura. En el núcleo duro figuran,  entre otros, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Miguel Urbán e Iñigo Errejón. Es un proyecto creado verticalmente de arriba abajo aunque refrendado con el apoyo (y la adhesión) de grupos y grupúsculos de entidades y ciudadanos, multiplicados desde la noche del 25 de marzo. Sus dos mayores bazas eran – en gran medida siguen siendo – la popularidad de Pablo Iglesias como figura destacada en tertulias televisivas y un uso dinámico e inteligente de las redes sociales.  Y el nicho de votos en las castigadas clases medias y trabajadoras empobrecidas – cuando no excluidas socialmente – por la recesión económica que ya no confían en el carácter reformista del PSOE, Izquierda Unida se les antoja un partido clásico o consideran, simplemente, que en el vigente sistema político e institucional su situación no puede mejorar, si no ocurre lo contrario.
Confieso mi ignorancia – ampliamente compartida por lo visto – sobre los autores últimos de su programa electoral, que incluye propuestas como jubilación a los sesenta años, nacionalización de grandes empresas y auditoría de la deuda externa entre otros unicornios inofensivos o peligrosos. En esta lista maravillosa de regalos a nosotros mismos  subyace un relato de sencillez catecuménica: unas élites políticas, financieras y empresariales nos han robado lo que es nuestro, lo que nos corresponde, lo que nos merecemos, y no podemos permitirlo. En algunos aspectos (los menos) la música programática suena como un aggiornamiento de la socialdemocracia clásica; en otros (los más) es evidente un heavy metal antiestablishment. Pero su mensaje político-electoral insiste más en lo segundo que en lo primero. Haciendo gala de una brillantez táctica innegable sus dirigentes (y señaladamente Pablo Iglesia) han desideologizado su mensaje básico. Pese a su constatable compromiso profesional e intelectual con opciones de izquierda y revolucionarias dentro y fuera de España Iglesias y sus compañeros de viaje han deseinfectado su lenguaje de retóricas y tics doctrinales para abrir la base electoral de su opción con un éxito bastante rotundo: la mayor parte del voto a Podemos procede del PSOE y de IU, a los que sumaron abstencionistas habituales. No se habla de derechas o izquierdas: el nuevo eje explicativo es el ejemplificado con la expresión “los de arriba y los de abajo”.  La importación de una expresión, la casta, procedente de Italia y popularizada ahí por Beppo Grillo al frente del movimiento Cinco Estrellas, ha gozado de singular fortuna. La casta resulta una expresión vacía de un contenido conceptual preciso, pero con un impacto emocional innegable y lo suficientemente polisémica (o ambigüa) para que todo el mundo vea en ella lo que prefiera. Y esa ambigüedad, en realidad, deviene imprescindible para la expansión de Podemos como oferta política en el mercado electoral español. Lo explicaba muy bien Iglesias cuando, en una reunión política, un joven le pedía que en sus intervenciones televisivas se refiriese sin ambages al capitalismo como un sistema de dominación política y económica de carácter criminal. “Si yo digo eso en la tele”, le replicó pacientemente el profesor de Ciencias Políticas, “el espectador me consideraría un friki…Hay que adaptar el lenguaje para que la gente lo entienda…” Algunos podrán considerar que lo que expone Iglesias es un ejercicio de pedagogía política, pero creo más acertado caracterizarlo como un astuto mecanismo de marketing político y, sobre todo, electoral.
El reto que espera a Podemos en los próximos meses es formidable porque el funcionamiento de un partido asambleario resulta terriblemente complicado, inestable y costoso en término de construcción de acuerdos y mayorías. La experiencia acumulada demuestra que el asamblearismo es un espacio propicio para las escisiones, las rupturas, el descontrol, el aplastamiento de las minorías o la cooptación de voluntades. Iglesias y sus adláteres han ganado el primer asalto: los círculos (o asambleas) les han concedido la potestad de diseñar su modelo organizativo y su congreso fundacional. Lo han podido hacer por dos razones: porque los dirigentes están mejor organizados que las bases y porque están bendecidos por el éxito electoral. Esto último, y su papel de partido nuevo e inocente que no se ha manchado las manos explica, asimismo, que para sus votantes (y no solo) cualquier crítica a Podemos se disuelva en una sonrisa irónica, en una absolución cómplice. La base socioelectoral de Podemos – ha ganado el pasado marzo en distritos de clase trabajadora y media baja y la mayoría de sus votantes tiene menos de cuarenta años – es firme y su recién adquirida fuerza le facilita una política de alianzas electorales amplia y variada: ya no están condenados a cortejar a IU. En 2015 podrían presentarse en Tenerife en listas conjuntas con Sí se puede o en Gran Canaria en solitario. Claro que entonces no bastará con tertulias televisivas, condenas a la casta o promesas justicieras de una renta básica. La contradicción entre un discurso edulcorado y de pulidas aristas “que cualquier persona decente puede compartir” (el doctor Errejón dixit) y las propuestas concretas que dibujan un modelo social que poca o ninguna relación guarda con las socialdemocracias más avanzadas de Europa resultará cada vez más evidente. Y deberán descender a la política cotidiana, municipal y espesa, donde los ángeles y demonios son indiscernibles y demasiado a menudo intercambiables.

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